Servindi, 31
de marzo, 2016.- Una delegación de 50 personas de la asociación Unión de
Comunidades Campesinas de influencia directa e indirecta afectadas por el
proyecto minero Las Bambas (UCCAMBA), procedente de las provincias de Grau y
Cotabambas, departamento de Apurímac, inició desde el 29 de marzo una huelga de
hambre indefinida en las afueras de la sede de la Defensoría del Pueblo, en
Lima.
El motivo de
la acción de fuerza es iniciar un diálogo directo con la empresa MMG Limited
–concesionaria del proyecto minero Las Bambas– para dialogar sobre el
incumplimiento de acuerdos internos firmados hace doce años.
La comitiva arribó a Lima el 8 de marzo, en una
marcha de sacrificio desde Apurímac. Desde entonces han intentado en
vano dialogar con MMG Limited, pues según refieren, los funcionarios de la
empresa solo quieren recibir a tres de los representantes campesinos.
“La empresa
se debe sentar con todos nosotros, no somos dos o tres comunidades, somos 47
las afectadas por ellos. Entonces no nos pueden pedir conversar a puerta
cerrada solo con algunos. Tenemos que estar todos presentes. De otra manera no
podemos conversar. Queremos hablar con la empresa de dueño a dueño. Nosotros
tenemos títulos de propiedad”, manifestó Rony Cabrera, representante de la
comitiva Chanka-Yanawara.
La
delegación espera que el Estado también intervenga y establezca las condiciones
para el diálogo con los responsables de la empresa minera de origen chino,
reportó la Red Muqui.
La comitiva
acudió la semana pasada a la comisión de Pueblos del Congreso de la República
donde la congresista Leyla Chihúan les aseguró que concertarían un mesa de
diálogo con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y otros
ministerios del sector.
Sin embargo,
el lunes 28 de marzo los representantes de las etnia Chanka-Yanahuara se
dieron con la sorpresa de que la posible reunión aún no había sido tramitada de
manera formal.
Cabrera
también declaró a la Red Muqui que días antes se acercaron a la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) sin obtener resultados positivos.
“Cuando
hemos ido a la PCM nos dijeron que ya existe una mesa de trabajo en la
provincia (Cotabambas) y que dialoguemos ahí, que esa es la única forma de ver
nuestro caso. Ellos (la PCM) no entiende que si estamos aquí es porque tenemos
acuerdos pendientes por parte de la minera desde hace años”, declaró el
dirigente Chanka.
“Esa mesa
(de trabajo) se ha postergado tantas veces que ya no creemos. Nuestra
problemática con la empresa viene de años atrás. No nos reconocen los acuerdos
de licencia social, ni los que hicimos con Xtrata Tintaya en el 2004, ni los de
Glencore en el 2010. Es por ello que ya no queremos a Las Bambas”, comentó
Cabrera.
La comitiva
acudió el martes 29 a la Defensoría del Pueblo donde fueron recibidos por la
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
Relación de comunidades campesinas Chanka-Yanawara:
Huancuiri,
Pumamarca, Sacsahuillca, Fuerabamba, Chuicuni, Ccasa, Huanacopampa,
Cchuanpirhua, Pamputa, Choqueca antuyo, Chumilli, Chicñahui, Quehuira, Manuel
Seoane Corrales, Carmen Alto-Challhuahuacho, Cconccacca, Arcospampa Congota,
Pabamba, Pisaccasa, Yuricancha, Huaruma, Andrés Avelino Cáceres, Chacamachay,
Pitic, Qqello, Allahua, Ccasacancha, Hulluyo, Asacasi, Payancca, Queuña,
Tambulla, Pararani, Huancuiri, Chila, Choaquere, Minascucho, Lahuani,
Chocoyo, Chuntahuillqui, Huarccoyo, Llamahuiri, Anta Anta, Patario,
Cuchuhuacho, Picosayhua, Juan Velasco Alvarado y Escorno.
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Esperan que el OEFA verifique daños ambientales
El dirigente
campesino, Rony Cabrera, informó a la Red Muqui que el organismo defensorial
recogió el testimonio de cada representante Chanka-Yanawara, y se comprometió a
solicitar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
corroborar los daños ambientales por parte de la actividad minera.
Ellos
esperan pronta respuesta del organismo fiscalizador para iniciar la toma de
muestras en las zonas afectadas.
La
delegación Chanka-Yanawara divulgó un comunicado en el denuncian la afectación
ambiental de sus territorios por el proyecto minero Las Bambas.
“Con la
actividad minera se está dando inicio a la destrucción de los ecosistemas en
las cabeceras de cuenca contaminando nuestros recursos hídricos y destruyendo
la actividad agroganadera y nuestra propia vida comunal, lo que se hace en
complicidad del Estado peruano, que en vez de hacer respetar el Convenio 169,
la Constitución y la Ley de comunidades campesinas, favorece a esta empresa
exploradora, habiendo aceptado la modificación unilateral y arbitraria del
Estudio Impacto Ambiental”, indica el comunicado.
A pocos días de su llegada a Lima, en busca de un lugar donde pernoctar. Foto: Servindi
Antecedentes del descontento
Los reclamos
de las comunidades campesinas se remontan a los tiempos en que la empresa suiza
Xstrata estaba a cargo del proyecto Las Bambas.
Según
refieren los delegados comunales los acuerdos con la empresa fueron firmados en
el 2004 por adultos mayores de las comunidades que no hablaban español y que
además eran analfabetos. Por estas razones, uno de los pedidos de las
comunidades es anular los acuerdos de licencia social para el funcionamiento de
la empresa.
Los
compromisos pactados con las comunidades se refieren a procesos de reubicación
e implementación de servicios básicos, entre otros.
Luego que el
proyecto minero pasara a manos de Glencore (Suiza), nuevamente las comunidades,
firmaron un convenio en el 2013 en el que la empresa se comprometió a brindar
beneficios relacionados a la educación.
Con el paso
del tiempo, la actual concesionaria del proyecto, la empresa MMG Limited, ha
desconocido los acuerdos, y las comunidades han perdido toda posibilidad de
contar con estos beneficios que forman parte de la licencia social para llevar
a cabo el proyecto en la zona.
Sumado a lo
anterior está el cambio al plan original de construcción de Las Bambas lo cual
generó el conflicto que estalló en setiembre de 2015, y en el que hubo tres
muertos durante las protestas cercanas al campamento.
La comitiva
comunal espera iniciar un diálogo directo que permita establecer condiciones
más justas para la explotación minera, donde la comunidad tenga poder de
decisión en las actividades sobre sus territorios y beneficios más visibles e
inmediatos.
Las 47
comunidades sostienen que las actividades mineras en la zona han generado
contaminación en sus territorios. Esto explica la desaparición de variadas
especies de cultivo y que sus animales también sufran con la contaminación de
las fuentes de agua.
Dato
- El reclamo
de la comitiva representante de 47 comunidades campesinas corresponde a
acuerdos directos con la empresa. La Mesa de Trabajo de Cotabambas establecida
por el Ejecutivo, es un proceso aparte del que los Chankas-Yanahuara también
forman parte.
- Las 47
comunidades agrupan a un aproximado de 40 mil pobladores. Todas ellas
pertenecen a todos los distritos de la provincia de Cotabambas y a tres de
Grau, en un radio de influencia, cuya extensión comprende unas 60 mil
hectáreas.
- Las
actividades económicas principales son la agricultura, la ganadería y la
minería artesanal.
- Son 30 los
representantes comuneros que acatan una huelga de hambre al no lograr acceder a
un diálogo con la empresa minera MMG Limited, de capitales chinos.
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