02/02/2019
| E. Cantos
La economía occidental tras la II Guerra Mundial se
caracterizaba por un modelo de producción fordista, caracterizado por empresas
de gran envergadura, con miles de trabajadores y buenas condiciones laborales
(en cuanto a vacaciones y salarios) que permitía la absorción de las mercancías
producidas en el mercado y un sector público que ejercía como actor fundamental
en la incentivación economía. Tras la caída de dicho modelo en la década de los
70 del siglo XX, debido a la baja tendencial de la tasa de ganancia, se impuso
el modelo neoliberal con Reagan y Thatcher a la cabeza. Para mantener las
tasas de ganancia, ya no era posible seguir redistribuyendo la riqueza generada
por las empresas, bien mediante impuestos o bien mediante salarios. Bajo el
dogma del mercado autorregulado, en el cual el estado debe intervenir lo menos
posible para que la economía fluya, comenzó un proceso de creación destructiva 1/.
Para seguir obteniendo niveles de beneficios
equivalentes a la etapa anterior, era preciso pagar menos impuestos, bajar
salarios y eliminar las barreras al comercio internacional. Comenzaban las
privatizaciones en masa y las deslocalizaciones. Así, se abonaba el terreno
para que las multinacionales tomaran el control de la economía mundial,
produciéndose una autonomía de lo económico respecto de lo político. En esta
nueva situación, el estado nación dejaba se ser el garante de la paz social.
Desde entonces, la estructura económica ha sufrido
una auténtica transformación. Si en 1950 en EE UU los sectores primarios,
secundarios y terciarios empleaban un 12%, 41% y 47% de la mano de obra
respectivamente, en 1994 pasaban a ser un 3%, 25% y 72% 2/. Se
produce un proceso de terciarización de la economía, y con ella, se fragmenta
todo el tejido productivo. El comercio y el turismo toman papeles
protagonistas. En las pocas grandes fábricas que se mantienen con vida, nace la
subcontratación como un fenómeno generalizado para abaratar costes. Se
mercantilizan todos y cada uno de los aspectos de la vida en búsqueda de nuevos
nichos de mercado.
Se configura un modelo en el que, de acuerdo con la
dinámica de acumulación y concentración de capitales que describía Karl Marx en
su obra, en cada uno de los sectores productivos principales existen varias
multinacionales que son las que dominan los mercados internacionales y por
debajo de ellas, a escala nacional, se sitúan las grandes, medianas y sobre
todo las pequeñas empresas, que son las que realmente producen las mercancías.
En un mercado mundial dominado por las multinacionales, la competencia entre
empresas a escala nacional es feroz. No hay margen para el despilfarro
que suponen las condiciones laborales dignas.
En el caso de Andalucía, esta terciarización se
produce sin que se llegara a producir el cambio de modelo productivo hacia la
industrialización de la economía. Si a finales del siglo XIX-principios del
siglo XX, la burguesía andaluza eligió el sector agrario frente al industrial
como si hizo la catalana o la vasca, a finales del XX, tampoco se cumplieron
los anhelos del 4 de diciembre: trabajo, cultura y prosperidad. Además, el
crecimiento del sector servicios no ha sido fruto de campos como el I+D+I, sino
más bien debido a sectores como el turismo, con las consecuencias que ello
tiene para el empleo y la sobrexplotación de nuestras costas y ciudades.
A partir del informe económico de la Junta de
Andalucía de 2015, podemos observar en el siguiente gráfico de elaboración
propia, el peso en la ocupación de cada uno de los subsectores que componen el
sector servicios dentro del total de la economía. Cabe destacar el alto peso
que tienen el comercio, el transporte y la hostelería o la administración
pública, y el bajo que tiene la industria:
Fuente: elaboración propia a partir del Informe
Económico de Andalucía 2015.
Así mismo, en base a un estudio propio sobre las
3000 empresas que más facturaron en 2015 a nivel estatal 3/,
podemos observar en el siguiente gráfico cómo los sectores que más riqueza
generan son el alimentario, el energético y el transporte. Curiosamente, los
sectores asociados a los bienes que consumimos diariamente. Y entre todas las
empresas, por encima de las eléctricas y las petroleras, se encuentra
Mercadona, con una facturación de 20.831 millones de euros 4/.
Fuente: elaboración propia.
A pesar de estos, en Andalucía, tras casi 40 años
de autonomía, seguimos teniendo el problema fundamental de que la
transformación y comercialización de los productos agrícolas que producimos se
realiza fuera de nuestro territorio y, por tanto, también queda fuera el
circuito de valor añadido asociado que es el que permite el desarrollo y la
prosperidad.
Lo curioso del asunto a la vista de los datos
mencionados, es que no son necesarias grandes genialidades para dejar de ser el
cuarto trastero del desarrollo 5/.
Si los sectores principales de la economía son los asociados a la alimentación,
el transporte y la energía, resulta que Andalucía es productora de excelentes
productos agrícolas y ganaderos, y tenemos fuentes de energía renovables en
forma de sol, viento y mareas más que de sobra para ser autosuficientes
energéticamente. Por tanto, urge llevar a cabo ese ansiado cambio de modelo
productivo que desarrolle las energías renovables al tiempo que consiga fijar
el circuito de valor añadido en nuestro tejido social. Además, si realmente
queremos mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, ese cambio de modelo
productivo deberá incluir nuevas formas de organización social y reparto de la
riqueza. El modelo liberal ya sabemos que no genera más que precariedad, pero
el modelo estatalista y productivista también se ha demostrado fracasado como
consecuencia del anquilosamiento y la burocracia, y además tiene un gran
impacto ecológico.
En consecuencia, el modelo que según nuestro
criterio debería imponerse, es un modelo de economía mixta, en la que la
empresa matriz y tractora del sector o sectores en cuestión sean públicos, pero
las unidades fundamentales de producción sean comunitarias. Se trataría, por
tanto, de extender la economía social más allá de lo marginal, bajo el amparo
de lo público.
Comercialización pública. Producción comunitaria
El objetivo es intentar solventar uno de los
problemas con los que se encontró el cooperativismo andaluz del siglo XIX para
convertirse en una experiencia económica y socialmente alternativa, la dinámica
de constitución de cooperativas pequeñas, refractarias y particularistas 6/.
Si analizamos el modelo de Mercadona,
primera empresa en el ranking de facturación de forma consecutiva en los
últimos años, observamos como gran parte de su éxito ha consistido en hacer
dependientes de sí misma a las pequeñas empresas productoras que le suministran.
Bajo la seguridad de tener vendida su producción de antemano, las empresas
productoras han aceptado (o se han visto obligadas a hacerlo) condiciones de
exclusividad cuya consecuencia directa es verse sometidas a la política de
precios de Mercadona. Muy lejos de un mercado en competencia perfecta, lo que
existe es, de una parte, la empresa monopolística que tiene el control de gran
parte del mercado alimentario y la capacidad de fijar los precios
impositivamente y, de otra parte, una gran cantidad de empresas suministradoras
que se encuentran en una feroz competencia entre ellas y a merced de la empresa
tractora, en este caso Mercadona. Este es un modelo profundamente
antidemocrático dónde es un único actor el que decide el producto, sus
características y su precio.
La forma de conseguir el objetivo del cambio de
modelo productivo, en el cuál el circuito de valor añadido tenga lugar en
nuestro territorio, no es otro que el de una radicalización democrática,
también en la esfera de la producción. Mientras el sistema mundo siga regido
por una economía capitalista de mercado, será muy difícil democratizar
el consumo, pero al menos, la iniciativa pública como sustituta de la
empresa monopolística privada puede permitir avances en la democratización de
la esfera productiva. El mercado va a seguir marcando en gran medida el
precio de los productos, sobre todo en la esfera internacional, pero en nuestro
modelo, la redistribución de la cadena de valor permitiría pagar mayores
precios en la escala productiva primaria sin repercutir en el precio de venta
final. Es decir, bajo este modelo, dado el valor de venta en el mercado, la
institución pública bajo un funcionamiento democrático (y esto es muy
importante remarcarlo) podría permitir que las propias unidades comunitarias de
producción pudieran decidir democráticamente los precios de venta de sus
productos. En esta decisión sobre el precio pagado a la unidad productiva,
habrá de tenerse en cuenta que el precio pagado al productor no puede ser el
mismo que el de venta en el mercado, puesto que el proceso de comercialización
tiene unos costes propios, en función de los cuales, cuanto más se invierta,
mayor precio y cantidad se podrá obtener en los mercados nacionales e
internacionales. Esta forma de fijar los precios de forma democrática ya se ha
demostrado exitosa en cooperativas como Som Energía, en la que anualmente se
fija la tarifa de la luz de forma asamblearia.
Por ilustrar la situación actual con datos, en la
siguiente gráfica se muestra el estudio de la cadena de valor del tomate
realizado por la Junta de Andalucía para la temporada 2009/2010 7/.
En él se puede observar el mal reparto del valor que existe actualmente:
Fuente: “La cadena de valor de los productos
agroalimentarios”. Conserjería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Por tanto, el medio para conseguir nuestro modelo
mixto de economía público-comunitaria es una entidad pública, análoga a la
actual empresa monopolística tipo Mercadona, pero con una lógica y unos
principios muy distintos. El objetivo no sería obtener el máximo beneficio
económico, sino el máximo beneficio social. Así, su función es cuádruple:
1. Fijar la cadena de valor territorialmente
Si bien el peso de la población andaluza es del 18%
a nivel estatal, la industria localizada en Andalucía supone aproximadamente un
8% de la española y la participación en el valor añadido es del 13% 8/.
Andalucía se ahoga en esta relación de dependencia en la que su papel es el de
abastecer de productos primarios que cubren las primeras fases de las cadenas
de valor. La necesidad de compensar la balanza es imprescindible si queremos
salir del subdesarrollo.
En este sentido, la combinación de
comercializadora(s) pública(s) con un modelo de financiación (banca) también
público, puede ser una eficaz herramienta para incentivar el tejido de
transformación de productos primarios. La clave es que, quienes apuesten
por dicha industria de transformación, tendrán la facilidad del crédito y la
certeza del retorno de la inversión al tener garantizada la venta a la
comercializadora pública. La importancia de la financiación pública reside en
que, al ser una herramienta pública, puede apostar por el desarrollo de un
modelo de producción social con menos tasas de beneficio económico (aunque si
social), que difícilmente sería apoyado por los grandes capitales.
2. Mejorar la comercialización de los productos
En este punto existen algunas contradicciones que
hay que tratar de salvar. Hay muchos productos andaluces que se encuentran
actualmente infravalorados en el mercado exterior y sobre los que existe un
margen amplio de mejora en su precio de venta. No obstante, siguiendo la lógica
actual, podemos tener la tentación de continuar la dinámica de una producción
intensiva para que la balanza comercial sea lo más positiva posible. Esta
dinámica implica productos no saludables, precariedad laboral, agotamiento de
los recursos naturales y contribución al cambio climático. Así, mientras en
1990, la frutas, las hortalizas y el olivar suponían un 42,2% del volumen de la
producción agrícola en Andalucía, en 2010 ya significaban el 75,8%.
Como alternativa a la dinámica actual, los
principios imperantes deberían ser producción agroecológica y de calidad,
diversificación de productos y primar el consumo de cercanía. ¿Esto
implicaría no exportar? Claramente no, pero sí implicaría acabar con modelos
como el del plástico almeriense o el de las macrogranjas. Modelos basados en el
agotamiento de recursos naturales, contaminación y explotación de la mano de
obra. En un planeta que más tarde o más temprano nos exigirá dejar de crecer,
la idea central debería ser exportar menos, pero con más valor: mayor calidad y
mayor precio.
Esto implica una labor esencial de promocionar los
productos, valorizarlos, ampliar los mercados y poner el acento en los
productos autóctonos que no tienen parangón en otras partes del mundo.
Ahora bien, la labor de revalorizar los productos
puede tener un efecto a nivel local de subida también de los precios, lo cuál
desincentivaría el consumo local, y al contrario de lo que se persigue, podría
suponer la importación de productos que se fabrican en nuestra tierra, remando
a contracorriente del principio de proximidad. En un sistema en el que la
lógica es la del aumento del beneficio, ninguna empresa vendería su producto en
el mercado local a un precio inferior del que pudiera conseguir en un mercado
exterior. Sin embargo, una comercializadora pública cuya lógica es el beneficio
social si puede tener esta doble política de precios: vender fuera a un precio
más elevado que nuestra tierra. Nuevamente, esta es la ventaja de la soberanía
local frente a la autonomización del mercado.
3. Transformar el modelo social de producción
La comercializadora pública no sólo es un
instrumento para fijar la cadena de valor en nuestro territorio y poder tener
una política de precios con relativa autonomía respecto del mercado, sino que
también permite incidir en el cómo se produce. Quien tiene el monopolio de la
comercialización, además del precio, puede establecer otros valores como la
calidad del producto o las condiciones en las que se ha producido, para
efectuar la compra. Si asumimos la hipótesis de que los precios pagados por la
comercializadora pública van a ser superiores a los de las distintas
comercializadoras privadas, bajo las actuales leyes de mercado, también sería
posible modificar la oferta. Como se dice popularmente: “quien paga manda”.
La política que se podría introducir es la de pagar
un precio más elevado (a modo
de prima) por aquellos productos que cumplan con las condiciones objetivo.
Con el tiempo, ese pagar más podría convertirse en un simple pagar una
vez que dichas condiciones objetivo se hayan vuelto mayoritarias. Se buscaría,
por tanto, excluir a quienes no cumplan con unos mínimos garantizados. Quien no
acepte estas condiciones, siempre tendrá la puerta abierta en el mercado, pero
eso sí, sin la protección de la comercializadora pública.
¿Cuáles serían esas condiciones objetivo? Pues bien, este sería quizás el
elemento fundamental para ser sometido a discusión. No obstante, en este texto
trataremos de hacer una primera aproximación. Cómo mínimo, se deberían
definir unos estándares tanto de calidad de los productos (para que todos los
productos sean saludables y respeten al medio ambiente) como de las condiciones
laborales (más allá de los convenios). Esto implicaría que la producción fuese
ecológica. Como horizonte, además de lo anterior, que la producción sea
también comunitaria.
Por tanto, nuestra comercializadora pública pagaría
más y compraría preferentemente los productos que sigan el modelo de pequeñas
unidades de producción autogestionadas, cuya propiedad sea colectiva. Centros
de producción democráticos, donde reine la cooperación y la corresponsabilidad
en lugar de la competitividad y el ordeno y mando. “Se trata de pasar de la
competitividad al cumplir (ser competente); del individualismo a la unión
(cooperación); y de la acumulación al reparto (distribución justa)” 9/.
4. Mejora continua
Los discursos neoliberales nos hablan de que hay
que privatizar los servicios públicos porque las empresas públicas son muy
ineficientes. Sin embargo, este argumento es fácilmente refutable con los datos
en la mano: en un Informe de Fiscalización del Sector Público Local (2011), el
Tribunal de Cuentas indicaba que estos servicios privatizados tienen un
sobrecoste que va del 22% a más del 90%, con enormes encarecimientos que van de
una media del 27% en recogida de basuras hasta el 71% en limpieza 10/.
Quien haya trabajado en una gran empresa privada, ha podido comprobar de
primera mano la cantidad de ineficiencias que también existen.
En lo que coinciden tanto las empresas públicas
como las privadas para ahorrar costes es en la subcontratación de servicios.
Estas subcontrataciones se realizan muchas veces parcializando el servicio para
que accedan a él varias empresas y, en consecuencia, tenga lugar una feroz
competencia entre ellas que les obligue a mejorar la calidad y bajar los
precios; y además, la empresa matriz no llegue a ser dependiente de una única
empresa subcontratista que le pueda terminar imponiendo sus condiciones.
Las grandes empresas salvan sus ineficiencias con
su ventaja competitiva de mover una gran cantidad de productos/servicios, y
además poder optimizar las inversiones en maquinaria y automatización. No
obstante, las pequeñas y medianas subcontratas, más que debido a la falta de
ineficiencias, aumentan su productividad debido a sus bajos salarios y
su aprovechamiento intensivo de los recursos (materiales y personales). En
realidad, ese uso intensivo de los recursos les dificulta invertir parte de
estos en la mejora de su proceso productivo, lo cual les impide eliminar las
ineficiencias y los desperdicios.
Como decía Marx en El Capital, el salto
cualitativo del modo de producción capitalista no reside únicamente en la
acumulación de capitales que permite a su vez ampliar el volumen de producción,
sino que también reside en la virtuosa cooperación de las fuerzas productivas.
En este sentido, la mejora de todo proceso productivo se basa en dos pilares
fundamentales: la implicación de quien trabaja e implementar la mejora continua
de forma sistemática.
En un modelo de unidades de producción
comunitarias, bajo los valores anteriormente indicados, la implicación del
personal trabajador se le presupone. Sin embargo, no tiene por qué estar
implícita la filosofía de la mejora continua, la filosofía de pensarse cada vez
mejores. Y esta forma de pensar es de vital importancia si nuestro objetivo
es que el motor social sea la cooperación y no la competición, el cuidarnos
en lugar de dejarnos en la estacada para quedarnos con lo que es del otro. El
capitalista busca la mejora continua para prevalecer sobre el otro, el
comunitarista busca la mejora continua para tener más tiempo libre y poder
disfrutar de él.
En relación con lo expuesto, creemos que la
comercializadora pública puede jugar un papel esencial en la mejora sistemática
de la productividad en términos de ahorro de tiempo y recursos naturales. ¿Cómo
puede jugar ese papel? Pues otorgándole la importancia debida a la búsqueda
de la mejora continua. Es decir, destinando una cantidad importante de recursos
a:
- La formación integral del personal trabajador.
La cual debe incluir, además de la formación sobre el proceso en que se ejerce,
la necesidad de aprender de los procesos similares existentes y a sistematizar
la mejora continua.
- La supervisión y auditorias, tanto
internas como de las unidades de producción. Esta labor, además de comprobar
que se cumplen las condiciones objetivo que indicábamos anteriormente,
permitiría detectar las ineficiencias y cuales son los puntos potenciales de
mejora.
- La elaboración de guías de buenas y malas
prácticas. Que todo avance, en lugar de quedar oculto para ser más
eficiente que la empresa competidora, sea puesto en conocimiento del resto de
las unidades productivas para que así todas en su conjunto puedan ser más
eficientes.
- La colaboración con la Universidades Públicas
en materia de investigación y desarrollo. Las Universidades Públicas
cuentan con recursos humanos y materiales que deben ser aprovechados para el
bien común y el desarrollo de nuestra sociedad, con el objetivo mejorar la
productividad y la calidad de los productos. Así, la comercializadora pública
también jugaría un papel destacado en la coordinación e implementación de los
avances tecnológicos y productivos.
A mayor escala, mayor capacidad de transformación
En este punto creemos preciso aclarar que lo que
pretendemos, más allá del cambio de modelo productivo y salir del
subdesarrollo, es lograr una gran transformación social que instaure un modelo
social alternativo al actual. No obstante, las medidas que proponemos no las
podemos catalogar de medidas revolucionarias, en tanto que no rompen con la
lógica capitalista de fondo. Es una medida que está inserta en la lógica del
mercado, con la salvedad de que se busca aprovechar la ventaja comparativa que
otorga la unión y la cooperación, combinando las instituciones públicas con las
instituciones comunitarias. Sin embargo, sí que la podríamos catalogar de
medida transitoria, en tanto en cuanto permite transitar de un modelo social a
otro alternativo.
Asumiendo que la transformación hacia una lógica
distinta a la capitalista implica un conflicto frontal con los poderes
establecidos, la comercializadora pública como aquí la entendemos, podría
permitir un desarrollo social y productivo concreto que, por un lado arranque
poder en la esfera económica, y por otro, pueda generar nuevas instituciones
sociales, con unos valores de cooperación, responsabilidad y redistribución,
que sean el germen de una lógica de funcionamiento no guiada por la lógica de
la acumulación y el máximo beneficio. Es decir, unas instituciones sociales
que, con su práctica cotidiana, vayan ganando terreno al modelo de sociedad
hegemónico.
El espacio político para el que está pensada esta
medida transitoria es el de la comunidad autónoma, pues está pensada desde un
marco epistemológico andaluz. No obstante, puesto que su aplicación implicaría
un gobierno andaluz que propugnara un modelo de sociedad alternativo, y esa no
es la situación actual, creemos que también es una medida que pudiera
experimentarse a escala municipal. Evidentemente, una comercializadora de escala
municipal tiene mucha menos capacidad para poder competir con grandes
distribuidoras que una de escala andaluza (que también los tiene). Sin embargo,
mientras la situación no cambie, el agravio de escala podría salvarse, al menos
parcialmente, mediante la federación con otros municipios cuyos gobiernos
promocionen los mismos valores. También es cierto, que a escala municipal
puede ser más sencillo incidir en la esfera de consumo, así como en una mejor
gestión de la esfera productiva desarrollando producciones endógenas de cada
comarca.
Ahora bien, si de verdad queremos aspirar a cambiar
el modelo social, nunca bastará con lo municipal o lo autonómico. Las
aspiraciones deben ser tan altas como la escala a la que se reproduce el
sistema capitalista. La escala municipal o autonómica debe ser el comienzo,
las primeras experiencias que permitan introducir otras lógicas. Pero en cuanto
se den las condiciones para ello, se deberá aspirar a la escala estatal y
también a la internacional, sin que necesariamente tenga que ser una escala
previa a la otra. Precisamente, el municipalismo puede permitir la asociación
con otros municipios a escala internacional sin que tengan que mediar
necesariamente los estados. Y en este proceso de asociación, cuanto más se
amplie la escala, mayor será la capacidad de la(s) comercializadora(s)
pública(s) de hacer frente a las multinacionales y, por tanto, mayor podrá ser
su onda expansiva y las lógicas que de ella se desprendan, sin perder de vista,
que también será más contradictorio su desarrollo.
Como decía Salvador Allende, “La historia es
nuestra y la hacen los pueblos”. Tomemos las riendas de nuestro destino.
Cooperando, trabajando en común, construyendo en el día a día otras prácticas
más horizontales y menos binarias, seremos capaces de alcanzar la sociedad que
tanto anhelamos.
29/01/2019
E. Cantos, es ingeniero aeronaútico.
Notas:
6/ “Introducción histórica al cooperativismo y la
economía social en Andalucía”. Óscar García Jurado.
7/ “La cadena de valor de los productos
agroalimentarios”. Conserjería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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