¿QUIÉN GOBIERNA EL PERÚ?

Nota Breve

Cuando se confronta las soluciones del gobierno de Ollanta Humala a los conflictos mineros, el pueblo peruano se pregunta ¿quién gobierna el Perú? Esta pregunta debería, también, hacérsela el señor Gustavo Espinoza. ¿Gobierna PPK a través del stablishment burocrático o gobierna Ollanta Humala? La respuesta pronta, sale de las soluciones a los conflictos mineros, que para el caso Tacna, es más que evidente.

La Resolución Ministerial 275-2011 de la PCM con la cual, el gobierno del señor Ollanta Humala, pretende formalizar “la instalación y conformación de una Mesa de Trabajo Multisectorial para abordar la problemática minera de la Región Tacna”, señala en el cuarto considerando “Que, la Mesa de Trabajo Multisectorial deberá coadyuvar al desarrollo sostenible de la actividad minera, respetando el marco jurídico vigente en nuestro país, lo que implica la necesidad de integrar los elementos económicos, sociales y ambientales involucrados”. Esta Resolución Ministerial, rubricada por el mismísimo Salomón Lerner Ghitis, Presidente del Consejo de Ministros, NO DEJA LUGAR A DUDAS. Ya sabemos de qué lado pretende, el Gobierno de Gana Perú, inclinar la balanza.

Tacna, 13 Noviembre 2011
EBM

EL DIFÍCIL CAMINO HA COMENZADO
Gustavo Espinoza M.
Rebelión


En medio de una crisis política agravada por la arremetida violenta de los medios de comunicación al servicio de la Mafia y de la reacción; el gobierno del Presidente Humala culmina lo que se suela llamar “sus cien días de luna de miel” e inicia un difícil y esforzado ascenso en la implementación de los cambios sociales que prometiera al pueblo peruano.

Un Paro preventivo de 24 horas en la región de Cajamarca, oponiéndose al proyecto de la minera Yanacocha -el Proyecto La Conga- orientado a la explotación de recursos naturales; violentos enfrentamientos en la zona de la Cordillera Blanca, en Huaraz; una esforzada huelga de los trabajadores de Cerro Verde, en Arequipa; un Paro de 8 días en el Trapecio Andino que generó graves disturbios en Andahuaylas; un duro choque en la selva de Madre de Dios -frente al Estado brasileño del ACRE- combatiendo la explotación informal del oro; y otros conflictos menores, han hecho que se aviven las tensiones sociales en el Perú y que queden en evidencias las precariedades de un Estado que no es capaz de mucho. Y es que, en verdad, el difícil camino ha comenzado.

Las cosas se han tornado más complejas porque la crisis en la cúpula del Poder, surgida a partir de las denuncias formuladas contra el segundo Vicepresidente de la República, Omar Chehade, no solamente que no ha llegado a su fin, sino que amenaza agravarse como consecuencia de los procedimientos de “investigación” que ciertas comisiones parlamentarias promueven en contra del cuestionado, en una instancia en la que el Partido del Gobierno no tiene mayoría. En ellas el Vicepresidente -hoy con Licencia formal- podría ser despojado de su inmunidad parlamentaria, sometido a investigaciones judiciales y, finalmente, desaforado del Poder Legislativo, en lo que constituirá un extremo imprevisto de un asunto de dudoso contenido.

El tema de La Conga, en Cajamarca, es, quizá el más claro de todos los que asoman hoy en el escenario. Las comunidades del sector y la población, se oponen mayoritariamente a un proyecto minero que captará el agua de la región a cambio de supuesto bienestar y niveles de bonanza, ofrecidos a poblaciones secularmente abandonadas.

La desconfianza ciudadana respecto a este proyecto es lógica, y deriva de dos razones de fondo: la contaminación que genera en las aguas y el ambiente la explotación minera; y el hecho que las zonas más pobres y más desoladas en el Perú son precisamente las más ricas en oro, plata y otros recursos. Las empresas extraen el mineral, y dejan en los cerros inmensos forados. En los hechos se ha confirmado largamente la idea de que la minería en el Perú no trae riqueza, sino pobreza extrema, por lo menos a las poblaciones que sufren la extracción de ella. Puesto en la disyuntiva, el pueblo ha optado por el agua, en lugar del oro.

La población de Cajamarca hizo un Paro preventivo de 24 horas el miércoles 9 del presente y la acción fue masivamente acatada. No se registraron, sin embargo, significativos actos de violencia tanto porque la ciudadanía actuó a la altura de sus demandas como porque las autoridades instruyeron a las fuerzas policiales de un modo racional y sensato. En Huaraz, en cambio, los pobladores demandaron el fin de las actividades de Antamina, el consorcio que impera en la zona y allí sí la convulsión registró más altos decibeles.

La derecha no asume el papel de espectadora en estos conflictos. Exige que el gobierno “respete el proyecto y la inversión de la minera” e “imponga la ley con mano dura”; que “ponga fin a la protesta minera”. En otras palabras que, como antaño, recurra a la fuerza bruta para doblegar la resistencia de la gente.

Es claro que el gobierno no muestra ningún interés por obrar así. Desde un inicio apostó por el diálogo y buscó acuerdos para hacer más solvente el proyecto. Incluso con ese ánimo, tres ministros visitaron Cajamarca y otros Andahuaylas para conversaciones con las entidades representativas del lugar. Las tratativas arrojaron precarios acuerdos y resultados poco convincentes.

Ahora, el gobierno está entre alternativas polares: o ratifica los convenios con las mineras, o los cancela. Esa, es la cuestión.

En el Trapecio Andino la cosa es más compleja. En Andahuaylas -una de las regiones más pobres del Perú- lleva 8 días la acción decretada por agricultores de la Junta de Usuarios de Regadíos de las provincias de Chincheros y Andahuaylas. Paralización de actividades comerciales y bloqueo de carreteras, constituyen el signo distintivo de la medida. Y aunque hoy mismo se suspendió el Paro por 15 días, ayer la violencia llegó a su punto más alto y faltó poco para que dejara una estela de muerte. 38 heridos -algunos de gravedad- fue el saldo de disturbios que rebasaron todo cálculo. Aún persiste allí el descontento.

En Arequipa, los mineros de Cerro Verde libran una dura y heroica lucha por legítimas demandas de orden salarial y condiciones de trabajo, que la empresa se niega a atender. Allí, lo más grave, si embargo, no radica en la intransigencia patronal ciertamente esperable, sino en la intolerable desidia de las autoridades de trabajo -local y nacional- que, por temor o complicidad, simplemente han dejado que el conflicto llegue a mayores sin acuerdo a la vista. Los trabajadores, encadenados en la Plaza de Armas de la ciudad, demandan legítima justicia.

En Madre de Dios la situación resulta trasparente. El gobierno ha emprendido una difícil lucha contra la minería informal que extrae el oro de las aguas de los ríos y que depreda la naturaleza. Numerosas dragas instaladas ilegalmente han sido ya puestas fuera de actividad y sus propietarios sometidos al imperio de la ley. En los últimos meses la situación se tornó ingobernable porque los mineros informales incursionaron en zonas que constituyen reservas naturales protegidas por la UNESCO y son patrimonio de la humanidad; pero, además, porque se denunció un gigantesco tráfico de personas, rubro en el que destacó el ejercicio ilegal de la prostitución y el tráfico de menores entre los 12 y los 17 años para este fin. Hay, sin duda, ricos personajes ligados a estas actividades. Entre los sospechosos de enriquecimiento por estas operaciones se encuentra el congresista de Madre de Dios, representante, precisamente de la bancada gubernamental que ya hizo el anuncio formal de no protegerlo.

En cuanto a la “crisis” en la cúpula del Poder, la derecha presiona al Presidente Humala para que “haga valer su autoridad” y “destituya” al señor Omar Chehade. Algunos sostienen, incluso, que seria “inaudito” que el Presidente tolere a un Vicepresidente cuestionado como éste. Olvidan, por cierto, que el Presidente García toleró por cinco años a un Vicepresidente mucho más cuestionado -el almirante Giampietri- acusado por la matanza de los Penales, en junio de 1986. Y protegió, además, a todos sus “operadores” que se entendieron con Fortunato Canaan, un lobysta internacionalmente conocido, en la suite del Hotel Country y que hoy andan por la calle como Pedro en su casa.

El Presidente Humala, en una reciente rueda de prensa, sugirió a su Segundo Vicepresidente que “dé un paso al costado”. Esto, los medios lo interpretaron como un úkase que obligaba al destinatario a una renuncia inmediata. Pero éste, optó por una salida intermedia: Pidió licencia en su cargo. Sin reparar mucho en sus propias palabras, ciertos medios de comunicación -y algunos voceros del APRA y de la Mafia- sostienen que esa acción -el pedido de Licencia- es “ilegal” porque la vice presidencia es una ficción. No existe. Es, apenas, una suplencia. Y asoma tan solo cuando el titular de la Plaza se retira del puesto. Si esa apreciación fuera correcta, tampoco cabría pedirle que renuncie, por cuanto no podría “renunciar” a una función que “no existe”. En el extremo del ridículo, se ha dicho que el 2do Vicepresidente “no tiene razón de ser” porque “en Estados Unidos, no existe ese cargo”.

Estos temas inducen a reflexionar sobre un asunto de fondo: ¿Es lógico que aviven las tensiones sociales en un país que inicia cambios y cuando la derecha ataca vigorosamente las posiciones más avanzadas? La respuesta, es que si. Las encuestas, por lo demás, aseveran que el 73% de las personas juzgan legítimas las demandas de la población. La profundización de un proceso implica entonces la agudización de la lucha de clases y obliga a cada quien a tomar una posición ante temas cardinales. La paz -esa paz de cementerios, que tanto gusta a las fuerzas más reaccionarias- desaparece porque la gente se une, se organiza, toma conciencia y lucha por sus derechos. Y crea -con esa lucha- las condiciones para que el proceso avance. Esa, es una ley del desarrollo social, que no puede ser ni ignorada y desconocida. No hay que asustarse, entonces. Simplemente actuar con responsabilidad y con firmeza. Y buscar los acuerdos indispensables para superar escollos, y seguir adelante.

Soluciones audaces, son las que se requieren. Porque esto, recién comienza.

Si se agravan las tensiones sociales es porque ésta no es una sociedad muerta, sino un cuerpo vivo que exige atención a sus requerimientos básicos. No hay que olvidarlo.

Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Concertación y huelgas mineras

Si una tesis se ha repetido hasta el cansancio es que la distancia entre el Ollanta de 2006 y el del 2011, se debe al sentido de la primera vuelta y que la victoria insuficiente de la O, no servía para formar gobierno, por lo que el mandato de las urnas era la concertación. Yo, lo debo decir con toda franqueza, no creo en eso. En realidad el Ollanta II era diferente al Ollanta I desde que comenzó la campaña en diciembre del año pasado y fue por eso que se desembarazó con facilidad del programa de gobierno que le tomó tantos meses al equipo de Félix Jiménez, y permitió que se construyeran leyendas urbanas como que el candidato “había madurado”, que Lula era su padrino, que Cipriani le dio su bendición, etc.

Obviamente estaba preparando al de la segunda vuelta. Pero el problema, que algunos observamos, era que ese candidato ya no tenía la fuerza del de hacía cinco años y la pregunta era si aquellos que casi lo llevaron al triunfo el 2006 iban a mantenerse a su lado con el nuevo empaque. El estancamiento del nacionalista entre 10 y 12% hasta el mes de marzo, parecía dar crédito a estas preocupaciones. Algo así como que no estaba convenciendo al centro, y estaba perdiendo a la izquierda. Pero Ollanta no tenía ninguna duda que al final se reconstruiría el núcleo radical de la vez pasada, aunque fuere porque no tenían otra alternativa. Y eso se confirmó cuando en abril el polo blanco del 2011 logró casi el mismo porcentaje que el rojo del 2006 (de 30 a 31%). O sea que sí tenía en el bolsillo a los duros, pero eso no excluía una gran tensión como se vio en los días finales de la segunda vuelta cuando los huelguistas de Puno amenazaron con sabotear las elecciones (donde se jugaba el 6% de la votación ollantista).

Podría trasladarse el caso además a Cajamarca, Apúrimac, Ancash, Tacna, Arequipa y otras regiones con problemas con la minería, para advertir que sin necesidad de incluir el tema en la hoja de ruta, el juramento y otros compromisos orientados a afirmar y reafirmar la nueva moderación del candidato, la lectura de los movimientos sociales siguió siendo que para ganar a sus enemigos necesitaban de Ollanta Humala. En Puno se escuchó una frase que resumía todo: en realidad el polo rojo debe estar debajo del blanco. Y si uno revisa discursos de Ollanta en las zonas mineras como el de 21 de mayo en Bambamarca (reproducido en estos días), verá cuán consciente era él mismo del pacto implícito que mantenía con los que ahora les llama “radicales”.

Claro que ni en el proyecto nacionalista combativo del 2006 que afirmaba que crecer sin redistribuir y sin control de los recursos naturales, era engañar al pueblo, y en el madurado del 2011 que promete inclusión y diálogo, estuvieron muchos de los que hoy están alrededor del poder con el argumento de la concertación, mientras que otros que se unieron al ahora presidente por convicciones políticas para cambiar el país quedaron fuera o disminuidos, para certificar que había cambiado hasta de amigos. No es por “concertación” que el gobierno actual tiene un marcado sesgo tecnocrático, sino porque está administrando el poder de acuerdo al sentido del viento. Esta semana teníamos a dos ministros en Andahuaylas que no sabían lo que querían ante la masa y que se corrieron de la Asamblea porque creyeron que iban a secuestrarlos, dejando un caos en la ciudad; y yo me preguntaba si para eso ganó Ollanta.

13.11.11
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