(20 de octubre de 2018)
Por Miguel Aragón
En
octubre de 1968, hace cincuenta años, al ocurrir el golpe de estado
institucional de las FFAA dirigido por el Gral. Juan Velasco, yo
cumplía 21 años de edad.
Por
lo tanto, tengo información y conocimiento directo, de lo realmente ocurrido
durante los doce años de ese gobierno militar (1968-1980), en
particular de su primera etapa (1968-1975).
1.-
REPRESIÓN DE LAS LUCHAS DEMOCRÁTICAS DEL PUEBLO
En
mi recuerdo, tengo muy presente la represión contra el movimiento democrático
de estudiantes y maestros en Huanta y Ayacucho,
movimiento que luchaba contra los planes gubernamentales de privatización de la
educación pública.
También
tengo muy presente la brutal represión de los obreros en la mina Cobriza, así
como la constante represión contra las movilizaciones y luchas de los maestros
agrupados en el SUTEP. Tampoco me olvido de los ataques contra el
movimiento obrero promovidos por el llamado “Movimiento Laboral Revolucionario”
(MLR) que dirigía uno de los ministros del gobierno militar. En el recuerdo de
muchos pobladores de Lima también quedan las represiones dirigidas
por Ministro del interior en ese entonces, el Gral. Artola, contra
los pobladores sin techo, que se instalaron en la periferia de la
ciudad.
De
igual manera, tengo muy fresca la memoria de la represión de los estudiantes
universitarios, que luchábamos contra la ofensiva autoritaria y el recorte de
derechos de los estudiantes en las universidades públicas. En los años
1969 y 1970, recién iniciado el gobierno militar, muchos estudiantes
universitarios fuimos suspendidos y expulsados de nuestros centros de estudios,
además fuimos denunciados, perseguidos y encarcelados, por la gendarmería dirigida
por ese gobierno autoritario y policiaco.
Todos
estos hechos, a diferencia de lo que el Sr. Villacrez
supone, son información “con sesgo muy real”, fácilmente
demostrables (*).
2.-
LA NACIONALIZACIÓN DEL PETROLEO, Y LA REFORMA AGRARIA
La
amplia publicidad del régimen militar instaurado en octubre de
1968 se sustentó en dos demagógicas medidas efectistas:
la compra venta de los pozos petroleros de Talara, y la compra de
las tierras latifundistas.
Recordemos
que a mediados de la década de 1960, la explotación de los ya
centenarios pozos petroleros de La Brea y Pariñas, en
Talará, entró en grave crisis, no podía competir en las mismas
condiciones con la producción mundial, por la tecnología anticuada que se
seguía utilizando desde comienzos del siglo XX.
En
esos años, década de 1960, el precio internacional del petróleo estaba a
escasamente US $ 5,00 el barril, y a ese precio tan bajo no
resultaba rentable hacer inversiones para modernizar la tecnología de
explotación petrolera en los ya debilitados pozos petroleros del norte
peruano (recién en 1972, impulsado por la guerra árabe-israelí de
esos años, el precio internacional del barril de petróleo subió a US
$ 25)
Por
ese motivo, la empresa norteamericana International Petroleum Company (la IPC)
estaba buscando infructuosamente transferir la concesión de la
explotación de los pozos petroleros del norte, a otra empresa. Ante el
desinterés de otras empresas por adquirir los derechos, y
ante la imposibilidad de transferirlo en esas condiciones, la IPC negoció la
devolución de los pozos al estado peruano, bajo la modalidad de compra-venta.
La
bullanguera nacionalización del petróleo en octubre de 1968, en el fondo fue
un negociado, en el cual el estado peruano pagó grandes
sumas de dinero por las instalaciones de una empresa que en ese momento era
obsoleta (recomiendo revisar la información sobre el
“Contrato Graham-Green”, que firmaron ambos funcionarios en
representación del estado peruano y de la IPC respectivamente).
Algo
similar ocurrió con la demagógica “reforma agraria” del año 1969.
En
el transcurso de las décadas de 1950 y 1960 se desplegó en Perú una
confrontación entre dos caminos por el desarrollo del agro, se desplegó la
lucha entre el camino campesino por un lado, y el camino terrateniente por el
otro lado, ambos con el objetivo de impulsar el crecimiento capitalista en el
campo, acorde con el crecimiento capitalista que vivía el país en esos años.
Durante
el decenio 1955-1965, en el campo peruano se desarrollaron las más
grandes movilizaciones campesinas de toda la historia peruana,
luchas por el derecho a la tierra, “por la tierra para quien la
trabaja”. En esos años (durante los gobiernos de Manuel Prado, de la Junta
Militar de Pérez Godoy - Lindley, y del primer gobierno de Fernando Belaunde),
las fuerzas policiales y militares (dirigidas por los que, pocos años después
vendrían a ser los futuros generales de la “revolución militar”) reprimieron
brutalmente esas luchas democráticas de los trabajadores del campo.
En esos años de represión del movimiento campesino, más que seguro que algún
antecesor del “capitán Carlos” o del “capitán Arturo”, desbordó sus
“habilidades represivas” contra modestos campesinos y
campesinas.
Por
otro lado, en la primera mitad de la década de 1960, las empresas agrícolas en
manos de grandes terratenientes tradicionalistas, entraron en grave crisis. Por
la tecnología obsoleta que seguían utilizando, para ellos ya no resultaba
rentable la actividad agraria. Además había una presión muy fuerte de parte de
los grandes monopolios transnacionales que controlaban la comercialización de
productos agrícolas, que exigían que se disminuyeran los aranceles
de importación y se importaran alimentos al mercado peruano. En los planes de
la CEPAL y de la Alianza para el Progreso, planes desarrollados en la década de
1960, estaba inscrita la necesidad urgente de promover procesos de reforma
agraria por la vía terrateniente en oposición a la vía campesina, y además
estaba inscrita la necesidad de abrir los mercados internos a la importación de
productos agropecuarios.
En
esas condiciones, de doble presión, una interna (desarrollada por los
campesinos) y otra externa (impulsada por los grandes comerciantes de productos
agropecuarios), a los terratenientes criollos agrupados en la todopoderosa
Sociedad Nacional Agraria, les resultaba más cómodo y más rentable
dedicarse a la importación de alimentos. Para eso necesitaban vender sus
extensas propiedades agrarias, pero igual a lo que ocurría con los pozos petroleros
del norte, “no encontraban compradores”. La decisión más conveniente, a sus
propios intereses, fue que “el estado comprara los latifundios”, y que los
campesinos pagaran la deuda agraria.
El
gobierno dirigido por Fernando Belaunde (1963-1968) recibió el encargo y la
directiva de impulsar la reforma agraria y la nacionalización del
petróleo, para así resolverles sus problemas coyunturales a los terratenientes
y a la empresa IPC respectivamente. Como es ampliamente
conocido, ese endeble gobierno no fue capaz de cumplir con esos
objetivos ya propuestos con anterioridad. Por eso, la propia clase
dominante decidió impulsar un golpe de estado militar. La única diferencia con
los anteriores golpes militares, era que este último debería ser un golpe
militar “institucional”.
Hasta
1960 la economía peruana era relativamente autosuficiente en el abastecimiento
de productos agropecuarios para satisfacer las necesidades de la
población, además recordemos que hasta inicios de la década de 1960
el principal componente de la producción social global, o del PBI, continuaba
siendo la producción agropecuaria, situación que comenzó a cambiar a mediados
de esa década, cuando el valor de la producción industrial superó, por primera
vez, al valor de la producción agraria.
A
partir de la reforma agraria de tipo terrateniente impulsada por el régimen
velasquista, la economía peruana dejó de ser autosuficiente en la producción de
alimentos, y en los años posteriores, cada vez se
importan más productos agropecuarios para satisfacer las necesidades del
mercado interno.
A
partir de la reforma agraria, la mayoría de los viejos
terratenientes, con el cobro de la deuda agraria, se convirtieron en
prósperos comerciantes importadores de productos agropecuarios, perjudicando
así a los productores nacionales.
El
investigador Hildegardo Córdova, en su libro “El Perú y sus Recursos. Una
mirada desde la Geografía Económica” (2009) informa lo siguiente:
“En
1950, importábamos unos 38,6 kilogramos de productos agropecuarios per
cápita/año, diez años más tarde (año 1960) habíamos subido a 41,2kg, una década
después (año1970) ya habíamos llegado a 60,5 kg. Posteriormente la tasa de
importación de alimentos continuó subiendo…” ( libro citado, pp. 121).
En
el mismo libro, el autor informa que:
En
1960 la importación de productos agropecuarios ascendió a 418,045 Tn., que en
términos relativos significaba 42,1 kg/ha/año
Siete
años después, en 1967 en las vísperas de la reforma agraria, la importación
había ascendido a 765,222 Tn, o 63,1 kg/ha/año. Un crecimiento
de 50% en la importación, en un lapso de siete años, en plena crisis
de la agricultura tradicionalista.
Ocho
años después, en 1975, la importación ascendió a 1’574,870 Tn, o 103,9
kg/ha/año. Un crecimiento de 64% en la importación agropecuaria, en un lapso de
ocho años, cinco de ellos, de 1969 a 1975, en plena aplicación de la reforma
agraria ¿entonces cuál fue el beneficio de la reforma agraria?
Los
principales beneficiarios de la reforma agraria fueron una parte de los viejos
terratenientes, ahora convertidos en importadores de productos agropecuarios.
Ese ha sido el real trasfondo de la reforma agraria de esos años.
Para
mayor información, recomiendo revisar el libro “El problema agrario peruano”,
del economista especializado en temas agrarios, Alberto Palomino, donde desnuda
documentadamente el desarrollo y significado de la propagandizada reforma
agraria de
1969.
(*)
Nota.-
Hace
pocos días, el Sr. Villacrez, publicó una breve nota, a propósito de
una mención tangencial que yo hice del golpe de estado dirigido por el Gral
Juan Velasco.
Su
breve nota fue la siguiente:
“Señor
Aragón, no coloque en la misma canasta al General Juan Velasco Alvarado,
la Revolución Militar (1968-75), cerró el Congreso que era corrupto como todos,
para hacer un verdadero cambio estructural en favor de las grandes
mayorías. No aceptar está situación es actuar con un sesgo nada real”.
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