miércoles, 28 de febrero de 2018

UNA BREVE HISTORIA DE LOS PEAJES




28. 02. 2018
Por: Gustavo Guerra García

A mediados de la década de los 60, en el Perú se instalaron los primeros peajes con el objetivo de mantener las Carreteras, principalmente las que pertenecían a la Red Vial Nacional. Los peajes se instalaron progresivamente en las vías de alta concentración de tráfico y nunca en donde el flujo era inferior a 400 vehículos, pues no tenía sentido poner casetas o barandas en vías de bajo tráfico en donde el costo del cobro del peaje podría superar lo que se hubiera recaudado. En la Panamericana y en las principales carreteras de penetración es donde se instalaron los primeros peajes y el objetivo de su recaudación era el mantenimiento rutinario (todos los años) y periódico (cada cinco años) de las vías. 

En el primer gobierno de Alan García los peajes que con mucho esfuerzo instaló el MTC se entregaron a las Municipalidades, pero no se les obligó a que la recaudación se destine al mantenimiento de las vías nacionales. El resultado fue catastrófico pues el MTC perdió los recursos corrientes para mantener las vías nacionales y al final del gobierno de Alan García las carreteras estaban en 75% en deterioro acelerado. La pérdida del cuantioso patrimonio vial fue muy negativo para el país pues el agro dejó de ser competitivo y nos llenamos de importaciones de alimentos. Como ejemplo, traer de Tarapoto a Lima una TM de arroz costaba más que traerla de Holanda.

A inicios de los 90, el Perú se endeudó para rehabilitar las carreteras nacionales. Antes y durante las obras de rehabilitación y reconstrucción, se desactivaron los peajes pues era una vergüenza cobrar por el mantenimiento de carreteras destrozadas. Tras las rehabilitaciones y cuando las vías habían recuperado su capacidad, se volvieron gradualmente a instalar las casetas de peajes sin mayores contratiempos. La referencia era una caseta cada 100 Km. 

En el segundo fujimorismo, los camioneros hicieron paros y lograron que el gobierno rebajara los peajes. Esa reducción generó que el déficit de mantenimiento alcanzara el 38% de los costos para el mantenimiento de las vías. En el año 2001, se inició un progresivo aumento de los peajes para alcanzar el punto de equilibrio de mantenimiento que fue interrumpido por razones políticas (miedo a posibles paros de transportistas). 

El aumento de los peajes para alcanzar el punto del equilibrio se dio entonces con el programa de concesiones que empezó en el año 2002 con la Red Vial N° 5 (Ancón-Pativilca). El diseño de los peajes dejó de ser sólo para el mantenimiento y pasó a ser un peaje que financiaba las inversiones futuras y el mantenimiento. Por el impacto del IGV y de la necesidad de repagar las inversiones futuras empezaron a elevarse los valores de las tarifas de peajes. En las primeras concesiones, la reducción del costo de operación vehicular era muy superior al costo del diferencial del aumento de los peajes y por eso no se generaron conflictos en el tema. 

Todo cambió cuando los intereses de Odebrecht y el cartel de empresas brasileras desprestigiaron el sistema de concesiones con el proyecto de la Interoceánica del Sur en donde el estado va a gastar US$5,000 millones en una obra que pudo costar entre US$600 y US$700 millones y en donde los beneficios sólo alcanzan los US$1,900 millones, según los estimados de estudios auspiciados por la propia Odebrecht. El segundo proyecto desprestigiador fue La Línea Amarilla que se queda con la caja lechera del 66% de los peajes de Lima y que debió tener al menos US$1,180 millones y la segunda gestión amarilla que firmó el contrato sólo comprometió US$530 millones. Estos proyectos que son los más entreguistas de la historia vial del país han destruido la imagen de los proyectos de concesión vial y de los peajes y será difícil encaminar nuevas concesiones en los próximos años.

También han contribuido a generar molestias con los peajes, los intentos de instalar casetas en medio del casco urbano de un distrito como Puente Piedra o en la salida de Chilca. En la salida de Chilca el MTC movió el peaje de modo de no perjudicar los desplazamientos locales de los vehículos, pero en Puente Piedra el alcalde amarillo, no sólo trato de poner el segundo peaje en un lugar inapropiado sino que lo hizo ilegalmente y antes de ejecutar la obra obligatoria del Ovalo canta Callao (que hasta ahora no se construye). El contrato especificaba que el peaje podría relocalizarse de modo de que capte el tráfico de larga distancia y no el tráfico urbano de desplazamientos de corta distancia, pero para favorecer a Odebrecht se instaló la caseta en el peor lugar para tratar de maximizar la recaudación. La respuesta de la población y de algunos transportistas fue contundente como lo fue en el caso de Ticlio. 

En resumen, los peajes tienen sentido cuando el objetivo es sostener las vías que han sido adecuadamente dimensionadas y generan que el ahorro del costo de operación vehicular sea muy superior al costo del peaje y ganen todos. No funcionan nunca cuando se perjudica a la población que realiza viajes de corta distancia o cuando los usuarios pierden. 

La idea principal es que los camioneros que son los principales usuarios de las carreteras paguen parte del mantenimiento y las inversiones, de modo de que no se destinen recursos de impuestos al mantenimiento sino a otros servicios sociales prioritarios. En mi opinión es justo cobrar peajes y que los que no son propietarios de vehículos (el 71% de la población) no paguen a través de impuestos el gasto de mantenimiento de las vías, pero esto tiene que hacerse con ciencia, técnica y con dialogo con la población. Y, principalmente, todos los usuarios tienen que ganar con las obras (privadas o públicas) en las que se paga peajes. Si no se hace bien, veremos más casetas incendiadas y más conflictos. El instrumento de los peajes se utiliza en todo el mundo, pero sólo funciona cuando es parte de una política pública sensata en beneficio de todos los actores participantes y no cuando se diseñan a favor de los contratistas y concesionarios.   


LA CORRUPCIÓN: ¿UN PROBLEMA ÉTICO O SISTÉMICO?




27/02/2018

La corrupción no es un fenómeno social exclusivo de la modernidad capitalista, pero si fundamental para la construcción de este proceso histórico. Su rastro tiene una presencia preponderante en la acumulación originaria (proceso por el cual se obtuvo los medios y recursos para el desarrollo capitalista), así como fueron los “hechos históricos como el despojo de la tierra a los pequeños parceleros, la expoliación del continente de América y la caza de humanos en África para su sucesiva venta como esclavos”. Además, se ha demostrado como desde “el apogeo de la producción capitalista en la base misma de la producción está instalada la corrupción que se materializa en la explotación y el robo en contra del sujeto que se ve obligado a vender la única mercancía que dispone: su fuerza de trabajo, y en las múltiples formas de adulteración de los productos industriales (mercancías) a las que recurren los capitalistas desde el mismo inicio del industrialismo para rebajar la inversión en los costos y poder competir con ventajas extras en el mercado”.

La corrupción manifiesta la presencia de poder o influencia, discrecionalidad, violaciones a las normas e intercambio de dinero o beneficios. Son actos que ocurren a nivel horizontal y tiene una causalidad de corto y largo plazo. Generalmente son pactos entre pares iguales mediados por el dinero. Sin embargo, el mayor impacto de estos actos es que degradan o distorsionan lo asaltado, logrando que el mismo pierda o disminuya sus atributos. Esto sugiere que un órgano contaminado por la corrupción deja de ser funcional para un sistema-cuerpo, ya que el mismo no podría cumplir a cabalidad o parcialmente con su rol. Al menos que el cuerpo, en este caso el Estado, esté diseñado para permitir la corrupción. En este sentido, la corrupción más que una sustancia corrosiva, se transforma en una institución necesaria para el funcionamiento de un Estado corrupto. Sin embargo, para estas reflexiones descartaremos a la corrupción como una institución funcional, de manera que dejaremos a un lado este enfoque para un próximo ensayo.

Para continuar con las pretensiones de este ensayo podemos señalar que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un sector, como normalmente la opinión pública de Panamá la relaciona con el Estado y los partidos políticos tradicionales. Con bastante razón pero sin las interconexiones necesarias que conlleven a entender las raíces del problema. En ese sentido, queremos subrayar que la corrupción es un cáncer que recorre todas las instancias de la vida social, como suele encontrarse en las instituciones públicas, en las empresas privadas, en los gremios, asociaciones, sindicatos, iglesias y, entre todos ellos, los partidos políticos. No obstante, aquella corrupción que afecta el bien del conjunto de la sociedad -y es la que exclusivamente nos interesa analizar en este trabajo- tiene su germen bien definido, lo cual más adelante estaremos explicando.

Antes de continuar con definir que es corrupción, consideramos importante detenernos en explicar que es el Estado. Para este objetivo tenemos, en resumidas palabras, que el Estado no es más que el resultado de las correlaciones de fuerzas, lo que presupone esta definición, en primer lugar, es que no es una institución supra, ni neutra, sino una definición propia y cabal de las disputas entre las distintas clases sociales y sectores que componen a una sociedad, que a su vez permite dar cuenta como están conformados y cuanto poder tienen cada uno de estos en el tablero de tensiones. Pero pese a esta realidad, los Estados modernos como Panamá, en papel, tienen como finalidad el bien común de todos sus ciudadanos y ciudadanas, de manera, que deben garantizar las condiciones necesarias para que cada uno de éstos puedan desarrollarse libremente. En ese sentido, haremos una defensa tácita de lo que el Estado panameño ha asumido, por escrito, como su fin último: “el bien común”.

Sin embargo, para lograr avanzar tenemos que comprender que el Estado se encuentra sumergido y supeditado a un sistema social, político y económico que tiene como finalidad la acumulación de capital permanentemente. No podemos desconocer que el Estado panameño está inmerso en un sistema capitalista globalizado. Dicho esto, tenemos que el fin último del Estado y del sistema son contradictorios por naturaleza. Por un lado el primero persigue el bien común y el segundo los intereses económicos privados (la continua acumulación y expansión de capital). Lo que sugiere que el Estado al estar constreñido por el sistema entra a un proceso de degeneración que no permite que éste cumpla con su función.

También, nos indica que los sectores económicos privados son los que mejor están organizados y mayor poder tienen en la sociedad panameña, de manera, que logran imponer su voluntad sobre los demás grupos sociales que la componen. Además y no por casualidad, son estos mismos grupos los que controlan las esferas políticas (partidos políticos, gremios, sindicatos, sociedad civil organizada), culturales (educación, iglesias, medios de entretenimiento y comunicación) y, dicho de paso, el propio aparato estatal (Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial).

Entonces, nos estamos refiriendo a que el germen de la corrupción es la ganancia privada. Su necesidad imperativa de seguir acumulando riquezas. En esa dirección, “la corrupción que implica a los gobiernos no es realizada por entidades públicas o privadas separadamente, sino que la misma implica la acción conjunta de agentes públicos y privados. En estas acciones no solo es cierto que el origen de los actos de corrupción puede deberse a la iniciativa de los agentes públicos, sino que también pueden generarse en la de los agentes privados, quienes, por ejemplo, hacen de las coimas su cultura básica de acción”. Tal como ocurre en la mayoría de las licitaciones públicas. En ocasiones quienes se las adjudican pueden ser juez y parte, ya que muchas veces suelen ser gobierno y socio o propietario de la empresa privada. Es decir, los mismos. Las élites económicas dominantes, de Panamá, precisan del control del Estado para continuar acrecentado sus riquezas, es un hecho histórico que explica las disputas entre sectores de su propia clase a lo largo de la historia nacional.

En el repertorio también se encuentra la corrupción por ausencia del Estado, forma que muy pocas veces es discutida en los debates que tratan el problema, incluso suele no ser percibido por la opinión pública. Este tipo de corrupción se da no precisamente por razones de ineficiencia o por alguna distracción de los administradores de la cosa pública, sino para permitir que los grupos económicos dominantes puedan especular en nombre del libre mercado. Esto ocurre principalmente con los alimentos, las medicinas (salud en general), los servicios de energía y telecomunicaciones, incluso, hasta con la educación. “Un ejemplo de este tipo de corrupción en Panamá es la utilización del poder del mercado de los oligopolios que se dedican a la intermediación de bienes básicos, los cuales generan precios artificialmente bajos para los productores (poder de monopsonio) y artificialmente elevados para los consumidores (poder de oligopolio)”. En esa linea, podemos señalar, a modo de ejemplo, que este tipo de corrupción degrada la producción nacional de alimentos, atentando con la seguridad y soberanía alimentaria del país, que en última instancia se resume a un ataque directo a la familia y a la vida de cada uno de los panameños. Es decir, al bien común.

Corrupción, ética, moral y educación

La ética como rama de la filosofía estudia lo moral, lo inmoral y lo amoral. Pero ¿Quién define que acción es moral, inmoral o amoral? Esta pregunta suele ser eludida en la discusión pública. Se toma por sentado a los valores de la actual sociedad panameña como universales, eternos y propios de un orden natural. Sin embargo, los valores no tienen ninguna de estas características mencionadas. Ellos son propios de construcciones sociales, que sin más tienen sus orígenes en las interacciones sociales, pero dicho orígenes no niegan que los valores que se institucionalizan en la sociedad, es decir que son aceptados y practicados, son aquellos que sean funcionales al sistema hegemónico de un periodo histórico determinado. Lo contrario fuese reprimidos por el propio sistema.

De manera, que si actualmente la sociedad panameña se encuentra sumergida en un sistema que no prioriza el bien común sino las ganancias de las empresas privadas, que en efecto lo está, entonces la corrupción, que deteriora el bienestar de la sociedad, tiene un lugar -como valor- muy bien reservado y apreciado en ella. Al menos que la correlación de fuerza cambien, en ese sentido los valores también se modificarían y el modelo actual entraría en crisis. Entonces, esto nos lleva a pensar que a mayor ausencia de los sectores populares (trabajadores, campesinos, profesionales, sectores medios, estudiantes) estén del poder, mayor corrupción habrá. En otras palabras, a menor democracia, mayor corrupción. ¿Pero por qué estos sectores? Porque son la absoluta mayoría, el 90% de la población, que además producen toda la riqueza económica del país.

“De lo anterior surge la idea de que los actos extendidos de corrupción no pueden entenderse como el simple resultado de la conducta individual” o de la ausencia de moral o de educación en los sujetos, “sino que es indispensable establecer como la estructura institucional vigente en la sociedad los permite, tolera y promueve”. Lo que sugiere estas líneas es que culpar a los individuos de las acciones corruptas es un cálculo superficial, ya que el problema de fondo no es ético sino estructural y se encuentra en la lógica de un modelo económico que irrumpe en todas las esferas de la vida social y política, para ensañarlas en la búsqueda constante de mayores dividendos privados. Provocando un estado de riña continuo entre los intereses privados y los públicos. 

Esto viene de la mano con el vacío y la ausencia de las normas para prevenir y sancionar la corrupción, como en Panamá ocurre con la debilidad de la legislación vigente en materia de contrataciones públicas y, a su vez, el porqué de la existencia de normas que permiten que las correlaciones de fuerzas no se modifiquen; cómo son el caso del anti-democrático código electoral, que favorece al poder económico dominante sobre cualquier aspiración alternativa ajena a estos sectores, las normas que regulan las frecuencias para la creación de medios de comunicación alternativos y como aquellas que criminalizan las protestas sociales, principalmente.

Cabe entonces preguntarse si es posible prevenir o disminuir la corrupción en un Estado sumergido en un sistema globalizado que prioriza los intereses privados. Es un reto que los pueblos del mundo deberán asumir, para lograr su supervivencia frente a los nuevos embates que les proporciona el cambio climático y detener el continuo avance de la desigualdad mundial, para ello tendrán que modificar las correlaciones de fuerzas e imponer su voluntad, de manera que alcancen sociedades más democráticas, socializantes y amigables con el ambiente.

26/2/2018

Referencias

Gandásegui, Marco. Entrevista aplicada. 2018.

Ibarra, Hernán. Reseña de “Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada” de Mario Caciagli, 2002. P. 157.

Jované, Juan. Corrupción Instituciones y Economía Política, 2018. 

Reyes, Marlo. La corrupción, hedor del capitalismo, 2010.


Mario Enrique De León
Estudiante de Sociología, Universidad de Panamá

https://www.alainet.org/es/articulo/191315

PELIGRA LA VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS




28/02/2018

La VIII Cumbre de las Américas, pende literalmente de un hilo. Podría atribuirse el hecho a la terca e irresponsable conducta de la Cancillería peruana que, digitada por PPK, se ha puesto a disposición de la Casa Blanca en el avieso propósito de agredir a Venezuela; pero también a la voluntad de los halcones del Imperio, empeñados en instalar en nuestra América una suerte de réplica de la guerra genocida que hoy impulsa Donald Trump en el Asia Central.

Es claro que la cita de abril es un evento protocolar en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de América se reúnen para intercambiar opiniones en torno a “grandes temas”. El encuentro no tiene el propósito de loar, ni demonizar, a nadie. Son todos mandatarios de un mismo rango y representan a distintos países y pueblos. Los une, en el caso, la voluntad de hablar en torno a la democracia, la corrupción y la gobernabilidad de este continente, agobiado por grandes retos económicos y sociales.

Ocurre, sin embargo, que Washington se ha empeñado en “dejar afuera” a uno de los más importantes países de América del Sur Y eso, apenas porque considera que su Presidente de hoy, es un “dictador“. Ignora, a propósito por cierto, que Nicolás Maduro fue electo en un proceso democrático validado por la propia Organización de los Estados Americanos; y que es reconocido por todos los gobiernos del mundo como la única autoridad formal de la República Bolivariana de Venezuela.

Oído por la Asamblea General de Naciones Unidas, no hace mucho, el jefe de Estado del país llanero formuló un fervoroso llamamiento a la paz, y defendió con la fuerza de su mensaje la Independencia y la Soberanía de su patria, lo que -dicho sea de paso- le supo a chicharrón de sebo al sucesor de Barack Obama.

Este llamado tampoco gustó a Pedro Pablo Kuczynski, el casual Presidente Peruano que, solícito, se prestó a eslabonar una cadena de excomuniones contra Venezuela en el empeño de aislar a ese país del concierto de naciones de nuestro continente. Al alimón, como en las corridas de toros, ambos Presidentes emprendieron la faena de descalificar a Nicolás Maduro, denigrando su gestión. Ese empeño hoy adquirió dimensiones mayores, y amenaza la paz del continente

Pareciera que Washington, en efecto, resolvió ya intervenir militarmente contra Venezuela. Busca, para este efecto, “calcar” la experiencia centro asiática. Allí, en efecto se valió de la OTAN para comprometer a otros países de Europa Capitalista, y Canadá. Aquí, hará uso de la OEA como manto de ataque. Y como ella no tiene “armada” propia, se valdrá del Comando Sur de los Estados Unidos y de los Convenios bilaterales que tiene con cada uno de estos países para “colaborar” en la acción militar contra la Patria de Bolívar. En el Perú, por lo pronto, funcionan ya 9 bases militares norteamericanas y hasta se han dado “decretos” mediante los que –incluso- se permite la acción militar de tropas yanquis.

El conjunto de bases ya instaladas en la región bajo el pretexto de enfrentar el tráfico de drogas, le servirá de perillas para esta operación que ya está en marcha y que se inició en Tabatinga hace apenas dos meses. Por eso Trump no quiere enfrentar a Maduro en la cita de las Américas.

Si persistiera en esa voluntad –que marcaría el sentido de la crisis del evento de abril- se sellaría por cierto la suerte de la Cumbre. Porque ella no podría funcionar con una sola exclusión. No estamos ya en los años 60 del siglo pasado, donde Estados Unidos se dio el lujo de prescindir de Cuba con la anuencia de los demás. Ahora hay contestatarios que harán uso de su dignidad, y no asistirán -o se irán- de la Cumbre, si se concreta la idea de excluir a Venezuela el concierto americano.

Para en enfrentar desde la base popular este torpe intento anti bolivariano; las organizaciones sociales y de masas están programando lo que se ha dado en llamar la Cumbre Alternativa de los Pueblos Ella tendrá lugar en Lima los días 12, 13 y 14 de abril bajo la convocatoria de las instituciones más representativas de nuestro pueblo. Diversos actos se han previsto en la coyuntura, pero quizá si los más importantes sean hasta hoy la cita que tendrá lugar el jueves 12 de abril a las 6 de la tarde en la Plaza San Martin para repudiar masivamente la presencia de Donald Trump; y el evento del sábado 14 que mañana y tarde será escenario de un homenaje a los gobiernos y pueblos solidarios con la lucha emancipadora de nuestro continente. Allí, peruanos, cubanos, venezolanos, bolivianos, chilenos, colombianos, nicaragüenses, mexicanos, salvadoreños, y otros, nos abraza reos en un grito común contra el Imperio.

A todo esto, en medio del fragor de la Cumbre y del ruido ostentoso de las “confesiones” de Barata, sumadas a las pillerías de PPK que asoman de manera cotidiana; los peruanos se preguntan dónde está Alberto Fujimori. Pareciera que se lo tragó la tierra. Nadie da razón de él, y la “prensa grande” lo ha olvidado, como si no existiera. No está sano, ni está enfermo. Tampoco está en política, con Keiko ni contra ella. Simplemente, se ha esfumado. ¿No será que ya ha huido?

Sería bueno que los periodistas de investigación, tan diligentes para algunas cosas, se pusieran las pilas y emprendieran la búsqueda del chinito de la yuca, porque se ha hecho humo. Dijeron que no podía salir del país porque no tenía Pasaporte. Pasaporte peruano, claro, pero ¿Pasaporte japonés? A lo mejor sí; porque ese pillo, es ciudadano del Imperio del Sol Naciente. Por lo demás, podría haber ocurrido una fuga no por las fronteras -donde hay que presentar documentos de identidad- sino por el mar. Después de todo, en algunas películas norteamericanas se ha visto cómo, en un helicóptero, se traslada a un individuo de una casa especialmente acondicionada, y se le lleva hasta un barco en alta mar. Desde allí podría consumarse un viaje sin retorno, y sin interferencia alguna, a cualquier puerto nipón ¿o no?

SI algo se supiera en torno al tema, el colapso de la Cumbre, sería más sabroso.

Gustavo Espinoza M.
Integrante del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
https://www.alainet.org/es/articulo/191328