Por: Guillermo Yucra
La iniciativa del Proyecto de Ley N° 4757/2010-PE (enviada al Congreso el 29 de marzo), que busca convertir al distrito de San Juan de Lurigancho en una “Provincia Especial”, nos ha revelado hasta qué punto son capaces de confabularse intereses creados en beneficio personal del Alcalde Carlos Burgos y de sus clientelas políticas, todo ello con la venia y bendiciones del Presidente Alan García.
La ambición de Carlos Burgos no tiene límites. En una reunión pactada a fines del mes de marzo, en las instalaciones del Congreso de la República, junto con Javier Alvarado (Presidente Regional de Lima), Evelyng Feliciano (Alcaldesa de San Antonio), Rosa Vásquez (Alcaldesa de la Provincia de Huarochirí) y César Zumaeta (Presidente del Congreso), llegaron al “acuerdo” de excluir del Proyecto de Ley en mención, los territorios del Centro Poblado Pampas de Canto Grande denominado San Antonio de Jicamarca - Anexo 22 A. En aquella ocasión, las declaraciones de Carlos Burgos fueron lo más inapropiadas, manifestó que “el tema limítrofe había sido superado definitivamente”. Desde un punto de vista legal, esta propuesta es de lo más descabellada y sólo puede ser concebida en la mentalidad de una persona autoritaria que se arroga facultades como si fuera dueño de todo el distrito.
El Alcalde Carlos Burgos contraviene todas las normas legales, para él no existe más ley que la hecha a su imagen y semejanza. Basta mencionar que en octubre del 2007, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante ordenanza N° 1081, dispuso un plazo de 180 días a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho para que “en coordinación con las juntas vecinales y los propietarios de predios, elabore un estudio con el propósito de resolver el problema de ordenamiento ambiental y urbano del sector calificado como Zona de Reglamentación Especial denominado Villa San Antonio…y formule un planeamiento integral del área”. El plazo de los 180 días se venció en abril del 2008 y nada de eso se ha cumplido hasta la fecha. Entonces, ¿qué intereses mueven al Alcalde Burgos para declarar como superado en definitiva el tema limítrofe con Huarochirí, cuando en los hechos se trata de un problema inexistente? Sin duda, esto demuestra una vez más el abuso de poder del que hace gala, al no tener el mayor reparo en incumplir la ley, y, actuar inconsultamente de espaldas a la población del distrito y del Anexo 22 de Jicamarca.
Igual de desatinadas fueron las opiniones de Javier Alvarado, Presidente Regional de Lima, cuando señaló que “el anexo 22 de Jicamarca es y será de Huarochirí”. Es preciso recordar que los reclamos de Huarochirí por el Anexo 22 de Jicamarca no son recientes. La Provincia de Huarochirí, transgrediendo su propia Ley de Creación N° 10161 del año 1945, pretendió en setiembre del año 2003, adjudicarse dichos territorios correspondientes a la Provincia de Lima, mediante Ordenanza N° 000011. Transcurrido un año, el Tribunal Constitucional con Expediente N° 0025-2004-AI/TC (publicado el 17/09/04), sentenció a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, declarando la INCONSTITUCIONALIDAD de dicho procedimiento.
Pero hay más. Antecedentes históricos señalan que los actuales límites territoriales de San Juan de Lurigancho, fueron establecidos mediante Ley de Creación N° 16382 del año 1967 , comprendiendo en su ámbito los territorios del Anexo 22 de Jicamarca. Posteriormente, la sentencia del Primer Juzgado de Tierras de Lima (con fecha 31/01/1975) y la Ejecutoria del Tribunal Agrario de Lima (con fecha 11/11/1975), sancionan como revertidos al dominio del Estado parte de los territorios del predio “Canto Grande”, que cuenta con una superficie total de más de 18 millones de m². Es decir, el Estado al expropiar 15'698,939.55 m², que anteriormente eran de propiedad de la familia oligarca Risso Patrón, formaliza lo que en parte comprendía al distrito de San Juan de Lurigancho, tal como se encuentra especificado en la Ley de Creación N° 16382. Los otros tres millones de m² del predio “Canto Grande” siguen en propiedad de los Risso Patrón, aunque actualmente sobre dichos territorios se encuentran en calidad de posesionarios, pobladores de los Asentamientos Humanos de Huáscar, 9 de Octubre y Los Álamos.
En fin, el Alcalde Burgos parece estar haciendo todo lo posible, para desentenderse de los reales problemas y necesidades que en materia de vivienda, salud, mecanismos de participación ciudadana, educación, etc., afectan a la población de San Juan de Lurigancho. Es capaz de todo, en su desesperada carrera por ser Alcalde Provincial.
Martes, 03 Mayo de 2011
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