PORQUE PERDIÓ EL PROGRESISMO LIBERAL EN CHILE

 

I

PORQUE PERDIÓ EL PROGRESISMO LIBERAL (Boric-Jara) EL PROGRESISMO NO ES IZQUIERDA, SON NEOLIBERALES Debemos construir una oposición Clasista, Soberanista, Patriótica sin el Progresismo neoliberal #Eleccioneschile2025 #Elecciones2025 #Presidenciales2025 Servel Allende

JORGE GALVEZ

@jorgegalvez2021

PORQUE PERDIÓ EL PROGRESISMO LIBERAL (Boric-Jara)

1.       Dio perdonazo a ISAPRES 1.250 mil millones dólares que pertenecían a los trabajadores

2.      Militarizó las tierras Mapuche y encarceló a dirigentes

3.      Aprobó el TPP 11 entregando la Soberanía a las multinacionales

4.      Mantuvo intacto el CAE universitario

5.      Entregó el Litio a Ponce Lerou yerno de Pinochet

6.      Justifico las agresiones a los gobiernos de Izquierda, Cuba, Nicaragua y Venezuela

7.      Apoyó a los nazis de Ucrania de Zelenski

8.      Se alineo con imperialismo estadounidense

9.      Robaron a destajo con las fundaciones truchas

10.    Mantuvo y profundizó el modelo neoliberal

EL PROGRESISMO NO ES IZQUIERDA, SON NEOLIBERALES

Debemos construir una oposición Clasista, Soberanista, Patriótica sin el Progresismo neoliberal

 

II

¿CÓMO PASAMOS DE LA REVUELTA A LA ULTRADERECHA EN SOLO SEIS AÑOS?

Sábado 13 de diciembre | Edición del día

Benjamín Vidal

 

En este artículo analizamos cómo la poderosa irrupción popular del 2019 fue encauzada hacia salidas institucionales que desactivaron su potencial transformador, desde el Acuerdo por la Paz hasta los procesos constituyentes fallidos. Sostenemos que la administración del “mal menor” —culminada en el gobierno de Boric— no contuvo a la ultraderecha, sino que creó las condiciones para su fortalecimiento, siendo el candidato Kast quién probablemente sea elegido presidente. Frente al avance de las ideas reaccionarias y conservadoras, la única alternativa real es reconstruir la fuerza social, la organización desde abajo y la independencia política de las y los trabajadores.

En 2019 Chile se vio envuelto en una importante revuelta social donde se cuestionó completamente la herencia de la dictadura. El lema: “no son 30 pesos, son 30 años” sintetizó una crisis orgánica que también recorría el mundo, desde Hong Kong hasta Francia.

En las calles se planteó que había que acabar con las AFP, un modelo de robo descarado al bolsillo de las y los trabajadores. La necesidad de una educación gratuita y de calidad para todxs, así como se gritó en el 2011. La importancia de acabar con el negocio de la salud. Y también que cayera el gobierno de Piñera, el que tenía un 6% de aprobación y se encontraba violando brutalmente los derechos humanos.

Sin embargo, seis años después, vemos el avance de la ultraderecha, con una gran probabilidad de que salga José Kast como próximo presidente. ¿Cómo llegamos a este punto? Este artículo sostiene que esto no fue algo inevitable, sino el resultado de una rebelión desviada, contenida y encauzada para restaurar el régimen en crisis, donde finalmente el gobierno de Gabriel Boric fue el encargado de recomponer la estabilidad y gobernabilidad capitalista.

El desvío de la rebelión

El 12 de noviembre de 2019 fue un momento de inflexión. La huelga general más grande desde la dictadura mostró que había fuerza social para ir más lejos. El 90% del sector público y casi la totalidad de los puertos pararon. En la minería, la educación, la construcción, el transporte y el comercio, hubo voluntad de paralización. Más adelante, una columnista de El Mercurio describió el 12 de noviembre como “el día más violento hasta hoy, cuando estuvimos al borde del abismo”.

Esta huelga se desarrolló a pesar del rol que jugó la burocracia sindical, principalmente de la CUT (dirigida en ese momento por Bárbara Figueroa, hoy actual Secretaria General del Partido Comunista) y el conjunto de la Mesa de Unidad Social, quiénes buscaron limitar su potencialidad. Primero anunciaron una huelga de tres días, luego sectorial y escalonado y finalmente de solo un día; este “zigzag” tuvo el objetivo de diluir la idea de una paralización nacional unificada e introducir confusión en los sindicatos. Fue una estrategia consciente de moderación, para que el movimiento no se desbordara. Es decir, la huelga del 12N fue histórica a pesar de la conducción de la CUT, no gracias a ella. Finalmente, terminaron por rebajar el programa y quitaron el “Fuera Piñera" del pliego de demandas.

Fue tan solo tres días después de esta poderosa huelga general que Sebastián Piñera cambió su discurso: pasó de “estamos en guerra” a proponer un “acuerdo por la paz”. La burguesía tiene claro que cuando la clase obrera interviene con sus métodos de lucha de clases, la cosa cambia.

El “Acuerdo por la paz” y los fracasos constituyentes

La clase dominante necesitaba una salida que evitara la caída de Piñera y contuviera la radicalización en las calles. Esa salida fue el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre de 2019, a espaldas de la movilización y mientras seguían las violaciones a los DDHH.

El acuerdo logró lo que no había podido la represión: descomprimir la revuelta ofreciendo una válvula de escape y encauzar la crisis en los márgenes de la institucionalidad, para salvar a Piñera en su momento más débil y blindar los pilares del modelo. Por ejemplo, los partidos tradicionales procuraron que la nueva constitución mantuviera un respeto obligatorio a los tratados internacionales, manteniendo el negocio del extractivismo, el negocio de las AFP, el modelo privatizado del agua y la lógica del capital transnacional. Además aseguraron que fuera un proceso controlado desde arriba, sometido a los poderes constituidos y subsumido al marco institucional vigente.

Finalmente el proceso constitucional, aunque tuviera algunos elementos progresivos, quedó encerrado por las reglas del Acuerdo del 15N y terminó por no cumplir con las expectativas. Su fracaso en el plebiscito de salida no fue solamente producto de campañas mediáticas conservadoras y de desinformación -que efectivamente hubo-, sino también de un proceso sin capacidad para tocar los intereses fundamentales del bloque en el poder.

Aquí comenzó el fracaso del proyecto progresista, y el régimen impulsó el “Acuerdo por Chile”, aún más estrecho y profundamente tutelado e introdujo un Comité de Expertos designado por el Parlamento, se reforzó el poder de veto conservador y se establecieron doce “bordes constitucionales” que funcionaban como un candado previo —desde la protección irrestricta de la propiedad privada hasta la continuidad de los tratados internacionales y del presidencialismo. Esta vez, el objetivo ya no era absorber la energía de una movilización ascendente, sino sellar una restauración conservadora que encuadrara la crisis en la dirección opuesta a la de 2019.

Pero incluso ese intento de cierre fracasó. La propuesta dominada por Republicanos fue también rechazada, revelando la incapacidad del régimen para imponer una nueva legitimidad desde arriba y como expresión de la crisis orgánica abierta. El resultado fue la derrota de ambos caminos constitucionales, distintos en forma pero similares en su propósito político: restaurar la estabilidad mediante procesos controlados, excluyentes y restringidos por los intereses del orden establecido. Su doble fracaso demuestra que, aunque la clase dominante logró desactivar la rebelión abierta de 2019 y salvar a Piñera, no ha logrado reconstruir plenamente una hegemonía estable ni ofrecer un proyecto que canalice las tensiones sociales latentes.

El “mal menor” fortaleció al “mal mayor”

Tras el fracaso del primer proceso constituyente, el triunfo de Gabriel Boric fue presentado como la única barrera ante la derecha y, especialmente, ante el avance de Kast. Sin embargo, su gobierno no contuvo a la ultraderecha, la fortaleció. Lejos de representar una ruptura con el orden heredado de la transición, el gobierno de Boric se convirtió en garante de la gobernabilidad y continuidad del mismo régimen que había sido puesto en cuestión en 2019.

Desde el primer día, el gobierno optó por adaptarse al programa político de la derecha, abandonando rápidamente las promesas transformadoras y desplazándose hacia una agenda centrada en dos ejes que la derecha venía instalando desde hace años: seguridad y control migratorio. En lugar de disputar ese terreno ideológico, Boric lo aceptó y lo profundizó.

Su gobierno impulsó y reforzó medidas que la propia derecha había promovido: militarización del Wallmapu, leyes represivas como la “Ley Naín-Retamal”, ampliación de facultades policiales, endurecimiento del control fronterizo y un discurso cada vez más centrado en la “mano dura”. El progresismo terminó administrando el aparato represivo del Estado, normalizando políticas que antes cuestionaba.

En materia económica, el gobierno asumió como propio el programa del gran empresariado: respeto irrestricto de los tratados internacionales, renuncia a reformas estructurales (como la de las AFP), compromisos fiscales restrictivos y una política económica orientada a dar “certeza” a los mercados. El orden neoliberal quedó intacto y el gobierno se convirtió en su administrador más eficiente, con un ministro de Hacienda que fue celebrado por los mismos sectores que defendían el modelo antes de 2019. Todo esto contribuyó a reconstruir la estabilidad del régimen, no desde una perspectiva transformadora -como ellos se presentaban-, sino desde la continuidad del mismo modelo que había generado la crisis.

Además, el gobierno de Boric jugó un rol central en legitimar el segundo proceso constitucional, controlado por la derecha, presentándolo como un “camino institucional responsable”. Con esto, facilitó que el Partido Republicano capturara la Convención 2.0 y desplazara aún más el eje político hacia posiciones reaccionarias. Mientras la derecha endurecía su discurso, el gobierno la seguía por detrás, intentando demostrar “responsabilidad” y “madurez”, pero a costa de renunciar sistemáticamente a sus propios compromisos. Esa renuncia permanente sólo alimentó la percepción de fracaso, desilusión y distancia con sus propias bases.

Al mismo tiempo, las conducciones sindicales y estudiantiles, en manos de los mismos partidos que se encontraban en el gobierno (PC-FA), apostaron por una estrategia en los marcos de la institucionalidad, por lo tanto mantuvieron durante cuatro años a los movimientos en la máxima pasividad posible. Por ejemplo la CUT, la FECH, CONFECH, Colegio de Profesores, etc., se convirtieron en meros apéndices u oficinas sindicales y estudiantiles del gobierno; no llamaron a asambleas ni organizaron a las bases para pelear por las demandas pendientes. Cuando la gente no se organiza ni se moviliza, lo que avanza son las ideas de la derecha.

Así fue como la frustración social generada por un gobierno que prometió cambios y gobernó como continuidad no fortaleció las ideas de izquierda, sino las de derecha. Cuando la promesa de transformación se convierte en gestión del modelo, la ultraderecha aparece como la única fuerza “anti establishment”, aunque lo sea solo en el discurso. El “mal menor” terminó pavimentando el camino al “mal mayor”, no por falta de gobernabilidad, sino precisamente por lo contrario: por dar gobernabilidad a un orden en crisis, cerrando expectativas, administrando el descontento y dejando intactas las bases materiales que alimentan el avance reaccionario.

¿Cómo enfrentar a la ultraderecha, entonces?

La pregunta que atraviesa este ciclo político es cómo frenar el avance de la ultraderecha. Y la primera conclusión es clara: no será a través del mal menor. Ya hemos visto lo que ocurre cuando se deposita la esperanza en opciones “responsables”, “moderadas” o “realistas” dentro del mismo régimen que produjo la crisis. El resultado no es frenar a la derecha, sino reproducir las condiciones que la alimentan.

En la antesala de este domingo 14, donde la disputa electoral enfrenta a Jannette Jara con José Kast, se vuelve a instalar el chantaje político de siempre, es decir, votar por quien “podría evitar lo peor”, aun cuando represente la continuidad del mismo modelo que incubó el malestar social desde hace décadas. Pero la experiencia reciente demuestra que esta lógica sólo posterga los problemas, profundiza la desmovilización y abre aún más espacio para que la ultraderecha se presente como alternativa.

Kast viene con un plan reaccionario y de ataques a todos los sectores, buscando aplastar derechos conquistados, profundizar la precarización de la vida de las y los trabajadores, impulsar recortes en derechos laborales y sociales, retrocesos en libertades democráticas, dar un salto en la criminalización y represión de la protesta, mano dura contra migrantes y sectores populares, y un ajuste económico que busca cargar los costos en los hombros de la clase trabajadora. Kast quiere reinstalar el pinochetismo sin complejos, destruyendo conquistas sociales y debilitando cualquier forma de organización colectiva que pueda frenarlo.

Sin embargo, el “mal menor” no frenará este programa. A la ultraderecha debemos enfrentarla con fuerza organizada, con la irrupción de los sectores populares, los estudiantes, trabajadores y el movimiento de mujeres y disidencias en la escena política, poniendo por delante un programa que dé vuelta las prioridades y retome las demandas irresueltas.

Es necesario organizarnos y movilizarnos, recuperar la iniciativa desde abajo y recuperar herramientas de organización como los sindicatos, centros de estudiantes y federaciones estudiantiles y en los distintos territorios, luchando también en contra de las burocracias que nos quieren desmoralizados y resignados.

Entendemos a quienes votarán por Jara para intentar que no salga Kast, pero es necesario decir que ningún voto reemplaza la organización, ni ningún gobierno sustituye la movilización. La única fuerza capaz de frenar a la ultraderecha en serio es la que puede poner límites reales a los empresarios, al capital financiero, a las fuerzas represivas y al propio Estado.

Lo que está en juego el 14 de diciembre no es solo quién administra el régimen, sino qué camino se abre para quienes no aceptan elegir entre continuidad o reaccionarismo. Si queremos que Kast no sea el futuro, no basta con votar contra él: hay que recuperar la confianza en nuestra propia fuerza colectiva y volver a poner en el centro las demandas que atravesaron Chile el año 2019.

Por eso hacemos el llamado a fortalecer una alternativa de la izquierda revolucionaria, como lo buscamos ser desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios y nuestras agrupaciones, quienes participamos en las últimas elecciones parlamentarios logrando más de 64 mil votos a nivel nacional, con un programa anticapitalista y de independencia de clase. Ahora más que nunca, para enfrentar a la derecha, hay que organizarse.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.pe/Como-pasamos-de-la-revuelta-a-la-ultraderecha-en-solo-seis-anos