22/02/2017
Opinión
La dirigencia de la CGTP convocó a una marcha
contra la corrupción y contra la impunidad. Yo me adherí a esa marcha como
muchos y lo ocurrido me anima a decir lo siguiente:
En el mundo y en el Perú existe la pequeña
corrupción y la gran corrupción. Hoy los peruanos presenciamos una vez más cómo
muerde la gran corrupción en donde más le duele a un país; en el recorte de las
oportunidades para los peruanos, en los colegios que no se construyen, en los
hospitales que no se ejecutan, en el desarrollo agrario que no se logra, en la
logística policial que no tenemos, etc.
Históricamente, la gran corrupción se ha registrado
en varias privatizaciones, en compras o ventas de armas, en los grandes
proyectos de riego, en las grandes carreteras o en algunos sistemas de
transporte como Metros o Aeropuertos. En los últimos 35 años, tenemos registro
de la corrupción de la gran obra desde el primer gobierno de Alan García con
Chavimochic y Charcani V. En estas dos obras, ejecutadas por Odebrecht, hay
pruebas de sobornos en Brasil con registro de depósitos al ex presidente de
INADE, el señor Jorge Ramos Roncero, ocurrido durante el primer gobierno de
Alan García. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa que señala
que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución de la Línea 1
del metro, que en ese entonces se denominaba Tren Eléctrico. Las transferencias
del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti, que era el
Maiman de aquellos tiempos. La Línea 1 del Metro debe ser el único proyecto en
el que se han demostrado sobornos durante 30 años. Los otros escándalos de
corrupción del primer gobierno de Alan García no estuvieron vinculados a obras
públicas sino a Los Mirage, los depósitos de las reservas en el BCCI, la
política del tipo de cambio múltiple (dólar MUC) y otros temas que no estaban
relacionados a proyectos.
Luego, durante el fujimorato, 1,800 millones de
dólares se evaporaron por corrupción comprobada por el equipo de la Iniciativa
Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente Valentín Paniagua. En dicho
gobierno, los expertos internacionales estiman que al menos US$6,000 millones
se perdieron como consecuencia de la corrupción y ello convirtió al gobierno
del ex presidente Fujimori en uno de los más corruptos de la historia de la
humanidad.
Entre 1990 y el año 2001, se firmaron 30 contratos
de los 67 contratos firmados por Odebrecht con entidades públicas peruanas y 35
más (firmados por el gobierno nacional y entidades subnacionales) se firmaron
en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el
fujimorismo la corrupción significó gastos en armamento cuantiosos gastados
después del conflicto con el Ecuador, algunas privatizaciones que
desnacionalizaron la economía estuvieron asociadas a corrupción y también se
registraron obras sobredimensionadas como la presa de Cuchoquesera (ejecutada
por Odebrecht) en Ayacucho en donde cada hectárea irrigada costó US$50,000
dólares cuando el valor de mercado de las mejores tierras del Perú estaban en
ese entonces en US$7,000 dólares: US$43,000 dólares de pérdidas en un solo
proyecto ejecutado durante el fujimorismo por Odebrecht. Una muestra de un
sobredimensionamiento generado en un proyecto de riego.
Luego de unos pocos años de purificación temporal
con Valentín Paniagua y el inicio del gobierno de Toledo, el poder corruptor de
las empresas brasileras logró que el gobierno del Perú pase de las obras a las
Mega Obras. El punto de inflexión fue la Interoceánica del Sur. Una obra en la
que se mintió al país con beneficios falsos para la carretera. Se inventó que
aumentarían las hectáreas cultivables de 90,000 a 180,000 sólo como
consecuencia de la carretera y que la rentabilidad promedio sería de 85%. Con
esas mentiras se inflaron US$600 millones de dólares de beneficios para
justificar una obra en concreto asfáltico, que es el tipo de solución más cara
para una carretera. Para ocultar que el estudio de factibilidad era mentiroso
se exoneró el proyecto vial del Sistema de Inversión Pública. Esa fue la
primera obra vial que se exoneró del SNIP. Una decisión que no es ilegal, pero
que desencadena otras decisiones que tampoco eran ilegales, pero que ponen al
Estado y a la sociedad peruana en una posición de indefensión. Luego el
gobierno decidió licitar, por primera vez, una Carretera sin estudio definitivo
de ingeniería. Eso encarecía la formulación de las ofertas y reducía la
competencia. Se licitó sólo con tramos muy grandes que generaba que las
empresas nacionales no puedan competir con las brasileras. Se licitó a
velocidad de crucero perjudicando la competencia. Como consecuencia de lo
anterior no hubo competencia y sólo se presentó un postor. Se licitó a menor
subsidio, pero como nadie sabía cuánto costaba la obra, se incluyó una clausula
en el contrato que establecía que el presupuesto de las obras dependería de los
estudios definitivos de ingeniería que elaborarían los ¡concesionarios! y que
revisaría, posteriormente, Ositran. Esto permitió que las obras pasen de US$890
millones a US$2,300 millones durante el gobierno de Alan García a través de
múltiples adendas. Al no tener estudios definitivos de ingeniería, no hubo
estudio de impacto ambiental antes de la firma de contrato. Menos evaluación
estratégica ambiental. Las pérdidas para la sociedad equivalen a US$1,700
millones y las sobre-ganancias de los constructores ascienden a US$340
millones. La obra de la Interoceánica del Sur tenía un tráfico muy bajo y
bastaba con unos US$600 millones para edificarla con pavimentos económicos.
12 años después el único bosque de la selva no
desforestado el 2005, es el reino de la tala ilegal, la minería ilegal y la
trata de personas. Una lástima haber desaprovechado una oportunidad de utilizar
esos recursos para definir intervenciones que hubieran cambiado el paradigma de
desarrollo de la selva.
La interoceánica del Sur no estaba en las
prioridades del MTC. No estaba en el Plan 2006-2023. Debieron hacerse primero
IIRSA Centro e IIRSA norte, pero fueron postergadas porque costaban menos que
la Interoceánica del Sur (aunque tenían mucho más impacto económico).
A finales del gobierno de Toledo se dio una Ley con
nombre propio cambiando las causales de impedimento para contratar con el
Estado (aprobada por la Comisión Permanente) y volando los límites de endeudamiento.
Eso permitió que Odebrecht pueda firmar la Interoceánica del Sur, IRSA Norte,
IIRSA Centro, Olmos, Línea 1 del Metro etc. Esto generó un cambio. Nadie en el
Perú antes del 2005 había logrado tener contratos por entre US$3,000 y US$4,000
millones. El volumen de estos contratos genera que se produzca un enorme cambio
de poder. Esos recursos que nadie tenía en el Perú de forma concentrada en
fechas previas provocaron que muchas de las firmas de ingeniería, estudios de
abogados, medios de comunicación, comunicadores y empresas constructoras
nacionales se articularan a este nuevo poder como proveedores o socios en
consorcios. Los que señalamos los problemas de las decisiones que pusieron en
posición de indefensión al Estado fuimos aislados laboral y mediáticamente y en
mi caso, además, declarado persona no grata en Cusco, Puno, Madre de Dios y
Arequipa con avisos pagados a toda página.
Todas las decisiones irregulares y que ponían en
posición de indefensión al Estado fueron señaladas desde la izquierda –principalmente
por el PDS, germen de Fuerza Social- desde el 2005 y estuvieron sobre la
superficie. No requerían más investigación que mirar las bases y el modelo de
contrato. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las
Comisiones del Congreso no hicieron nada efectivo en 11 años.
Las decisiones de política pública eran tan
equivocadas que no es extraño que hoy sepamos que fueron lubricadas por un
sistema de coimas que se conocen hoy por la capacidad e independencia de los
sistemas judiciales y fiscalías de otros países. Pero, por mucho, tiempo no
existieron las pruebas que hoy sí tenemos desde el 2014 gracias a los sistemas
judiciales de Brasil, Reino Unido, Suiza y EE.UU.
Esta es una BUENA época para Latinoamérica y el
Perú. Hace 12 años yo no pensé que iba a vivir para ver presos a los cinco
presidentes del cartel de empresas brasileras con sentencias de más de 15 años.
El crecimiento depende del tamaño de la inversión y del retorno de la
inversión. Proyectos como la Interoceánica del Sur que han costado mucho más
que sus beneficios generan una reducción de las oportunidades para todos los
peruanos y un achicamiento del bienestar. Decenas de miles de empleos se
pierden en todas las obras que se dejan de hacer por la corrupción.
El gobierno del Perú ha dado decretos que señalan
que las empresas brasileras deben pedir permiso al Estado peruano para vender
sus activos. Tardía y débil decisión. La norma llega muy a destiempo pues el
alcalde de Lima ya autorizó la venta del 100% de la concesión de OAS y del 77%
de las acciones de la concesión de Odebrecht. Y, además debe decirse que se han
hecho varios cambios ilegales sólo para facilitar las ventas de los
concesionarios brasileños. A Lima el alcalde actual le ha quitado obras como Río
Verde en el Rímac, Intercambio Vial Canta Callao en Los Olivos, Los Viaductos
entre San Juan de Lurigancho y el centro Histórico y el viaducto de la
Separadora Industrial (La Molina), que ya estaban en los contratos con el único
objetivo de bajar las inversiones privadas y mejorar el valor de venta para que
fuguen los capitales brasileros hacia su país en donde a Odebrecht si le exigen
reparaciones grandes de alrededor de US$3,000 millones.
El Perú merece un enorme plan de reparaciones por
las pérdidas sociales que han ocasionado las empresas brasileras que han
sobornado funcionarios. Por ello, debe decirse que están dadas todas las
condiciones políticas y jurídicas para el embargo de todos los bienes, cuentas
y activos de estas empresas como viene ocurriendo en todos los países afectados
menos el Perú. Y como ni la fiscalía ni la procuraduría se lo ha solicitado al
Poder Judicial, sólo nos quedan el pueblo organizado, la CGTP y los ciudadanos
del Perú para reclamar. Esa es una de las razones por las que la marcha terminó
en el Poder Judicial. Por eso, apoyo la movilización convocada por la CGTP que
ha tenido la adhesión de las organizaciones políticas de izquierda y seguiré
apoyando y participando en sus convocatorias.
Quiero terminar diciendo que hoy tenemos un
presidente preso y 3 presidentes más están en riesgo de terminar presos. Pero
al lado de estos problemas, hay peruanos que en su actividad política actuaron
con total integridad personal como José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre y
Víctor Raúl Haya de la Torre. En tiempos más recientes, Fernando Belaunde,
Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar demostraron su integridad de forma
plena. Otros peruanos íntegros que, además, siguiendo la estela de Mariátegui
tuvieron el valor de enfrentarse a los poderosos y siempre estuvieron del lado
del pueblo son: Horacio Zeballos, Jorge del Prado, Alfonso Barrantes y Javier
Diez Canseco. Y creo que sobre el ejemplo y el legado de estos cuatro líderes,
la CGTP edifica un segundo piso de ciudadanía en momentos difíciles para la
patria. Y con esto cierro diciendo que por cada político que cayó en las redes
de la corrupción hay miles de peruanos esforzados y muy trabajadores que son
personas honestas y resueltas a defender los intereses dela Nación. Creo que
hoy las movilizaciones que convoca la CGTP nos devuelven la fe en el destino
del Perú y de los peruanos. Nos vemos el 14 de marzo en la Plaza 2 de mayo.
http://www.alainet.org/es/articulo/183706
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