viernes, 31 de marzo de 2017

LA RECONSTRUCCIÓN, MOMENTO OPORTUNO PARA INICIAR UN MODELO ALTERNATIVO AL CAPITALISMO




Dr. Hugo SALINAS


¿Qué es Capitalismo? Es la Repartición Individualista del resultado de la actividad económica, en donde el 100% de la riqueza creada pertenece única y exclusivamente a quien maneja el acto económico. Es el origen de las grandes desigualdades socio-económicas así como del desempleo.


Y el Niño Peruano se ha encargado de mostrar con toda su crudeza los efectos perversos del comportamiento individualista, tanto de las personas como de las empresas y de las instituciones, generado por este tipo de repartición. Las pérdidas cuantiosas en vidas humanas y materiales exigen iniciar un nuevo modelo socio-económico que actúe, constante y fluidamente, en bien de todas las personas y de la sociedad. Hoy en día no existe ninguna relación entre la persona y su sociedad. La inclusión social, como los donativos y actos humanitarios, no sueldan el tejido social roto en América Latina desde la invasión española de 1532.


El Niño Peruano ha devastado ciudades enteras, dejado a miles de familias sin vivienda, agua, electricidad y otros servicios básicos que requiere una persona. Pero, al mismo tiempo, ha dejado en evidencia el comportamiento individualista tanto de las personas como de las empresas que, en casos como éste, sus acciones se revierten con toda su fuerza, en forma negativa, contra las mismas personas y las empresas.


La furia de la Naturaleza, traducida en torrenciales lluvias, ha motivado que los ríos recuperen sus cauces e invadan sus antiguos lechos. Desgracia humana, porque aquellos lechos habían sido ocupados por personas en búsqueda de un lugar para cobijarse en este mundo de marginación, extrema pobreza y desocupación. Un comportamiento individualista de solución al problema de la vivienda que, en circunstancias como ésta, resulta ser mortífera. Hasta ahora van cerca de 100 muertos y miles de damnificados.


Poblaciones enteras sumergidas en el lodo y aguas servidas, además de estar expuestas a todo tipo de enfermedades. Una vez más, la solución individualista en el problema de la vivienda y de los servicios comunes, se muestran contrarias al propio interés de las personas y de las empresas.


La búsqueda de una rentabilidad inmediata, sin tomar en consideración las previsiones más elementales, se muestran contradictorias con el interés común de las personas. Un tipo de comportamiento que ha invadido inclusive a los órganos de gobierno cuya misión es el servicio público. “Piura pudo salvarse del gran desastre, nos dice Sonia Suyón en Hildebrandt en sus trece. Existe un proyecto integral de prevención desde el 2003, encarpetado, y que el MEF no vio con buenos ojos porque ‘no hay retorno de inversión’.”[i] 


Esto nos está probando que el espíritu individualista y su elemento motor, la Repartición Individualista del resultado de la actividad económica, colisionan con el bienestar de la población y el futuro de la sociedad. El fenómeno del Niño Peruano nos está diciendo a gritos que debemos cambiar la forma de resolver nuestros problemas de sociedad.


Juan de la Puente, columnista del diario La República, se hace esta pregunta: “¿Un país que no pudo prevenir podrá reconstruir?”[ii]. Una pregunta que nos conduce al meollo de la cuestión. ¿Por qué, en las condiciones actuales, bajo el modelo socio-económico imperante, no se puede prevenir los problemas de sociedad?


La vivienda, por ejemplo, nos es un tema individual. Es un problema de sociedad. Sin embargo, el modelo socio-económico actual ha empujado a las personas a que resuelvan individualmente su problema de vivienda. Y éstas son las consecuencias.


Ahora estamos enfrentando “a la quinta reconstrucción después de desastres de envergadura en los últimos 50 años, luego del Niño de los años 1983 y 1998, y de los terremotos de los años 2001 y 2007. […] Las cuatro reconstrucciones fueron fallidas […], si nos atenemos a los objetivos ubicados más allá de la reposición de puentes y principales carreteras”[iii], anota el articulista. Es decir, ninguna de las reconstrucciones iniciadas en los últimos 50 años en el Perú ha sido terminada correctamente, menos aún pensar que fuera ejecutada con visión de futuro. Los damnificados han pasado al olvido y la reconstrucción se ha convertido en una burla.


Dentro de un modelo alternativo existen dos parámetros esenciales: la propiedad colectiva y la empresa-país.


La propiedad colectiva, ante una embestida de la Naturaleza, como la actual, permite que la sociedad inmediatamente reaccione y traslade a toda la población afectada hacia un lugar seguro y de propiedad colectiva. La construcción de una nueva urbanización o ciudad se decide y actúa rápidamente porque, la pérdida lo insume la sociedad, así como su costo de reconstrucción. Con la propiedad colectiva de las viviendas, las personas podrán rápidamente rehacer sus vidas. Pero, con el modelo actual, la reconstrucción tomará decenios, y a cargo esencialmente de cada una de las personas afectadas. Las desigualdades socio-económicas se agrandan.


La decisión de construir una nueva ciudad, a partir de cero, en propiedad colectiva y ejecutada por empresas-país, que son igualmente de propiedad colectiva, es una decisión de sociedad inmediata. Porque en las empresas-país no existe el interés del lucro y del enriquecimiento ilimitado, enfermizo y contra la dignidad humana. En las empresas-país no existe la colisión de intereses entre el bienestar general y el bienestar individual. No hay lugar para la corrupción.


Y con ello se corta rápidamente el dolor humano y los efectos negativos de todo desastre que cauce la Naturaleza. Con la propiedad colectiva no existirán nunca más los efectos perversos de la coima en la reconstrucción, de la corrupción en la aprobación de proyectos de inversión, ni de invasiones a zonas peligrosas por personas carentes de recursos económicos, y presas fáciles de traficantes de terrenos y políticos mafiosos.


San Juan de Lurigancho, 1 de abril del 2017


[i] Sonia Suyón, Un proyecto que pudo salvar a Piura, in Hildebrandt en sus trece, viernes 31 de marzo del 2017
[iii] Idem 

¿HUBO AUTOGOLPE? ¿SE DISOLVIÓ AL PARLAMENTO VENEZOLANO?




31/03/2017

Son estas preguntas claves frente a la escaramuza de poderes y conflicto político que ha recrudecido en Venezuela y que ha sido planteado a partir de un dictamen del 29 de marzo del Tribunal Supremo de Justicia, que asume de manera accidental y eventual funciones del parlamento venezolano, hoy en desacato y en situación de nulidad en sus actos administrativos.

¿Hubo autogolpe?

No. Para empezar, que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia asume la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional venezolana, al no resolver la situación de 3 mal llamados diputados de Amazonas, cuya juramentación fue espuria por haber sido impugnada ante el ente electoral venezolano. Aunque el TSJ declara los "constantes" actos de desacato del parlamento y su actitud contraria a la institucionalidad señalada en la Constitución por desconocimiento del Poder Judicial, no desconoce la existencia del mismo ni los cargos de quienes (sin impugnaciones) lo integran y cuentan con su nombramiento.

En esencia, el dictamen del TSJ mantiene el espíritu de dictámenes anteriores, donde se conminó repetidamente al parlamento a desistir de su posición de desacato, ya que el TSJ declara que asumirá funciones del parlamento "hasta la superación del desacato" del parlamento. Lo que constituye una situación de "golpe de Estado" es el desplazamiento de un factor político, desmembrándolo. No hay golpe de Estado cuando ese factor político puede, por vías legales e institucionales, volver a funciones, como efectivamente podría hacer la Asamblea Nacional si decide volver al ruedo institucional superando su desacato. Un golpe de Estado desconocería esa posibilidad que aún tiene el parlamento.

¿Se disolvió a la Asamblea Nacional?

Definitivamente no. De hecho, la Asamblea Nacional podría volver a funciones en sólo unos días si tan sólo Henry Ramos Allup y la directiva electa en enero de 2016 deciden desincorporar a los "diputados" de Amazonas y luego colocar a Julio Borges en la presidencia del parlamento. La directiva de Ramos Allup ha sido la única electa en situación de acato constitucional. No es el caso de la directiva de Julio Borges. Visto así, todos los actos de la directiva de Borges son nulos.

Recordemos que en el mes de enero, luego del diálogo con el chavismo, la AN aceptó retirar a los diputados de Amazonas. Aún estando en desacato, nombraron a Borges y retiraron a los diputados de Amazonas. Ese acto es nulo. El TSJ conminó al parlamento a cumplir con el mecanismo de manera jurídicamente correcta, pero se rehusaron e intempestivamente se retiraron del diálogo trancando el juego político.

Una Asamblea Nacional en condiciones y con garantías de volver a funciones, no es una Asamblea disuelta.

¿Por qué asume funciones el TSJ?

El TSJ, al igual que todos los poderes públicos, está en la obligación de resguardar el hecho constitucional, el hecho institucional y en definitiva proteger a la sociedad de todo tipo de conmociones. Es decir, se trata de la protección del "pacto social" venezolano.

Dada la situación de estancamiento del parlamento autoanulado y en desacato, se cierne sobre el hecho político la ausencia intermitente de uno de los poderes del Estado. Situación que ya lleva más de un año. Esto implica un espacio vacío del Estado, la ausencia de un poder, situación que pone en desequilibrio y vulnerabilidad institucional al Estado. En los hechos la MUD ha usado el parlamento para embestir al Estado todo, al poder Ejecutivo y a los demás poderes públicos y esta afrenta pone en peligro las instituciones todas y significa una vulneración del Estado de Derecho. Ante esto, el TSJ se ha pronunciado.

El propósito es sostener el funcionamiento del Estado, de manera accidental, eventual, mientras los factores políticos que son mayoría en el parlamento deciden superar su actual situación cuyo nombre jurídico exacto es "Omisión Inconstitucional Parlamentaria", según la interpretación del TSJ de la Constitución.

Se recrudece el ciclo de confrontación en los frentes interno y externo en Venezuela

Hay que insistir en que esta será una situación que persistirá en la medida en que los factores de la MUD en el parlamento lo decidan. El TSJ es claro y afirma en el numeral 4to de su dictamen: "Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho".

¿Hay un evento económico que detonó el asunto?

El chavismo ha denunciado que el parlamento en manos de la MUD ha elevado exponencialmente los enfrentamientos políticos nacionales, ahora choques de poderes. Se ha producido una escalada sin precedentes que para el chavismo y el Gobierno venezolano se traducen en "intentos de paralización del Estado y del país". El chavismo denuncia también que el parlamento es parte de un boicot institucional para profundizar otras situaciones de boicot económico, cuestiones que han dado la única victoria parlamentaria a la derecha venezolana en 18 años. No es temeraria ni exagerada esa afirmación. Veamos.

El dictamen del TSJ es consecuencia de una consulta realizada por el Ejecutivo venezolano por medio de la empresa y corazón de la economía venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes están en la obligación de someter al parlamento conformar "empresas mixtas" o consorcios, para interactuar financieramente con empresas inversionistas en los desarrollos petroleros de Venezuela. Pdvsa, ante la situación del parlamento, sometió a consideración del TSJ una vía para poder conformar nuevas empresas mixtas y atraer nuevas inversiones.

El TSJ respondió en el numeral 1ero de su dictamen lo siguiente: "Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada (del parlamento), declaró (la Sala Constitucional del TSJ) que no existe impedimento para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, debiendo informarle a la Sala Constitucional de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones. Así como también cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a la Sala". Ese es el meollo. Esa es la única función que el TSJ asume y que aparece explícitamente señalada en su dictamen.

Esto significa que el TSJ sólo debe ser notificado de las asociaciones de Pdvsa para que el TSJ vele por el cumplimiento de la actual Ley de Hidrocarburos, y nada más. Autorizan al Presidente a continuar llevando la dirección económica en el marco del "Estado de Excepción y Emergencia Económica" vigente para continuar en la labor de tomar las acciones pertinentes para superar la situación económica actual.

¿Cuál es la apuesta de los enemigos del chavismo dentro y fuera de Venezuela?

Nadie debe poner en duda que Pdvsa y Venezuela requieren un aumento del flujo de la inversión extranjera, más todavía si tiene lugar en las áreas vitales y sensibles a la economía nacional, como es el caso de los desarrollos petroleros nacionales y el proyecto petrolero más grande del mundo: la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. ¿Cuál es la apuesta del parlamento al intentar boicotear esto? ¿Acaso apuesta al recrudecimiento de la situación económica venezolana? Debemos preguntarnos.

La reacción desproporcionada de la derecha en Venezuela y en el extranjero, al declarar un "golpe de Estado" y una "disolución del parlamento" se inscribe en la trama de caotización e injerencismo que auspicia el antichavismo dentro y fuera de Venezuela respectivamente. Ocurre justo ahora, una aceleración de los eventos y una intoxicación política desproporcionada en varios frentes en simultáneo.

Estados Unidos y otros países obedientes a su agenda exterior mueven fichas y reaccionan, desconociendo el apego a la legalidad del TSJ venezolano. Y esto es un asunto de cuidado. A sólo horas del dictamen del TSJ, el Secretario General de la OEA Luis Almagro, ha convocado a una nueva "reunión de urgencia" del Consejo Permanente de esa organización para decretar a Venezuela como Estado forajido. Se recrudece con esto el ciclo de confrontación. Tal parece que las acciones de boicot a Venezuela recrudecen de maneras cada vez más consistentes, y a la vez insólitas.

Marzo 31 de 2017



HIPOCRESÍA POLÍTICA Y LA FARSA MONTADA POR LA DERECHA CONTRA EL GOBIERNO DE VENEZUELA




por Rómulo Pardo

Comentarios sobre la decisión del TSJ respecto al intento de golpe de la Asamblea Nacional. 

Hay una gran hipocresía política y comunicacional con respecto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional tomó una decisión en la cual desconocía al Presidente de la República. Esa decisión, que fue votada por todos los diputados de oposición, excepto la honrosa excepción de los tres diputados del partido de Henry Falcón, planteaba que el Presidente había abandonado su cargo (cuando era un hecho público y comunicacional que eso era falso) y que por tanto había cesado en sus funciones y se producía la falta absoluta del Presidente de la República. Además, convocaba a elecciones presidenciales en el plazo de un mes. 

En ese momento, no vimos a ninguno de los países de la OEA ni al taimado Almagro convocar a sus embajadores a consulta porque se había dado un golpe de estado en Venezuela. Tampoco vimos a los opinadores de oficio, en los medios de comunicación social venezolanos o extranjeros, y en las cancillerías tomadas por el iracundo neoliberalismo, armando un escándalo porque se estaba dando un golpe de estado en contra del presidente de la República. 

Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado un artículo de la Ley de Hidrocarburos que establece que los convenios internacionales y asociaciones extranjeras deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, la cual se encuentra en desacato, y en consecuencia, para no paralizar financieramente al país, el Tribunal Supremo de Justicia decide que asumirá las competencias de la Asamblea en las que se omitan sus obligaciones, para poder aprobar esos contratos o esas asociaciones, y que la República pueda contraer los compromisos que sean requeridos, en especial en este momento donde la situación financiera venezolana es particularmente difícil. 

La República no puede detenerse, porque la Asamblea se encuentre en una situación irregular. Es esta la principal razón por la cual el Tribunal Supremo de Justicia asume esa decisión. El T.S.J. no ha dicho que se disuelve la Asamblea, ni mucho menos ha convocado elecciones de nuevos diputados o diputadas. Sin embargo, la alharaca en los medios de comunicación es que el Tribunal Supremo Justicia disolvió la asamblea. Eso no es verdad.
 
Lo que está haciendo es asumir las competencias, para que la República no se paralice, mientras dure la situación de desacato. Por cierto, desacato que sería muy fácil de eliminar, sólo que a los diputados de la oposición no les conviene hacer eso, porque se quedarían sin la banderita de la victimización, que les brinda la excusa para no trabajar, y para acusar a Maduro de todas sus incompetencias.

En las próximas dos semanas, la República tiene compromisos financieros a los cuales debe responder, y esto no se puede paralizar por la situación de desacato de la Asamblea Nacional. Creo que es muy inconveniente para la institucionalidad de nuestro país, que los poderes públicos se reconozcan entre sí. 

Sin embargo, para hablar en justicia, es indispensable recordar que quien desconoció al Presidente de la República fue la Asamblea Nacional, y que esta es una situación que no generó el escándalo que estamos viendo en este momento, debido a que no se correspondía con los intereses de la derecha nacional y transnacional. 

¿Cómo se entiende esto de que asumir temporalmente las competencias de aprobar contratos y asociaciones extranjeras es un golpe de estado, pero desconocer al Presidente de la República y llamar a elecciones no lo es? Simplemente pura hipocresía política y comunicacional, que es utilizada para manipular tanto en Venezuela como internacionalmente.