17-03-2017
“La burguesía peruana intermediaria del capital
transnacional, agrupada en la CONFIEP, no da puntada sin hilo”
El día lunes 13 de marzo el presidente de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) afirmó
que el Estado peruano debería usar los recursos destinados a los Juegos
Panamericanos para reconstruir las regiones de la costa norte, en especial
Piura, devastadas por los efectos del fenómeno del niño (https://goo.gl/cZzmhk). Ante
esta propuesta los partidos políticos sectores más rancios, neoliberales y
corruptos (fujimontesinismo y el aprismo) de la política peruana se han sumado
a la propuesta del gremio empresarial, a tal punto que el APRA presento una
propuesta de Ley para suspender los juegos panamericanos (http://goo.gl/mVfVGk).
Estos acontecimientos no ocurren por casualidad, al
contrario evidencian que los empresarios (peruanos y extranjeros) se encuentran
en una situación crítica como consecuencia de la crisis y desaceleración
económica. En ese sentido, estas empresas que se encuentran en lucha por
sobrevivir en medio de la crisis han visto la oportunidad y momento adecuado
para lucrar con el desastre de los pueblos de la costa norte (del lobo un
pelo), como lo hicieron con la reconstrucción de Chincha, Pisco e Ica frente al
terremoto de 2007 y con el pretexto de prevenir el “fenómeno del niño” el 2016.
Es decir, que este modus operandi del empresariado enfocado en el lucro no es
casual sino es una constante en toda nuestra vida republicana. Un ejemplo de la
doble moral de esta burguesía, intermediaria del capital extranjero, es la
propuesta de Roque Benavides, de usar los recursos de los Juegos Panamericanos
en la reconstrucción del norte, cuando el como dueño de la Minera Buenaventura
le debe a la SUNAT el monto de 246 millones de soles. Sobre el mismo,
consideramos que si están noble la propuesta del señor Roque porque no paga su
deuda para destinarlo a la reconstrucción de las regiones norteñas.
Por otro lado, cuando la Confiep y sus perros más
arrastrados de la política peruana: el fujimontesinismo y el aprismo, defienden
la transferencia de los fondos de los Juegos Panamericanos a la reconstrucción
del norte, lo hacen porque saben que la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento (hecha la ley puesta la trampa) contempla la opción de
contrataciones directas con el Estado ante situaciones de emergencia (Art. N°
27, inciso b, de la Ley N° 30225 y Art 85, inciso 2- b del reglamento de la Ley
N° 30225). En esa lógica, en esta semana desde el gremio empresarial se viene
desarrollando una campaña de sensibilización con tres objetivos claros:
a) Que la opinión pública vea al empresario,
detestado por los casos de corrupción de Odebrecht, como el interesado y
preocupado por el sufrimiento de nuestros hermanos de las regiones norteñas
ante los desastres causados por la naturaleza.
b) Que el gobierno frente a la presión empresarial
y de la bancada parlamentaria fujimonetesinista y aprista se vea obligado a
transferir los fondos de los juegos panamericanos a un fondo especial para la
reconstrucción del norte, el cual sería aprovechado por los “buenos
empresarios” para recuperan su tasa de ganancia de marera fácil y rápida a
costa del desastre y el sufrimiento humano, mediante el mecanismo de las
contrataciones directas con el Estado por situación de emergencia.
c) Distraer a la opinión pública sobre los casos de
corrupción (Odebrecht y Lava Jato) porque las empresas multinacionales, los
grupos económicos de poder (Grupo Graña & Montero, entre otros) y la
partidocracia neoliberal están involucrados en estos hechos. Estos casos
tendrían como consecuencia inmediata la vacancia presidencial y el cambio
constitucional. De ahí su temor a que el pueblo se informe y salga a las
calles, no solo para que se vayan todos los partidos políticos y sus líderes
corruptos, sino sobre todo porque estas luchas pueden cambiar el modelo
neoliberal y sus reglas de juego (Constitución de 1993) que solo favorecen a
unos pocos.
A modo de conclusión, la campaña orquestada por la
CONFIEP busca lavar la cara del empresario vinculado a los casos de corrupción
de Odebrecht y Lava Jato. Asimismo, presionar al gobierno lobista de PPK para
crear un fondo especial para la reconstrucción del norte, el cual sería
aprovechado por los empresarios para recuperan su tasa de ganancia de marera
fácil y rápida a costa del desastre y el sufrimiento humano, mediante el
mecanismo de las contrataciones directas con el Estado por situación de
emergencia. Además, de distraer a la opinión pública sobre los casos de
corrupción (Odebrecht y Lava Jato) para evitar aumento del descontento popular
y el cambio del modelo neoliberal y sus reglas de juego (Constitución de 1993).
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