Este escrito tiene la intención de evaluar la importancia que tiene éste año que termina. El 2018 para nuestro país ha sido muy atrevido en acontecimientos, comparado con los años y períodos de gobierno donde ocurrieron hechos insatisfactorios destinados a impedir crear una república democrática.
Por los años de 1945 hasta el 48 fue la llamada “primavera democrática”, la que duró tan poco, porque uno de sus protagonistas el partido aprista y Haya de la Torre trabajaron para conseguir sus “éxitos y triunfos”, sin importarle su aliado el presidente José Luís Bustamante. En 1947 se apagó la vida de un periodista, director y dueño del diario “La Prensa”, al ser asesinado, hubo muchas coartadas; sin embargo, para los peruanos, incluidos los propios apristas, sus amigos y ex amigos, era cantado que el autor de esa muerte pertenecía al partido mencionado, el que actuó como sicario, porque cumplía órdenes de su dirigencia ¿una organización criminal ya por esos años?
Este acontecimiento tan desagradable sería uno de los que precipitaría, para que el aprismo se pusiera fuera de la ley, luego del suceso del levantamiento de un sector de apristas radicales aliados con miembros de la armada que se alzaría contra el gobierno: el 3 de octubre de 1948, cansados de las postergaciones que Haya de la Torre y la dirigencia del partido porque no tomaban la decisión de acabar con la débil constitucionalidad por la que el gobierno del doctor Bustamente intentó construir. A los pocos días vino un fatídico golpe militar, del 27 de octubre dirigido por el general Manuel Odría, la “junta de gobierno” retiró del poder al presidente Bustamante y lo deportó.
El golpe del general Odría fue nefasto para la incipiente democracia, aun cuando muchos peruanos estuvieron de acuerdo, la poca democracia desaparece por 8 años, y en especial los apristas fueron apresados y deportados. Comenzando el año 1949, Haya de la Torre se asiló en la embajada de Colombia, y pudo salir deportado recién en 1954.
La autocracia de Odría tuvo mejor desempeño en la economía al elevarse las exportaciones tanto de minerales, como de las cuotas del azúcar, gracias a las compras hechas por los Estados Unidos, uno de los principales participantes en la guerra de Corea. Como siempre las exportaciones tradicionales salvaron al país. Asimismo, los controles de precios desaparecen, vuelve la libertad de mercado y los gobiernos siguientes no cambiaron el modelo, es así que las tasas de crecimiento fue firme hasta la década del 60.
El manejo tradicional de los gobiernos por dos décadas tuvo continuidad, lo que evitó los sobresaltos que evidenciaran crisis, aun cuando la república era incompleta por las fallas de origen, si se considera que la separación del imperio español no se consiguió lo que representa independencia soberana, no solo al interior, en las relaciones socio/económicas y político/culturales existen todavía el predominio de los grupos de poder criollo/mestizo que fomentan las distancias sociales y la desigualdad que sufren las mayorías ciudadanas; sino también existen asimetrías en relación a los países desarrollados, causada porque una economía que se basa en el valor a las exportaciones de las materias primas, no habiendo desarrollado una producción industrial y en otros sectores, como el agropecuario donde no se trabajó por fortalecer su capacidad productora que cubriera lo que representa el autoabastecimiento alimentario.
Es de mencionar que la década del 60 el gobierno de la renovación AP/DC intentó llevar acabo reformas para cambiar el sector agrario, pero hubo resistencia puesta al proyecto de ley de la reforma agraria que no sólo actuara modificando la tenencia de las tierras en especial de los latifundios improductivos de la sierra; sino a la vez el proyecto promovía el desarrollo agrícola; este proyecto pasó por sólo ser un intento, porque la coalición apro/odriísta en el congreso lo modificó y las correcciones relajó las expectativas del proyecto del ejecutivo. Los cambios agrarios tenían un correlato base para las otras reformas públicas y de gobierno.
La ley revolucionaria de la reforma agraria por parte del gobierno militar sólo acentuó en dar solución a la posesión de los predios agrarios y de acabar con la total desaparición de los latifundistas y medianos propietarios, no mostró preocupación por recrear el sector agropecuario, ni fomentar su crecimiento.
En la década del 70 también el grupo revolucionario militar incrementó el sector empresarial del Estado llegando a 174 empresas públicas, lo que significó que el poder ejecutivo se hizo de dos grandes sectores: los servicios públicos y el empresarial, su dedicación a este último representó un inevitable descuido a los sectores de servicios básicos: educación, salud, seguridad interna y el servicio de la administración de justicia. A eso se sumó la elevación de los gastos y la recurrencia al endeudamiento externo, llegado éste a elevarse en siete veces más al momento de dar el golpe al régimen de la democracia representativa, el pago de la crecida suma de siete mil millones de dólares, haría que después no pudiera cumplirse -a partir de 1984-.
Otra primavera democrática pudo representar la década del 80, pero hubo varios acontecimientos para la desagracia ciudadana: primero, la aparición del terrorismo senderista; segundo, no se entendió a la nueva constitución política del 79 que señalaba caminos a seguir, como aplicar enseñando el respeto por los derechos humanos, la democracia como régimen de gobierno, el Estado de derecho, la descentralización instrumento de base para las reformas en la estructura organizativa del Estado y el reforzamiento de la institucionalidad, el remarcar la economía social de mercado y el voto de los peruanos a los 18 años, sepan o no leer y escribir; tercero, la crisis económica motivada por el exceso en los gastos públicos embalsada la que propiciaba la inflación, no poder pagar la deuda externa y no recurrir a préstamos externos para las inversiones; y el cuarto, fue la “heterodoxia” en el intento de cambiar -el tradicional manejo de la economía- por parte del primer gobierno aprista de Alan García, que desembocaría en una gran crisis financiera y económica completada con la superinflación y a la que se aunó el desgobierno en las instituciones públicas y la corrupción galopante y desmedida.
La década del 90 el gobierno fue presidido por la persona menos adecuada como liderar la rehabilitación de un país en crisis, tanto es así que en 1992 con el autogolpe se borró todo vestigio de institucionalidad de orden democrático, a cuento de resolver los problemas económicos y la lucha contra el fenómeno terrorista. Es decir, se aprovechó para tratar de imponer el modelo neoliberal con las secuencias sociales que éste acarreó: cierre de empresas, despidos de personal tanto en el sector público, como el sector privado y propiciar el reino de la informalidad.
El ajuste neoliberal contó con la exigente intervención de los organismos financieros internacionales, quienes dieron las pautas a seguir, como fue comenzar a pagar la deuda externa bajo un riguroso calendario aun cuando se recortara los presupuestos de los sectores esenciales como educación, salud, seguridad pública con policía a medio tiempo.
Las medidas severas conllevaron a un Estado subsidiario y excluyente (reformas de primera generación) que incluye además un congreso unicameral digitado por el ejecutivo, disminuido en la representación que ahondó la exclusión social que se muestra con la informalidad y la desaparición de sindicatos y la protesta ciudadana. Otra medida fue restarle funciones a la Contraloría General.
Con todas estas medidas, resultó fácil la recuperación económica, la misma que tuvo en el sector empresarial un colaborador incondicional, a pesar del crecimiento de las importaciones con las rebajas sustanciales de los aranceles, ello hizo que muchas empresas de carácter industrial cerrarán. El modelo aplicado no representó algo nuevo, porque se siguió la misma política de las exportaciones de carácter tradicional, sólo se crecería en el sector servicios y comercio, incluida la informalidad que se incrementaría exponencialmente.
Sin embargo, igualmente de grave fue la incapacidad para combatir al terrorismo, las fuerzas militares no sabían como enfrentar, atemorizar y ejecutar sin distinguir en la población quechua hablante -la mas afectada- , quienes eran los subversivos y quienes eran los pobres del campo y la ciudad; asimismo, formaron grupos paramilitares para exterminio inmediato. Es sabido que en estos actos de criminalidad la policía es la llamada a terminar con estos atentados, es así, después de un paciente entrenamiento, que la PNP capturó a los cabecillas de Sendero y del MRTA, dando por terminado el actuar terrorista, quedado remanentes muy cohesionados con el narcotráfico.
La década del 90 tiene entre sus hechos “notables”, la corrupción que esta vez parte del mismo Estado, en una de las etapas de las más tristes de nuestra historia, sus altos funcionarios, Fujimori/Montesinos/Hermoza encabezaron una organización criminal, para apropiarse de los fondos del erario y de todos los peruanos. Esta organización se completó con otros funcionarios de distintas categorías procedentes del poder judicial, ministerio público, ministros de Estado, JNE, y altos jefes y oficiales de las fuerzas armadas y policiales.
Después de la década de la exclusión, del caos organizado, la corrupción y los atentados a los derechos humanos, surge una nueva primavera democrática, presidida por el congresista Valentín Paniagua elegido transitoriamente por el congreso nacional con el voto de una conseguida mayoría, esta elección resultó para la ciudadanía inmejorable, por sus actos favorables no solo al reestablecerse el interrumpido régimen democrático en 1992, buscando aprendizaje ciudadano de más autocracias; sino había que romper con la impunidad de quienes delinquieron sustrayendo los fondos del erario público.
Se presentaron para este fin dispositivos que comenzaran con crear los juzgados y fiscalías anticorrupción y la presencia de colaboradores eficaces que ante las denuncias presentadas por la procuraría pública se abrían los procesos de acusaciones, siendo las cortes de justicia las que sumariamente ante la flagrancia de los delitos se encarcelaron cientos de funcionarios civiles y militares sin hacer distingos de jerarquías, y también los funcionarios de categoría constitucional que eran previamente acusados ante el poder legislativo. La captura de estos delincuentes de cuellos blancos y entorchados militares más las personas naturales significó un avance gigante en una república que perdonaba y dejaba en impunidad a los infractores, era una mala práctica que no representaría ejemplo al ciudadano y enseñanza generacional.
Sin embargo, terminado el gobierno transitorio se bajó la guardia a lo que sería la primera gran ola delictiva de estos últimos 30 años. Los cuatro últimos períodos y sus presidentes desde 1985 y del 2001 al 2017 han sido un relajamiento impensado, y de olvido de las experiencias sufridas. Estos gobiernos al nivel del ejecutivo (Toledo, García Pérez, Humala y Pablo Kuczynski) no han hecho nada por ser supervigilantes de la corrupción, más bien ellos se encuentra enjuiciados ante la segunda ola delictiva del accionar de las empresas constructoras brasileras, las que han repartido sobornos para ganar licitaciones y/o para elevar los costos engañosos en importantes obras.
El develamiento de cómo se pagó por estas obras; así como de los implicados en facilitar su ejecución viene del exterior. La CG, la Procuraduría y menos la administración de justicia han descubierto, acusado y puesto en evidencia estos actos. Es de resaltar que la corrupción de lava jato ha sido millonaria en miles de millones de dólares, también las instituciones del poder judicial, sus miembros supremos y superiores han formado organizaciones para delinquir y se ha mantenido a la CNM últimamente en sus consejos directivos, ésta se llenó de bribones nombrando y ratificando a jueces y fiscales que no tenían calificaciones. Sin embargo, un grupo reducido de competentes fiscales y jueces han abierto juicios: tanto a ex presidentes y a una candidata por actos de anticipos y al recibir sobornos de empresarios brasileros y nacionales, como también de quienes desde el poder judicial han cometido acciones contrarias a su condición de magistrados del sistema de administración de justicia.
Este comportamiento diferente que han asumido jueces y fiscales calificados y honorables, se conjuga en este año 2018 con el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, actual Jefe de Estado y presidente de la república desde el 23 de marzo del presente año, asumiendo con responsabilidad y conocimiento para accionar, lo que condice cuando se aprecia que el país está envuelto en la corrupción, lo que fomenta desanimo y sin perspectivas de ser república completa. ¿Qué significa lo dicho, estamos ante un Presidente diferente?
Respondemos reflexionado, Martín Vizcarra no sólo busca reafirmar la democracia y su institucionalidad; sino que respetando esos ideales, se obliga en principio a efectuar reformas en la justicia y en el poder legislativo, encaminado a la renovación republicana y al ajuste ético con moral de trabajo, acompañado de la ciudadanía que siendo dueña de la democracia directa, al depositar su voto a favor de los cambios y reformas que son necesarias e impostergables. Ello hará posible el destino final de ratificar de porque fue fundada la república independiente y soberana para todos.
Tratando de ser objetivos en estos 73 años (1945 al 2018) recién en este año que termina, un presidente inesperado, pero con méritos suficientes de ser un profesional destacado, ex funcionario público y empresario de la construcción, rompería con lo establecido, al promover las primeras reformas, desea que éstas operen en cambios, lo que obliga a enfrentar a los intereses de cúpulas políticas y económicas conservadoras inamovibles que recurren al voto signado por el clientelaje y a comunidades secuestradas por el constructo del pensar conservador que llega a atemorizar, y miedos ante los cambios del mal actuar.
Obstaculiza la libertad en el pensamiento, atentan contra la reflexión de las generaciones venideras, como es educar al eliminar todavía oficialmente los cursos de la historia patria y mundial. Se reemplaza dando vida al dicho: “pueblo que no conoce su historia repetirá la parte negra de su narrativa”. El Perú sólo nace en estos años, todo es primera vez, ignorando lo pasado, para evitar conocer su diversidad de las formaciones culturales, lo inédito de lo andino (inmedido en siglos), enfatizar al incidente de la conquista (de tres siglos) y la república sin soberanía, ¿eso por que? La respuesta será otra para el año nuevo o en los años venideros.
Atentamente,
Fernando Arce Meza Surco, 28 de Diciembre del 2018
La del estribo: Hablando del pensar, en este caso del señor Carlos Tubino, a través de su vocería de FP constatamos que, aún prima gruesos residuos pensamiento mágico religioso de las cavernas y más próximo de la cucufateria tradicional de la edad media. Ni la escuela naval, la guerra submarina, los torpedos monitoreados con el uso del Internet, a pesar de la formación profesional y los años transcurridos, no han podido eliminar los lastres del pasado superado de siglos por lo moderno y la postmodernidad. Creemos que la no reelección cae como anillo al dedo.
