ELECCIONES, FRANQUICIAS Y EL MERCADO

Estimados amigos:

Gracias a mi amigo Martín Núñez, puedo enviarles dos artículos importantes, tanto de Fernando Tuesta “Reformar qué” y de Sinesio López Jiménez “El poder diluido y la atomización social”.

La ayuda prestada por Martín hace posible la comunicación con todos los amigos y colegas, dado que el 13 de presente mes he sido sometido a una operación a la columna, donde la recuperación como mínimo será de dos meses.

Ambos artículos son para tomarse en cuenta, sobre la situación crítica en que el Perú viene padeciendo en relación a las reformas electorales dirigidas a tener una válida representación, en especial del poder legislativo. Tuesta nos dice: “que habría que señalar en que la sola reforma difícilmente cambia la realidad, sino está acompañada con una voluntad política de las elites”.

Aunque sabemos que esas elites en el Perú no existen, y perversamente tenemos que recurrir a los caudillos y sus clanes que vienen reemplazando a los partidos políticos, que tampoco existen.

En tanto Sinesio López nos esclarece que: “el mercado ha invadido la política y ha transformado a los partidos (con ideologías, programas y estructuras organizativas) en meras franquicias electorales que se compran y se venden, y que los organismos electorales aceptan e institucionalizan. Es decir, que son los poderes fácticos que gracias al neoliberalismo son los que reinan”.

Finalmente espero que estos dos artículos nos hagan meditar sobre elecciones y el poder en el marco de las franquicias y el mercado.

Atentamente,

Fernando Arce Meza

Reformar qué

Fernando Tuesta Soldevilla

Diario “La República”, 23 de octubre de 2014

Luego de los resultados de las elecciones regionales y municipales, el tema de la reforma ha sido nuevamente planteado para dar respuesta a una serie de problemas que tuvo que enfrentar este proceso: peligrosas candidaturas, financiamiento dudoso, mercantilización de la inscripción de listas, violencia electoral, voto golondrino, entre otros.

Evidentemente la elección ha producido efectos políticos e institucionales preocupantes. Ante eso, la reacción ha sido abocarse a realizar reformas para que esta situación no se repita, sobre todo, con miras a las elecciones del 2016.

Algunos consideran que hacer reformas nos protegería de enfrentar escenarios similares, por lo que en el Congreso ya se han presentado proyectos de ley respectivos. La ley se encargaría de enderezar las cosas. Fuera del Parlamento, otros dudan de su eficacia y hay quienes consideran incluso que podría ser hasta contraproducente. Mejor entonces, dejar las cosas como están. Lo cierto es que la discusión no termina, aun cuando se escribe mucho y se conoce poco sobre el tema.

Quizá lo primero que habría que señalar es que la sola reforma difícilmente cambia la realidad, sino está acompañada con voluntad política de las élites. Un arreglo de acuerdos institucionales, sí produce impactos en diverso nivel y grado. Es así que no es lo mismo un sistema con voto preferencial que uno sin él. No es lo mismo una elección presidencial con mayoría relativa, que otro con segunda vuelta. De la misma manera que no tiene el mismo efecto realizar elecciones concurrentes el mismo día, que separarlas en el tiempo.

El tema entonces es preguntarse qué es lo que se quiere reformar y para qué. Aquí es donde se suelen cometer los mayores errores.

El primero, atribuir los arreglos institucionales como autónomos en sus impactos, por lo que cuando no ocurren los efectos esperados en el corto plazo, se les atribuye todo el fracaso. De nada valen controles, por ejemplo, sobre fiscalización del dinero mal habido en la política, si la Policía, la Fiscalía, el poder Judicial y la Contraloría hacen también su trabajo.

Lo segundo es plantearse objetivos institucionales que no son correspondidos con las medidas planteadas. No se puede afirmar, por ejemplo, fortalecer partidos políticos en el Perú y mantener el voto preferencial. Tampoco se puede otorgar dinero público a los partidos, sin hacer los ajustes de mayor control y supervisión. Menos se puede combatir el golondrinaje si no se establece más tiempo para supervisión de domicilio y penalidades efectivas.

Un tercer problema viene de la mano del conocimiento y la coherencia de las propuestas. Con el conocimiento no solo nos referimos propiamente a las leyes que se busca reformar, sino a los impactos que producen ciertas medidas. Por eso se observa con preocupación cómo se plantean medidas que ya están en las leyes u otras que no corresponden. Ciertamente, en materia de reforma política y electoral hay cerca de una docena de normas, pero para discutir y colaborar con la reforma, por lo menos hay que conocerlas.

Pero lo que quizá es más peligroso es hacer propuestas que no parten de un mínimo diagnóstico, sean parciales y carezcan de prevención de impactos. Esto es frecuente leerlo a través de los medios o a través de algunas propuestas legislativas.

De esta manera, mirando el proceso del 2016, solo hay plazo para hacer reformas hasta el primer semestre del próximo año. Si se tiene que discutir algún documento que tenga un diagnóstico y propuesta integral, es el presentado por los organismos electorales. Siendo el tiempo corto y las dificultades para ponerse de acuerdo altas, solo queda discutir un paquete mínimo que involucre un acuerdo político de los principales partidos. Caso contrario, lo que se apruebe puede ser la contrarreforma, que es tan peligrosa, como no hacer nada.

El poder diluido y la atomización social

Sinesio López Jiménez

Diario “La República”, 23 de octubre de 2014

Con la extinción de los partidos nacionales lo que en realidad se ha evaporado es el poder político de los ciudadanos. Estos se empoderan a través de la organización de la sociedad civil y de la formación de los partidos que les otorgan lo que Hannah Arendt llamó “la capacidad de acción consensuada”, esto es, el poder. El poder es el número organizado frente al arma que es el instrumento de la violencia. La destrucción del poder político no ha sido solo obra de los partidos y de sus errores. Han contribuido también el terrorismo de los 80 y los 90, el desastroso primer gobierno de García y el neoliberalismo.

El mercado ha invadido la política y ha transformado a los partidos (con ideologías, programas y estructuras organizativas) en meras franquicias electorales que se compran y se venden y que los organismos electorales aceptan e institucionalizan. Cada firma vale un dólar y se necesitan un millón y medio de firmas para validar un poco más de cuatrocientos mil y obtener la inscripción como partido “nacional”. Este es aquel que tiene la franquicia electoral (comprada en el mercado) que le autoriza a postular en las elecciones generales, regionales y locales. La franquicia le permite también convertirse en vientre de alquiler.

Estos partidos-franquicia no tienen vida, ni racionalidad política ni pasión. Ellos tienen sólo la racionalidad fría del negocio privado. A través de millonarias campañas electorales venden al candidato, seducen al elector y compran  su voto. Es cierto que algunos candidatos son tan impotables que no se venden por nada. Son incorruptibles a pesar suyo. Se ha llegado a la desfachatez de proponer la compra al contado de los ciudadanos que no votan por las opciones neoliberales. La política se guía por el diálogo y la persuasión e incluso por la coerción, pero no por la lógica de compra-venta del mercado. La imposición de la lógica del mercado en la política genera lo que Michael Walzer ha llamado el intercambio bloqueado, esto es, la injusticia.

El neoliberalismo ha contribuido a destruir no sólo a los partidos sino también al asociacionismo y al ciudadano mismo afectando sus derechos, en particular sus derechos sociales. El trabajador ya no es una persona que vende su fuerza de trabajo y que tiene derechos. Es sólo un costo laboral que hay que reducir para dar confianza al capital. El neoliberalismo ha generado también la atomización social y un individualismo extremo que, asociados a la fragmentación del poder político de los ciudadanos, están dando lugar a la descomposición de la vida social: la anomia generalizada, la informalidad, la corrupción tolerada, la sobrevivencia del terrorismo, el crimen organizado,  el sicariato, etc.

La destrucción del poder político de los ciudadanos ha traído consigo la gravitante presencia de los movimientos regionales y de los poderes fácticos: los medios concentrados, los grandes empresarios y las FF.AA. Estos poderes fácticos gobiernan sin haber sido elegidos. Lo hacen por la interpósita persona del Presidente de la República al que someten por diversos medios. ¿Qué hacer? El desafío es enorme. Enfrentarlo va más allá de meros cambios institucionales que son importantes pero no bastan. Volveremos con un intento de respuesta.