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vie.,
22 mar. 14:15
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Estimados
amigos:
Es
evidente que la desesperación de los grupos del conservadorismo y de la
derecha son las que más están identificadas, para oponerse a lo que
representa el acuerdo con la empresa corruptora Odebrecht, pues a través de
dicho acuerdo se asume seriamente que será una colaboradora eficaz, para dar
a conocer quienes han sido –personas, empresas y entidades civiles- a
las que sobornó durante décadas, hecho que le permitió a esa empresa
conseguir privilegios, ganado siempre licitaciones y siendo proveedora única
en ejecutar, principalmente obras públicas en el Perú.
Fueron
los ex presidentes y candidatas que querían serlo, incluidos jefes regionales
y alcaldes de este comienzo del siglo XXI los comprometidos en este abordaje
por ganar comisiones a como de lugar. Este desatino convertido en corrupción
de funcionarios se produce por la relación directa a las prosperidades falaces
que el Perú se alimenta en determinados períodos, donde el Tesoro Público se
vería rebosante de ingresos fiscales y de inversiones, para explotar y
exportar nuestros recursos naturales, gracias a los altos precios que en el
mercado mundial se registraron las exportaciones, en este caso las mineras.
Hubo dinero para todo malo y poco para lo bueno,
Las
empresas constructoras llamadas nacionales se hicieron secuaces y se
comprometieron en participar no solo a construir conjuntamente con las
entidades brasileras; sino que también se beneficiaron ilícitamente de
ganancias nunca vistas, y en consecuencia fueron activos miembros del festín
de los sobornos y la corrupción generalizada por la que el Perú ha pasado
entre el 2001 y el 2016, aproximadamente.
Sacar a
la luz estos robos, señalando culpables a muchos de los caudillos políticos
que estuvieron en el poder o trataron de llegar a él, resulta que son
imperdonables que en el sistema de justicia -jueces y fiscales-, hayan ido
descubriendo a los arrebatadores de alta monta, que por cierto no son
acreedores a cualidades de gobernantes, si no que por sus habilidades y
ambiciones llenaron billeteras y cuentas bancarias sin mayor esfuerzo.
El
congreso de la república es la caja de resonancia que tiene los políticos
corruptos, y sus voceros de estos políticos no pueden dejar que se admitan
los acuerdos para conocer a los delincuentes que han operado contra los
fondos del erario y el patrimonio nacional; en consecuencia desde ayer han
comenzado los apristas y los fujimoristas, incluidos algunos representantes
compañeros del viaje de la corrupción a desacreditar a los poderes públicos
(poder judicial y ministerio público); asimismo, arremeten contra los
procuradores del poder ejecutivo, en especial del Ministerio de Justicia.
Los
pretextos se envuelven en los documentos y formulas que han sido motivo de
investigaciones realizadas por los procuradores, dirigidos a proporcionar las
condiciones necesarias a lo que vienen juzgando los fiscales. Esto en la
medida de que permite participar como parte del acuerdo con Odebrecht y que
goce de los soportes técnicos correspondientes, y que, fujimoristas y
apristas no han podido con la racionalidad administrativa y penal refutar,
dado que son incapaces de tan difícil tarea de contrastar principios y
doctrinas en especial de las reparaciones civiles.
El
debate alturado no ha sido posible, se han dedicado a poner ante la opinión
pública que los procuradores y fiscales son embusteros y bribones, y lo más
grave, es que están al servicio del poder del dinero y la componenda de la
empresa Odebrecht. Como no han podido refutar el contenido, se han ido por la
ventaja de la cuchillada trapera por la espalda, intentados desprestigiar a
funcionarios que han cumplido su trabajo, y que éstos sobre las reparaciones
civiles se han ajustado a la última ley que permite compaginar la ciencia
legal y las formulas de los cálculos de la economía financiera.
De la
ignorancia que están sumidos determinados congresistas, donde imperan
los intereses subalternos de defender a sus caudillos, terriblemente
comprometidos, y que por varios años residirán en Piedras Gordas, en
Lurigancho y Sarita Colonia. Estos políticos que sin ninguna ética, ni moral
de trabajo, y que además con se ha dicho son ignaros, ni saben que por
primera vez en el Perú se utiliza la racionalidad de la lógica matemática,
para elaborar acuerdos que servirán a los jueces en sentenciar al ejército de
la corrupción.
El
suscrito en su último libro “El Estado en el Perú debe ser para todos”,
alcanzamos ha explicar las medidas de investigar para sancionar a las
empresas brasileras, a través de interventores a nivel de cada
empresa y de obras relievantes concluidas o por terminar su construcción.
Ello
permitía que Odebrecht se quedará y no podía llevarse su activo circulante,
ni podía disponer de los otros activos para transferirlos al exterior o la
venta sin que el Estado peruano participara; asimismo, no se interrumpía la
cadena de pagos y como se dice no “metía cabeza a cualquiera”.
Quedando
estos interventores comprometidos legalmente, para constituir comisiones
investigadoras al interior de las empresas y de las obras más destacadas, a
fin de saber verdaderamente si éstas habían sobrevalorado. Se sugería
convocar a licitación internacional, para efectos que entidades
supranacionales y/o privadas igualmente extranjeras, participarán en señalar
si el precio y costos aprobados eran los correctos.
Además
se establecían si las conciliaciones eran adecuadas e idóneas para
adicionales de obras en financiamiento y/o ampliaciones materiales, esto por
la circunstancia de que la autocracia fujimorista (1992 a 2000) y los
gobiernos “democráticos” (2001/2018) después del transitorio de Paniagua,
sacaron a la Contraloría General de este último tema, sabiendo que dicha
institución desde 1972 hasta su razia de 1992 fue responsable de decirnos o
no de las ampliaciones de las obras públicas, después de haberse aprobado.
Lo
propuesto y escrito en la obra de este autor y de otros sobre los
interventores judiciales no fue en ningún momento tomado en cuenta; sin
embargo, es fácil colegir que el recién instalado gobierno de PPK,
respondiendo a su carácter de estar compuesto de lobbystas, no se encaminó
por la figura de los interventores judiciales que, dicho sea de
paso tenía cualidades de resolver integralmente el punto tan controvertido de
los robos y asaltos que el Perú sufrió por la acción de las empresas
brasileras. Se prefirió el DS 003 que fue limitado ante el tamaño del
gigantesco hurto al país y que se llevaron empresas y ex gobernantes de toda
laya; después de muchos meses fue derogado y se aprobó la ley que ha
permitido llegar a los acuerdos de colaboración eficaz, tardía reacción para
tamaña tarea por realizarse.
Atentamente,
Fernando
Arce Meza.
Surco, 22 de Marzo del 2019
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