Este 25 de noviembre se cumplen 41 años desde las
dictaduras de los países del Cono Sur se unieron para torturar, asesinar,
detener y reprimir a los opositores en lucha contra el fascismo. En la
actualidad existe una reedición de un nuevo Plan Cóndor dirigido contra
gobiernos progresistas.
Plan Cóndor
El denominado Plan Cóndor fue una coordinación represiva o conspiración
entre los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países
del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia) en
coordinación con Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por
si sigla en inglés)
Fue
creado un 25 de
noviembre de 1975 durante una reunión entre el jefe de
la dirección de inteligencia chilena, y líderes de la inteligencia militar
argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Más de 40 años después, el guión se repite, esta vez sin la misma
violencia, pero con las mismas pretensiones: erradicar la izquierda y sus ideas
en la región, tal y como lo han afirmado importantes figuras que representan
Gobiernos latinoamericanos.
La reedición del Plan Cóndor busca la coordinación de los
dirigentes de derecha en América Latina para aislar del contexto regional
a las naciones con gobiernos progresistas.
El nuevo Plan Cóndor busca el revanchismo político de la derecha al
destruir y desprestigiar los avances sociales alcanzados por los
gobiernos de corte socialista. Esto se evidencia con la llegada en
diciembre de 2015 del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri en Argentina,
cuyas primeras medidas fueron despidos masivos, censura de medios de
comunicación, privatizaciones y ataques contra países que no comulgan con
sus políticas, como Venezuela.
La estrategia injerencista e intervencionista de EE.UU. en
Latinoamérica, en las décadas de 1970 y 1980, se basaba en los golpes militares
para derrocar gobiernos y conformar regímenes y dictaduras pro estadounidenses;
un ejemplo de estas acciones fueron los derrocamientos de los gobiernos de
Salvador Allende en Chile (1973); Isabel Perón en Argentina (1973); el golpe de
Juan María Bordaberry en Uruguay (1973).
En julio
del año pasado, en la cumbre del bloque político y económico del Mercosurexpresó la preocupación por la intensificación de la actividad de
inteligencia de EE.UU. en América Latina, dirigida a organizar el derrocamiento
de los presidentes democráticamente elegidos de la región.
Elementos de Intervención de orden
interno
La serie de juicios contra importantes liderazgos progresistas, la
creciente amenaza de grupos paramilitares, la criminalización de los
movimientos de avanzada y los golpes a la economía de los países
de conciencia popular, son parte de la reconfiguración del Plan Cóndor en
América Latina, a juicio del analista y periodista, Miguel Jaimes.
Entre los elementos del Plan Cóndor que intervienen el orden
interno de los países, Jaimes citó en entrevista exclusiva para el sitio
web de teleSUR:
-El constante ataque a la economía y los aparatos productivos de los
países suramericanos y progresistas: Las maniobras para la baja de los precios del petróleo, el
desabastecimiento en Venezuela, así como el sabotaje en el precio del
dólar paralelo y otros relacionados con los indicadores económicos, forman
parte del Plan Cóndor. Estos persiguen crear desesperación en la población y,
además, afectar el financiamiento de los programas sociales.
-Muerte de líderes de base media y baja de los partidos socialistas y
populares: Refiere como ejemplos de
persecución de liderazgos populares el asesinato de la líder
indígena Berta Cáceres (Honduras) y del joven diputado Robert Serra
(Venezuela). Estas acciones tienen como objetivo, principalmente, restarle los
liderazgos influyentes a los partidos sólidos y desmoralizar a sus
militantes.
-Empleo de campañas mediáticas para criminalizar a los mandatarios
y hundirlos políticamente: Además de
buscar que sean procesados y desterrados del ámbito político, se cree que los
medios de comunicación buscan influir en la población atemorizándola,
manipulándola y deslegitimando los poderes. Ejemplo de ello, es que un
expresidente como Álvaro Uribe (Colombia) "aparezca
constantemente en los medios con sus opiniones sobre intervención militar sobre
una nación soberana, llamando a las fuerzas armadas a hacerlo, ¿Quién es él
para hacerlo? y ¿Por qué los medios han dado tanto despliegue a eso?".
-Violencia y narcotráfico: Un mal que crece a lo largo de
todo el continente y que se adueña de las poblaciones incluso más humildes con
el objetivo de crear puertos libres para el tráfico de drogas entre el Sur y el
Norte. Es una forma de terrorismo que incluso en Venezuela se ha desarrollado
con la injerencia de bandas criminales que operan desde Colombia y que, según
el analista, no solo busca generar temor e instaurar un mercado, sino además
alcanzar el poder.
-Criminalización de los movimientos de izquierda, corrupción y
ataques al ambiente: Se
busca con apoyo de los medios de comunicación culpar únicamente de la
corrupción a los movimientos y partidos de izquierda, pese a que muchos de
ellos son los que han iniciado la lucha por el esclarecimiento de estos casos.
Se busca establecer una asociación entre los delitos y los líderes de
izquierda. Asimismo, refirió que los ataques al ambiente para la explotación de
recursos son en parte realizados por el brazo ejecutor y capitalista de
los EE.UU.
-ONG y la manipulación de jóvenes: Organizaciones como Súmate, liderada por la exdiputada de derecha
María Corina Machado y directamente vinculada con el golpe de
2002, son las encargadas de generar movimientos en las calles
con jóvenes utilizados para propiciar acciones violentas. Según
documentos filtrados, la USAID y la NED invirtieron más de 100 millones de
dólares entre 2002 y 2012 en auspiciar a grupos de oposición y crear al menos
300 nuevas ONG en Venezuela.
Golpe Parlamentario
El nuevo Plan Cóndor se basa en los golpes suaves y parlamentarios,
según han denunciado públicamente presidentes como el venezolano, Nicolás
Maduro, y Rafael Correa de Ecuador.
El parlamentario consiste en que las bases para su ejecución se
encuentran dentro del mismo ordenamiento jurídico del país: moción de censura,
investigaciones de tipo judicial (juicio político), declaración de
"incapacidad para gobernar" para forzar una renuncia, entre otros.
Los medios de comunicación privados y las élites político-económicas cumplen
un rol importante en la ejecución de estas nuevas acciones, al manipular
la información y las leyes para desestabilizar al país.
La estrategia golpista parlamentaria disminuye el costo político de los
actores involucrados y permite cambiar el rumbo de un país y su política
exterior sin necesidad de "derramar sangre", apelando y excusándose
en el "respeto de la ley" y a la "democracia".
El golpe parlamentario se ha convertido en la operación política de
intervención extranjera más rentable para alterar la correlación de fuerzas,
eliminar los liderazgos políticos importantes y cambiar radicalmente los
esquemas de poder internacional y bloques de influencia regional.
El ejemplo
más reciente del golpe parlamentario es Brasil, cuya presidenta Dilma Rousseff fue apartada del cargo por 180 días
para enfrentar un juicio político supuestamente por maquillar las cuentas
fiscales de 2014 y retrasar los pagos al Banco Central, pese a que la
derecha no presentó pruebas de esos crímenes.
Honduras 2009
El golpe contra el presidente Manuel Zelaya contó con la participación
de las fuerzas armadas, sin embargo el Parlamento hondureño participó en
el derrocamiento del mandatario, la cabeza del Congreso, Roberto Micheletti,
inició una investigación contra Zelaya por supuestas "violaciones al
Estado de Derecho".
Los parlamentarios hondureños recurrieron al levantamiento de expediente
político express donde supuestamente Zelaya estaba "violentando" el
Estado de Derecho. El Parlamento se basó en la Ley Especial que Regula el
Referéndum y el Plebiscito para llevar a la destitución del mandatario
legalmente electo. Al consumarse el golpe parlamentario y militar, Manuel
Zelaya fue sacado del país.
Posteriormente, se instauró en Honduras un gobierno transitorio sostenido
por una Junta Militar hasta que expirara el término constitucional del
presidente depuesto, para dar paso a unas nuevas elecciones. Sin la
participación del expresidente Zelaya.
Paraguay 2012
Desde la llegada al poder de Fernando Lugo en el 2008, la oligarquía
paraguaya intentó torpedear las iniciativas sociales incluidas en el programa
de gobierno que le llevó a la presidencia. En Paraguay se empleó como recurso
central para llevar a la destitución de Lugo la “Masacre de Curuguaty”.
El objeto de la acusación no era otro que justificar las acciones
coordinadas de asedio y presión mediática por parte de la "comunidad
internacional" ligada a los intereses de Estados Unidos. Antes del juicio
político en el Parlamento el Partido Colorado lo había tratado de
destituir unas 23 veces.
Los acusadores de Fernando Lugo aplicaron el artículo 225 de la
Constitución que permite a la Cámara de Diputados establecer la base legal para
enjuiciar a un presidente u otro funcionario de Gobierno si se comprueba que no
estén desempeñando las funciones de su cargo. Dado este paso, le corresponde
entonces al Senado llevar a cabo el juicio y dictar la sentencia.
Fernando Lugo fue destituido en tan solo dos horas, los legisladores
paraguayos lo acusaron por "mal desempeño de funciones" con respecto
a los hechos de Curuguaty. Todas las "pruebas" para estimular la
destitución fueron forjadas por los jueces paraguayos. El Senado
lo destituyó y fue designando en su lugar al vicepresidente del país,
Federico Franco.
Brasil 2016
El golpe parlamentario contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue
una coordinación entre la clase política, sectores empresariales y los medios
de comunicación, a pesar de la movilización popular a favor de la mandataria y
la denuncia de injerencia externa, la presidenta fue separada de su cargo
y asumió el gobierno el vicepresidente Michel Temer.
El juicio político contra Dilma fue impulsado por el anterior presidente
de la Cámara de Diputados. Eduardo Cuhna, quien acusó a la Jefa de Estado de
manipular los balances económicos y de redistribuir el dinero del presupuesto
hacia otros planes sociales. Señaló que Dilma Rousseff era responsable del
“delito de responsabilidad” causa suficiente para iniciar el pedido de juicio
político.
El 17 de abril en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la votación
sobre el proceso de juicio a Rousseff. Pese a la carencia de pruebas contra la
presidenta, 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la
mandataria y dieron lugar al trámite, que fue trasladado al Senado.
Tras analizar el documento sobre el procedimiento jurídico contra la
presidenta, el 12 de mayo el Senado Federal de Brasil concretó su intención de
someter a Dilma a un juicio político, lo que conlleva a su destitución sin
haber una causa real en su contra, debido a supuestas faltas administrativas
con argumentaciones políticas y no legales.
Durante el proceso en su contra, Dilma Rousseff denunció la injerencia
externa y calificó el juicio político de golpe a la democracia.
El 31 de agosto, el Senado de Brasil aprobó el golpe de Estado
contra Dilma Rousseff, 61 senadores votaron a favor de la destitución.
Venezuela, el
ataque continuado
Desde 2002 se registran los primeros ataques contundentes contra la
Revolución Bolivariana. Sólo en 2002 un golpe de Estado contra el presidente
Hugo Chávez, que dejó 19 muertos, y un paro petrolero desestabilizaron
política, social y económicamente al país.
Venezuela presentó una denuncia ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) con documentos que muestran la intervención de Estados Unidos
en el golpe de 2002. Entre otras pruebas, el Gobierno nacional señaló que
funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. hicieron un intenso lobby
político para justificar el golpe en Caracas.
Además, mediante la denuncia Venezuela destacó la reunión entre el
embajador estadounidense Charles Chapiro al golpista Pedro Carmona Estanga, en
días cercanos a la deposición del presidente Chávez.
En 2014 otros 43 venezolanos murieron producto de la violencia
opositora. Las imágenes de las "guarimbas" le dieron la vuelta
al mundo en el marco de una guerra mediática que sugería la violación de los
derechos humanos por parte del Gobierno venezolano.
Fotos de la llamada "primavera árabe", también promovida por
Occidente, fueron difundidas y atribuidas a supuestas agresiones de
funcionarios policiales venezolanos contra el pueblo.
Tras ello,
una campaña de "solidaridad" de la derecha internacional hacia
Venezuela, pese a que ha sido la misma oposición que promueve la impunidad con el impulso
de la ley de Amnistía. El
estatuto dejaría en libertad a Leopoldo López, exalcalde opositor que hizo
llamados irresponsables a la violencia, que además de las 43 muertes dejó
cientos de heridos.
El triunfo circunstancial de la oposición venezolana en las elecciones
parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 apaisó el terreno para acentuar
los ataques contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Desde el Parlamento, la derecha ha intentado sabotear la agenda social y
económica del Gobierno con un velo de legalidad, mediante impulsan leyes como
la de Amnistía y la ley de Propiedad de Misión Vivienda, que pretende
privatizar las más de 1.2 millones de nuevas casas construidas por el plan
gubernamental para el pueblo venezolano.
Otras de las recientes agresiones de la derecha hacia Venezuela
como el desabastecimiento, el acaparamiento y la guerra económica,
son parte del Plan Cóndor para dominar al país que instauró la
Revolución Bolivariana e impulsó la integración del Sur.
Los
anaqueles venezolanos registran una intermitencia en cuanto a los productos de primera
necesidad. Aparecen por un tiempo, pero dejan de
verse por otro período. Esto ocurre principalmente con la leche, azúcar, harina
de maíz y de trigo y los productos de aseo personal. Pero se produce un curioso
fenómeno: por un tiempo desaparece la leche, pero se encuentran todos los
productos que se fabrican con leche.
El sector privado representa más de
70 por ciento del aparato productivo nacional. Mediante conglomerados como
Conindustria, Fedecámaras y Venamcham, históricamente el sector privado ha
criticado las políticas sociales del Gobierno de la Revolución Bolivariana.
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