El presidente boliviano, Luis Arce (izquierda), y el líder del partido MAS, Evo Morales (derecha), honran la wiphala, durante un acto en Cochabamba, Bolivia, el 12 de octubre de 2021. (David Flores / Picture Alliance via Getty Images)
La crisis política en Bolivia abierta con el golpe de 2019 no ha terminado. Con el MAS al borde de la ruptura entre una fracción «radical» y otra «renovadora», las políticas audaces brillan por su ausencia: nadie se atreve siquiera a pensar en la nacionalización de la minería o la expropiación a los agroindustriales que financiaron el golpe de 2019.
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La crisis política boliviana abierta en 2019 con el golpe de Estado no ha sido superada, más bien ha surcado nuevos derroteros. Las disputas internas en la principal fuerza política del país, el MAS-IPSP, que amenaza en quebrarlo en dos o más partidos, es uno de ellos. Otro curso es la constante agitación de corte golpista que desata la ultraderecha mediática y política. A ese escenario hay que sumarle, además, los efectos de una caliente coyuntura económica y geopolítica internacional, que ya viene manifestándose en Bolivia últimamente con presiones devaluatorias sobre la moneda nacional debido a la escasez de dólares.
Fuga de capitales y presiones devaluatorias
En junio de 1939 el presidente German Busch tuvo un lapsus nacionalista y emitió un decreto que obligaba a las empresas capitalistas —los grandes barones del estaño— a concentrar sus divisas por exportación en el Banco Central. Se acercaba la Segunda Guerra y se iban a elevar precios y demanda de los minerales. Acosado por las élites criollas por semejante decisión (significaba uno de los primeros ensayos de autonomía relativa del Estado frente a las clases dominantes), Busch terminó «suicidado» dos meses después.
Más tarde, a mitad de los años cuarenta, advino al gobierno otro militar con mayores dosis de nacionalismo e intentó medidas similares, consideradas imperdonables por la «feudal burguesía». Gualberto Villarroel terminó colgado de un farol en la plaza Murillo.
Solo la insurrección obrera y popular triunfante de 1952 impuso las condiciones políticas para que los exportadores centralicen divisas en el Banco Central. Sin embargo, con la aplanadora neoliberal de los ochenta y noventa del siglo XX los capitalistas criollos pudieron obtener la libertad de llevarse el dinero a los paraísos fiscales. Esta medida de poder a favor de la burguesía terrateniente no se ha revertido después de quince años de gobierno del Movimiento Al Socialismo.
El escenario actual de incertidumbre económica mundial ha sido respondido con una concentración monetaria en Europa y Estados Unidos. Los bancos centrales de las potencias occidentales han elevado las tasas de interés con el fin de frenar la inflación. La medida repercute al menos de dos formas para las economías dependientes: la deuda externa se hace más cara y las divisas por exportaciones de los capitales privados son captados por el sistema financiero de los países imperialistas, sobredimensionando la tradicional fuga de capitales de la periferia al centro.
Pese a que Bolivia batió récord de exportaciones el 2022 —más de 13 mil millones de dólares—, la participación del Estado en la producción ha decaído notablemente. Son la burguesía minera (del oro, principalmente) y agroindustrial quienes han fortalecido su peso económico. Eso sí, gracias a incontables beneficios —subsidios de combustibles, créditos, concesiones mineras, bajos impuestos por producción, bajos impuestos por importación de instrumentos de producción, etc.— otorgados por el gobierno del MAS.
Hasta la víspera, este patrón de acumulación disimulaba sus fisuras gracias a que el Estado controlaba un buen porcentaje de las exportaciones debido al volumen de producción en hidrocarburos. El estancamiento y aun el retroceso de este sector, además del contexto internacional crítico, están provocando que el modelo semidesarrollista del MAS empiece a tambalear. En términos históricos, se trata de los costos cíclicos de una economía de capitalismo atrasado que solo promueve las ramas de la producción de productos exportables y depende agudamente de la importación de tecnología, herramientas de producción e incluso de fuerza de trabajo calificada.
Mientras la fuga de capitales cercena sistemáticamente las reservas internacionales, se ha desatado en el país una escasez de dólares que impone una cotización paralela que devalúa la moneda nacional frente al dólar. El Banco Central ofrece vender dólares a la tasa oficial (6,96 bolivianos por 1 USD) pero tiene largas listas de espera, mientras los vendedores informales y las casas de cambio aumentan discrecionalmente el precio de la moneda extranjera a cifras que hace tiempo no se veían. Lo bajos índices de inflación que Bolivia ostenta están amenazados por este encarecimiento del dólar. El gobierno ha optado por aprobar una «Ley del oro» para autorizar al Banco Central a comprar el mineral a los exportadores y solventar así las reservas internacionales, además de ofrecer la compra de dólar más caro a los empresarios, aunque ambas cosas no parecen actuar como paliativos reales.
Ciertamente, el problema de fondo de la economía boliviana, como de las demás economías periféricas del capitalismo, es usar el ingreso de divisas en las fases de expansión económica (Bolivia tuvo un crecimiento sostenido durante más de diez años) para reproducir las relaciones de dependencia y fomentar la importación de bienes para la industria extractiva, exportadora, agroindustrial y el consumo, perpetuando el estado raquítico de las demás ramas industriales. La configuración estructural dependiente y semicolonial de Bolivia no fue sustancialmente modificada por las reformas introducidas en el «proceso de cambio».
Entretanto, al interior del MAS se ha desatado una batalla campal entre la fracción autodenominada «radical» por un lado, y la «renovadora» por otro. Eso sí, ningún militante del MAS es lo suficientemente «radical» ni «renovador» para pensar en la nacionalización de la producción del oro o la expropiación a los agroindustriales que financiaron el golpe del 2019. Peor aún. La impotencia política llega tan lejos que ni Luis Arce ni Evo Morales han hecho la menor insinuación de emular un acto elemental del nacionalismo histórico boliviano que es poner bajo el control del Banco Central las divisas que actualmente la burguesía se lleva a Panamá o Suiza.
Al borde de la ruptura
Incluso las reflexiones mejor elaboradas en torno a la crisis interna del Movimiento Al Socialismo poseen un tono invadido por la angustia. Por ejemplo, el ex vicepresidente Álvaro García Linera ha salido a la prensa a proponer medidas para «salvar» al MAS de una escisión cada vez más cercana: encuentros de concordia entre Luis Arce y Evo Morales, renuncia de ambos a la próxima candidatura a favor de nuevos cuadros, bajar el tono de las disputas, preparar un congreso de unidad, etc. Todo refleja la actitud de quien ve quebrados los vínculos entre fines y medios de su organización política, pero sin detectar el método adecuado para reconstruirlos. Como cuando una persona perdida en el bosque sabe que tiene que encontrar un camino para llegar a casa pero no tiene la menor idea de por dónde empezar a caminar. En política, es una crisis de horizonte estratégico.
En su discurso por el acto público para conmemorar el 28 aniversario del MAS-IPSP, Evo Morales apuntó dardos envenenados contra sus adversarios internos; frases duras, cargadas de irritación, pero indefinidas programáticamente y de nula proyección estratégica. Los «radicales» del partido lo son en tanto sostienen hasta las últimas consecuencias el liderazgo indiscutible de Evo. Los «renovadores», por su parte, reducen toda su vocación renovadora a cambiar ese liderazgo. Es una disputa por el control del gobierno, que, hasta ahora, supone administrar (no profundizar ni reimpulsar) el modelo seminacionalista del «proceso de cambio», pero en un contexto económico, político y geopolítico distinto al del primer gobierno del MAS.
El único marco político que pueden ver ambas fracciones es el respeto al pacto histórico suscrito con las clases dominantes criollas y extranjeras allá por el 2009: modelo de intervención del Estado sin afectar sensiblemente los negocios privados sumado a ciertas concesiones en derechos económicos y políticos a las masas populares. El factor crucial que posibilita tal pacto es el MAS como partido gobernante unido y mayoritario, dado el respaldo que recoge entre las clases más explotadas y oprimidas de Bolivia. Los sectores de mayor peso de la burguesía boliviana ya han dado su opinión: consideran que su acuerdo con el régimen nacido con la Constitución del 2009 es caduco, por eso han promovido el golpe del 2019. Modificar dicho régimen de Estado, proscribir al MAS, desacreditarlo, dividirlo, desmoralizar y confundir a su base social para establecer nuevas relaciones de fuerza en las políticas económicas (laborales, agrarias, geopolíticas), es una tarea de primer orden para las clases dominantes.
¿Es el MAS capaz de mantener el «empate» con la burguesía terrateniente si se divide en dos (o más) aparatos electorales? ¿Tendrá el MAS —o alguna de sus fracciones— la solvencia suficiente para sostener un régimen político golpeado por la inestabilidad económica?. Estos son solo algunos de los interrogantes que envuelven el ambiente político boliviano.
La agitación ultraderechista
Allá por 1985 hubo un presidente que hizo una exclamación escalofriante: «Bolivia se nos muere». Poco después aplicó al agonizante país una terapia de shock con mucha dosis de privatización de empresas públicas, destrucción de los sindicatos y precarización laboral. Los hijos y nietos políticos de aquel presidente han encontrado motivos recientes para una campaña fatídica sobre una crisis económica debida al «exceso de gasto público», al «déficit fiscal» y a la «corrupción». Estos políticos de la oposición de derecha han estado condenados durante 15 años a fungir como agoreros de feria para profetizar (desear, en realidad) una catástrofe económica en el país. Un país en ruinas y una sociedad cansada y desmoralizada parece el único escenario posible para que la derecha alcance el gobierno a través de las urnas.
El 28 de diciembre pasado fue detenido el gobernador de Santa Cruz, importante opositor del gobierno hasta ese momento. Imputado por delitos graves relacionados a su papel como coordinador de las conspiraciones que derivaron en un golpe policial, militar, clerical y cívico del 2019, Fernando Camacho procuró garantizarse impunidad por medio de varias maniobras, incluyendo la organización de un violento «paro cívico» en Santa Cruz que duró más de un mes. Durante el paro montó grupos de choque para bloquear las principales vías de la ciudad, atacar barrios populares y quemar la sede sindical de la Federación de Campesinos y la Central Obrera.
Pese a sus esfuerzos, la derecha mediática y política no tuvo éxito al procurar extender las protestas a otras ciudades fuera de Santa Cruz. El aislamiento terminó debilitando las medidas de fuerza de Camacho y lo obligaron a levantar el paro, amenazando, eso sí, con más intentos de desestabilización en el futuro. El gobierno de Arce tenía la necesidad de neutralizar a los cabecillas de esta ultraderecha sediciosa y así lo hizo, arrestando a su principal figura.
Como ocurre en todo el mundo, la capacidad de agitación y de acción de la ultraderecha reside en su volumen mediático. En la crisis política abierta por el golpe de Estado que llevó al poder a Jeanine Añez, la ultraderecha ha venido marcando varios puntos de la agenda del país e imponiendo los marcos desde los cuales oponerse y cuestionar ciertas medidas del gobierno central. Pese a ser minoría en la Asamblea Legislativa, las fuerzas reaccionarias han tumbado el proyecto de Ley «contra las ganancias ilícitas» despertando el sentimiento «propietario» de varios sectores de la población. Con la escasez de dólares en curso están prediciendo el apocalipsis y en una movilización sectorial del sindicato de maestros agitaron contra el «adoctrinamiento» y la «ideología de género» que el gobierno quiere transmitir en las escuelas para destruir la familia.
El denominador común de toda esta propaganda, además de basarse en una cantidad descomunal de mentiras, falsificaciones y medias verdades, es su carácter extremista. Cada lucha es el combate final —sea por salvar la «familia», los «valores» o la «democracia»—, lo que conlleva forzar, muchas veces de la manera más torpe y descoyuntada, cualquier movilización en un intento de derrocamiento del gobierno.
La capacidad de irradiación que puede alcanzar la reacción no tiene una relación directa con su liderazgo, si entendemos por tal la constitución de una fuerza política capaz de instalar legitimación social a partir de un proyecto de país alternativo al vigente. La ultraderecha no tiene líderes carismáticos y nunca dice cuál sería su programa de gobierno. A cuatro meses de ser encarcelado, Fernando Camacho (que aún funge desde su celda como gobernador de Santa Cruz gracias a un favor concedido desde los tribunales judiciales) está a poco de convertirse en un cadáver político, y la situación de los demás opositores es igual o peor.
Pero una cosa no niega la otra. La extrema derecha es una fuerza importante por su capacidad destructiva. Estas fuerzas sociales y culturales entran al terreno de la política no por medio de los partidos en sentido estricto, sino de catalizadores. Todas sus figuras son eventuales y su éxito reside siempre en su capacidad de remover las pasiones tristes y la frustración entre las masas de clase media e incluso de sectores populares.
Las clases dominantes tradicionales desean una forma de capitalismo periférico sostenido en la exportación de bienes de poca elaboración y un régimen oligárquico en lo político, donde el Estado procure ser la junta de administración de los negocios de los agroindustriales, banqueros y ganaderos. Por otro lado, el régimen más democratizante del Estado plurinacional precisa de un modo de producción capitalista con mayor presencia del Estado en economía que haga viable la ampliación de derechos sociales y laborales para las masas y el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares.
El movimiento de masas plebeyo es el principal obstáculo para restituir en la política el poder que la que la burguesía agroindustrial tiene en la economía. Esta misma fracción burguesa es el principal impedimento para que la democratización «formal» del régimen plurinacional pase al ámbito material (social y económico) a favor del pueblo trabajador. El MAS es el eslabón que articula la convivencia —más o menos estable— entre ambos polos. ¿Qué viene si ese eslabón termina rompiéndose o debilitándose demasiado?
Fuente: https://jacobinlat.com/2023/
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