03/02/2017
Opinión
La historia de la corrupción en el Perú no tiene
cuándo acabar. Odebrecht, la empresa más grande de América Latina, ha cometido
múltiples sobornos en al menos 13 países y Perú no ha sido la excepción. La
empresa opera desde 1979 en el país y desde entonces ha ido ganando
protagonismo en las licitaciones de grandes obras de infraestructura pública
convirtiéndose en la empresa que más ‘invierte’ en el país. Ronald Gamarra,
abogado, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y quien
dirigió las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos
humanos ocurridos en el Perú durante la dictadura de Fujimori, cree que este
caso no está siendo investigando adecuadamente pese a la magnitud de los
hechos. Nos explica el estado de las investigaciones y qué es lo que debería
hacer la Fiscalía para lograr desentrañar las inmundicias de la corrupción y
asegurar justicia para el Estado de todos los peruanos.
El caso Odebrecht ha destapado uno de los casos de
corrupción de funcionarios públicos más grandes a nivel mundial. En el caso
peruano involucra al menos a tres ex gobiernos, ¿este hecho se puede comparar a
la corrupción de los años noventa y los vladivideos?
Este es un caso distinto al de Fujimori. Considero
que el de Fujimori es especialmente mayor dado que se tomó por asalto todos los
poderes e instituciones del Estado; había un proyecto político detrás que
además supuso un golpe de Estado para permitir la permanencia en el poder,
controlar las instituciones democráticas, desnaturalizarlas, y por supuesto
utilizar hasta aparatos represivos extralegales para afianzar su poder. Cosa
distinta a lo de Odebrecht, lo que podemos ver es que el Perú fue parte de un
sistema corrupto que involucró hasta 13 países, y no significa que no sea una
empresa criminal con resultados catastróficos para los países que los
sufrieron.
La Fiscalía ha optado por llegar a un acuerdo con
Odebrecht para que este le brinde información cuando la necesite, mientras que
en otros gobiernos de Latinoamérica han tomado medidas de fuerza. ¿Por qué
existe una defensa de la estabilidad de la empresa cuando un acuerdo de esta
naturaleza implica riesgos como la fuga de funcionarios o la pérdida de
documentos importantes?
Respecto a lo de la Fiscalía, creo en la buena
voluntad, tanto de Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, como de Hamilton Castro,
el fiscal a cargo del tema. Creo que ellos están haciendo lo que creen
corresponde para hacer una investigación objetiva y llegar a resultados. Sin
embargo, creo que se equivoca totalmente la Fiscalía en el abordaje del caso
Lavajato. El tema parte desde: ¿cómo es posible que en el Perú el tema de
Odebrecht recién sea investigado a partir de noviembre del año pasado? Estamos
hablando de hace dos meses, cuando el tema a nivel mundial, particularmente en
Brasil, se conoce desde hace mucho tiempo. Con esto quiero decir que le
fiscalía empezó muy tarde las investigaciones contra Odebrecht, y además mal,
muy débil, porque no tenía información propia respecto a los que acontecía la corrupción
de Odebrecht. Prácticamente no tenía nada:
En noviembre del año pasado se inician
investigaciones solamente por una transacción vinculada a una empresa que había
hecho tratos con Odebrecht en algún momento y respecto de una persona que ni
siquiera era el responsable de acto intermedio en este acto de corrupción, me
refiero al señor Monteverde. Además, inicia su investigación con dos
reportajes: uno de IDL-Reporteros y una nota de El Comercio, o sea,
prácticamente el Ministerio Público no tenía nada. En diciembre, cuando
se conoce el convenio con EEUU es ahí donde se amplían las investigaciones
contra los que resulten responsables. Ni siquiera contra Marcelo Odebrecht,
Jorge Barata, o la empresa específicamente.
Evidentemente Odebrecht no le está brindando toda
la información a la Fiscalía
A mí me gustaría que fuera el Ministerio Público el
que tenga la dirección de la investigación y no funcione sobre la base de lo
que poquito a poco le concede la empresa. Evidentemente Odebrecht no le está
brindando toda la información ni está efectuando la devolución de todo el
dinero malhabido.
La abogada de Odebrecht, Lourdes Carreño, es la
encargada del área legal de la empresa y quien posiblemente haya sido testigo o
partícipe de los múltiples casos de corrupción de la empresa. Además, Carreño
participó de la mesa directiva de la Comisión de Gracias Presidenciales bajo la
dirección de Chinguel, ahora preso por corrupción durante el gobierno aprista,
en donde sólo renunció sin mayor proceso. ¿Cómo es posible que la Fiscalía siga
en un rol pasivo con esta cuestionada funcionaria?
La Fiscalía sabe que para avanzar necesitaba dos
cosas: en primer lugar, asistencia jurídica internacional, es decir, conseguir
la información que está en otros países a través de sus Poderes Judiciales y
Ministerios Públicos, y en segundo lugar, la delación premiada. ¿Quiénes tienen
esta información? Los ejecutivos de Odebrecht. ¿Quieren la información?
Entonces tendremos que negociar con Odebrecht, pero en el camino la Fiscalía se
dio cuenta que la información producto de la Asistencia Jurídica Internacional
no la iba a conseguir fácil ni rápidamente. ¿Por qué? Por la burocracia. El
problema común de todos los países de considerar muy pulcramente la información
antes de entregar, entonces eso va a tomar tiempo. La Fiscalía necesita obtener
avances y resultados pronto, por eso es que se decide a la negociación ofrecida
por Odebrecht.
A mí no me parece mal la negociación per se,
a mí me parece que es el camino para avanzar objetivamente la investigación y
lograr resultados. Lo que me parece mal es la forma cómo se negoció, el Perú
sigue negociando mal con Odebrecht y la empresa está haciendo lo que mejor le
conviene.
Hay una presión de parte del fujimorismo para que
las investigaciones solo abarquen los tres últimos gobiernos y no al gobierno
de Fujimori, cree Ud. que si el fujimorismo no es investigado van a salir
fortalecidos políticamente, pese a que el gobierno de Fujimori ha sido
calificado como el más corrupto.
Dada la performance delictiva de la entidad, lo
correcto sería investigar todo lo hecho desde su ingreso al Perú, probablemente
ahí encontraríamos algunos actos delictivos o el mismo espíritu delictivo
sistemático. ¿Eso significa investigar también la época de Fujimori? Habrá que
investigarlo. Ahora, existen varios tipos de investigación: histórica,
política, mediática, periodística, y legal. Yo no sé si los tiempos dan para
poder investigar judicialmente la época de Fujimori o si es un tema que ya
prescribió. Pero sí creo que desde el punto de vista de lo que corresponde al
Estado peruano es investigar cualquier posibilidad de acto de corrupción
cometido por la empresa, de allí que si en los años noventa Fujimori era
presidente hay que investigarlo. Igual sería mi punto de vista si hubiera sido
cualquier otro presidente. Hay que investigarlo absolutamente todo.
En el libro Historia de la Corrupción en el Perú de
Alfonso Quiroz se afirma que Montesinos había logrado una red para sobornar
funcionarios y castigar a quienes intentaran oponerse. ¿Por qué se archivaron
las denuncias de Pedro Morote Cornejo, excolaborador del empresario Gonzalo
Monteverde, entre otras? ¿Por qué existió una continuidad de la corrupción de
la empresa durante tantos gobiernos?
Eso refleja por un lado la acción criminal de la
empresa y por otro lado la debilidad del Estado peruano en democracia, porque
uno pensaba que juzgando al gobierno autoritario de Fujimori y sus actos de
corrupción saldábamos nuestra deuda con la historia en la lucha contra la
corrupción. Eso no ha sido así porque igualmente en la época democrática el
Estado ha sido muy débil para combatir actos de corrupción y esto alienta casos
de corrupción extranjera y nacional.
Si de nuestra justicia dependiera no tendríamos
ninguna investigación en curso contra la corrupción de Odebrecht y
otras empresas brasileñas
Lamentablemente nuestros sistema fiscal y judicial
permiten que aquellos casos de corrupción queden en la impunidad, y que
en el Perú hoy en día estemos hablando de la investigación sobre Odebrecht u
otras empresas brasileñas únicamente a partir de la información con prueba que
nos llega desde Brasil, Estados Unidos, y Suiza. Probablemente si de nuestra
justicia dependiera no tendríamos ninguna investigación en curso contra la
corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas.
¿Qué va a pasar con los delitos por corrupción que
ya han prescrito?
Depende del tipo de delito, aquellos que sean
sancionados con penas menores es evidente que a estas alturas los casos ya han
prescrito y no hay posibilidad de llevarlos a un proceso penal y mucho menos de
sancionarlos. Sin embargo, creo que los políticos que hayan desempeñado los
cargos de presidentes de la república, ministros, o alcaldes de Lima tienen que
ser investigados, aun cuando eventualmente los hechos delictivos en los que
pudieron haber incurrido se encuentren a la fecha prescritos.
En el caso de la donación de más de 250 mil dólares
a Ipys, ¿cree que realmente hubo una violación a los principios fundamentales
del periodismo y los periodistas involucrados, tanto desde los organizadores
como los postulantes? ¿Cree que efectivamente pudo haber existido algún tipo de
influencia en las investigaciones hechas por los postulantes?
Yo creo que ahí hay que andar con mucho cuidado, no
podemos atribuir responsabilidad a todos. En el caso del periodismo, si alguien
tiene algún vínculo con Odebrecht debería decirlo antes de escribir a favor de
la empresa. Si alguien ha postulado a un premio y no sabía que la empresa
Odebrecht es la que financiaba no hay ningún tipo de responsabilidad ética. Si
no le han pagado para escribir a favor de Odebrecht no hay ninguna
responsabilidad. Si antes y después escribieron en contra de Odebrecht, ¿dónde
está la responsabilidad?
Ese dinero no debió ser aceptado por Ipys
El tema es que, ¿acaso los directivos de Ipys no
sabían, en la época que recibieron la donación, que había denuncias serias de
posibles vinculaciones de Odebrecht a casos de corrupción? Ya a esas alturas:
2013, 2014, es evidente que las denuncias estaban hechas. Ese dinero no debió
ser aceptado desde Ipys.
Tanto la Confiep como el MEF han declarado que el
escándalo de Odebrecht va a dificultar el crecimiento económico del país (de
4.8 a 3.8). Sin embargo, Enzo Difilipi, exviceministro de Economía, asegura que
a pesar de que Odebrecht tiene comprometidos 10 mil millones en el país, esto
no significará una desestabilización del sector, sino más bien un rebalance del
mercado. ¿Qué balance saca de estas declaraciones?
Odebrecht ha afectado al país de múltiples maneras
y sí creo que va a ocasionar también una modificación en las expectativas
económicas del país, teniendo en cuenta la importancia de los proyectos
económicos de los que forma parte Odebrecht. Yo sería de la idea de que el
Poder Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, deben tener
muy en cuenta al momento de imponer una sanción a la empresa, no solo el dinero
ilícitamente percibido, sino el daño adicional del grave perjuicio que va a
causar a la economía nacional. Todo ese dinero debe serle impuesto como multa o
como reparación a la empresa y tiene que ser cobrado. Por eso que, si Odebrecht
quiere vender sus activos, que los venda, una muy buena parte de esa venta de
activos debe quedar en poder del Estado peruano a resultas de la reparación y
la multa que en su momento se le imponga, pero el Perú no puede ser tan tonto
para permitir que Odebrecht venda sus activos y se los lleve.
Si bien el Congreso ha pedido el congelamiento de
las cuentas de Odebrecht para asegurar que la empresa pague las sanciones que
se le imputarán, esto no sería posible pues la ley estipula que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) sólo puede realizarlo cuando se encuentra lavado
de activos. La otra vía es por decisión del juez, sin embargo, esto demoraría
pues tendrían que haber pruebas que sindiquen el delito por parte de la
empresa. ¿Existe posibilidad alguna de realizarlo?
Yo creo que la Fiscalía peruana primero debió
allanar sus oficinas, inmovilizar sus activos, congelar sus cuentas, y luego
negociar. Alrededor de las primeras investigaciones abiertas por el Ministerio
Público con nombre y apellido hay que tener cuenta que uno de los imputados es
también por lavado de activos. Así, en una ampliación de formalización de la
investigación contra Luyo y Cuba ya se comprende también a la empresa
Odebrecht. Por lo tanto, nada impide a la fecha que se tramite un congelamiento
de las cuentas de Odebrecht. Es más, yo no entiendo por qué no se ha hecho.
Nada impide a la fecha que se tramite un
congelamiento de las cuentas de Odebrecht
¿Cómo ve al Partido Aprista y los vínculos de
corrupción en el gobierno de Alan García? Es emblemático que el primer detenido
en Perú haya sido un funcionario del MTC del segundo gobierno de García. Sin
embargo una investigación del blog Desde el Tercer piso muestra
los vínculos desde los años 90 entre Cuba-Cornejo y García…
Creo que la investigación debe apuntar a los
expresidentes Toledo, García y Humala. No creo que la responsabilidad en estos
casos de corrupción se quede en algún ministro, por supuesto que alguno tendrá
responsabilidad en estos casos de corrupción, pero creo que habría que apuntar
más alto. La Procuraduría debería proponerlo, la Fiscalía debería renegociar el
convenio con Odebrecht, y lo primero que habría que pedir información es
respecto al involucramiento o no de los expresidentes.
Lo segundo es que estando con la información con la
que se cuenta ahora creo que no va a faltar mucho tiempo antes de que se le
comprenda al propio Cornejo en la investigación. Demasiada gente vinculada a
actos de corrupción a su alrededor nombrada por él, mantenida por él (en el
puesto). Pero claro, los apristas para esto son campeones y están resolviendo
sus problemas internos cortándole la cabeza de paso. Yo creo que Cornejo debe
ser investigado y vinculado al proceso formalmente, pero nadie puede dejar de
ver que los apristas están cortándole la cabeza a Cornejo para evitar su
presencia al interior del partido.
El procurador anticorrupción Amado Enco estaba
trabajando en las investigaciones del caso Odebrecht. Sin embargo, se ha creado
una Procuraduría Ad Hoc, ahora Julia Príncipe controla el caso ¿qué opina usted
al respecto?
En otras circunstancias habría apostado por un
procurador Ad Hoc, pero recordemos que el doctor Amado Enco tiene muy poco
tiempo en la Procuraduría, ha sido convocado, ganó un concurso y tiene
legitimidad para resolver los casos de corrupción, particularmente el caso de
Lava Jato. Es más, ya había intervenido y presentado una serie de solicitudes,
y estaba armando el equipo que requería para hacer frente a la megacorrupción
de las empresas brasileñas. Incluso ya se habían hecho los contactos con el
personal que iba a trabajar en esa Procuraduría y se había logrado acceso a un
inmueble. Me parece que por una decisión que coarta su autonomía, la doctora
Príncipe Trujillo, ahora lo saca del caso porque Amado ha dado ciertas muestras
de libertad e independencia. Pero ahora tiene un problema porque si bien ya
estaba designado Efraín Núñez, han reculado, nos dicen que todavía no hay
ninguna persona designada y que todavía Amado Enco siga viendo el caso.
A mí me parece mal que se debilite a la
Procuraduría en un momento en el que de lo que se trata es de lo contrario: de
fortalecer la postura del doctor Amado Enco en su intervención ante la
corrupción de las empresas brasileñas. Yo creo que la creación de la comisión
Ad hoc no obedece a la necesidad de contar con una entidad fortalecida y que
sólo vea un caso de la mejor manera, sino a un afán de la doctora Príncipe
Trujillo de dirigir a como dé lugar la Procuraduría que va a ver el tema Lava
Jato porque ella quiere tener presencia pública a partir de su intervención
directa o indirecta en el tema.
http://www.alainet.org/es/articulo/183293
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