18/11/2019 | Roberto Montoya
Hace solo
unas pocas semanas muchos analistas de la realidad política y social
latinoamericana coincidían en que el nuevo ciclo de gobiernos neoliberales
iniciado en los últimos años no terminaba de cuajar.
Evo Morales
posiblemente también lo viera así. Sabía que su Gobierno, que en enero de 2020
hubiera cumplido 14 años, era el único de los gobiernos progresistas de la
región que no había caído derrotado ni en las urnas como el de Argentina y El
Salvador; ni por obra de golpes blandos como los de Honduras y Paraguay;
ni por impeachment o juicios manipulados como los de Brasil, ni tampoco
estaba cercado económica y políticamente como Venezuela.
Era el único
también que había conseguido mantener un ritmo continuado de crecimiento de
casi el 5% anual a pesar de la caída de las materias primas, aunque esto fuera
manteniendo, y ampliando incluso, un sistema extractivista de explotación,
especialmente del gas, petróleo, plata, cobre, zinc. Bolivia tiene también las
mayores reservas mundiales de litio —fundamental para la producción de baterías
de coches eléctricos—, principalmente en el desierto salado de Uyuni y en los
salares de Coipasa y de Pastos Grandes.
Morales
utilizó esa mayor explotación de los recursos naturales para reducir
drásticamente los índices de pobreza, de malnutrición, los problemas de salud,
para acabar con el analfabetismo —reconocido por la UNESCO—, para mejorar
decisivamente la distribución de la riqueza, para construir hospitales,
escuelas e infraestructuras, especialmente en las tradicionalmente abandonadas
zonas rurales. Estos hechos fueron reconocidos por la propia CEPAL, el FMI y el
Banco Mundial.
Su Gobierno
mejoró sustancialmente la vida de las mayorías sociales blindando
constitucionalmente los derechos de indígenas y campesinos e hizo que el Estado
asumiera el control estatal sobre los hidrocarburos y sectores estratégicos.
Por todo
ello, tras más de 13 años de importantes cambios sociales sentía que su
Gobierno estaba totalmente arropado, blindado.
Evo se
sintió arropado en 2019 por las nuevas movilizaciones sociales en la región.
El clima
social en América Latina y el Caribe parecía favorecerle en 2019. El ciclo
neoconservador se estancaba y algunos vaticinaban que podía empezar a
retroceder. En octubre pasado las protestas sociales se masificaron contra los
gobiernos de Lenin Moreno en Ecuador, contra el de Sebastián Piñera en Chile,
el de Jovenel Möise en Haití; las movilizaciones se ampliaron en Honduras
contra Juan Orlando Hernández o en Panamá contra el flamante presidente
Laurentino Cortizo.
La brutal
represión con la que en la mayoría de estos casos respondieron esos regímenes
—22 muertos, 2.000 heridos y 5.000 detenidos en Chile; ocho muertos, 1.300
heridos y casi 1.200 detenidos en Ecuador; 35 muertos en Haití; dos en
Honduras— no logró doblegar esas luchas populares.
Todo parecía
indicar que el trabajo de años desde abajo de los movimientos sociales
estallaba de nuevo frente al neoliberalismo depredador que había logrado ir
arrollando en los últimos años a la mayoría de los gobiernos progresistas que
hegemonizaron América Latina y el Caribe desde fines del siglo pasado. A partir
del primer triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998.
Pero ninguno
de estos ciclos es lineal y una vez más se impone la tantas veces confirmada frase
de Antonio Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en
ese claroscuro surgen los monstruos”.
“No supimos
entender las señales. Había un plan previamente establecido”, declaraba García
Linera desde México
Ni Evo
Morales ni su fiel vicepresidente, Álvaro García Linera, parecían ver los
monstruos que se avecinaban. “No supimos entender las señales. Había un plan
previamente establecido”, declaraba estos días a eldiario.es desde
México.
García
Linera se refería fundamentalmente a los hechos producidos en las semanas
previas a las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. Sin embargo,
todo había comenzado mucho antes, años antes. Las advertencias estaban ahí.
Evo Morales
se convirtió en enero de 2006 en el primer presidente indígena de Bolivia por
mayoría absoluta. Obtuvo el 54% de los votos en las elecciones de 2005, y en
2008 superó un referéndum revocatorio con un 67% de los votos.
Ese mismo
año se eligió una Asamblea Constituyente que redactó una nueva y garantista
Constitución, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Morales y su
partido tuvieron duros choques con la oposición parlamentaria de derecha al
debatir muchos de sus artículos.
Entre otras
muchas medidas de peso en la nueva Carta Magna el catolicismo dejó de ser
religión oficial, se estableció la libertad de culto, lo que le valió grandes
enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica. Por ello, los golpistas al
irrumpir estos días violentamente en el palacio presidencial lo hicieron al
grito de “la Biblia ha vuelto al Palacio Quemado”.
Como sucedió
en Brasil con Jair Bolsonaro, el fundamentalismo religioso de católicos y sobre
todo de evangelistas, se ha convertido en una seña de identidad y arma de estas
fuerzas ultras para ganar apoyo popular.
Morales no
consiguió que en la nueva Constitución de 2009 se permitiera la elección
indefinida del presidente, solo podría tener dos mandatos consecutivos. A pesar
de ello, en 2013 Evo Morales sí se presentó nuevamente. Aunque la oposición
denunció como inconstitucional su candidatura el presidente consiguió que la
Justicia avalara su argumento para hacerlo: había una nueva Constitución, la de
2009, y por lo tanto debía considerarse que la cuenta empezaba de nuevo desde
cero. Se postulaba por lo tanto como candidato... para un primer mandato. Los
dos anteriores no contaban.
Y consiguió
que el Tribunal Constitucional Plurinacional apoyara su argumento. Fue así que
Evo Morales comenzó su tercer mandato entre la ira de la oposición.
Y para
asegurarse luego la posibilidad de presentarse a otro mandato más, convocó en
2016 a un referéndum nacional para que los bolivianos aceptaran modificar un
artículo de la Constitución, el 168, para que le permitiera postularse
indefinidamente. Según su particular cuenta y la del Constitucional ese sería
solo el segundo.
El
referéndum tuvo lugar, pero la movilización de la oposición que por fin después
de años encontró un punto de unidad le cortó el paso. El no a esa
reforma obtuvo la mayoría, el 51,3%. Sin embargo, Morales volvió a apelar al
Constitucional, haciendo valer en esa ocasión que había una legislación
superior a la propia Constitución boliviana, la legislación internacional, el
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece “el
derecho del presidente a ser elegido y del pueblo a elegirlo”.
Aunque
muchos hoy se escandalicen, fue la vía que en 2003 utilizó también Oscar Arias
en Costa Rica, Daniel Ortega en Nicaragua en 2014 y Juan Orlando Hernández en
Honduras en 2015, mandatarios de distinto signo ideológico.
Solo la
eterna división interna de la oposición —en cada elección que ganó Evo Morales
se enfrentó a líderes opositores distintos— explican que ese tipo de reiteradas
interpretaciones jurídicas no dieran lugar a graves crisis.
Durante años
se produjeron reiteradas advertencias que Evo no supo ver
En 2017 hubo
otra advertencia al Gobierno de Morales y García Linera. El 3 de diciembre de
ese año se celebró un referéndum para elegir a los miembros del Tribunal
Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de
la Magistratura. La oposición pidió a sus seguidores que boicotearan ese
plebiscito, llamando al voto nulo.
Y el voto
nulo superó el 50% y el voto en blanco el 17%. El presidente consiguió poco más
del 30%. La oposición, aún sumamente fragmentada, se unía para acciones
concretas. Pero la gota que rebasó el vaso fueron las últimas elecciones, las
del pasado 20 de octubre.
Los
adelantos del recuento que se fueron conociendo durante esa jornada permitían
prever que los resultados electorales serían muy ajustados entre los dos
candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa, y que haría falta ir a una segunda
vuelta.
Este nuevo
líder de la oposición es un personaje contradictorio, ambiguo, periodista,
escritor, al que el propio Gobierno de Morales le encomendó en 2014 representar
a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para conseguir una salida al
mar a través de Chile.
Mesa, que
fue presidente entre 2003 y 2005, llegó a anunciar en octubre de 2018 que se
volvería a presentar como candidato para las elecciones de 2019 pero esta vez
por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). El FRI es una organización de
origen maoísta que ya en ese momento poco tenía que ver con los ideales de Mao.
El nombre de esta organización hizo confundir a muchos sobre el perfil real de
este personaje.
El FRI
terminó rompiendo con Mesa y este se presentó finalmente a las elecciones del
20 de octubre pasado como candidato de una plataforma variopinta, Comunidad
Ciudadana.
Audios
interceptados muestran la complicidad de militares retirados y senadores
republicanos ultras
Semanas
antes del 20 de octubre ya parecía claro que la estrategia tanto de la
oposición parlamentaria como de las fuerzas ultras y violentas agrupadas en los
Comités Cívicos de Santa Cruz, Potosí y otras ciudades, era no reconocer los
resultados electorales si estos daban un triunfo a Evo Morales.
Este plan,
tal como se pudo comprobar por una serie de 16 audios interceptados a los
golpistas, y como era de prever, contaban desde hacía mucho tiempo con el
aliento y complicidad de la embajada de EE UU en Bolivia y de senadores
republicanos ultraderechistas cubano-estadounidenses como Marco Rubio y Ted
Cruz, y de la propia Casa Blanca.
Evo Morales
llegó a mencionar semanas antes de que se ejecutara el golpe que su Gobierno
tenía constancia de que se fraguaba un golpe de Estado e hizo alusión incluso a
la existencia de esos audios interceptados.
El día de
las elecciones, cuando la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
María Eugenia Choque, dio a conocer el primer recuento del 83% del sistema de
Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), parecía claro que
haría falta una segunda vuelta. Aunque Morales aparecía con un 45% de los votos
y Mesa con el 38% no era suficiente diferencia para ganar en primera vuelta.
El TREP es
un sistema de conteo rápido cofinanciado por la UE que utiliza no las actas
originales sino las fotografías de ellas enviadas desde las mesas de votación;
todos daban por seguro que sería necesaria una segunda vuelta. En la misma
noche electoral la presidenta del TSE dio a conocer que se suspendía el
recuento rápido porque el TSE ya contaba con las actas originales y empezaría
el recuento definitivo.
Errores en
la gestión del recuento que sirvieron de coartada final a los golpistas
Con todo el
país expectante en la finalización esa misma noche del recuento rápido esa
decisión provocó extrañeza y sirvió a la oposición para denunciar
inmediatamente que se estaba frente a un fraude electoral. El lunes 21 la
oposición logró movilizar a miles de personas que tomaron las calles, y el TSE,
tras 23 horas de parón en el recuento del sistema TREP, sí aceptó seguir dando
datos de ese sistema de conteo rápido, a pesar de que el Tribunal Electoral ya
estaba haciendo el recuento definitivo. Esos movimientos contradictorios del
TSE resultaron para muchos aún más sospechosos cuando se anunció que con el 95%
de los votos escrutados Evo Morales parecía como el claro ganador en primera
vuelta.
Los
observadores de la UE dijeron que la interrupción inesperada del conteo durante
23 horas suscitaba “serias preocupaciones” y los observadores de la OEA
denunciaban “un cambio inexplicable de tendencia” que generaba desconfianza en
el escrutinio.
Los
gobiernos de Trump, Bolsonaro y Macri se unieron a las denuncias, mientras
proliferaban las fake news en las redes asegurando que se habían encontrado por
doquier supuestas papeletas y actas manipuladas. Sin esperar a los resultados
definitivos, Evo se reivindicó el ganador de las elecciones, lo que provocó aún
más ira.
Cuando se
conocieron días después los resultados definitivos, y con la calle ya en
constante ebullición, Morales apareció con una ventaja del 10,57% sobre Carlos
Mesa, 47,08% frente a un 36,51%, lo que hacía innecesaria una segunda vuelta.
Fue Mesa entonces quien acusó al presidente de protagonizar un golpe de Estado.
Fue la
coartada definitiva que usaron los golpistas para generalizar las protestas en
las grandes ciudades y desatar con gran violencia su racismo y odio de clase.
Morales
denunció que ya estaba en marcha el golpe de Estado que venía anunciando y
llamó a sus fieles a movilizarse para defender al Gobierno, lo que dio lugar a
enfrentamientos callejeros violentos entre militantes y simpatizantes del MAS y
las fuerzas más ultras de la oposición.
La policía,
que se amotinó en apoyo a la oposición y vergonzosamente se quitó de su
uniforme las whipalas —emblema indígena—, fue por ello objeto de ataques de los
partidarios del Gobierno, y al verse rebasada decidió pedir el apoyo de las
fuerzas armadas, pasando ambas a patrullar y operar conjuntamente.
La oposición
ya no escuchaba la convocatoria de Morales para discutir la crisis desatada;
había encontrado su excusa para aglutinarse y acabar con el presidente indígena
y con todos los logros que había conseguido durante los últimos trece años para
los campesinos e indígenas del país más pobre de Sudamérica.
Solo querían
su renuncia y recuperar cuanto antes sus privilegios perdidos.
Aún en ese
momento Morales no decidía dar marcha atrás. Pidió inexplicablemente una
auditoría a la OEA, un organismo de tradición pro imperialista —EE UU forma
parte de ella y la utiliza— que ha sido punta de lanza del acoso a Venezuela
desde hace años y que ha permitido que ese país sea representado en su seno por
el golpista Juan Guaidó.
Tal como era
de prever, la OEA expuso una serie de supuestas irregularidades —con nula
precisión técnica— por lo que recomendaba la convocatoria de nuevas elecciones.
Solo en ese
momento, cuando varias ciudades ya estaban en llamas, Morales aceptó esa
recomendación, anunció su renuncia y propuso la convocatoria de nuevas
elecciones.
Ya era
tarde, los sectores más duros de la oposición y organizaciones derechistas y
supremacistas generalizaron el caos, arrasaron edificios gubernamentales, la
propia vivienda de Evo Morales, secuestraron a familiares de ministros,
quemaron whipalas y todo símbolo de la revolución boliviana que llegó al poder
en 2006. El odio de clase se hizo evidente.
Uno de los
personajes que a pesar de no haber sido candidato en las elecciones tomó
protagonismo y repercusión mediática en estas acciones vandálicas, blandiendo
el cóctel molotov y la pistola en una mano y en la otra la Biblia, fue el
empresario racista y fundamentalista Luis Fernando Camacho.
Líder del
Comité Cívico de Santa Cruz —que promovió hace años violentamente la separación
de esa rica región boliviana— es miembro también de la logia ultra Los
Caballeros de Oriente. Es miembro del clan Camacho, con intereses en la
industria gasística, y que resultó afectado por la nacionalización de los
hidrocarburos.
Camacho
apareció en el balcón del Palacio Quemado y también en rueda de prensa junto a
la derechista y fundamentalista cristiana Jeanine Añez, vicepresidenta del
Senado, que se autoerigió ilegalmente en presidenta interina al estilo de Juan
Guaidó en Venezuela.
Estos y
otros sectores ultras y racistas que siempre estuvieron ahí hostigando a la
revolución intentan hacerse con el control del golpe ya consumado y marcar a
los partidos de la oposición el rumbo a seguir.
A pesar de
que Añez dijo que su cargo era interino hasta la realización de nuevas
elecciones, se ha dotado ya de un equipo de gobierno ultraconservador y de una
nueva cúpula militar, y previsiblemente mantendrá el hostigamiento y
persecución a cargos del Gobierno de Evo, a parlamentarios y cargos del MAS, e
intentará sofocar por la fuerza todo intento de resistencia popular en aras de la
seguridad nacional.
EE UU,
Brasil, la UE y Rusia reconocieron el ilegítimo gobierno ultra liderado por
Jeanine Áñez
El
esperpéntico Gobierno de esta senadora ultraderechista ha sido reconocido
rápidamente por la Administración Trump, por gobiernos como los de Brasil,
Guatemala o Colombia, por la OEA, y vergonzosamente también por la Unión
Europea. En la UE no hubo consenso para denunciar la situación en Bolivia como
golpe de Estado. Por su parte Rusia, si bien habló de golpe de Estado, decidió
reconocer a Añez como “presidenta interina”.
Se abre un
periodo incierto para Bolivia y su revolución y la actitud pasiva —cuando no
cómplice— de la llamada comunidad internacional no ayuda a alejar el
fantasma de una guerra civil.
Es necesario
para la izquierda reflexionar sobre las varias irregularidades legales que en
estos años ayudaron a alimentar a la oposición y cuyas consecuencias golpistas
Evo Morales y García Linera no llegaron a prever, y una vez desatado no
pudieron frenar.
También es
necesario analizar por qué al llamamiento de Evo Morales contra el golpe de
Estado acudieron miles de seguidores pero no cientos de miles como hubo en
Venezuela en abril de 2002 ante el golpe de Estado contra Hugo Chávez, o como
ese más de un millón de personas que se manifestó en Chile en octubre pasado
contra el Gobierno de Piñera.
16/11/2019
Roberto
Montoya, periodista y escritor, es miembro del Consejo
Asesor de viento sur
El golpe anunciado que Evo
Morales no supo prever (y 2)
20/11/2019 | Roberto Montoya
La rapidez
con la que el gobierno interino de Jeanine Áñez y el resto de golpistas
está tomando decisiones demuestra el grado de preparación que tenía este nuevo
golpe de Estado que sufre Bolivia donde se dan tanto insólitas situaciones de
dualidad de poder como de riesgo de guerra civil.
A las pocas
horas de entrar inconstitucionalmente en funcionamiento el ‘gobierno’ ya había
roto relaciones diplomáticas con Venezuela y pedía a su homólogo venezolano, al
también golpista y autoproclamado presidente Juan Guaidó, que nombrara
un nuevo embajador.
Igualmente
decidía la salida de Bolivia de la ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos) creada por Hugo Chávez y
Fidel Castro en 2004 y a la que luego se uniría Bolivia, Ecuador y otros países
de Centroamérica y el Caribe.
El objetivo
de este organismo era convertirse en alternativa al ALCA y otros tratados de
libre comercio ultraliberales impulsados por EE UU.
La
autoproclamada presidenta Jeanine Áñez dejó también entender claramente
su intención de dejar fuera del escenario político a Evo Morales y su partido,
el MAS (Movimiento al Socialismo): “El Tribunal deberá decidir si el MAS puede
participar o no en las próximas elecciones”. Áñez acusa a Evo Morales y al MAS
de haber sido quienes cometieron un “golpe de Estado” el 20 de octubre con su
supuesto fraude electoral.
“Evo y el ex
vicepresidente Álvaro García Linera no pueden participar [en las elecciones],
no están habilitados”, dijo la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.
Desde el
gobierno fantoche se habla de cazar a ex ministros y otros altos cargos
del equipo de Evo Morales. En pocos días el nuevo gobierno ha deportado a
centenares de médicos cubanos que ayudaban desde hace años a Bolivia a cubrir
sus carencias en sanidad, y ha deportado igualmente a periodistas de medios
extranjeros considerados afines o al menos no suficientemente críticos con Evo
Morales.
El gobierno
de Áñez, al que ha reconocido vergonzosamente la Unión Europea, Rusia, Estados
Unidos y otros países, está mostrando abiertamente sus objetivos: aplastar a
cualquier precio los focos de resistencia popular en distintos pueblos y
ciudades y desarticular el MAS y otras organizaciones afines a Evo antes de
convocar unas elecciones democráticas que le aseguren su triunfo.
Para vencer
cualquier tipo de temor de policías y militares a poder ser enjuiciados en el
futuro por los actos represivos que están llevando a cabo y que se han cobrado
ya la vida de al menos 24 personas, el gobierno ha aprobado el Decreto Supremo
4078. Por medio de él exime a la policía y a las fuerzas armadas de cualquier
responsabilidad civil por las consecuencias de su actividad represiva.
Esa
impunidad puede agudizar la represión actual. Incluso la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de depender de la hostil OEA, ha
criticado dicho decreto: “El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares
internacionales de derechos humanos, y por su estimulo estimula la represión
violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de
los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de
derechos humanos”.
Se pretende
impedir que la movilización popular se masifique aún más y que pueda adquirir
un carácter más organizado y violento dando lugar a una guerra civil.
La salida
abrupta del país de Evo Morales, García Linera y otros miembros de su Gobierno
y la falta de reacción del gubernamental Movimiento al Socialismo y
organizaciones sindicales afines para llamar a enfrentar el golpe han
desorientado a la población y debilitado la organización popular para resistir
el golpe cívico militar, lo que ha permitido la rápida consumación del golpe.
Los
golpistas controlan el Ejecutivo boliviano mientras el MAS mantiene su control
de las dos Cámaras
La caótica
situación que se vive estos días en Bolivia da lugar a situaciones de verdadera
esquizofrenia política. Mientras el gobierno actual da pasos para perseguir a
dirigentes del MAS, las bancadas de este partido tanto en el Senado como en la
Asamblea Legislativa, nombraban a nuevos presidentes por la renuncia de sus
titulares.
Este jueves
14 pasado los senadores del MAS con el apoyo de cuatro diputados de la
oposición nombraban como presidenta del Senado a Eva Copa, conocida activista
feminista del partido de Evo, en sustitución de su compañera Adriana Salvatierra,
que renunció tras el golpe.
Por su parte
en la Asamblea Legislativa el MAS votaba con el apoyo de un diputado de la
oposición nombrar a su portavoz y hombre de confianza de Evo, Sergio Choque,
como nuevo presidente de ese parlamento`. Choque sustituye a Víctor Borda,
también del MAS, que se vio obligado a renunciar después de que su vivienda
fuera incendiada por los golpistas.
Choque
anunció que propondría una ley para que las fuerzas armadas se replieguen a sus
cuarteles “para evitar más muertes”. A pesar de haber condenado el golpe de
Estado y la complicidad de la Policía y las fuerzas armadas, Choque dijo: “Pido
a los sectores movilizados a apaciguarnos, ya no podemos seguir
enfrentándonos”.
En el mismo
sentido que Choque, el senador del MAS Omar Aguilar declaraba ante la prensa:
"Nuestro objetivo es pacificar el país, no es bloquear esta gestión de
transición de Jeanine Áñez”.
Esta actitud
de intentar bajar la tensión de parte de representantes autorizados del MAS
puede desorientar a esos campesinos, indígenas y sectores populares que se
siguen jugando la vida en la calle enfrentando a la policía y fuerzas armadas
por defender a Evo Morales.
Es una
situación insólita, con los golpistas controlando el Ejecutivo, la policía, las
fuerzas armadas y los resortes del Estado, mientras el partido del presidente y
vicepresidente exiliados en México sigue controlando las dos Cámaras.
La actual
crisis se produce en un contexto de una organización popular debilitada y
desunida para poder enfrentar el golpe
A diferencia
de Venezuela, donde Hugo Chávez creó en 2009 como salvaguarda del Estado
amenazado desde el inicio una nueva rama de las fuerzas armadas, la Milicia
Bolivariana, integrada por más de dos millones de personas —civiles organizados
y con una capacitación militar básica a lo largo y ancho del país, militares
retirados y oficiales en activo— en Bolivia los partidarios de Evo Morales
enfrentan a las fuerzas represivas con palos, hondas y piedras.
No es el
único problema de organización popular que ha quedado en evidencia ante este
golpe de Estado.
Una serie de
problemas en la gestión de la revolución que impulsó Evo y que se manifestaron
desde el inicio ha debilitado la organización y unidad de los movimientos
populares como para poder enfrentar con fuerza un golpe como el actual.
Evo Morales
no vio a tiempo cómo las irregularidades legales por las cuales llegó a ser
reelegido cuatro veces como presidente estaban produciendo indignación y
malestar no solo entre los sectores tradicionales de la oligarquía blanca y
racista boliviana sino también otros sectores urbanos, ecologistas preocupados
por la política extractivista, ciudadanos críticos por el abandono de
infraestructuras en las ciudades y sectores del movimiento feminista urbano...
y blanco.
Paradójicamente,
una de las activistas feministas que denunció con dureza el machismo del
Gobierno de Evo Morales fue Raquel Gutiérrez Aguilar, mexicana pero que vivió
muchos años en Bolivia, una de las fundadoras del Ejército Guerrillero Tupac
Katari y… esposa de Álvaro García Linera durante 15 años.
Los
pensionistas de distintos signos ideológicos, de distintas clases sociales y
distintas zonas del país, se movilizaron también durante estos últimos años,
especialmente a partir de 2013, contra la decisión del Gobierno de Morales de
forzar jubilaciones de miles de personas “para acabar con el paro juvenil”.
Denunciaban que en un país donde tradicionalmente ha habido tanto trabajo en
negro y por lo tanto bajas aportaciones, situación agudizada por la flebilización
laboral durante los años 80 y 90, las jubilaciones resultantes son
pensiones miserables.
En cambio,
los militares se jubilan con el 100 por cien de sus sueldos. En un país con una
larguísima historia de golpes militares, Morales decidió mantener ese estatus,
implantado en 1999 a través del Decreto Supremo 25620 por el Gobierno del
general Hugo Bánzer.
Su cuidado
ante las fuerzas armadas no fue sin embargo garantía de fidelidad, tal como se
pudo comprobar ahora.
Morales fue
enemigo declarado desde el primer momento para las élites nacionales que
siempre consideraron al indígena y al campesino con una visión colonialista y
racista, solo como una mano de obra imprescindible para explotar los grandes
recursos naturales de Bolivia pero a la que nunca reconocieron sus más elementales
derechos.
Esos
intereses coincidían y coinciden con los de Estados Unidos y con muchas
multinacionales europeas ávidas de recuperar las reglas de juego existentes
antes de la llegada de Evo al poder.
A pesar de
las importantes concesiones que hizo a multinacionales extranjeras Evo
representaba un obstáculo para esos intereses y, además, a sus ojos no dejaba
de ser un presidente indígena.
Sin embargo,
es falso recurrir al maniqueísmo, al campismo, para mostrar a Evo y un
compacto bloque popular por un lado, frente a un homogéneo bloque reaccionario
y pro imperialista por el otro.
Poco ayuda a
la izquierda para poder extraer conclusiones y enseñanzas para el futuro
adoptar una visión simplista de esta crisis que afectará a toda América Latina.
La
históricamente combativa Central Obrera Boliviana no se movilizó para defender
al Gobierno
El propio bloque
popular ya estaba muy erosionado y cada vez había más sectores campesinos e
indígenas que criticaban el autoritarismo y las contradicciones ideológicas y
políticas del Gobierno. Solo así se explica que a pesar de la resistencia de
miles de campesinos e indígenas al golpe de Estado ni la poderosa Central
Obrera Boliviana (COB), con un largo historial de combatividad, ni la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) y otros
movimientos sociales otrora soportes del Gobierno, se movilizaran de una forma
más masiva en su defensa de Evo cuando este denunció que estaba en marcha un
golpe de Estado.
De otra
forma no sería explicable la actitud pasiva ante el golpe de la COB, la más
grande y poderosa central sindical de Bolivia, que nació en 1952 en el fragor
de la revolución popular de ese año y que ha estado durante décadas al frente
de la resistencia a dictaduras militares y políticas neoliberales.
La COB ha
tenido muchos choques con Evo durante estos casi 14 años de gobierno por la
política económica y laboral, pero siempre fue considerada un apoyo clave, y
forma parte, junto con el propio MAS y organizaciones indígenas, vecinales y
movimientos sociales de la Coordinadora Nacional por el Cambio.
La Fstmb,
por su parte, llegó a pedirle a Evo Morales en un comunicado que renunciara.
“No dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima presidente.
Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la
renuncia es inevitable compañero Presidente. Tenemos que dejar en manos del
pueblo el gobierno nacional”, decía en su comunicado.
Mientras se
reivindicaba el respeto a la Madre Tierra y el Buen Vivir se intensificaba la
actividad extractivista
¿Qué provocó
esta desafección con un Gobierno que hizo semejante revolución en Bolivia?
Organizaciones
representativas de los pueblos originarios como Conamaq o Cidob y otras
defensoras del medioambiente venían denunciando desde hace años las grandes
contradicciones entre los pronunciamientos del Gobierno en materia
medioambiental y su política real.
Todos los
organismos mundiales protectores del medioambiente y también los que
específicamente defienden los derechos de los pueblos originarios han
reconocido desde un primer momento la importancia de los compromisos
internacionales asumidos por Evo Morales.
Sin embargo
las contradicciones fueron visibles desde el primer mandato presidencial. En
2007, al tiempo que Bolivia firmaba la Declaración de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas se anunciaba la construcción de las represas El
Chepete y El Bala situada en territorios indígenas.
Hoy hay ya
21 hidroeléctricas y cerca de otras 10 en construcción, buena parte de ellas
situadas en zonas protegidas.
En 2010 el
Gobierno de Evo Morales aprobó también la Ley de los Derechos de la Madre
Tierra, pero ese mismo año se autorizaba sin embargo la construcción de una
carreta que pasó a dividir en dos el Tipnis (Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure) que provocó en su momento fuertes choques entre grupos
indígenas y fuerzas policiales y varias interrupciones en las obras.
Tanto
Conamaq como Cidob venían criticando al Gobierno al menos desde 2012 por su
injerencia constante y por sus intentos de dividir esos movimientos y aislar a
los dirigentes críticos.
Ese
injerencismo y la cooptación de dirigentes campesinos, indígenas y mineros,
favoreció la desmovilización de los mismos movimientos en los que se apoyaron
Morales y García Linera para llegar al poder.
Esto explica
igualmente la falta de una respuesta más masiva de la que hubo antes de que se
derrumbara el Gobierno, en defensa del líder que había impulsado la revolución
boliviana.
El campo
popular sufría resquebrajaduras, había cada vez más sectores críticos con
la gestión del equipo de Gobierno.
Los pueblos
originarios denunciaron la acelerada deforestación de la Amazonia boliviana
La política
extractivista, que llevó a una acelerada deforestación de la Amazonia boliviana
—con su consiguiente aumento de incendios— también provocó duras críticas por
parte de las organizaciones de los pueblos originarios, que veían una
contradicción con la propia Constitución y con el programa del MAS en defensa
de la Pachamama y del Buen Vivir.
El aumento
desde 2001 en un millón de hectáreas las tierras utilizadas para la
agroexportación y ganadería —un puñado de empresas extranjeras controlan casi
el 70%— permitieron aumentar los ingresos del Estado boliviano y con ello
financiar reformas sociales. Pero este éxito se logró a costa de provocar una
deforestación a un ritmo de más de 300.000 hectáreas anuales.
La caída del
precio del gas y petróleo en el mercado internacional y el agotamiento de sus
reservas llevaron igualmente al Gobierno de Morales a aumentar aún más la
búsqueda de hidrocarburos, aunque ello supusiera que en 2017 se decidiera
empezar a explorar también 11 de las 22 áreas protegidas de su territorio. Por
medio del Decreto Supremo 2366 el Gobierno permitió su exploración a pesar de
las protestas que provocó de parte de representantes de los pueblos
originarios.
Igualmente
hubo protestas cuando el Gobierno decidió a través de otro Decreto Supremo, el
2298, acortar a 45 días el tiempo de consulta a los pueblos originarios sobre
la exploración en sus zonas, a pesar de que esa decisión violaba de hecho la
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmada en
2008 por Bolivia con rango de ley.
Ante el
aluvión de críticas recibidas Morales dijo en defensa de este decreto
gubernamental: “No es posible que en las llamadas consultas se pierda tanto
tiempo, esa es la gran debilidad que tiene nuestro Estado. Ahora modificamos
algunas normas con el único objetivo de acelerar la inversión y de obtener más
recursos naturales, y que eso beneficie al pueblo boliviano”.
Toda esta
política de búsqueda de hidrocarburos ha provocado la ira de decenas de
comunidades indígenas y campesinas que vieron que se contaminaban ríos, que la
pesca era seriamente afectada y que se provocaba una reducción notable del
caudal de sus pozos de agua.
Esto les
llevó en diciembre pasado a constituir la Coordinadora Nacional de Defensa de
Territorios Indígenas Originarias Campesinas y Áreas Protegidas (Contiocap).
Las mujeres
campesinas e indígenas de distintas zonas afectadas por la política de empresas
extractivistas autorizadas por el Estado han creado también una organización,
Defensoras Ambientales de Bolivia, integrante a su vez de una amplia
coordinadora de la región andina.
En octubre
pasado el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Casa) y la
Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat) presentaron
ante la ONU un informe denunciando las agresiones al medio ambiente que
provocan los procesos extractivos en Bolivia y alertan sobre los nuevos
proyectos.
A pesar de
que son muchas las organizaciones indígenas, sindicales, feministas y
movimientos sociales de distinto tipo que han criticado e incluso tenido
fuertes choques con el Gobierno de Evo Morales por su política extractivista,
por sus concesiones a multinacionales extranjeras, por la insuficiencia de
ciertos derechos sociales o por su injerencismo y autoritarismo, todas ellas
han condenado el actual golpe de Estado.
Sin embargo,
esa extensa relación de conflictos acumulados en estos 13 años y la actitud
ambigua y falta de orientación dada ante el golpe por parte del propio partido
gubernamental y las mayores centrales sindicales y movimientos sociales, han
impedido una sólida acción rápida, conjunta y coordinada, para defender la
revolución y frenar a los golpistas.
20/11/2019
Roberto
Montoya, periodista y escritor, es miembro del Consejo
Asesor de viento sur
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