Amy
Goodman y Denis Moynihan
Ha pasado más de un año desde que
el Presidente Barack Obama reconoció que “inmediatamente después de los
atentados del 11 de septiembre hicimos cosas equivocadas. Hicimos muchas cosas
bien, pero torturamos a algunas personas”. El gobierno del predecesor de Obama,
el Presidente George W. Bush, diseñó cuidadosamente los fundamentos jurídicos
para permitir lo que denominó “técnicas mejoradas de interrogatorio”, que no es
más que un eufemismo para referirse a la tortura. Del complejo carcelario de
Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo a los calabozos de Abu Ghraib en Irak
y la base aérea de Bagram en Afganistán, cientos, quizá miles de personas
fueron sometidas a tortura en nombre de la “Guerra contra el terrorismo”. A
excepción de algunos soldados raso en Abu Ghraib, ninguna persona ha sido
responsabilizada de esto. La única persona de jerarquía enviada a prisión por
el programa de torturas fue John Kiriakou, no por haber practicado la tortura,
sino por haberla denunciado como informante.
La apariencia legal con la que se
cometieron estos actos atroces se fundó en gran medida en la cooperación de
psicólogos profesionales que capacitaron y asesoraron a los interrogadores y
supervisaron el proceso de “quebrar” de los prisioneros. Esta cooperación, a su
vez, requirió la aprobación oficial de la Asociación Estadounidense de
Psicología (APA, por sus siglas en inglés), la mayor organización de psicólogos
profesionales del mundo. En 2006, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría
junto con la Asociación Estadounidense de Medicina prohibieron que sus miembros
participaran en interrogatorios militares. No así la APA.
Este mes, la APA publicó un
sorprendente informe independiente que confirma lo que denunciantes y
psicólogos disidentes han sostenido durante casi diez años: que la APA conspiró
con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA para manipular las
políticas, reuniones y a los miembros de la asociación para lograr que la APA
aprobara el programa de tortura del Pentágono. La junta directiva de la
asociación encargó el año pasado la realización de una investigación
independiente al ex fiscal federal adjunto David Hoffman. El informe de 542
páginas, conocido como “El informe Hoffman”, desmiente lo que la APA había
afirmado en varias oportunidades: que ninguno de sus 130.000 miembros había
sido cómplice de tortura.
Uno de los psicólogos disidentes
es Stephen Soldz, catedrático de la Facultad de Psicoanálisis de Boston y
cofundador de la Coalición por una Psicología Ética. “Desde al menos 2005 ha
habido un gran debate en la asociación y entre colegas de la profesión acerca
de la participación de psicólogos en los interrogatorios de seguridad nacional
y en la práctica de la tortura", dijo Soldz en Democracy Now! tras la
publicación del informe. Soldz añadió: "La asociación lo ha negado. El
informe dice que la asociación se equivocó, los denominados disidentes, los
críticos teníamos razón. El informe concluye fundamentalmente que hubo una
conspiración que duró varios años entre los líderes de la asociación y
representantes de agencias de inteligencia del Gobierno de Bush: el
Departamento de Defensa y la CIA”.
El informe Hoffman investiga las
prácticas de un grupo de trabajo clave creado por la APA, el Grupo
Presidencial de Trabajo sobre Ética Psicológica y Seguridad Nacional, también
conocida como Grupo de Trabajo PENS. El grupo fue creado en 2005 y, en teoría,
debía reunirse para establecer las normas éticas para los psicólogos que
supervisaban los interrogatorios. Después de solo dos días y medio de
deliberaciones, el grupo concluyó que los psicólogos estaban desempeñando un
“papel valioso y ético” en su colaboración con las fuerzas armadas. El grupo
PENS alentó a la APA “a garantizar que las actividades de los psicólogos
relacionadas con la seguridad nacional son seguras, legales, éticas y
eficaces”. Posteriormente se reveló que seis de los nueve miembros del grupo
con derecho a voto eran funcionarios militares o de agencias de inteligencia
con vínculos directos con los interrogatorios llevados a cabo en Guantánamo y
otros lugares.
Jean María Arrigo, miembro del
Grupo de Trabajo PENS afirmó en Democracy Now!: “Valoro que me diga que me
invitaron para participar. En realidad, me nombraron para engañarme”. Arrigo
fue la primera persona que denunció al grupo de trabajo como una legitimación
de la tortura. Arrigo añadió: “La manipulación comenzó desde el principio. Por
ejemplo, me sentaban, no aleatoriamente ni por elección propia, entre Morgan
Banks, director del Equipo de Asesoramiento en Ciencias del Comportamiento
(BSCT) y el ahora presidente de la APA, Barry Anton, que era entonces el
vínculo entre la junta directiva de la APA y el grupo de trabajo”. Arrigo explicó
que el grupo de trabajo era básicamente dirigido por psicólogos del Pentágono,
algunos de ellos incluso vestidos de uniforme. A pesar de que se le pidió que
no tomara notas, igualmente lo hizo y desde entonces creó los archivos del
Grupo de Trabajo PENS en la Universidad de Colorado, Boulder. A Arrigo se le
mintió sobre el proceso deliberativo del grupo PENS al sugerirle que en
reuniones futuras abordarían sus preocupaciones acerca de la tortura.
El informe Hoffman está teniendo
fuertes repercusiones en la APA. El director de la Oficina de Ética de la APA,
Stephen Behnke, considerado el “jefe” de la conspiración entre la APA, el
Pentágono y la CIA, ha sido destituido. Además, esta semana se jubilaron
sorpresivamente el director ejecutivo de la APA, el Dr. Norman Anderson; el
subdirector ejecutivo, el Dr. Michael Honaker; y la jefa de comunicaciones,
Rhea Farberman.
Cuando le pregunté a Stephen
Soldz si se deberían presentar acusaciones formales, respondió: “Se demostró
que estas personas y las demás estuvieron muy involucradas en la conspiración.
Trabajaban con Behnke, eran informadas de lo que Behnke hacía, lo ayudaron,
ayudaron a seleccionar a los miembros del grupo de trabajo PENS, trabajaron en
las políticas y socavaron sistemáticamente la voluntad de los miembros. Debería
haber una investigación judicial”. Soldz está instando a que el FBI y el
Departamento de Justicia inicien una investigación. Mientras tanto, Stephen
Behnke, el director de ética de la APA que fue destituido esta semana, ha
contratado como abogado al ex director del FBI Louis Freeh.
Amy Goodman es la conductora de Democracy
Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800
emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es
co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios
en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde
Diplomatique Cono Sur
Traducción
al español del texto en inglés: Mercedes Camps
Edición:
María Eva Blotta y Democracy Now!
En
español,spanish@democracynow.org
de: Democracy Now! en Español -
Columna de Amy Goodman
fecha: 17 de julio de 2015, 18:13
asunto: Tortura e impunidad en la
Asociación Estadounidense de Psicología
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