Puerto
Lázaro Cárdenas - México
13/09/2017
Opinión
Desde finales de los años 80, ante las amenazas a
su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha
venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de
territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. Como las
dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU
en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan
intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas
privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica
instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos
geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de
infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías
de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).
Desde entonces asistimos a una nueva fase de
acumulación capitalista que remite a la acumulación originaria descrita
por Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la
depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado
“acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y
reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una
mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como
mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados
al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad
ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable,
diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo
regímenes de semiesclavitud.
Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la
acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades,
y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus
contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio.
En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas
veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del
capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la
ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de
otros.
Lázaro Cárdenas: un ejemplo
Un caso paradigmático era el de Los Caballeros
Templarios, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las
operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por
razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo
control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).
Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia
geopolítica en disputa entre EU, Canadá y China –con eje en la pelea por
materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el
segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano
Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.
Asiento de uno de los puntos principales de la
industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red
multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana
que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional. En sus
muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado
nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en
la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del
rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada por la
empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través
de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera
norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una
conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas
City.
El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como
una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar
iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo
2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres
Zonas Económicas Especiales (ZEE). Publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a
la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.
Sus escenarios principales serán el puerto de
Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y
la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero),
en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico
Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de
Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor
petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche,
pasando por Tabasco.
Enclaves productivos de exportación
Promovidos por el Banco Mundial (BM), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Universidad de Harvard, y con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en
las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves
productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en
empresas maquiladoras.
Las inversiones incluirán importantes autopistas
(como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla
Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del
Ferrocarril del Istmo.
En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex)
informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor
Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros
enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos,
Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en
Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por
otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de
gas natural. Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos
y 13 oaxaqueños, fueron proyectados hacia la costa oeste de Estados
Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos
en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para
cruzar por el canal de Panamá.
Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la
creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas.
También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto
Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal
oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El
proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que
involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con
asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través
del Buró de Recursos Energéticos.
Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero,
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en
biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y
etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital.
Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de
propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente
de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas
y las culturas locales.Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al
menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12
estados con previsiones de gas o petróleo.
El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular
de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
(AFDZEE). El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de
gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares
energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras
mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas),
Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana
(Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego
(Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra
Energy/KKR).
Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de
2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y
Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en
Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las
manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos
internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión;
distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas
turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o
cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de
varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema
jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.
En el caso mexicano el proyecto pretende formar
zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de
impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva
sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las
mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales
propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por
productividad y desarrollo de conocimientos.
Carlos Fazio, escritor, académico de la UNAM y la UACM.
Periodista de investigación, colaborador del diario La Jornada de México
y el semanario Brecha de Montevideo.
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Artículo
publicado en la Revista América Latina en Movimiento: Los territorios de la guerra
11/09/2017
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