10-07-2017
Cuba
tiene previsto realizar elecciones generales entre fines de este año e inicios
del próximo. Una primera etapa será para elegir a los representantes populares
a las asambleas municipales del Poder Popular, y luego serán electos los
delegados al nivel provincial y los diputados al órgano legislativo del país.
No obstante, este proceso electoral reviste matices políticos especiales, pues
se desarrollará en un escenario socioeconómico e histórico diferente en Cuba.
Por una parte, el Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz ha manifestado, tanto en escenarios
nacionales como internacionales, que dejará la presidencia de ambos órganos de
poder en 2018. También lo dijo poco antes de la realización del VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2011.
Durante esta reunión, y luego en otras citas de la
organización política, hasta llegar al más reciente congreso del año pasado, el
propio Raúl ha defendido ideas que repercutirán en el futuro electoral del
país. Dos son los pivotes fundamentales de su pensamiento en este sentido.
Primero: restringir la ocupación de los principales cargos del Estado y el
gobierno a, como máximo, dos períodos de cinco años. Segundo: establecer 60
años como edad límite para ocupar aquellos.
Partiendo de esas condiciones, que también propone
establecer en las estructuras partidistas como el Comité Central, explicó en su
informe al VII Congreso del PCC que esta política debe ser
aplicada en las instituciones estatales, gubernamentales y las organizaciones
de masas. Además, consciente del carácter estratégico en el orden político y
jurídico de la cuestión, planteó que las modificaciones en materia de plazos y
edades límites para el desempeño de cargos de dirección tendrán que fijarse en
la Constitución.
En virtud de estos argumentos resulta claro que,
adicionalmente a los ajustes constitucionales en lo que respecta al sistema
electoral, será necesario también adoptar una nueva ley en esta materia. Puede
que a alguien le parezca cosa menor, pero en un país cuya práctica política ha
estado signada por 58 años en la no restricción del ejercicio de cargos
públicos, hay que dejar bien establecidas las reglas del juego al respecto.
Estas serán aplicadas a quienes tendrán, nada más y nada menos, que sustituir a
la generación histórica al frente del país.
Esta ley podría ser, si esa fuera la voluntad
política, algo más que nuevas reglas. Debería convertirse en un factor que
contribuya a la necesaria democratización del sistema político cubano. Por
ejemplo, un buen paso adelante sería favorecer la participación popular más
directa del mayor número de ciudadanos en la nominación/elección de los
principales cargos, y aplicar nuevas fórmulas para lograr la representatividad
de la sociedad en las estructuras de poder.
El objetivo de cualquier ley de este tipo es
definir cómo se puede participar en el orden político-electoral; de ahí que sus
contenidos incidan directamente en la legitimidad de los representantes
populares a todos los niveles de dirección.
Un nuevo orden en materia de elecciones en Cuba
debe servir, de conjunto con otras reformas, para extender el alcance de los
derechos políticos. Esto contribuiría a naturalizar el desacuerdo y la
interpelación en la esfera pública; factores esenciales para desterrar la falsa
unanimidad de nuestras decisiones como sociedad.
Además, serviría para inmiscuir más a los electores
en el proceso electoral en sí mismo; asegurando que aquellos intervengan de
manera directa en la nominación y elección de quienes los representarán. En
aras de lograr esto cabría establecer un procedimiento para elegir mediante
voto popular a los miembros del Consejo de Estado y a su presidente. Dicha
medida se insertaría de manera eficaz en las limitaciones de tiempo, pues a
todas luces uno de los cargos en los que deberá ser acotado su ejercicio es
ese.
No obstante, estas cotas temporales pudieran ser
flexibilizadas con la introducción de una fórmula que permitiera la reelección
indefinida, si los electores así lo decidieran mediante un referéndum. En todo
caso, esta decisión se haría valer solo si el candidato alcanzara una mayoría
cualificada.
Otras reformas podrían relacionarse con la
conformación de las comisiones de candidatura, las cuales son integradas por
representantes de las organizaciones de masas, que a su vez no son electos,
sino designados por las direcciones de cada organización a diferentes niveles.
Sería factible crear un procedimiento para elegir
mediante participación ciudadana sus integrantes, o bien dejar en manos de las
asambleas municipales la nominación de los candidatos a delegados provinciales
y diputados. De esta segunda variante, por supuesto, deberán ser mejor
analizada su implementación. Pero en todo caso considero que el filtro para la
nominación en un sistema que seguirá siendo monopartidista, como ha afirmado el
propio Raúl, deben ser las estructuras locales del Poder Popular.
A todo lo dicho podría agregarse la regulación de
un sistema más eficaz para el empadronamiento electoral. Esto significa que
debe asegurarse un marco legal que garantice altos niveles de inscripción de
los electores, sin vulnerar principios democráticos como el de “un elector, un
voto”. Ese principio, de hecho, está expresamente recogido en el artículo 131 de
la Constitución cubana.
Considero además que pensar una nueva ley electoral
como la solución en sí misma a todas las problemáticas asociadas a la
participación política, sería un enorme error. La trascendencia de las
modificaciones al sistema electoral depende en gran medida del impacto que
logren en el sistema político en general. Esta última idea entronca con el
hecho más que demostrado, que la adaptación a las nuevas circunstancias de los
mecanismos electivos es clave para otorgar el mayor grado posible de
legitimidad a las autoridades estatales.
Pero la consolidación de ese impacto tiene que
estar acompañado de otros cambios en el imaginario popular sobre la valía de
participar en la vida pública del país. Son necesarios medios de prensa que no
solo hablen de las elecciones cuando estas se acercan, así como instituciones
educativas que instruyan sobre las cuestiones electorales desde el fomento de
una verdadera cultura cívica y democrática.
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