Punto
Final
30-06-2015
La fusión
entre las AFPs Cuprum y Argentum, ambas del grupo financiero internacional
Principal, comienza a mostrar hebras que perfilan un nuevo escándalo similar a
episodios como el perdonazo que hiciera el Servicio de Impuestos Internos (SII)
durante el gobierno de Piñera a la empresa Johnson’s, o con eventos similares a
las repactaciones unilaterales de La Polar o al mismo caso “cascadas”,
articulado por el controlador de Soquimich, Julio Ponce Lerou, y conspicuos
operadores de la Bolsa de Santiago.
Si este nuevo escándalo se inició hace unos meses
con denuncias privadas y discretas, desde comienzos de junio, impulsado por el
senador del MAS Alejandro Navarro, el incidente financiero ha tomado todas las
características de un escándalo mayor. La Cámara de Diputados aprobó la creación
de una comisión investigadora en tanto la Fiscalía acogió la denuncia
presentada por Navarro para investigar la fusión de las AFPs del mismo grupo.
La fusión de las dos AFPs del grupo Principal tiene
como primer efecto una elusión tributaria de 80 mil millones de pesos (unos 130
millones de dólares, al cambio actual). Una operación que significó un
beneficio para sus accionistas y una pérdida neta para el Fisco que ha puesto
en el centro de la polémica no sólo al grupo económico sino a Tamara Agnic,
superintendenta de Pensiones desde julio del año pasado. Agnic está bajo el
foco de la Cámara y la Fiscalía por la sospecha de haber autorizado la fusión
entre las dos AFPs y otorgar a sus dueños el millonario beneficio.
Para Navarro, “todo indica que Agnic es cómplice
del holding norteamericano Principal Financial Group, quienes crearon
una AFP fantasma llamada Argentum para fusionarla con Cuprum y así eludir el
pago de impuestos. La superintendenta de Pensiones tiene una responsabilidad
inexcusable. Su negligencia y falta de probidad no puede echarse bajo la
alfombra, por lo que debe dar una explicación al país o dar un paso al
costado”, sostuvo el senador.
Las denuncias de Navarro configuran una trama
mayor. Según explicó, hubo una junta de accionistas de la AFP Cuprum en la cual
participaron los representantes de la Superintendencia de Pensiones Felipe
Gálvez y Eduardo López: en esa misma reunión Hugo Lavados, presidente de
Cuprum, expuso el objetivo de llevar a cabo la fusión. A partir de aquí comienza
una nueva trama. Lavados, militante DC, fue ministro de Economía en el primer
gobierno de Bachelet y desde 2013 es presidente de la AFP tras la venta de ésta
por el grupo Penta en más de mil millones de dólares a Principal. En 2014
Cuprum tuvo utilidades por más de 114 millones de dólares, cifra un 25 por
ciento mayor a la del año inmediatamente anterior.
OTRA VEZ LA
PUERTA GIRATORIA
Hugo Lavados es un clásico exponente de la puerta
giratoria entre el sector privado y el Estado. Durante el primer gobierno de la
Concertación fue superintendente de Valores y Seguros, más tarde gerente del
banco BBVA para regresar al sector público en un alto cargo en la Comisión
Resolutiva Antimonopolios. En la década siguiente pasó a la dirección de
Prochile y luego a ministro de Economía, en el primer gobierno de Michelle
Bachelet. A comienzos de 2013 asumió la presidencia del directorio de Cuprum
tras la toma de control por Principal, cargo que ejerce en la actualidad junto
a la rectoría de la Universidad San Sebastián.
En mayo pasado, cuando el escándalo comenzaba a
emerger, la Superintendencia de Pensiones elaboró un comunicado para desligarse
de responsabilidades, las que canalizó hacia el SII. En el comunicado la
institución dirigida por Tamara Agnic señaló que se cumplieron todos los
requisitos que la ley exige a las sociedades que se fusionan, y conforme a las
atribuciones de la Superintendencia, se aprobó la operación de fusión por
absorción de Argentum S.A. y Cuprum S.A., el 2 de enero de 2015. En el mismo documento
se precisaba que “la Superintendencia de Pensiones no aprobó un beneficio
tributario en ninguna etapa de este proceso. De hecho, no podría hacerlo ni
ninguna AFP u otro regulado podría solicitarle que se pronunciara sobre
materias de este tipo, pues no están dentro de las facultades que la ley le
otorga. El único organismo público que puede pronunciarse en Chile sobre temas
tributarios es el Servicio de Impuestos Internos (SII)”.
Pocas semanas más tarde, AFP Cuprum informó a la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que, “haciendo uso de un beneficio
incluido en la reforma tributaria de 2014, calculaba en 80 mil millones de
pesos el valor de los impuestos que podría pagar en forma diferida, dependiendo
de los resultados que obtenga en el ejercicio de su actividad”.
La segunda semana de junio, días antes de aprobarse
la creación de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la Comisión
de Economía del Senado llamó a declarar a Agnic. En la oportunidad detalló que
tras cuatro meses de análisis, la Superintendencia aprobó la operación “bajo
estricto cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley sobre sociedades
anónimas” y destacó que el proceso de fusión no provocó perjuicios a los fondos
de pensiones de los 640 mil afiliados que cotizan en Cuprum, ni generó efectos
adversos en su rentabilidad ni en sus condiciones de seguridad. Sin embargo, un
punto quedó en el aire, que no fue respondido: se estima que la fusión sólo
tuvo por fin defraudar al Fisco en casi 80 mil millones. Por este motivo, en
aquellos mismos días el Ministerio Público acogió la querella interpuesta por
el senador Navarro para investigar el hecho y determinar las responsabilidades
judiciales respectivas.
LOS OSCUROS
PODERES FACTICOS
La investigación está en sus inicios y avanza tanto
en la Fiscalía como en la Cámara. Una de las hebras se pierde en los primeros
meses del año pasado, con la abrupta salida, en julio de 2014, del entonces
superintendente de Pensiones, Alvaro Gallegos, tras haber denunciado presiones
de las AFPs. En la presentación del senador Navarro a la Fiscalía recoge el
testimonio de Gallegos, quien dijo en su oportunidad haber sido “desbancado por
los poderes fácticos” producto de su oposición a la creación de la AFP fantasma
Argentum. Estas declaraciones del ex superintendente son para Navarro “de
extrema gravedad. No es posible que los dueños de las AFP tengan la capacidad
de remover a un superintendente de Pensiones”.
La remoción de Gallegos por los “poderes fácticos”
es un hecho difícil de ocultar. El desbancado superintendente había declarado
verdades que no soportaron los ejecutivos de las AFPs, que le pasaron el recado
al gobierno. Durante un seminario en Icare realizado el año pasado, criticó las
inversiones de las administradoras en La Polar, las que calificó de “fraude
controlado”. En tanto, agregó que “sorprendentemente, ningún agente del mercado
fue capaz de prever (…) ni siquiera nuestras AFPs, que tenían directores en esa
compañía. No solo uno: tres directores”.
En la oportunidad, criticó a las AFPs las caídas de
rentabilidad de los fondos de pensiones durante la crisis financiera de 2008.
Y, en relación con el sistema, agregó otro comentario: “Si me perdonan la
expresión, los afiliados al sistema de pensiones están en un corralito. Están
obligados por ley y no pueden salir”. A partir de allí, la reacción de la
industria fue mover hilos en la oscuridad. El ex presidente de la Asociación de
AFPs y ex ministro de Pinochet, Guillermo Arthur, señaló que no le parecía
“prudente” que Gallegos hiciera declaraciones con “un grado de prejuicio enorme
hacia las AFPs”.
Tras su salida, Alvaro Gallegos envió un mail al
senador Carlos Montes en el que relató “los hechos que condujeron a que el
primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector
financiero, en este caso la Superintendencia de Pensiones, fuera desbancado por
los poderes fácticos”. En este mensaje, agregaba que “tales poderes hicieron la
lectura correcta: el artificio para ahorrar 80 mil millones de pesos en impuestos
no habría prosperado si hubiese dependido de este humilde servidor resolver
sobre la autorización de la existencia de Argentum”.
Tiempo después, y con estos antecedentes ya
conocidos respecto a la creación de la AFP Argentum como mecanismo financiero
para la evasión tributaria, la actual superintendenta aprobó la fusión. Para
Navarro, “es el colmo que la superintendenta de Pensiones Tamara Agnic diga que
es legal en Chile crear una AFP que no busca administrar fondos de pensión,
sino sólo servir como instrumento tributario para evadir 80 mil millones de
pesos en impuestos”.
Como ha quedado demostrado, Agnic es una fiel
defensora del sistema de AFPs y, según sus declaraciones en un reciente
seminario ante las cúpulas empresariales y financieras, la única manera de
aumentar los montos de las pensiones en Chile es subir la edad de jubilación.
“El hecho de que estemos viviendo más y que está la posibilidad ya casi cierta
de que la edad de jubilación se extienda, también hay una responsabilidad de
parte de los empleadores con el sistema”.
La elusión tributaria de 130 millones de dólares
del grupo Principal, una defraudación fiscal mayor que el infame perdonazo de
Johnson’s, se inscribe en un territorio de abismales contrastes. Por un lado
las enormes ganancias de Cuprum y la codicia mediante estas ilegales maniobras
financieras; en el otro extremo, las miserables pensiones que se pagan a los
jubilados y de cuya administración salen sus utilidades.
Agnic, y no Gallegos, representa el sentir y los
intereses del gobierno de Michelle Bachelet, como de los anteriores de la
Concertación y de la Alianza respecto al sistema de AFPs. Para ello, el ejemplo
del DC Hugo Lavados en la presidencia de Cuprum es palmario, así como la
instantánea defenestración en julio pasado de Gallegos por criticar el modelo.
Pero también es la inacción y otras señales ambiguas ante uno de los mayores
problemas sociales del país. Es por ello que la comisión asesora de AFPs, que
busca una verdadera solución a las bajas pensiones, dejó fuera a los sectores
no sólo más críticos al sistema, sino también a los más informados, como es el
caso del economista de Cenda, Manuel Riesco.
El gobierno hasta el momento parece lejano a
escuchar soluciones reales a las miserables pensiones, porque éstas requieren
la desinstalación del sistema y una guerra con las administradoras, que tienen
los fondos invertidos en todo el sistema económico y financiero chileno. Pese a
ello, la comisión deberá evacuar un informe final con propuestas, las cuales
tenderían a reestructurar el modelo. Pero la implementación de estas propuestas
por un gobierno desorientado y muy debilitado es por el momento algo distante.
Al promediar junio el economista y Premio Nobel de
Economía Joseph Stiglitz, ex alto funcionario del Banco Mundial, colocó una
lápida al sistema de pensiones chileno, el cual, si bien es útil para engordar
al sector privado, no sirve para su objetivo, que es otorgar pensiones decentes
de vejez. Stiglitz, invitado mediante videoconferencia a un seminario de cierre
de la comisión que estudia los cambios al sistema, fue enfático: hay 23 países
que privatizaron sus sistemas de pensiones, pero siete de ellos ya revirtieron
su decisión y muchos lo están reconsiderando. Pero junto a este argumento,
lanzó su propuesta. “Lo que necesitan en Chile es un primer pilar más fuerte.
Es más necesario para evitar pobreza en la vejez y asegurar un nivel mínimo de
seguridad. Se debería crear un segundo pilar público, que debe tener un
componente de redistribución importante y debe haber un elemento de suavidad
intergeneracional que evite la relativa pobreza en la vejez”.
En esos mismos días, la Coordinadora Nacional de
Trabajadores No+AFP convocaba a una movilización nacional a la que asistieron
miles de personas. La Coordinadora promueve el fin del sistema privado y su
reemplazo por uno público. Recordó en su convocatoria la fusión trucha de
Cuprum con Argentum, “que no es más que una estafa legal al Fisco, visada por
la superintendenta de Previsión, que comprueba la urgencia de acabar con este
sistema voraz, que roba dónde y como puede”.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 831, 26 de
junio, 2015
