LA DEROGATORIA DE LA LEY DEL EMPLEO JUVENIL

Fernando Anibal Arce Meza
Estimados amigos: Grato honor para mi remitirles el artículo de la semana relacionado con la derogatoria de la “Ley del Empleo Juvenil”. No es mi deseo expresarles que dicha ley promulga era mala o buena y que en los caso necesitaba de correcciones. Simplemente, les digo que, todos los dispositivos sobre el empleo y el trabajo dictadas en estas últimas décadas han sido y son negativas, al no respetar la calidad y condición del trabajo (no digo recursos humanos) es uno de los factores de producción, mereciendo, por tanto ser valorada en lo humano e  igualmente en lo económico, incluido los servicios de los hombres y mujeres brindan al servicio del Estado. En consecuencia, las fuerzas laborales son mercancías con precios,  consideradas como costos de las empresas, y que, en lenguaje de los  economistas neo liberales entran a un proceso de flexibilización dada la magnitud de la mano de obra no calificada y porque ellas son responsables de su situación mayoritaria, al ubicarse en la informalidad siendo lo que más les conviene a la mayoría de los trabajadores, ellos han escogido su suerte. No queriendo los neo liberales y los liberales no libertarios analizar el porqué se presenta la informalidad y quienes la han producido, pues, no se conocen los argumentos que expliquen, además, este sector labor repetimos es un costo   pasible de flexibilidad. Y, qué pasa con el capital y las ganancias, éstos no son flexibles, ni pueden medirse hasta donde los excesos en las ganancias tienen límites.   En el Perú sabemos que la Responsabilidad Social del Empresariado (RSE) no está a la altura de las encíclicas papales, responsabilidad social en especial del  mediano y gran empresario no se da, caen en falta por ser una de las virtudes de los mandatos humanos por respetar. La insensibilidad y la ganancia no tienen límites. Pero sí las fuerzas laborales les ponen una etiqueta que indica su precio por pagar, y no es para arriba y a favor, casi siempre es para abajo, hay rebaja y/o despidos. Las estadísticas del INEI se han encargado de mostrar la boca abierta del cocodrilo, en que por décadas las ganancias de las empresas sí han crecido y los ingresos de los trabajadores no se han incrementado aún en la época de las vacas gordas y del crecimiento falaz, el chorreo no llega. Se adjunta, al artículo semanal el editorial del diario “El Comercio” del 27 de Enero del presente año. Atentamente, Fernando Arce Meza La Derogatoria de la Ley del Empleo Juvenil A comienzos de la semana - después de casi dos meses -, por fin se definió la “Ley del Empleo Juvenil”, para sus efectos de su derogatoria por parte del Congreso de la República, a través de una Legislatura Ordinaria que convocó  forzadamente ha pedido del Presidente OHT, y donde por mayoría abultada fue derogada, y hoy día aparece promulgada dicha derogatoria, es  una ley que de acuerdo a la Constitución ha sido promulgada por el mismo OHT. Como siempre, en el Perú no hay debate ni diálogo, donde se esclarezcan los contenidos y propósitos de las leyes como la del “Trabajo Juvenil”, a pesar que la Presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, la señora Martha Chávez, convocó no sólo a los miembros de dicha comisión, sino a todos los interesados en el proyecto, presentada por el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo envió este proyecto al Congreso bajo la responsabilidad de dos ministros: el de Economía, Alonso Segura, y el de Producción, Piero Ghezzi. Como se observará, en ese proyecto el ministro de Trabajo y Recursos Humanos, el congresista Fredy Otarola, por ningún lado aparece en principio comprometido con el proyecto de ley. Esto último era una evidente demostración que este ministro no participara en la redacción de dicho proyecto de ley, porque la futura ley había sido formulada entre el grupo de poder económico “CONFIEP”, presidida por el señor Alfonso García Miró Peschiera y el señor ministro de Economía, y después llamaron al joven ministro de la producción, para los toques finales del proyecto de ley del “Empleo Juvenil”. En síntesis, el señor ministro de Trabajo no estuvo presente en la discusión de la Comisión de Trabajo, ni en los preámbulos, ni en la formulación del proyecto de ley. Ello se explica, porque esta ley preparada (y no pensada), porque pertenece al acervo de la posición que los neoliberales tienen acerca de las fuerzas laborales; para ellos el trabajo no es un factor de producción, es un costo más en el gasto de las empresas, esta idea la han tratado de meter en la cabeza de las mayorías ciudadanas. La informalidad laboral sería exceso de mano de obra, como una experiencia fáctica por corregir. Nunca van a sentir y entender que el trabajo es un derecho humano, sostenido y fundamentado en lo que es el respeto a los derechos de la persona humana. Se olvida que fuerzas laborales en el Perú y en el mundo democrático, ha sido uno de los bastiones a favor de la lucha por la igualdad, la libertad y la solidaridad, principios que encarnan la estructuración de la democracia mundial. Lo que ocurre en el Perú, no es un hecho aislado, es parte de la política de la globalización, en que los organismos financieros internacionales, FMI y BM, entre otros, empujan a los gobiernos acompañados de las transnacionales y sus ministros de economía – que ellos imponen – en los llamados gobiernos soberanos y democráticos. Lo estamos viendo con España y algunos países más de la Eurozona, en lo que ellos se han sometido, a los designios de los fundamentalistas neoliberales y codiciosos hombres de los negocios en el mundo, donde no hay flexibilidad para las ganancias de las empresas, y el Perú por cierto no es la excepción. En Europa no hay informalidad laboral, allí hay paro laboral, desempleo, desocupación, esto  como consecuencia de la crisis internacional del sistema capitalista, que se inició en los Estados Unidos, a principios de la década pasada. La prensa concentrada en el  Perú del diario “El Comercio S.A.” y sus satélites,  han estado hasta el final a favor de la ley de marras, y han acompañado al “buen” OHT, para que no sea derogada. Derogada la ley, “El Comercio”, con su estilo de “sabio riguroso”, estuvo dedicado a defender la Ley del Empleo Juvenil, porque ellos se han vuelto desde estas últimas décadas, acompañantes ideológicos de los “académicos y promotores” del neoliberalismo. El editorial del diario “El Comercio” del día de ayer 27 de enero, lo adjuntamos para su conocimiento, ustedes observarán que todo lo que hemos dicho en este artículo, no quita ni aumenta la forma como defiende a su ley, el “venerable” diario de la calle la Rifa. Esperamos diálogos, cambios de puntos de vista sobre temas importantes, para el funcionamiento adecuado de la vida social, económica, y cultural, para cambiar por algo nuevo. Hay necesidad de detener las acciones invasivas e invasoras del diario “El Comercio” S.A. producto de su presencia de la prensa concentrada en los diarios escritos, digitales, radios y TV, pues, ellos acaparan el 70% de las comunicaciones nacionales.  Surco, 28 de Enero del 2015                                      Fernando Arce Meza Editorial: ¿Quién ahogó la ‘ley pulpín’? Diario “El Comercio”, 27 de Enero del 2015 Un gobierno políticamente torpe y varios partidos oportunistas se han traído abajo una medida positiva para el país. Por quitarles derechos laborales a los jóvenes, ayer una casi unanimidad de las bancadas reunidas en el Congreso optó por derogar la ‘ley pulpín’. Importó poco que, en la práctica, el 82,4% de los jóvenes en edad de ser afectados por el régimen de la norma trabaje en la informalidad y no tenga, por tanto, ninguna clase de derecho laboral. Importó poco, esto es, cuando se fueron sumando las marchas y, uno a uno, se fueron volteando los partidos y los políticos que en un primer momento la habían apoyado entusiastamente fuera del Congreso y dentro de él. Resultó ser la nieve lo que había hecho que el señor Pedro Pablo Kuczynski no solo apoyase en un inicio la norma, sino que incluso pidiese que se ampliase el rango de edad al que se aplicaría. Y el señor Alan García –que, por solo citar un ejemplo, en su gobierno implementó el contrato administrativo de servicios (CAS), que claramente flexibilizó los derechos laborales para cientos de miles de empleados estatales – empezó a hablar de un gobierno “enemigo de los jóvenes”. Y el señor Alejandro Toledo, quien promulgó durante su gobierno la ley mype, que también redujo los beneficios que tienen los trabajadores que laboran en estas empresas, empezó a rechazar a viva voz la “política del joven barato”. Y Fuerza Popular y Solidaridad Nacional dieron también su giro de 180 grados ni bien empezó a cantar el gallo de las protestas. Pocas veces se ha visto un espectáculo más evidente de partidos sin espina dorsal. Por mucho que los políticos tiendan al oportunismo acá y en China, tienden también a encontrar necesario el disimularlo. No esta vez. Desde luego, el gobierno puso lo suyo para que caiga derrotada esta reforma que, aunque insuficiente, significaba un valiente paso en la dirección correcta en el que, sin duda, es uno de los mayores obstáculos que tiene nuestra economía: el que tengamos uno de los 20 regímenes laborales más gravosos del mundo. La primera metida de pata vino desde el comienzo: no se intentó hacer una campaña en favor de la ley, que la explicase, que pusiese en evidencia la hipocresía de quienes hablan de la “inviolabilidad” de estos derechos cuando de hecho no existen para la mayoría de los peruanos, siendo solo el privilegio de los que trabajan en las empresas de mayor tamaño (en las que suele agotarse el espectro de la formalidad). Tampoco mejoró la cosa cuando, al comenzar el ruido en las calles, el gobierno optase por patear el asunto para adelante, esperando que simplemente la oposición pasara, en lugar de plantear una efectiva campaña de comunicación que tomase al toro por las astas y al menos lograse dejar sobre la cancha algunas ideas básicas sobre inversión, empleo y productividad. Finalmente, no fueron de ayuda los a menudo insólitos ataques con los que el presidente y varios ministros polarizaron el clima político, en lugar de buscar tender puentes y generar algún consenso con la oposición. Una innecesaria torpeza que, por lo demás, también ha salido a relucir muchas veces en el trato que el gobierno da a su propia bancada y que, habiendo tenido el costo de ir desmembrando a esta progresivamente, hizo aun más difícil que el presidente pudiese defender esta ley en el Congreso (solo desde el episodio de la elección por imposición desde Palacio de Ana María Solórzano como presidenta del Parlamento hasta la renuncia de Sergio Tejada este domingo, la bancada oficialista ha perdido 13 congresistas). Así fue como murió esta ley, que iba a hacer menos gravosa la formalidad en un país donde el 68,7% de la población está empleada informalmente y que, sin embargo, fue combatida por atentar contra derechos humanos y servir a la Confiep. Al lado de su cadáver no queda más que la victoria mentirosa de una serie de derechos que permanecerán humanos y universales solo en el papel, para contento y satisfacción de quienes no quieren incomodarse en ver lo que ocurre más allá de él.