Dr. Hugo SALINAS
El historiador y profesor de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Antonio Zapata, termina su artículo “Basadre
y las causas de la corrupción”[i]
diciéndonos que “el que ponga la ley por encima del gobernante habrá encarado
este nudo gordiano del país”. Es decir, según el profesor Zapata, basta poner
la ley por encima del gobernante para que la corrupción sea controlada. ¿Es
cierta tamaña mentira?
Poner la ley por encima del gobernante
significa “el imperio de la ley”, o como se dice muy genéricamente, un Estado
de Derecho. ¿La ley por sí sola puede, entre otras cosas, impedir la
corrupción? De ser así, hace ya buen tiempo que no debería existir ni desempleo
ni pobreza, porque la Ley de leyes, la Constitución del país, garantiza el
empleo y el bienestar de las personas. Y, sin embargo, tanto el desempleo como
la pobreza son flagelos no solamente del Perú, sino de todos los países del
mundo.
Esto nos indica que la causa y la
solución de la corrupción no es una cuestión de leyes ni de su posición con
relación al gobernante. Por ello es importante no quedarse en una lectura
superficial de los acontecimientos y de la historia, que nos conduce a la
ignorancia y al conformismo.
Una lectura un poco más audaz de los
hechos nos debería hacer ver lo evidente. No solamente el gobernante está
implicado en actos de corrupción, sino también casi todos los políticos
elegidos en cargos de gestión pública, los congresistas elegidos por el pueblo,
los ministros propuestos por el gobernante y aprobados por el Congreso, el
poder judicial, las fuerzas militares y policiales, los funcionarios y servidores
públicos, etc. Dicho de otra manera, es nuestra Democracia Representativa la
que está totalmente corrupta.
Una corrupción que actualmente se está
haciendo por demás evidente en los cuatro últimos presidentes de la República.
Y es bastante probable que si se escarba hacia atrás, observaremos que el mal
proviene desde el inicio de la República, en forma continuada, como ya lo hace
notar el historiador Jorge Basadre. ¿Y esto, por qué?
La ley y las instituciones de la
Democracia Representativa no viven por ellas mismas. Ellas son el reflejo de
algo más profundo. Es la base socio-económica que marca el sello de las leyes,
de las instituciones, y del comportamiento de las personas. Y nuestra
observación se debe orientar a reconocer los elementos y las características de
la base socio-económica a fin de medir los alcances de las leyes y de las
instituciones.
Pronto ya habrá transcurrido un siglo
desde cuando José Carlos Mariátegui nos entregaba su reflexión ante los graves
problemas del país. Él nos decía que “la crítica socialista lo descubre y
esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su
mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o
pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales”[ii]. Es decir, si hacemos la
correspondencia, para J. C. Mariátegui, la corrupción no es un asunto jurídico.
Y mientras no modifiquemos la actual
base socio-económica, así se promulguen las leyes las más hermosas, el
desempleo, la pobreza, la corrupción, el comportamiento individualista de las
personas, seguirán vigentes.
Una base socio-económica que se asienta
en la Repartición Individualista del resultado de la actividad económica, y que
se mantiene en el tiempo a través de la propiedad privada individual, seguirá
generando efectos perversos tanto en la sociedad como en las personas. Un
modelo socio-económico que desquicia las organizaciones, pervierte a las
personas, y hace letra muerta de las mejores leyes que pueda imaginar el ser
humano. Una base socio-económica que tiene como único objetivo y valor de
sociedad, al Dinero.
Un modelo socio-económico que incita a
las personas, a todas las personas, a medirse por el dinero y, por
consiguiente, a buscar dinero y más dinero, sin importar leyes, instituciones o
normas de valor como la honestidad, la ética y el servicio a la comunidad.
Si queremos eliminar la corrupción,
entonces, no hay otra opción que cambiar los mecanismos de la actual base
socio-económica. Dicho de otro modo, es de nuestra obligación, y en primera
instancia, el de cambiar el actual modelo de economía y de sociedad.
Lima, 17 de febrero del 2017
[ii] MARIÁTEGUI José Carlos, [1928] 7
ensayos de interpretación de la realidad peruana, Fundación Biblioteca
Ayacucho, Venezuela, 2007, p. 26
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