Alfredo Apilánez y Salva Torres
¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar
ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener
un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses
privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace
varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje.
Beatriz Plaza y Pedro Ramiro
“Trato injusto e inequitativo”. Esta es la contundente fundamentación
del reciente varapalo legal propinado por el CIADI (tribunal de arbitraje
del Banco Mundial) al Estado español en la primera sentencia por el llamado
“hachazo” a las renovables. El título de la historia podría ser: “los recortes
‘austericidas’ y el efecto boomerang”. El objeto de la disputa eran las
nefastas consecuencias financieras para los inversores de la supresión “de
manera drástica y abrupta” –y con efectos retroactivos- de las generosas ayudas
a las energías renovables instauradas en los “días de vino y rosas” de la
burbuja inmobiliaria por los gobiernos de Aznar y Zapatero. La chapuza provocó
un aluvión de demandas de los perjudicados ante las cortes de arbitraje
internacionales: “Las empresas realizaron fuertes inversiones y, cuando el
Gobierno cambió las reglas y recortó las subvenciones (primero a finales de 2010,
con el PSOE, y luego, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector
eléctrico del Gobierno del PP), las compañías demandaron a España”.
Y ya ha caído el primer mazazo por la torticera
“transformación radical del marco regulatorio” perpetrada atropelladamente por
el “izquierdoso” Zapatero y continuada -con más virulencia si cabe- por su
“rival” político en el régimen del 78. Ambos hermanados en el puntual
cumplimiento de las medidas de austeridad impuestas por la UE tras el colapso
financiero de 2008 : “El laudo del CIADI da la razón a la firma británica Eiser
Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg y
condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses”. El repaso recibido por la
parte demandada es abrumador: "España eliminó un régimen regulatorio
favorable otorgado a los demandantes para alentar su inversión y lo reemplazó
luego por un sistema normativo basado en premisas totalmente diferentes. Este
nuevo sistema fue profundamente injusto e inequitativo al despojar a los
demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión".
La esperpéntica historia es una excelente parábola sobre la estructura
real de las relaciones de poder en el ultrafinanciarizado capitalismo de la era
neoliberal. Los representantes de la sacrosanta soberanía popular no salen
precisamente muy bien parados.
“La triste cara de los suicidas”. De esta guisa describía Rafael Chirbes la expresión de “Bambi” Zapatero
cuando, debido al brutal impacto conjunto sobre la maltrecha economía española
de la crisis financiera internacional y del colapso de la burbuja del ladrillo,
anunciaba cariacontecido en el Congreso en mayo de 2010 el primer “paquetazo”
neoliberal de recortes impuesto por los tecnócratas de Bruselas y del BCE. En
las sarcásticas palabras del brillante cronista valenciano del ambiente de
podredumbre moral que imperó durante los días de “vino y rosas” de los
pelotazos y el “España va bien”: “en pocos minutos se venía abajo todo el
armazón ideológico sobre el que se ha sostenido durante seis años esta variante
contemporánea de la socialdemocracia, (…) caracterizada por la puesta en primer
plano de conflictos más o menos intrascendentes, cuya dramática escenificación
ha servido para mantener la ficción de una política progresista; obviando que
el meollo del progresismo tiene que ver, sobre todo, con la forma en que uno se
gana el pan de cada día y con la estrategia con que se reparte la gran tarta
nacional entre los ciudadanos”. Imposible expresar mejor el meollo del derrumbe
del reformismo socialdemócrata que presenciamos en la actualidad.
La escueta justificación (“dependíamos del BCE”) esgrimida en sus
memorias por Zapatero ilustra la inanidad de la tramoya de progresismo light
de los tiempos de vacas gordas. Cual disciplinado cadete, el mandatario de un
país “soberano” se dedicó a aplicar con fruición las medidas draconianas
exigidas sin embozo (véase la carta-requisitoria de
Trichet a Zapatero y la sumisa respuesta de éste: un excelente botón de muestra
del ejercicio de “mando en plaza”) por el “guardián del euro”. Todo ello
supuestamente a cambio de la promesa de aflojar la soga de la “prima de riesgo”
española a través de la compra masiva de deuda pública soberana en el mercado
secundario por parte del BCE. En roman paladino: llenar los bolsillos de
los tiburones financieros y rescatar indirectamente a la maltrecha banca patria
a costa del expolio de las arcas públicas y de la masa laborante de la “piel de
toro” –‘devaluación interna’, en aséptica jerga tecnocrática-.
Una de las promesas de reducción del gasto contenidas en la vergonzante
carta de Zapatero al mandamás del euro versaba sobre “mejorar el ajuste
entre los precios y los costes de producción en los mercados energéticos y la
reducción del déficit del sistema eléctrico”.
Durante los años de bonanza y de superávit presupuestario que
precedieron al derrumbe, la necesidad de reducir el enorme déficit comercial
-causado por la dependencia petrolera y la perversa estructura de
la zona euro- y la intención de acercarse a los objetivos de emisiones del
protocolo de Kioto (España era el país que estaba más alejado de ellos en la
UE), propiciaron una política gubernamental de incentivos a la inversión en
energías alternativas a la hegemonía fosilista.
“El sol puede ser tuyo”, rezaba una
promoción del Ministerio de Industria de 2006 en la que se garantizaba una
rentabilidad de hasta un 14%, líneas de crédito oficiales y el primer año de
carencia, entre otras ventajas de invertir en energía solar. ¿Qué más se puede
pedir? Rendimiento y financiación asegurados a largo plazo, garantía pública y
bendición moral al contribuir al desarrollo sostenible mediante las energías
limpias.
Como abejas a la miel, decenas de fondos de inversión internacionales,
que huían del hipertrofiado y tambaleante sector inmobiliario buscando nichos
rentables donde verter las riadas de liquidez obtenidas en el casino de las
finanzas mundiales, se lanzaron a por la chocolatina del sector renovable
español. Junto con miles de pequeños y medianos agricultores-inversores -que
hicieron de cobayas del experimento-, provocaron una enorme burbuja especulativa –la
“burbuja del sol”- basada en la confianza en que, al calor de las primas,
podrían generar rentas blindadas –durante toda la vida de la inversión- a costa
del erario público: “La solar creció como la espuma. Desde 2007 a 2010, año en
el que empezaron los recortes, la energía fotovoltaica que recibía primas se
multiplicó por cinco, pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, según datos de la
Comisión Nacional de Energía (CNE)”. No hay nada más goloso para un “tiburón”
financiero que la seguridad de un flujo continuo de pagos regulares que
posibilite iniciar la maquinaria de la titulización -espoleta
de la crisis hipotecaria de 2008- permitiendo la obtención de pingües réditos
mediante la venta de productos financieros estructurados que permitan la
inyección de liquidez inmediata: he aquí el quid de la financiarización.
“Si te dicen que el Gobierno lo apoya para cumplir los objetivos de
reducción de emisiones del Protocolo de Kioto, que es una energía limpia,
que no contamina, y que además puede complementar la pensión de 400 euros que
te queda por trabajar en el campo es difícil que le veas algún inconveniente”.
Así explicaba el agricultor-inversor Pascual Hortelano los irresistibles
atractivos de la panacea. Al carecer Don Pascual de dotes proféticas, no podía
en absoluto llegar a imaginarse que, tras el impacto del crack de 2008 en la
economía española, el gobierno “soberano” acabaría sacrificando las efímeras
primas y el cacareado “nuevo modelo energético” en el altar del “austericidio”:
la luna de miel de las políticas públicas con la sostenibilidad ambiental y la
reducción de la dependencia energética tenía los días contados.
La onda expansiva del derrumbe del castillo de naipes del casino
financiero mundial provocó el colapso del sistema bancario español y su
posterior rescate colosal con cargo al erario público. Para aliviar el déficit
galopante que comenzaba a lastrar las cuentas del Estado, en 2010, dentro del
paquete de medidas comprometidas con Bruselas por el ejecutivo “socialista” en
la primera andanada de recortes, el gobierno decide suprimir gran parte de los
incentivos y primas a las renovables.
Los “hachazos” a las energías alternativas continuaron: ya con Mariano
Rajoy en La Moncloa y el “ejemplar” ministro Soria en la cartera de Industria
se suspendieron los estímulos económicos para nuevos proyectos de cogeneración,
fuentes de energía renovables y residuos. La energía solar fotovoltaica recibió
la puntilla: el llamado 'impuesto al sol' que
se traduce en un gravamen a los consumidores que instalan placas solares para
producir su propia electricidad. Medida recibida, dicho sea de paso, con gran
satisfacción por el todopoderoso oligopolio eléctrico que, con la penalización
del autoconsumo de los pequeños productores, mantiene el control del suculento
mercado de suministro de electricidad a través del modelo centralizado de
producción y el control de las costosísimas redes de distribución.
Las draconianas medidas mandaron a la ruina a decenas de miles de
pequeños inversores y sumieron al sector en una crisis brutal: en 2008 la
energía renovable daba empleo a casi 143.000 personas mientras que hoy apenas
se superan los 75.000 trabajadores. Pocas pruebas más contundentes de la
catástrofe a la que se vieron abocados las legiones de autónomos del medio
rural, que – cuál “preferentistas del sol”- quisieron apañarse la jubilación
con las primas gubernamentales y las facilidades financieras proporcionadas por
la banca, que la lastimosa carta al Congreso de un
productor fotovoltaico en “fase terminal”.
Henos aquí –por si hicieran falta más- ante una prueba más, como
denuncia Greenpeace, de que la
conservación del crucificado planeta no ocupa lugar prioritario –ni secundario,
más bien no ocupa lugar alguno- en las políticas neoliberales: “Se ha
paralizado la lucha contra el cambio climático con costes para el medio
ambiente, la salud e incluso la economía. Según datos del Magrama, desde 2013
las emisiones de España han vuelto a aumentar tras la crisis económica, al
contrario de la tendencia europea”.
Los cambios sobrevenidos en las condiciones que se les garantizaron vía
Boletín Oficial del Estado y la vulneración de la seguridad jurídica que
implica el alcance retroactivo de las medidas tomadas provocaron un aluvión de
demandas de los inversores en los tribunales de arbitraje internacionales.
España figura ya como el país con más litigios en los registros de disputas de
la Carta de la Energía, el principal tratado multilateral en la materia. Hasta
la Policía Montada de Canadá está involucrada en la avalancha de demandas
contra el “chanchullero” Estado español. Sin embargo, los 30000 pequeños
inversores que decidieron invertir sus ahorros en “huertos solares” para
“complementar la pensión” vieron bloqueada cualquier posibilidad de
resarcimiento: las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han
avalado los recortes aplicados por el Gobierno central denegando las
indemnizaciones a los afectados.
Pero las grandes corporaciones y fondos de inversión no sólo tienen un
enorme poder económico, político y cultural sino también jurídico: la nueva lex mercatoria internacional
y el recurso a tribunales internacionales de arbitraje para resolver los
conflictos con los Estados son la sólida armadura que protege jurídicamente sus
intereses comerciales y blinda los contratos de estas compañías.
Eiser Infrastructure Limited,
un “private equity fund” con sede en la City de Londres que, a través de su
filial en el paraíso fiscal luxemburgués Energía Solar Luxembourg, adquirió
participaciones en tres centrales termosolares, ha sido el primero en llevarse
“el gato al agua” con su mencionada victoria en el tribunal de arbitraje del
Banco Mundial. Los tribunales arbitrales
nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo pugna por
ampliar su competencia a conflictos entre Estados y particulares. Las empresas
transnacionales -entidades de Derecho Privado que representan intereses
particulares- pueden así demandar a los Estados ante paneles o tribunales
arbitrales; prevalece el interés privado de las corporaciones sobre el interés
general. Únicamente las empresas demandan a los Estados y no hay previsión
formal por la que el Estado receptor puede demandar al inversor extranjero. Es
una asimetría al servicio del capital. Se trata de uno de los principales
objetivos de los tratados de “libre
comercio e inversiones” –CETA, TTIP, TPP- que proliferan como hongos al compás
de la hegemonía de la financiarización neoliberal: crear una “justicia
privatizada”, que se sitúa por encima de la “soberanía popular” y que permite a
las transnacionales denunciar a los estados cuando sus negocios puedan verse
afectados.
Así pues, un fondo de “capital riesgo” con sede en el “agujero negro”
financiero de la City londinense, operando a través de la inevitable filial
luxemburguesa para eludir las cargas fiscales sobre los réditos, se sitúa en
pie de igualdad para pleitear con un Estado soberano ante un tribunal
internacional de muy dudosa legitimidad: “hicieron inversiones puramente
especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas
rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se
recortaron dichas subvenciones, utilizan los instrumentos que les brinda la lex
mercatoria para reclamar el lucro cesante por el ‘grave quebranto’
ocasionado a sus inversiones por una ‘alteración drástica del marco
regulatorio’”.
Se trata de una inmensa partida en la que hay en juego miles de millones
de euros de dinero público y que se celebra de forma casi secreta en hoteles de
Estocolmo, París, Ginebra y Nueva York. Sara Pizzicato, responsable de la
campaña de energía de Greenpeace, resume excelentemente el ‘efecto boomerang’:
“Paradójicamente, se atribuía el recorte a las renovables a motivos económicos,
aunque la realidad es que España afronta ahora pleitos por valor de miles de
millones de euros que serán pagados por la ciudadanía que, debido a la salvaje
política de recortes, no se beneficiará de las ventajas de las energías
limpias”.
La moraleja del caso ilustra el absurdo surrealismo de los mimbres sobre
los que se sustenta el capitalismo financiarizado con mando en plaza en
nuestras dolientes sociedades: un fondo de inversión especulativo, atiborrado
de liquidez producto de las colosales ganancias obtenidas con la ingeniería
financiera -causante directa del colosal crack de 2008- y con la política
monetaria de “expansión cuantitativa” de la banca central mundial, invierte en
la burbuja solar española atraído por la golosa rentabilidad garantizada por el
erario público. A continuación, ante el fracaso de la inversión provocado por
los recortes que ese gobierno se ve obligado a hacer en aras de salvaguardar su
credibilidad ante los mercados financieros responsables de su ruina, uno de los
culpables del monumental desaguisado obtiene una sentencia favorable de un
tribunal internacional “imparcial” que obliga a indemnizarle, con dinero
público, por el quebranto sufrido.
Financiarización, capital especulativo transfronterizo, expolio de
rentas y bienes públicos, soberanía nacional demediada, justicia privatizada y explotación e
indefensión crecientes de las clases populares son los ingredientes de la
historia relatada que no pueden ser más tristemente representativos del cariz
crecientemente depredador del capitalismo en la era neoliberal.
*El sol puede ser tuyo” era el slogan de
la campaña lanzada por el gobierno socialista en 2006 para promocionar las
inversiones en placas solares fotovoltaicas ofreciendo como señuelo las primas
públicas y las facilidades financieras “irresistibles” proporcionadas por la
banca privada.
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