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(hace 4 horas)
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Estimados amigos:
Estamos frente a una gran crisis política
propiciada por la mayoría fujimorista que tiene al congreso de la república
en sus manos, y a través de esa mayoría tiene el poder no solo para zarandear
no solo al ejecutivo, con su presidente, sus vicepresidentes y ministros,
sino también demuestra que tiene poder para intentar borrar tanto a los
presidentes del poder judicial y del ministerio público, como del tribuna constitucional,
y con ello romper la institucionalidad que da continuidad a la vida
democrática de la república.
El neo fujimorismo o el fujimorismo como se
llame, no tiene vínculos con la vida del orden constitucional, su fundador y
sus actuales miembros les importa poco que el Perú sea democrático. Los
antecedentes los delatan, la década del 90 hubo tres gobiernos autocráticos y
corruptos que violaron el ordenamiento legal del Perú; en consecuencia se
puede esperar que sus actuales adherentes y en especial su clan encabezado
por la señora Keiko Sofía Fujimori, atenten contra todos los principios de la
constitución y de las autoridades legítimas.
Esperamos que no tengan éxito cuando no llegan a
tener la votación calificada como para acusar y destituir al Fiscal de la
Nación y a los cuatro miembros del tribunal constitucional; sin embargo están
con el deseo de cumplir con su objetivo de cesar no solo al presidente
Kuczynski, sino a sus vicepresidentes, consiguiendo la alianza principalmente
del aprismo, de tal suerte que el presidente del congreso asuma el ejecutivo
y haga posible que la señora jefa del movimiento gane sin objeciones la
presidencia de la república en el año 2021.
Atentamente,
Fernando Arce Meza
El peligro de las mayorías parlamentarias que
llegan a derribar a presidentes y la institucionalidad de la democracia
¿El fujimorismo en el parlamento derribará a PPK
y sus vicepresidentes para asumir todo el poder? Con ello de producirse
aseguran que la jefa del partido gane la presidencia en el 2021, después de
la tremenda crisis política que lleva a cabo desde el 28 de julio del 2016.
Lo que decimos es que en el Perú cuando el
congreso está en manos de la oposición se enfrenta la crisis como la actual,
para el país esto no es nuevo, por lo menos en el siglo XX este tipo de
crisis nacieron de las mayorías parlamentarias frente a ejecutivos débiles y
vulnerables, y sin capacidad de reacción.
Comenzaremos por decir que en el año 1914 el
presidente Guillermo Billinghurst tuvo que salir del gobierno por la
conspiración parlamentaria del partido civilista. La mayoría parlamentaria no
podía aceptar el intento del presidente de la república de renovar el
congreso, porque no le facilitaba la aprobación del presupuesto anual.
Prácticamente, fue el primer rompimiento de los
demócratas con los civilistas de un presidente que quería experimentar el
primer gobierno populista del siglo XX, Billinghurst resultaba un radical que
atentaba contra el sistema de gobierno de la república aristocrática. A pesar
que Roberto Leguía (hermano de Augusto) era el vicepresidente, la mayoría
civilista decide sacar al presidente, y designar al Coronel Oscar R.
Benavides para que cubriera los dos años que le faltó a
Billinghurst.
El derrocamiento de un presidente constitucional
no importaba, el civilismo utilizó las armas legales con el fin de salir del
subversivo Billinghurst y usó a la vez al ejército para dar a lo que se
podría llamar un golpe del congreso.
Otro derrocamiento presidencial por no tener congreso
adicto ocurrió en 1948, cuando los militares azuzados y financiados por el
conservadorismo de los terratenientes que encabezaba Pedro Beltrán –dueño
también del diario La Prensa- sacaron al presidente José Luís Bustamante y
Rivero, quien fue reemplazado por el general Manuel Odría.
Este golpe nació cuando los apristas con Haya de
la Torre en el congreso le hicieron la vida imposible al ejecutivo, a pesar
de haber llegado coaligados al gobierno con Bustamante, bajo el signo del
frente democrático. Los apristas querían controlar al presidente, él no
permitió en esas condiciones ejercer la presidencia. Ante esta reacción el
parlamento se dividió entre apristas y no apristas, si bien estos últimos
controlaban la cámara de diputados, en el Senado no tenían mayoría, el
congreso en esas circunstancias entró en receso.
El Perú empezó una grave crisis de poder, dado
que la autoridad fue puesta en peligro y los controles constitucionales no
podían resolver la crisis; el presidente Bustamante gobernó por decretos
leyes, el aprismo jugando a la ley y contra de la ley, también se dividió, y
un grupo radical quiso llevar acabo una revolución el 3 de octubre de 1948,
consecuencia de este hecho los apristas fueron puestos fuera de la ley.
Empero, para las fuerzas económicas la situación
le pareció insostenible y financió el golpe militar de Odría quien derrocó al
presidente constitucional Bustamante y Rivero. El Perú pasó a ser gobernado
por una autocracia militar que servía a las fuerzas económicas de la derecha
peruana.
El tercer derrocamiento presidencial fue en 1968
al sacar del poder al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. El presidente
Belaúnde asumió el gobierno sin contar con mayoría parlamentaria, a pesar de
su alianza con acción popular y la democracia cristiana, esta alianza
ganadora tuvo que hacer frente a la coalición formada por el aprismo y la
fuerza odriísta en el parlamento.
El apro/odriísmo fue una oposición rabiosa al
ejecutivo de Belaúnde, éste ganó las elecciones en 1963 con un plan de gobierno
de reformas en los diversos campos de la vida nacional, en especial de una
reforma agraria para acabar con el latifundismo y la explotación campesina.
Esta última reforma en el congreso, con mayoría de los apristas y el
conservadorismo de los odristas (terratenientes) fue saboteada. La ley de
reforma agraria sólo tenía pocas posibilidades de poder ejecutarse como fue
planeada.
El aprismo y el odriísmo durante los cinco
primeros años practicaron una oposición incalificable y peligrosa, llevando a
una crisis política, que también derivó en económica con una fuerte
devaluación monetaria; asimismo, el problema con la IPC explotadora del
petróleo se resistió a respetar los derechos del Perú, como reconocer que no
era dueña de los campos de la Brea y Pariñas, ni tampoco quiso ajustarse a
los dispositivos tributarios.
La International Petroleum Company (IPC) presionó
a través del gobierno de EE.UU. para que el ejecutivo y el congreso llegarán
a una negociación, imponiendo un acuerdo que terminó con el Acta de Talara, y
por la cual el Perú recuperó la propiedad de los territorios de la Brea y la
IPC continuaba la parte del procesamiento industrial del petróleo.
El acta de Talara fue el detonante para que los
movimientos políticos y el ejército mostraran su descontento, éste último se
pronunció contra la mencionada acta de la Talara y finalmente el comando
conjunto de las fuerzas armadas bajo el mando del general Juan Velasco
Alvarado, asumió la jefatura del gobierno revolucionario el 3 de octubre de
1968.
Estos golpes tienen orígenes cuando el poder
ejecutivo no tiene un congreso adicto, y se le hace imposible acuerdos de
gobierno, de allí que surgen la crisis como se ha reseñado, las consecuencias
no sólo representan la impaciencia de las mayorías parlamentarias para
hacerle la vida imposible al ejecutivo, sino que su oposición no sabe lo que
se viene después, de manera que el Perú en estas tres primeras formas de los
golpes militares tratan de solucionar los problemas de enfrentamientos ejecutivo/congreso.
En 1992 también se produce la figura que el
ejecutivo, bajo la presidencia de Alberto Kenya Fujimori no tenía mayoría en
el congreso, a pesar que una buena parte de los partidos de oposición no eran
beligerantes; sin embargo, se produjo el autogolpe civil/militar que quebró
la democracia representativa de doce años. En la década del 90 el Perú vivió
una aparente democracia con el amén internacional y de los organismos
financieros del planeta.
Sin embargo, internamente fue una abierta
autocracia política que obedecía a los designios del neoconservadurismo de
raíces neoliberales en lo económico. A esta autocracia se le agregó su
carácter mafioso, que desde el poder habría de convertir a este período de
tres gobiernos, en la mayor corrupción que sufrió el país en el siglo XX. Su
grado de adversidad a la decencia política traería como consecuencia que la
autocracia de la mafia y la corrupción fuera derribada, esta vez bajo las
disposiciones constitucionales en noviembre del año 2000.
De tal suerte que de los cuatro atentados
constitucionales, tres de ellos: el de 1914, el de 1948 y el de 1992 fue para
favorecer a los grupos políticos conservadores y a los grupos de poder
económico, pues, el golpe de 1968, ya no fue al servicio de la derecha, más
bien fue un intento nacionalista y radical por la transformación de las
estructuras sociales y económicas de la república.
Debe quedar claro que en el Perú cuando el poder
ejecutivo no tiene mayoría en el congreso, la crisis política surge, dado que
la oposición decide bajo todas las formas y actos doblegar a un ejecutivo
débil y vulnerable, no cabe duda que esta oposición parlamentaria se mueve
bajo los inconfesables intereses políticos y siempre no dejan de estar
presentes también los intereses de los grupos de poder económico.
Asimismo, los gobiernos militares rompen con los
más leves signos democráticos y se instalan verdaderas autocracias, que a
Dios gracias terminan después de años por ser derribadas, y que son motivo de
repulsas de la ciudadanía que entiende que el Perú no pase por estos momentos
fatales y tristes para la vida democrática.
La república en el actual período de gobierno
2016/2021 se ha constituido en un poder ejecutivo que no cuenta con una
mayoría en el congreso. Se da igualmente que el ejecutivo es débil y no sabe
como actuar ante una mayoría parlamentaria que sobrepasa con sus votos
largamente a los votos de los otros partidos políticos.
En este caso esa mayoría congresal se convierte
en una fuerza temeraria y descontrolada que no sólo petardea al ejecutivo,
sino a través de proyectos de ley quiere debilitar tanto al ejecutivo como a
los otros poderes y organismos autónomos de la continuidad respetuosa de la
institucionalidad, por lo que el fujimorismo quiere derribar al Fiscal de la
Nación, al Tribunal Constitucional (TC) con acusaciones igual de débiles, sin
bases de sustentación legal y constitucional. A Dios gracias no podrían
conseguir la mayoría calificada de 87 votos para sacrificar la vida
democrática de la república.
Pero, estos actos de fuerza indomable no se
quedan ahí, buscan traerse abajo al presidente actual Pedro Pablo Kuczynski,
y no se estima ¿que pasaría? pues, la caída de PPK innegablemente sería con
sus dos vice presidentes: y el presidente del congreso fujimorista asumiría
el cargo transitorio de presidente de la república.
Al tener el poder ejecutivo estarían en mejores
condiciones para que su candidata y jefa del movimiento, Keiko Sofía, gane
las elecciones después de los tres intentos por alcanzar la presidencia de la
república. No debemos olvidar las enseñas de la historia -un pueblo sin
memoria colectiva- repite maladadamente los tristes momentos, esperemos con
algún grado de optimismo que las fuerzas retardatarias ganen sólo una
batalla, pero no la guerra a la democracia y a la decencia de la
institucionalidad.
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