Irene León
ALAI AMLATINA, 12/08/2016.- Una corporación
transnacional, de las más poderosas del mundo: Chevron (Texaco), se queja de
haber sido víctima de trato injusto, denegación de justicia y otros maltratos,
por parte del Ecuador de tiempos neoliberales y por esos reclamos, de hechos
que alega sucedieron entre 1964-1992, justamente, cuando los gobiernos
colocaban los intereses corporativos por encima de las prioridades nacionales,
el país se vio obligado a pagarle $112 millones de dólares USA, el pasado julio
2016[i].
La transnacional, luego de haber causado
significativos daños ambientales en la Amazonía, invirtió la responsabilidad y
con insospechados argumentos, impuso a la República del Ecuador, es decir al
pueblo y sus instituciones, una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje
de la Haya (2009)[ii], acusando al país
de causarle perjuicios extendidos en un cierto lapso de tiempo.
Pero, esta es la misma transnacional que,
en un caso precedente[iii] (2003-2011),
conocido como el de “los afectados”, fue inculpada por daños a poblaciones
amazónicas y sentenciada, en instancias nacionales, a indemnizar con una suma
de 9.500 millones de dólares a los demandantes, unas 30.000 personas. Sentencia
incumplida por la transnacional que más bien vuelve a la carga acusando a estas
comunidades indígenas y campesinas de extorsión.
Ha esquivado también la sentencia a pedir
perdón a las comunidades amazónicas por los agravios causados, sin lo cual el
dictamen estipulaba un resarcimiento adicional de 8.500 millones de dólares.
Al contrario, más bien parece abrigar la expectativa de que el país le
pida perdón en el marco del arbitraje.
La demanda de arbitraje de la Chevron a
Ecuador contiene elementos tanto para eludir su responsabilidad en el caso de
‘los afectados’, como para coartar las políticas de soberanía energética,
productiva y económica enunciadas en el país. Pues el arbitraje extrajudicial,
preferido por las corporaciones, por considerarlo ‘expedito’ y distante de los
‘rudimentos’ de la legislación internacional, exige a los países renunciar a
sus prerrogativas nacionales y en casos hasta internacionales.
Más aún, como señala el experto Gus Van
Harten[iv], sólo las
corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos apenas pueden
defenderse, en medio de procesos que no son independientes, ni transparentes y
cuyos procedimientos no son claros. Ejercen, además, gran influencia en la
selección de los árbitros, en la sede de los arbitrajes y otros elementos, que
optimizan las condiciones para la obtención de reiterados resultados en su
ventaja.
Esto es manifiesto en la demanda de Chevron
contra Ecuador, donde las variantes de ‘procedimiento’ comprenden la inclusión
constante de nuevos elementos, la ‘subdivisión’ de problemáticas e incluso un
‘reinicio’, que le permitió agregar alegatos a la demanda en curso, mientras
que, durante años, la defensa de Ecuador no obtuvo respuesta a sus
requerimientos, a tal punto que, luego de un cúmulo de solicitudes sin
respuesta, el país se vio obligado a solicitar, sin éxito, la cesación de
algunos de los árbitros[v].
Asimismo, la definición de ‘perjuicio’ o de
‘injusticia’ con la que la corporación formula su demanda, no refiere a las
conocidas conceptualizaciones de desigualdad o injusticia apegadas a los
principios de derechos humanos, sino que apunta a alguna perturbación del
privilegio de ‘trato más favorable’ para la inversión, el comercio y la
rentabilidad, que se ha posicionado como argumento inapelable en los tribunales
de arbitraje internacional.
La sede del arbitraje es Estados Unidos,
país reconocido por una importante simbiosis entre la economía corporativa y el
mundo político. Para ilustrar con un ejemplo, citado por Alejandro Teitelbaum[vi], autor de una
importante obra sobre transnacionales, derechos humanos y democracia,
mencionamos el caso de la ex secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza
Rice, miembro de varias corporaciones, cuyos servicios en el directorio de
Chevron fueron tan apreciados que quisieron ponerle su nombre a un importante
buque.[vii]
Pero este no es un caso aislado, numerosos
estudios y seguimientos de caso arrojan datos y cifras sobre cómo el conjunto
de ‘Mecanismos de solución de controversias’ contemplan, en palabras de la
estadounidense Lori Wallach, “especiales privilegios y derechos solo para unos:
los inversionistas extranjeros, a quienes se les otorga más poder que a la
ciudadanía y a los gobiernos”[viii],
Son parte de esta arquitectura del comercio
transnacional los acuerdos de inversión, tales como el Tratado Bilateral de
Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos[ix], bajo cuyo paraguas
mercantil Chevron argumenta su demanda de arbitraje y alega ser víctima de
denegación de justicia, de una supuesta colusión intersectorial y otros. Pero
se trata, a todas luces, de una aplicación retroactiva, pues el TBI firmado en
1993 sólo entró en vigencia en 1997, mientras que la compañía se retiró del
país en 1992.
Es por ese tipo de sesgos reiterados, que denotan el afán excesivo de
velar por la plena seguridad jurídica de
las inversiones realizadas por las multinacionales, colocando a los Estados
receptores y a sus pueblos en un segundo plano, que más que de ‘reglas’ de
comercio transnacional se habla de una ‘arquitectura jurídica de la impunidad’[x].
El poder en toda su amplitud
Chevron figura entre las mayores
transnacionales del mundo, sólo sus ingresos operativos y ventas en el 2015
ascendieron a $129.900'000.000,00 dólares USA[xi], equivalente a
tres veces y media el presupuesto nacional ecuatoriano de ese mismo año,
US$36.317 millones[xii], 16 veces el
presupuesto de salud. Y eso que, debido a la depreciación del petróleo en el
mercado mundial, 2015 no fue un año tan bueno para la transnacional, comparado
con el 2014, cuando sus ingresos operativos fueron de $200.500’000.000,00 USA[xiii], es decir cinco
veces y media más que el mencionado presupuesto anual del país.
Su poderío se expresa en una amplia
expansión por el mundo y a operaciones estratégicas y fusiones, como la
ocurrida el 2000 con Texaco. Esta práctica de poder y estrategia
integral, son patentes también en la estrategia de la demanda arbitral contra
Ecuador, cuyos componentes comunicacional, económico y político, actúan como
complemento de una ofensiva legal sin barreras.
Es más, la amplitud de acciones deja
entrever que la demanda de arbitraje es apenas una parte, de una movida
estratégica relacionada con geo economía petrolera. Un indicio: el petitorio
formulado al gobierno de Estados Unidos en 2012 para que se suspenda las
ventajas arancelarias al Ecuador, como medida de presión indirecta.
En el proceso de arbitraje, mientras acusa
a Ecuador de ‘colusión’ entre gobierno y pueblo afectado y censura su eventual
encuentro, la transnacional desborda el claustro arbitral cuando lo requiere,
fustiga a las instituciones ecuatorianas y a sus voceros con adjetivos varios.
Las palabras 'corrupción', 'fraude', 'coaligados', son incluso argumentos de la
demanda. Eso se refleja en una sostenida acción comunicacional de descrédito
del país, que incluso el autor Orlando Pérez la asocia con la estrategia de
golpes blandos[xiv].
Ecuador por su parte, en desigualdad de
condiciones, se ha movido con circunspección, quizá buscando precautelar su
reputación, frente a una multiplicidad de ardides, a través de los cuales ha
operado un desplazamiento desde su situación de víctima hacia el banquillo de
los acusados. Es una defensa 'defensiva' y disciplinada a los condicionamientos
del mecanismo arbitral.
Aun así, ¿hay otra salida? ¿se puede
revertir el escenario arbitral, máxime si persisten situaciones pendientes?
¿se puede plantear un restablecimiento de equilibrio, a la luz de nuevas
evidencias que muestran la lesión causada al Ecuador?
Abundante bibliografía, con significativas credenciales
académicas, sustenta los sesgos del sistema arbitral y de los tratados de
inversión, como los que presenta la transnacional para acusar al Ecuador. Está
en debate igualmente el desbalance de un sistema injusto, que prioriza la
seguridad de las inversiones privadas y coloca a los países como concurrentes
de menor rango, que deben defenderse, por fuera del amplio acervo de
legislación internacional y de derechos humanos, como si las cuestiones de
soberanía fueran sólo un malentendido de términos contractuales.
Una demanda internacional extrajudicial
contra la República no es un juicio cualquiera, pues a más de la soberanía,
tiene que ver con geo economía y geopolítica petrolera. En otras palabras, es
una cuestión de Estado, que impacta al pueblo y sus instituciones, que deberían
comprometerse en una estrategia sostenida de defensa integral y
multidisciplinaria.
Además, Ecuador tiene para defenderse no
sólo la evidencia de un ecocidio[xv], que produjo
consecuencias irreversibles en uno de los entornos más biodiversos del mundo,
sino que en los 24 años transcurridos luego de la partida de la transnacional,
un remanente de unas 800 piscinas de residuos tóxicos al descubierto,
contaminaron agua, aire y tierra, impidieron prácticas agrícolas, sustrajeron
el disfrute del hábitat, causaron enfermedades, y otros.
Y eso sólo es una parte de las
consecuencias ulteriores de una mala práctica ambiental deliberada, pues como
lo señala el Presidente Rafael Correa, en esa época ya existían tecnologías
para evitar estos ecocidios y el de Lago Agrio es 85 veces mayor al causado por
la British Petroleum en el Golfo de México[xvi] (2010), que
beneficio de defensa inmediata del Presidente del afectado Estados Unidos y
obtuvo reparación.
Y justamente, es determinante desde la
mirada geopolítica, especialmente de defensa de la soberanía, la exposición
documentada de hechos y cifras, para mostrar al mundo las evidencias de la
contaminación, que amparado por el mandato constitucional de defender pueblo,
soberanía y territorios ha realizado el Presidente Correa. Esto marca un hito
histórico, que empina el sentido de responsabilidad en la gestión de Estado, de
modo inverso a la tendencia obsecuente de gobernantes anteriores, que actuaron
más bien como auxiliares de las corporaciones foráneas.
Estos hechos han movido ampliamente a movimientos sociales,
personalidades, diversos actores sociales del mundo, quienes se han expresado y
en casos hasta se han movilizado, para defender al Ecuador de esta perversa
inversión de papeles. Asimismo, numerosas instituciones, Congresos nacionales,
instancias internacionales, y hasta la OPEP, han emitido su solidaridad con el
país.
El pago, los embargos y otras confusiones
Chevron utiliza sin ambages argumentos del
‘caso afectados amazónicos’ para sustentar el arbitraje, sostiene que este caso
vulnera el mencionado Tratado Bilateral de Inversiones; pide al país ordenar el
cese de las acciones emprendidas por esas comunidades en otros países, es más,
denuncia como un incumplimiento de laudos arbitrales, que el gobierno no anule
la sentencia de Lago Agrio[xvii] y no coarte las
acciones subsecuentes de los amazónicos[xviii], pero en
contradicción con esto acusa como fraudulento cualquier intercambio entre
nacionales.
Tan es así, que en el reciente incidente
del pago de $112 millones USA, que el país se vio obligado a sufragar a la
transnacional, por un laudo arbitral sobre denegación de justicia, cundió la
confusión. Pues a más del arbitraje, la transnacional sostiene una maraña de
juicios y apelaciones, en distintas partes, para eludir el pago que ella sí
tiene pendiente con los indígenas y campesinos amazónicos.
Estos últimos, por su parte, en la busca de
mecanismos para hacer respetar la sentencia a su favor, interpusieron un
embargo sobre los bienes de la Chevron en Ecuador y otros países. Por eso,
cuando se anunció el pago del Ecuador a la Chevron, los amazónicos reclamaron
el monto del arbitraje como un abono a los 9.5 mil millones que la
transnacional les debe.
Por otro lado, también la Chevron
pretendía, a su vez, un embargo de bienes ecuatorianos, para capturar el monto
antes descrito y evadir su responsabilidad con los amazónicos. Por lo que los
indígenas y campesinos amazónicos tuvieron que levantar el embargo en Ecuador,
ante la consideración de que ellos son parte de este país y que cualquier
confiscación de los bienes nacionales no constituye un resarcimiento para
ellos, ni para el pueblo ecuatoriano, sino al revés.
En síntesis, la Chevron no solo sale más
que bien librada, sino que ha logrado trasladar al país de su papel de víctima
al banquillo de los acusados y, además, el Ecuador ha pagado a la Chevron y no
al contrario. Y, este laudo arbitral es sólo un componente de una demanda más
amplia aún en curso.
El país está inmerso en la trampa de un
sistema arbitral, que tiene más relación con los negocios de las
transnacionales que con sistemas de justicia, y para salir urge refrescar la
estrategia de defensa, con una mirada más integral que nunca, donde todo apunte
a defender al pueblo y su soberanía y para eso cada ecuatoriano/a cuenta, cada
gesto de coherencia cuenta.
- Irene León es socióloga ecuatoriana.
[i] Entre 91 y 93 Texaco (Chevron) planteó
siete demandas comerciales a Ecuador, por hechos sucedidos en décadas
anteriores. En 2016 la Corte federal de Washington ratificó una sentencia de
denegación de justicia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya, que
conminó al país a pagar $96.3 millones de dólares USA más intereses a la
transnacional.
[ii] Permanent Court of Arbitration, PCA Case
No. 2009-23: 1.Chevron Corporation and 2. Texaco Petroleum Company v. The
Republic of Ecuador, https://pcacases.com/web/view/49
[iii] Juicio 2003-0002, Corte de Justicia de
Sucumbíos, Juez Nicolás Zambrano, febrero 2011. http://www.redibec.org/pdf/sentencia_TEXACO.pdf
[iv] Gus van Harten, Five Justifications for
Investment Treaties: A Critical Discussion, York University - Osgoode Hall
Law School, 2010, Canadá, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1622928
[v] Diego García Carrión, Caso Chevron:
defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión,
Procuraduría General del Ecuador, Gestión 2008-2015, Ecuador, 2015
[vi] Alejandro Teitelbaum, Al Margen de la Ley: Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. ILSA, Bogotá: 2007, pg 86
[viii] Transnational Institute, Laurie Wallach, Public
policies under attack, Netherlands:2015, https://www.tni.org/es/node/22496
[ix] SICE, Tratado entre la República
del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y la protección de
inversiones, http://www.sice.oas.org/bits/usaec_s.asp
[x] Juan Hernández Subizarreta y Pedro
Ramiro, Contra la lex mercatoria: Propuestas y alternativas para desmantelar
el poder de las transnacionales, ICARIA, España 2015
[xi] Chevron, 2015 Annual Report, https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf
[xii] Ministerio de Finanzas, Proforma
del Presupuesto General del Estado, República del Ecuador 2015, http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Proforma-del-PGE-2015.pdf
[xiv] Orlando Pérez, Director de El
Telegrafo, co autor del libro La verdad no contamina, El Telegrafo,
Ecuador, 2014, estima que la campaña de comunicación de Chevron, asociada a la
estrategia de golpes blandos, cuesta unos 700 millones de dólares USA, http://ecuadorinmediato.com/index.phpmodule=Noticias&func=news_user_view&id=2818759511&umt=orlando_perez_estrategia_comunicacional_chevron_forma_parte_golpes_estado_blandos_audio
[xv] Son 80.000
toneladas de residuos petrolíferos vertidos entre 1964 y 1992, en un entorno de
unas 500.000 hectáreas, en Lago Agrio, Amazonía ecuatoriana.
[xvi] En 2015 la British Petroleum se
comprometió a indemnizar US$20.800 millones, por el derrame de 4.9 millones de
barriles de crudo en el Golfo de México en 2010 http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html,
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/05/actualidad/1444070551_444278.html
[xviii] Según la Chevron, las cosas son así: “On
February 7, 2013, the Tribunal issued its Fourth Interim Award in which it
declared that the Republic of Ecuador “has violated the First and Second
Interim Awards under the [BIT], the UNCITRAL Rules and international law in
regard to the finalization and enforcement subject to execution of the Lago
Agrio Judgment within and outside Ecuador, including (but not limited to)
Canada, Brazil and Argentina.” The Republic of Ecuador subsequently filed in
the District Court of the Hague a request to set aside the Tribunal’s Interim
Awards and the First Partial Award (described below), and on January 20, 2016,
the District Court denied the Republic’s request.” Chevron, 2015 Annual
Report, pgs 50-53 https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf
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