Alan Fairlie
Reinoso
De acuerdo
al INEI , durante el primer semestre del 2016, solo el 31,2% de la población de
14 y más años de edad se encontraba afiliada a algún sistema de pensiones.
Siendo el área urbana en donde se registra un mayor porcentaje de afiliados.
Las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) concentraban mayor número de
afiliados con un 19,2% del total, en cambio la Oficina de Normalización
Previsional (ONP- Ley 19990 y Ley 20530) tenía el 10,8% de los afiliados y los
otros sistemas de pensión el 1,2% restante.
Grafico N°1:
Población de 14 y más años de edad afiliada a un sistema de pensión, según
tipo, 2016 Enero-Junio
Los datos
sugieren que solo un tercio de la población cuenta con un sistema de pensiones,
debido a que tanto la Oficina de Normalización Previsión (ONP) a cargo del
Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), no
tienen en cuenta a los trabajadores informales (ya que se basan en el aporte a
través de planilla .
En este
contexto, el sistema de pensiones se ha vuelto un tema de debate, a raíz del
informe elaborado por la “Comisión de Protección Social” , el cual ya fue
remitida al MEF. Esta comisión tiene como objetivo plantear reformas económicas
para financiar la cobertura universal de aseguramiento de salud y protección
previsional, sin afectar la sostenibilidad fiscal ni generar informalidad en el
mercado de trabajo.
Según lo
trascendido, las recomendaciones elaboradas por esta comisión buscarían
reforzar el pilar contributivo de los fondos de pensiones, para ello se
buscarán incorporar dentro del sistema pensionable a los trabajadores
informales, por medio de mecanismos alternos, como un esquema de enrolamiento
automático al sistema pensionario, a través de sobrecargos en los consumos de
servicios básicos, el sobrecargo se destinaría a una cuenta de capitalización
individual y serian complementada con una contribución del Estado. En este
sistema los trabajados podrían desactivar los recargos en el momento que
estimen pertinente.
Las reformas
del sistema de presiones y las propuestas de la comisión de protección social
estarían dirigidas hacia a un sistema único de pensiones, que permita a los
afiliados tener una cuenta individual de capitalización, y en el que cuente con
una pensión y en caso que esta no llegue a la pensión mínima, la diferencia sea
cubierta a través de un subsidio. Por su parte la Ministra de Economía, Claudia
Cooper, se ha visto obligada a desmentir la fusión de la ONP con la AFP.
Pero, se
trata de eliminar la ONP, y con ello los esquemas de solidaridad intergeneracional
y redistribución que tienen a la base, más allá de sus limitaciones. Aunque el
sistema de AFPs, también muestra severas limitaciones, y en vez de resolver los
problemas de fondo, se buscaría favorecerlas con esta reforma.
Más papistas
que el Papa.
Mientras
donde crearon la criatura y tiene el mayor tiempo de vigencia y amplia
cobertura plantean desaparecer las AFPs o hacerles profundas reformas, aquí se
va en la dirección contraria. Allí no funcionó según lo que se había
planificado, se dio un enérgico rechazo ciudadano y los políticos han tenido
que atender esas demandas dada la movilización de la población.
El gobierno
de Chile, ha presentado una propuesta de ley que busca modificar el sistema de
captación de su régimen de pensiones, este proyecto ley busca conseguir un 5%
más de cotización a cargo del empleador para incrementar progresivamente las
pensiones que pagan las AFP a los jubilados. La medida permitirá un incremento
de un 20 por ciento de las pensiones en el corto plazo, para llegar a un 50
cuando la actual masa laboral llegue a la edad de jubilación. El incremento del
5 % se dividirá en dos: 3% que irá a una cuenta personal que será heredable, 2%
quedará en una cuenta colectiva.
Se
introducen mecanismos de regulación del Estado, a pesar que ya hay pensión
mínima y no exista la informalidad del Perú. Se busca crear mejores condiciones
para los pensionistas y sacar recursos de los empleadores, no de los
trabajadores.
Profundización
del modelo.
Es un buen
momento para reabrir el debate. Pero, este gobierno busca reprivatizar
servicios y actividades a todo nivel (en salud, educación, APPs, etc). Además
de la flexibilización laboral y relajo de estándares ambientales y
debilitamiento institucional de la regulación. Se debe enfrentar la profundización
del modelo en todos los terrenos, defendiendo los derechos ciudadanos.
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