20-12-2014
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Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de
Bustillo
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Introducción
La clase
obrera brasileña se enfrenta al ataque más salvaje a su nivel de vida de los
últimos diez años. Y no son solo los trabajadores de la industria el objetivo
de este ataque. Los campesinos sin tierra, los asalariados del sector público y
el privado, los profesores y profesionales de la sanidad, los desempleados y
los pobres se enfrentan a enormes recortes de ingresos, empleos y prestaciones
sociales.
Todos los
avances conseguidos entre 2003 y 2013 se van a revertir. Los trabajadores
brasileños se enfrentan a una “década infame”: el régimen de la presidenta
Dilma ha adoptado las políticas del “capitalismo salvaje” como lo demuestra el
nombramiento como ministros de uno de los más ardientes defensores de los
programas neoliberales.
El “Partido
de los Trabajadores” y el ascendiente del capital financiero
A comienzos
de diciembre de 2014, la presidenta Dilma nombró a Joaquín Levy ministro de
finanzas, lo que le convierte en el nuevo zar a cargo de la economía brasileña.
Levy es un miembro destacado de la oligarquía financiera del país. Entre 2010 y
2014, fue presidente de Bradesco Asset Management, rama financiera del
conglomerado gigante Bradesco, que gestiona más de 130.000 millones de dólares.
Desde que realizó su doctorado en la Universidad de Chicago, Levy es un
seguidor leal de Milton Friedman, supremo neoliberal que asesoró económicamente
al dictador chileno Augusto Pinochet. En los años en que ejerció como alto funcionario
del Fondo Monetario Internacional (1992-1999), Levy destacó como firme defensor
de los programas de severa austeridad que una década más tarde empobrecerían a
Europa meridional y a Irlanda. Durante la presidencia de Henrique Cardoso, Levy
fue el estratega económico que impulsó la privatización masiva de empresas
públicas lucrativas –a precios de saldo- y una liberalización del sistema
financiero que facilitó fugas ilícitas de capital valoradas en torno a los
15.000 millones de dólares al año. La pertenencia de Levy a la oligarquía
financiera brasileña y sus profundos y prolongados vínculos con las
instituciones internacionales financieras es precisamente la razón por la que
Dilma le ha puesto a cargo de la economía brasileña. El nombramiento de Levy es
una pieza fundamental de la nueva estrategia de Dilma para incrementar
generosamente los beneficios del capital financiero nacional y extranjero, con
la esperanza de atraer inversiones a gran escala que acaben con el
estancamiento económico.
Para la
presidenta Dilma y su mentor, el ex presidente Lula Da Silva, toda la economía
debe encaminarse a ganar la “confianza” de la clase capitalista.
Los
programas sociales puestos en marcha hasta ahora están siendo eliminados o
reducidos, a medida que el nuevo zar financiero Joaquin “Jack el destripador”
Levy avanza en la consecución de su “terapia de choque”. Una prioridad de su
programa es la de reducir de manera minuciosa y profunda la parte de la renta
nacional correspondiente al trabajo. El objetivo es concentrar riqueza y
capital en el diez por ciento más elevado de perceptores de renta con la
esperanza de que este grupo realice inversiones y aumente el crecimiento.
Si bien el
nombramiento de Levy representa, sin ninguna duda, un giro hacia la extrema derecha,
fueron las políticas y prácticas económicas de los doce años anteriores las que
sentaron las bases para el retorno a una versión despiadada de la ortodoxia
neoliberal.
Los
cimientos económicos para el retorno de los impuestos salvajes
Durante la
campaña electoral de 2002, Lula firmó un acuerdo económico con el FMI en el que
garantizaba un superávit presupuestario del 3%. Lula quería asegurar a los
banqueros, financieros internacionales y empresas multinacionales que Brasil
pagaría a sus acreedores y aumentaría las reservas de moneda extranjera para el
envío de beneficios y flujos ilícitos de capital hacia el exterior.
La adopción
de políticas fiscales conservadoras del régimen de Lula se vio acompañada por
políticas de austeridad basadas en la reducción de salarios y pensiones de los
empleados públicos y aumentos marginales del salario mínimo. Lo más importante
es que Lula respaldó todas las privatizaciones corruptas que tuvieron lugar con
el régimen de su predecesor, Cardoso. Al final de su primer año en el gobierno,
2003, Wall Street aclamó a Lula como “Hombre del Año”, por sus “políticas
pragmáticas” y la desmovilización y moderación de los principales sindicatos y
movimientos sociales. En enero de 2003, Lula había nombrado a Levy Secretario
del Tesoro, un puesto que mantuvo hasta 2006 y que coincidió con el periodo más
socialmente reaccionario de la presidencia de Lula. En este mismo periodo se
produjeron una serie de escándalos de corrupción por valor de miles de millones
de dólares en los que estaban involucrados decenas de altos puestos del Partido
de los Trabajadores, que habían recibido “mordidas” de las principales empresas
constructoras del país.
En torno a
la mitad de la década de 2000 se produjeron dos acontecimientos que permitieron
que Lula moderase sus políticas e introdujera reformas sociales limitadas. El
primero fue el auge de las materias primas, un importante incremento de la
demanda y el precio de las exportaciones agro-minerales que llenó los cofres
del Tesoro. El segundo, el aumento de la presión de los sindicatos, los
movimientos rurales y los pobres, que exigían su parte en la bonanza financiera
y que dio lugar a un aumento de los gastos sociales y los salarios y facilitó
el crédito, sin que estas mejoras afectaran a la riqueza, las propiedades y los
privilegios de la élite. Gracias al boom económico, Lula pudo también
satisfacer las exigencias del FMI, el sector financiero y la élite empresarial,
con subvenciones, exenciones tributarias, préstamos a bajo interés y “desorbitados”
contratos estatales altamente lucrativos. Los pobres percibían un 1% del
presupuesto nacional a través de una “asignación familiar” de 60 dólares al mes
y los trabajadores peor remunerados consiguieron un aumento del salario mínimo.
El coste de las prestaciones sociales suponía apenas una fracción del 40% del
presupuesto asignado a los bancos a través de la cancelación de empréstitos e
intereses de la dudosa deuda pública suscrita por los anteriores gobiernos
neoliberales.
Con el fin
del auge económico, el gobierno de Dilma ha regresado a las políticas ortodoxas
que practicó el gobierno de Lula en 2003-2005 y ha vuelto a nombrar a Levy para
llevarlas a cabo.
Consecuencias
de la terapia de choque de Levy
La tarea
asignada a Levy – volver a concentrar la renta, aumentar los beneficios y
revertir las políticas sociales- resulta mucho más difícil de
conseguir en 2014-15 de lo que fue en 2002-03, principalmente porque entonces
se trataba meramente de continuar las políticas instauradas por el gobierno
de Cardoso y Lula prometió a los trabajadores que esas medidas eran
temporales. En estos momentos, Levy debe recortar y cercenar beneficios que los
trabajadores y los pobres ya dan por sentado. De hecho, en los dos últimos años
los movimientos sociales han estado demandando mayores gastos sociales
en transporte, educación y sanidad.
Para llevar
adelante la terapia de choque de Levy será preciso, llegado el momento, aplicar
la represión, como ocurrió en el caso de Chile y los países del sur de Europa, cuando
programas de austeridad similares redujeron los ingresos y multiplicaron el
desempleo.
Levy propone
rescatar los intereses del capital financiero mediante la aplicación de medidas
severas en línea con la agenda de Wall Street, de la City de Londres y de los
magnates financieros brasileños. Globalmente, las políticas financieras de Levy
equivalen a un “tratamiento de choque”: medidas rigurosas y repentinas contra
los niveles de vida de los trabajadores, equivalentes al electroshock que los
psiquiatras que afirman que “el dolor cura” aplican a los pacientes con
desórdenes mentales, aunque con demasiada frecuencia les conviertan en zombis,
o en algo peor.
La prioridad
de Levy es recortar las inversiones públicas, las pensiones, las prestaciones
por desempleo y los salarios del sector público. Bajo el pretexto de
“estabilizar la economía” (para los grupos financieros), estas medidas desestabilizarán
la economía familiar de decenas de millones. Se propone rescindir las
exenciones fiscales a la masa de consumidores que adquieren vehículos,
electrodomésticos y ropa de cama, incrementando así los gastos de millones de
hogares de clase trabajadora o dejándoles sin la posibilidad de acceder al
mercado. Su intención es desequilibrar los presupuestos familiares (que
la deuda crezca por encima de la renta) con el fin de aumentar el superávit del
Estado y asegurar el pleno y pronto desembolso de la deuda pública a los
acreedores, como el propio conglomerado Brandesco del que forma parte.
En segundo
lugar, Levy “ajustará” los precios. Concretamente, eliminará el control de
precios del combustible, la energía y el transporte, para que los oligarcas
financieros que poseen millones de acciones en dichos sectores puedan
aumentarlos y “ajustar” su riqueza hacia arriba en miles de millones de
dólares. Como resultado, las clases trabajadora y media tendrán que dedicar una
parte mayor de sus menguados ingresos a combustible, transporte y energía.
En tercer
lugar, Levy probablemente permitirá que la moneda se debilite para promover las
exportaciones agro-minerales bajo el pretexto de una mayor “competitividad”.
Pero una disminución del valor de la moneda incrementará el coste de las
importaciones, especialmente de alimentos básicos y bienes manufacturados. La
devaluación de facto será más dura para los millones de ciudadanos que no
pueden asegurar sus ahorros y favorecerá a los especuladores financieros
capaces de capitalizar los movimientos de divisas. Por otra parte, estudios
comparativos demuestran que una moneda más barata no garantiza un aumento de
las inversiones productivas.
En cuarto
lugar, es fácil que Levy argumente que para atajar el déficit energético
producto de la sequía, que ha reducido la capacidad hidroeléctrica de las
presas brasileñas, es preciso una “reforma” del sector (eufemismo utilizado
para hablar de privatización). Seguramente propondrá la liquidación del
gigante petrolero semipúblico Petrobras y acelerará la privatización de la
explotación de los yacimientos en alta mar, en términos favorables a los grandes
bancos de inversión.
En quinto
lugar, veremos a Levy reducir y eliminar las regulaciones medioambientales y
empresariales, incluyendo las que afectan a la selva amazónica y a los derechos
de los trabajadores y de los indígenas, a fin de facilitar la entrada y salida
rápida de capital financiero.
Esta terapia
de choque tendrá profundas repercusiones sociales y económicas en la sociedad
brasileña. Según todas las experiencias pasadas y presentes, dondequiera que
los “Chicago Boys” (como el propio Levy) han aplicado su fórmula de choque, se
han producido profundas recesiones económicas, retrocesos sociales y agitación
política.
Contradiciendo
las expectativas de la presidenta Dilma, los recortes en el crédito, los
salarios y la inversión pública hundirán la economía y la llevarán del
estancamiento a la recesión. El equilibrio presupuestario retrógrado disminuye
la demanda y no fomenta los flujos del capital productivo. El sector con un
crecimiento más dinámico, la industria del automóvil, se verá muy afectado por
el aumento de impuestos sobre la compra de vehículos. Y lo mismo pasará con el
sector de los electrodomésticos.
Hasta la
fecha, la expansión de las inversiones públicas ha sido la principal fuerza
motriz del crecimiento (por pequeño que este sea en la actualidad). No existe
ningún motivo racional para pensar que grandes flujos de capital privado vayan
a absorber el descenso de actividad inversora pública, especialmente en un
mercado descendente. Más aún si, como probablemente sucederá, la lucha de
clases se intensifica a causa de la reducción salarial y la disminución del
nivel de vida.
Como todos
los fanáticos del libre mercado, Levy argumentará que la recesión y la
regresión son temporales, necesarias y que darán su fruto “a largo plazo”. Pero
todos los países que han sufrido recientemente esta fórmula de choque han
entrado en una recesión prolongada. En Grecia, España, Italia y Portugal, la
depresión inducida por las políticas de austeridad ha entrado en su séptimo
año… ¡y su deuda pública continúa creciendo!
Consecuencias
reales de la terapia de choque
Tenemos que
desechar las presunciones de “estabilidad y crecimiento” de estas políticas de
austeridad defendidas por Levy y los de su clase y observar los resultados
reales que producen.
Antes que
nada, aumentarán las desigualdades, porque cualquier incremento de las
ganancias se concentrará en las élites. Las desregulaciones y otras políticas
fiscales y monetarias del gobierno profundizarán los desequilibrios de la
economía, favoreciendo a los acreedores frente a los deudores, al capital
extranjero frente a los fabricantes locales, a los propietarios de capital
frente a los trabajadores asalariados, al sector privado frente al público.
De hecho,
Levy “asegurará la confianza del capital” porque lo que se denomina “confianza
de los inversores” se basa en una licencia sin trabas para expoliar el medio
ambiente, reducir salarios y explotar un ejército de reserva de desempleados
cada vez mayor.
Conclusión
La terapia
de choque de Levy aumentará las tensiones de clase e inevitablemente provocará
una ruptura del pacto social entre el régimen del denominado Partido de los
Trabajadores y los sindicatos, los trabajadores rurales sin tierra y los
movimientos sociales urbanos.
En la
tesitura de tener que afrontar el estancamiento económico producto de la
bajada de precios de las materias primas y la decisión del capital privado de
retener las inversiones, Dilma Rousseff y la dirección del autodenominado
Partido de los Trabajadores podrían haber decidido socializar la economía,
acabar con el capitalismo de amiguetes y aumentar la inversión pública. En vez
de eso, han optado por capitular. Dilma ha reciclado los programas ortodoxos
neoliberales que Lula implementó durante los primeros dos años de su mandato.
En vez de
movilizar a trabajadores y profesionales para llevar a cabo cambios
estructurales más profundos, Dilma y Lula cuentan con que el “ala izquierda”
del partido expresará sus quejas, sus críticas y finalmente dará su conformidad.
Cuentan con que los líderes fagocitados de la confederación sindical (CUT) se
contentarán con elevar la voz y realizar protestas simbólicas sin capacidad
para alterar la terapia de choque de Levy. No obstante, el alcance, profundidad
y extremismo del denominado programa de ajuste y estabilización del ministro de
finanzas provocará huelgas generales, primero de todo en el sector público. Los
recortes en la industria del automóvil y el aumento del desempleo darán lugar a
acciones de lucha en el sector manufacturero. Los recortes en la inversión
pública y el incremento de los costes del transporte, la sanidad y la educación
reactivarán los movimientos urbanos de masas.
En menos de
un año, las políticas de choque de Dilma y Levy convertirán Brasil en un
caldero hirviente de descontento social. Los gestos seudopopulistas y la
retórica vacía de Lula no servirán para nada. Dilma no podrá convencer a los
trabajadores para que acepten el programa de “austeridad“de Levy (que favorece
a las clases altas), sus incentivos “para ganar la confianza de los mercados
internacionales” y las políticas internas que reducirán los ingresos de la
inmensa mayoría de la gente trabajadora.
Estas
políticas agravarán la recesión y no servirán para “resucitar el
espíritu animal de los empresarios”. Después de un año de “más dolor sin
curación “ (salvo un incremento de los beneficios de financieros y exportadores
agro-minerales), la presidenta Dilma deberá afrontar los inevitables resultados
políticos negativos que le supondrá la pérdida de apoyo de los trabajadores, la
clase media y los campesinos pobres, sin ganar el apoyo de la élite
empresarial y financiera (que tiene sus propios líderes políticos de
confianza). Una vez puesto en marcha su programa de libre mercado radicalmente
reaccionario y provocado el descontento popular masivo, Levy dimitirá y
retomará la presidencia Bradesco, el fondo de inversiones multimillonario, con
la satisfacción que produce el haber “cumplido la misión”.
Puede que
Dilma reemplace a Levy e intente “moderar” su terapia de choque. Pero, para
entonces, ya será demasiado tarde y su respuesta será demasiado limitada. El
Partido de los Trabajadores acabará en el cubo de la basura de la historia. La
decisión adoptada por Dilma al nombrar a Levy zar económico es una declaración
de guerra de clases. Y para ganar una guerra de clases no podemos excluir
que las políticas reaccionarias tengan que ser implementadas mediante el uso de
violencia estatal: represión de las protestas masivas urbanas y desalojos
salvajes de los trabajadores rurales sin tierra que ocupan pacíficamente fincas
improductivas.
El giro
efectuado por el régimen del “Partido de los Trabajadores”, desde un
“liberalismo inclusivo” a un extremismo de libre mercado al estilo de Friedman radicalizará
y polarizará a la sociedad brasileña. La oligarquía presionará para
volver a militarizar la sociedad civil. Esto, a su vez, estimulará el
crecimiento de movimientos sociales con conciencia de clase, como los que
acabaron con veinte años de gobierno militar. Tal vez en esta ocasión la
agitación social no termine con el advenimiento de una democracia liberal; tal
vez la próxima lucha aproxime a Brasil al socialismo democrático.
Rebelión ha
publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su
libertad para publicarlo en otras fuentes.
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