Estimados amigos y compañeros:
En esta oportunidad por el tema que tratamos de la democracia política y
de la gestión de la producción, estrechamente relacionado con lo social en América
del sur que como región aparecería ante el mundo como que estaría en vísperas de
una primavera democrática. Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay
son países que vienen procesando la democracia política liberal, haciendo
posible consagrar la independencia de los tres poderes públicos sin que se
produzca preeminencia de un poder sobre el otro.
En cambio, tres repúblicas: Venezuela, Bolivia, incluido Brasil están fuera
de la lista de los países democráticos, el ojo público comprueba que ellos se han
alejado de la democracia política y lo que ella significa. Los gobiernos de
estos tres últimos países administran las gestiones sin considerar las reglas democráticas,
en una palabra no conciben ni aprecian la competencia democrática. Es decir, no
toman en cuenta para nada a grupos opositores como los congresos, asambleas
legislativas y asociaciones civiles, como tampoco aceptan cualquier crítica
proveniente de la ciudadanía y de los medios de comunicación; en los tres
países el grupo de poder que gobierna tiene una línea de gestión excluyente, lo
que deriva a la vez en el dominio absoluto de dicho grupo; siendo así que las
decisiones y manejo tanto de gobierno, como de la república solamente es de
ellos, bajo el mando de un caudillo que siempre es el presidente de la
república.
Venezuela y Bolivia que se dicen de izquierda, pero que
en el estricto carácter ideológico y de la organización en lo político/cultural
y social/económico y al no ponerse a tono con los tiempos, no se inscriben en
la praxis del socialismo liberal, los gobiernos de Venezuela y Bolivia se han
quedado y asumen los valores y prácticas de la vieja izquierda tradicional, que
se identifican con el antiguo estilo totalitario estalinista. Este
comportamiento totalitario los acerca al gobierno de derecha filo fascista del
Brasil y de su presidente Bolsonaro.
En resumen, a los tres países mencionados poco les importa no solo el
respeto de los derechos humanos; sino que el sentir autoritario de sus
gobiernos evidencia que no hay espacio para que otras fuerzas políticas se
desarrollen y puedan ser los reemplazos; en estos países excluyentes, sus éxitos
sociales se funda y se miden bajo la “supresión de la competencia democrática”,
es decir, el valor que tiene la independencia en el accionar y el sentir de la ciudadanía
como es la igualdad del trato para todos los que viven en el mismo territorio, para
la cúpula gobernante poco importa la democracia política.
Comparativamente, con relación al grupo de los llamados democráticos, en
ellos sí se observa niveles entre los que han alcanzado la democracia política:
Uruguay, Chile, Colombia y Argentina y los que están en camino o en proceso de conseguirla
como ocurre con Ecuador y el Perú. A estos dos últimos les falta algunas
reformas en el campo del ejercicio político, principalmente para tener
congresos auténticamente representativos; necesitan procesos eleccionarios para
que sus representaciones nazcan de dichos partidos políticos y que en estos exista
participación, gracias a la práctica de la democracia interna, y que, cuando se
produzcan elecciones generales previamente se hayan realizado elecciones
primarias; además de la decisión ética y moral de no recurrir a empresas privadas
y a las organizaciones internacionales para financiar sus campañas electorales.
Asimismo, no es posible que en países como el Perú en pleno siglo
XXI se excluya a las comunidades
indígenas y originarias, quienes todavía aparecen postergados y/o no son
tomados en cuenta como ciudadanos de plenos derechos y deberes; la democracia
política es vivir en igualdad para todos los que habitan en el mismo
territorio, ello significa que estas comunidades no pueden ser excluidas y como
el resto de la ciudadanía tienen todo el derecho de participación plena en la
vida política y económica de la república, este reconocimiento permite que
estas colectividades estén aptas para los procesos eleccionarios en que se aseguren
sus propias representaciones en los congresos y los gobiernos descentralizados,
asimismo, ellos asumen otros derechos que el régimen democrático contempla.
Paraguay en este análisis resulta inidentificable y hasta una incógnita,
poco se sabe del nivel a que ha llegado en la democracia política. Igualmente,
no sabemos las condiciones en que se realiza su proceso de producción y lo
referente a los niveles de pobreza y de desigualdad.
Los países de la lista por la democracia política, buena parte de ellos tienen
todos el problema de la confianza y de cómo este asunto lo asumen las
autoridades elegidas y las designadas, para ello la ciudadanía debe estar mejor
informada sobre a quienes habrá de elegir y que no sean traicionados,
principalmente en cuanto a las ofertas y planes de gobierno, estas traiciones rompen
la ecuación del equilibrio de relaciones entre los electores y quienes han sido
elegidos.
Las reformas sancionadas y de las otras que faltan procesar no solo están
destinadas a alcanzar la mencionada democracia política; sino que ésta se
encamine con el fin de ser una conquista completa; esto último depende de que
tanto la autoridad elegida, como designada aprecien el papel que cumplen al
asumir un liderazgo político y su desempeño en el gobierno, el cual establezca
una interrelación en cuanto a rendir cuentas y de dar respuesta al pedido de dichas
cuentas de parte de los electores y de los ciudadanos.
Siguiendo en el caso peruano hay necesidad de establecer los niveles de
confianza antes señalados, se refuerzan considerando la narrativa de como bien
sabemos en esta última administración del ejecutivo, se presentaron las
iniciativas de reformas que partieron del mismo presidente de la república, dirigidas
tanto al sistema de justicia, como a lo que significa cambios en el poder legislativo,
en que se incluyen las disposiciones de carácter electoral.
El Perú al formar parte de la lista democrática, tiene aún el problema de
no confiar en sus autoridades, y del cómo se encamina para conquistar esa
confianza que representa la legitimidad, la cual estando en crisis impide el
logro de su plena democracia política, razón por lo cual los proyectos de
reformas se plantearon en el contexto de la constitución vigente y así fueron presentadas
al congreso de la república; sin embargo, éste no le dio el peso suficiente de
lo que significaba la eficacia de los programas de las reformas públicas en el marco
de los tradicionales tres poderes del Estado que son autónomos y sin existir preeminencia
de uno sobre el otro.
La presencia de un congreso que no cumplía no solo con el sentido del
régimen de la democracia –por su controversial mayoría negacionista-, sino de cómo
esta mayoría no le dio el trato debido a las iniciativas de reformas que debían
regir en la vida de una “república de ciudadanos”, en igualdad de trato, sin
ninguna excepción de colectividad cultural y social; sin embargo, las reformas
fueron aprobadas porque hubo una insistencia incuestionable del ejecutivo y de
los grupos de las minorías parlamentarias, convencidos que esas reformas eran
importantes y necesarias, prácticamente la mayoría fujiaprista fue arrinconada y
el miedo los hizo sucumbir, más cuando sintieron la participación de la
ciudadanía al salir a las calles y plazas de las ciudades en todo el país para
manifestar el apoyo a las mencionadas reformas.
Empero, las reformas constitucionales y las leyes fueron aprobadas, a
través de un referéndum por amplia
mayoría de votos, y se rechazó también por una importante votación porque la
manipulación que se hizo con lo que representaba la bicameralidad, al
concederse tramposamente el privilegio de no acatar la reelección. Asimismo,
han quedado por debatir y aprobar con mayor precisión lo referente a la
financiación en la que aparecen personas y entidades privadas que distorsionan
la igualdad que debe existir en los procesos electorales, para favorecer a
determinados partidos y candidatos.
Otra reforma que no se aprobó fue lo relacionado con
el título de la inmunidad parlamentaria, en el caso que se quite dicha
inmunidad al parlamentario, el hecho del delito cometido deberá realizarse bajo
la responsabilidad del poder judicial, dentro del marco del debido proceso que
acusa a los parlamentarios de las faltas y los mencionados delitos; lo mismo que
queda para debatir y aprobar la cuestionada bicameralidad –diputados y
senadores. Y, algo significativo es introducir el voto uninominal y el tratamiento
especial que deben considerarse para los departamentos que por su baja
población no podrían conformar los distritos electorales en lo relacionado a las
elecciones de los diputados.
Corresponderá al nuevo congreso que operará entre
enero del 2020 y el 28 de julio del 2021 debatir y sancionar los dispositivos
que sumen, a fin de integrar el conjunto de reformas que, como se ha dicho se
encaminan a organizar, poniendo en marcha la primera parte de lo que significa
ser república completa al alcanzar la democracia política. Se espera que el
congreso extraordinario dedique un buen tiempo a legislar no solo revisando los
errores y las trampas de las reformas antes aprobadas; sino las propias
reformas que este congreso le corresponderá sancionar; sin embargo estas no son
las únicas -las reformas político/legislativas y del sistema de justicia- para
la democracia política, pues se hace necesario un último bloque destinado a la
reforma del sistema organizativo del ejecutivo, y que en su conjunto
democratizan la gestión administrativa del Estado la cual comprende: el gobierno
central como son los ministerios que deben cumplir una función rectora y
evaluadora, y los gobiernos descentralizados dirigidos a la gestión ejecutora
que competen a los gobiernos tanto regionales, como municipales.
Se espera que esta reforma parta no sólo de iniciativas
del poder ejecutivo, sino que a través del nuevo congreso, se legisle las
grandes líneas de reformar del sistema ejecutivo del Estado, y que de manera
gradual se asimile su implementación de los cambios en el gobierno central,
regional y municipal –incluidos los provinciales y distritales- en cuanto a sus
estructuras organizativas, funciones y de instancias administrativas.
Esto último tiene una singularidad para efectos de
determinar el número no sólo de
ministerios; sino del número de gobiernos regionales en el aspecto de
establecer las regiones las cuales no serán más de doce e igualmente de los
municipios provinciales y distritales en cuanto a sus relaciones funcionales,
considerando el nuevo reordenamiento territorial a nivel país.
En síntesis, Sur América ha comenzado su primavera
democrática con las protestas del Ecuador que vienen siendo evaluadas ante las
fallas que aún persistente en la narrativa de su democracia política y su
economía; luego, la protesta chilena que pone de manifiesto que las reformas y
el camino al primer mundo no era tan cierta, porque todavía existen resultados desfavorables
no sólo en el vivir ciudadano -del hoy- ; sino en el orden de sus perspectivas
en el mediano plazo; siguen Uruguay, Argentina, incluido Colombia con
elecciones libres que se realizan y que serán las nuevas autoridades las que asegurarán
lo prospectivo no solo para reafirmar sus democracias políticas, sino en lo que
viene afirmando, en especial Argentina en cuanto a recuperar su economía.
El caso de Chile es singular, a pesar del logro de la
democracia política y a pesar de su crecimiento económico, después de más de
dos décadas, un plebiscito -votado por
la ciudadanía- daba por terminada la autocracia pinochetista y disponía la elección
de gobiernos en democracia; sin embargo, parecería que los gobiernos de la
concertación no liquidaron los vestigios del autoritarismo, siendo así que acataron
la constitución dejada por Pinochet en todo lo que significa tanto lo
institucional, como lo económico, no hubo debate para una nueva constitución. Asimismo,
los dirigentes del Chile democrático no tuvieron el tino y la perseverancia de intercomunicarse
con la ciudadanía, para confirmar que Chile no sufriría más las tragedias
autoritarias y que había que revalorar las instituciones no sólo del campo
político en favor de la democracia; sino de la forma en que se gestionaba su economía
y su proceso de producción sujeta al sistema neoliberal.
Estos aspectos que reiteramos de cómo los gobiernos
democráticos no atendieron a una ciudadanía que sentía, a pesar del cambio, el
fantasma de la dictadura todavía aparece rondando en las mentes, porque no experimentó
un desembalse total, a fin de acudir a establecer no solo la democracia
política y de considerar porque Chile había crecido en su economía; sin
embargo, para las colectividades el producto de su trabajo en ese proceso de producción
no era y no es suficiente para alcanzar mejoraras sustanciales en su calidad de
vida, expresada en aspectos vitales como educación, salud y seguridad
social.
Chile siendo una gran colectividad confronta una paradoja,
pues siendo políticamente democrático y donde la persona humana es el eje
central del desarrollo en el contexto de que ya existiría una identificación
cultural favorable a ser nación, coaliciona ante una economía manejada y
aprovechada por grupos exclusivos, ciertamente están contrariando lo que señala
las encíclicas (Caritas in Veritate) de
que la economía pertenece al hombre y en consecuencia “la obtención de los recursos, la
financiación, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico
tienen indudablemente implicancias morales, lo confirman las ciencias sociales
y las tendencias económicas contemporáneas”.
Y por último el Perú ha hecho el gran esfuerzo al
disolver en el marco de la constitucionalidad, al congreso que fue, por ostentar
una mayoría que negaba a los ciudadanos los parabienes de ser republica, aun
cuando se requieren de otras reformas, corresponde a los nuevos legisladores solventar
este importante proceso, tomando en cuenta que no solo estos legisladores son
producto de la renovación de cuadros partidarios; sino que serán quienes completaran la tarea de debatir y sancionar
las reformas que faltan, que son propicias, a fin de lograr la democracia en su
primera etapa política, faltando la parte contigua y conjunta como es la
democracia económica.
Fernando Arce Meza Surco, 4 de noviembre del 2019
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