CELAG
23-03-2017
En los
últimos días, el fenómeno de El Niño ha desatado su furia contra las costas de
Ecuador y Perú. La inclemencia climática definida como un calentamiento de la
superficie de las aguas del Pacífico que afecta principalmente el Sureste
Asiático, Australia y Sudamérica se caracteriza por el ingreso de una masa
superficial de aguas cálidas en el mar, lo que genera el aumento de la
temperatura de la masa de agua e intensas lluvias.
Este tipo de fenómenos climáticos
pone a prueba no solo los sistemas de emergencia de los gobiernos sino también
la eficiencia de la planificación y el tan denostado “gasto público”. En uno de
sus últimos reportes el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informaba
que en Perú ya se contabilizaban 2.739 personas damnificadas, 9.550 afectadas y
70 muertos; además de 353 viviendas colapsadas, 392 inhabitables y 1.813
fuertemente afectadas. A lo que se le suma la afectación de los edificios
públicos: 24 escuelas con daños y 2 colegios inhabitables y poblaciones que han
quedado incomunicadas: los caminos rurales destruidos suman 40.83 kilómetros y
hay otros 115.74 kilómetros afectados, 526.57 kilómetros de carreteras
arrasadas y 507.62 kilómetros con daños considerables [1].
Hace tiempo se advertía de las
posibles consecuencias que traería este tipo de fenómeno climático. Incluso en
2015 hubo un evento similar donde 6 regiones habían resultado afectadas por
huaycos con un saldo de 13 personas fallecidas. Pese a ello, la prevención de
riesgos no tuvo avances significativos: la Municipalidad de Lima, hoy asediada
por la falta de agua, tenía un presupuesto de 34 millones 217 mil 868 soles que
debían ser destinados al rubro “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres”. Pero debido a la falta de planificación y al mal
uso de los fondos públicos, solo 4 millones fueron utilizados en labores de
prevención, destinando el resto al mejoramiento del malecón de la Costa Verde
[2]. Así, debido a la cantidad de basura y lodo, los canales de captación de
agua han colapsado, dejando sin este líquido vital a la población de la
capital. La foto que sigue a continuación muestra a los habitantes de Lima
abasteciéndose de agua en las fuentes que se encuentran en los exteriores del
Palacio de Gobierno.
Fuente: El Comercio – Perú
Las consecuencias de un Estado ausente durante años
y las fallas en la planificación y ejecución de obras hacen que algunas obras
como el Puente Solidaridad en el Malecón Checa en San Juan de Lurigancho hayan
sido arrastrados por
la fuerza del agua. Éste se suma a los otros 28 puentes que han sido
destruidos. Además, la falta de planificación urbana ha hecho proliferar
asentamientos humanos en sitios de riesgo por los deslaves o la crecida de
ríos.
Verónika Mendoza, quien fuera
candidata a la presidencia por el Frente Amplio, afirmó en un mensaje en redes
sociales que se requiere “una política seria de ordenamiento territorial, de
gestión de riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático”. Además de
“prevenir, planificar y priorizar las inversiones”. Algo que en el Perú de las
últimas décadas ha estado ausente del plano de la discusión política: “hemos
insistido tantas veces con una palabra que la clase política tradicional
detesta: PLANIFICACIÓN" [3]. Mientras, el gobierno de Kuczynski promete
destinar 800 millones de soles (242,4 millones de dólares) para la atención y
reconstrucción de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque, la población
requiere la presencia del presidente en las zonas afectadas para constatar el
abandono gubernamental. Hasta el día jueves, el presidente insistía en no
declarar la Emergencia Nacional porque no era “necesario”. Con más de 70
muertos, recién en la jornada del sábado, se declaró el estado de emergencia en
15 distritos de Lima y 24 distritos de 7 provincias del departamento de Lima.
En el caso de Ecuador, 6.000 familias han resultado
afectadas por las lluvias. Se registran 15 personas fallecidas, 6.000 viviendas
afectadas y 123 destruidas. Sin embargo, las consecuencias del efecto climático
han sido aminoradas por las obras públicas de la Revolución Ciudadana. Entre
1982 y 1983, el fenómeno de El Niño produjo pérdidas que superaron los 630
millones de dólares. Más recientemente en 1998, las pérdidas ascendieron a
2.900 millones de dólares.
El gobierno de la Revolución Ciudadana apostó a una
inversión de 1.200 millones de dólares destinados a construir seis
megaproyectos hídricos localizados en las provincias de Guayas, Manabí, Santa
Elena, Los Ríos y Cañar. De estos 6, 4 están destinados al control de las
inundaciones como es el caso de los multipropósitos de Bulubulu, Cañar,
Naranjal y Chone. Estas obras evitaron pérdidas de casi cerca 131.000 hectáreas
por la crecida de los ríos y más de 330.000 habitantes han resultado
beneficiados.
Sin embargo, frente a estas mega obras, la oposición
insiste en la crítica hacia el desmedido “gasto público”, sin tener en cuenta
que dichas construcciones al final de cuentas permiten ahorrar dinero que luego
por la inercia estatal tiene que ser utilizado en procesos de reconstrucción.
Además de que permite salvar vidas humanas.
En Ecuador, la inversión pública en relación al PIB
alcanza el 32%, porcentaje inferior a otros países como Suecia (49,1%),
Argentina (38%) y Estados Unidos (36%). El trasfondo de la crítica al “gasto
público” se vincula al argumento de reducir el Estado para reemplazar la
inversión pública por privada y que sea el sector externo y el privado el
responsable de la obra pública. El ejemplo de Perú pone sobre la mesa los
riesgos.
Notas
Maria Florencia Pagliarone / Investigadora CELAG
@Floripa_2012
Artículo publicado en: http://www.celag.org/y-el-estado-peru-y-ecuador-frente-a-el-nino/
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