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Por: Nicolás Lynch
9. 01. 2020
Las últimas
acciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu),
han tenido gran cobertura, generalmente muy positiva, en los medios de
comunicación pero pocos comentarios analíticos acerca del origen y las
consecuencias de estas acciones de control.
Se trata en
su mayoría de acciones de regulación de instituciones de educación
universitaria. La regulación consiste en verificar si determinada institución
cumple con las condiciones que la ley y su estatuto señalan para el desarrollo
de las actividades de enseñanza, investigación y proyección social. Estas
acciones se dan en un sector donde reinaba el caos y en muchos extremos la
estafa a cientos de miles de estudiantes y padres de familia, que han buscado
en los últimos veinticinco años ser profesionales para tener un futuro en la
vida. Las acciones de regulación han dispuesto hasta hoy el cierre de 32
universidades y dos escuelas de posgrado, de estas 31 universidades son
privadas, en su abrumadora mayoría con fines de lucro y una es pública.
Es
importante recordar que la labor de regulación actual busca enfrentar los
desatinos de la primera intervención estatal que se produjo en 1996, durante la
dictadura de Fujimori y Montesinos, cuando se aprueba el Decreto Legislativo
882, sobre la promoción de la inversión privada en la educación. Este motiva la
creación de más de 92 universidades privadas, la mayoría con fines de lucro,
hasta que se prohibió temporalmente la creación de las mismas el año 2012.
La
regulación es una función indispensable en cualquier sistema universitario moderno,
para que éste tenga, no solo “las condiciones básicas de calidad” como dicen
los tecnócratas de turno, sino “la más alta calidad académica” como postulamos
los universitarios. No estamos, entonces, en contra de la regulación, sobre
todo cuando se trata de enfrentar el caos al que nos llevó la estafa promovida
por el fujimorato. Pero sí de la confusión de regulación con intervención,
cuando la Sunedu transita de cerrar antros que pasan por universidades a meter
mano en instituciones, principalmente públicas, que lideran la producción de
conocimientos.
Es clave
entonces señalar que esta es la segunda gran intervención del Estado en la
educación universitaria en los últimos años, desarrollada a partir del año 2014
en que se aprueba la ley 30220. Esta ley, cuyo proyecto inicial hacía síntesis
de muchas propuestas reformistas de años y décadas anteriores, es asaltada a
último momento por un grupo de tecnócratas neoliberales que impone la Sunedu
como órgano regulador. Se trata, de una segunda gran intervención hecha para
reparar el fracaso de la primera, pero que privilegia el control político del
sistema universitario y afirma el carácter externo de las instituciones
reguladoras frente a la universidad.
Al efecto,
se ha querido decir que los que criticamos la Sunedu estamos a favor de la
antigua Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Nada más falso, el que la ANR haya
sido un organismo universitario no es ningún mérito en sí mismo. Además, la ANR
no fue creada como ente de regulación sino de coordinación y cuando se le
quisieron agregar más funciones, como fue el caso de la Comisión Nacional de
Autorización de Funcionamiento Universitario (CONAFU) fracasó estrepitosamente.
El problema estaba en su composición, como reunión de todos los rectores del
país, que desarrollaban de inmediato intereses personales y a lo sumo
corporativos, perdiendo de vista al sistema y al país. Por ello, el proyecto
inicial de lo que luego fue la 30220, planteaba un Consejo Nacional de
Universidades, como un consejo de expertos surgido del propio mundo
universitario. En suma hacer la regulación por una instancia universitaria y
por lo tanto legítima para los regulados.
La
característica central de la Sunedu, en cambio, es ser un órgano extra
universitario, ajeno a la universidad como tal, a sus tradiciones y a su
historia y, lo que es peor, con un proyecto contrario a las mismas. El concepto
de fondo que respalda esta exterioridad es la llamada “rectoría del Estado en
la educación universitaria” que se le asigna al Ministerio de Educación. Esta
rectoría se ha tornado en un concepto peligroso porque los tecnócratas han
pasado de concebirlo no solo como la supervisión del cumplimiento de un
conjunto de políticas de Estado en el sector, sino como una intromisión en los
detalles del quehacer universitario que es donde encuentran su poder. Para
ello, la Sunedu tiene una composición decidida por el Ministerio de Educación.
Por supuesto que hay de por medio una burla de concurso, en el que el propio
ministerio califica a los postulantes y luego estos son evaluados por el
Consejo Nacional de Educación, también elegido por el Ministerio de Educación.
Es decir, todo queda en casa.
Estas dos
intervenciones del Estado están marcadas por la privatización. En el primer
caso el impulso a la privatización abierta con la autorización para crear
instituciones privadas con fines de lucro. Esta intervención ha tenido como
resultado que en la actualidad el 75% de la matrícula universitaria esté en
manos privadas, mientras que la pública se ha reducido al 25%. En el segundo,
con la privatización encubierta con programas como beca 18, que da más de mil
millones de soles al año a un grupo de universidades privadas, aproximadamente
el 40% del presupuesto del total que el Estado brinda a las 51 universidades
públicas.
Esta
situación de intromisión se agrava con la abierta intervención de la Sunedu en
las universidades públicas ya licenciadas, en las que pretende aprobar cada
modificación de los planes de estudio, potestad que ninguna ley le otorga pero
que sus funcionarios, en su abrumadora mayoría tecnócratas de universidades
privadas y con singular ignorancia en temas de educación universitaria, se
toman como propia.
En esta
situación la tríada: autonomía, democracia y gratuidad; que son las tres
columnas que le dan sentido a la universidad moderna, como universidad pública,
están ausentes en el Perú. La autonomía es la víctima fundamental. La
universidad ya no puede tomar sus propias decisiones, ahora depende de una
última instancia extra universitaria que es la Sunedu. Esta condición central
para la producción de conocimientos es seriamente mellada. El gobierno
democrático sin autonomía pierde su razón de ser, ¿sobre qué va a decidir si
hay una instancia que puede corregirlo? Por último, el peligro de que
desaparezca la gratuidad, al reducirse drásticamente el dinero que da el Tesoro
Público y crecer programas como Beca 18, crece también la tentación del
autofinanciamiento y finalmente del cobro de pensiones.
La Sunedu,
entonces, en su concepto extra universitario, pone en riesgo a la universidad y
podría presagiar su desaparición como productora de conocimientos.
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