Fuente:
La Marea
Por
Dani Domínguez para La Marea
El sociólogo y
periodista Andrés Villena acaba de publicar ’Las redes de poder en España,
élites e intereses contra la democracia’ (Rocaeditorial, 2019), un libro en el
que repasa la estructura tecnocrática de los gobiernos del PSOE y del PP.
Tras años de
investigación, el sociólogo y periodista Andrés Villena Oliver
ha trazado una amplia red de altos cargos políticos, la mayoría poco conocidos
para la ciudadanía, que transitan profesionalmente entre lo público y lo
privado.
Mientras
realizamos esta entrevista, varios medios de comunicación aseguran que Fátima
Báñez ha fichado por la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE),
la patronal de las empresas, aunque la organización no lo confirma. “Es una persona
que prestará importantes servicios a la entidad porque sigue fuertemente
conectada con el partido y con la Administración. Y se le busca acomodo porque
se ha portado bien. No es haya cometido ninguna ilegalidad durante su mandato
para beneficiar a la CEOE, pero su papel ha sido amistoso con los postulados de
la patronal. No me sorprende”, sostiene el sociólogo.
El trabajo de
Andrés Villena ha quedado plasmado en Las redes de poder en España,
élites e intereses contra la democracia (Rocaeditorial, 2019), un
libro en el que el periodista repasa la estructura tecnocrática de los
gobiernos del PSOE y del PP, sus grandes cargos y sus vínculos con los
principales empresarios de este país.
La
“tecnoestructura”, es decir, los segundos niveles de la Administración pública,
ocupan una parte importante del libro. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué son tan
determinantes?
La tecnoestructura
es un término que utiliza John Galbraith para referirse a la inteligencia
organizada. En el momento en el que los Estados se complejizan, necesitan una
especie de ‘mecánicos’, es decir, personas especializadas en resolver
determinados asuntos para los que no bastan meros militantes. La
tecnoestructura la conforman juristas, estadísticos, especialistas en Hacienda…
Personas que asesoran y que están detrás del estudio que precede a la adopción
de las grandes decisiones, que suelen ser complejas y con un riesgo de
equivocación muy grande.
Esta sería una
primera definición, pero no la única. Con tecnoestructura podemos estar
refiriéndonos a [Pedro] Solbes, a [Luis] de Guindos y a una serie personas
cuyos nombres y apellidos jamás habremos oído. Estas personas son valiosas en
primera instancia para el gobernante, pero luego también lo son para el
gobernante privado. La tecnoestructura no solo se mueve dentro del Estado, de
lo público, sino que es una red que danza entre lo público y lo privado. Muchas
decisiones no se sabe bien si se toman en un contexto u otro porque quienes las
adoptan son personas con perfiles técnicos híbridos que en todo momento están
en puestos directivos, a veces públicos, a veces privados.
Por ejemplo, la
exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, formaba parte del consejo de
administración de Telefónica cuando la compañía era pública. Después,
Telefónica se privatizó entre los Gobiernos de Felipe González y José María
Aznar y Salgado pasa a trabajar en empresas concesionarias de servicios del
mismo ministerio en el que había estado previamente. La tecnoestructura sigue
la lógica de que si has sido útil para el sector público, lo serás también para
el privado. No lo juzgo desde la perspectiva moral, el problema es el conflicto
de intereses. Personas como Elena Salgado o de Guindos, gane quien gane las
elecciones, van a seguir tomando decisiones en las grandes empresas privadas en
las que trabajan. Por eso estas personas deberían ser fiscalizadas.
El gran problema
es que este tipo de perfiles acaban poniendo sus conocimientos sobre el sector
público al servicio del beneficio del privado. Lo contrario no suele pasar.
También hay que
tener en cuenta el componente de red. Estas personas se relacionan con gente
muy importante, recrean una realidad que es la suya, que está muy distanciada
de los problemas de la mayoría de la ciudadanía. Muchos cambios ideológicos se
producen por esto, porque se alejan de la realidad en la que crecieron.
Podríamos definirlo como pensamiento gregario: muchas personas pensando de
manera parecida y, por tanto, pensando poco.
¿Qué
posibilidad tiene un partido de cambiar esa estructura tecnocrática?
Creo que es
imposible renunciar a la tecnocracia por la complejidad y por la necesidad de
contar con esos ‘mecánicos’ que te arreglen el coche. No se puede hacer una
asamblea para todo, digámoslo así.
Eso sí, hay muchos
tipos de ‘mecánicos’, y algunos se guían por sus propios intereses y otros, no.
Los partidos que quieren cambiar cosas, pueden intentar atraer para sí miembros
de esa tecnoestructura. En algunos cuerpos hay pluralidad ideológica, y no se
trata de dar de alta a ciertos funcionarios como militantes, pero sí atraerlos.
Es una práctica que el PSOE ha hecho con ciertos cargos, tenerlos como
simpatizantes, para poder contar con ellos cuando se gobierna.
«Cuando conoces la
historia, te das cuenta de que la transición que se hizo de la dictadura a la democracia
no fue completa y que muchos resortes franquistas siguen funcionando a día de
hoy»
Otra posibilidad
es luchar por pluralizar la entrada a estos cuerpos con becas, por ejemplo,
para que toda persona que quiera ser abogado del Estado, pueda al menos
intentarlo. Porque partimos de la base de que entrar en este tipo de cuerpos es
costoso y requiere que durante algunos años estés dedicado por completo a
estudiar, pagando una academia… Es una inversión que no todo el mundo se puede
permitir.
Según cuenta,
el límite entre lo privado y lo público es muy laxo o prácticamente
inexistente. ¿Significa esto que no se puede acabar con las puertas giratorias,
que la creación de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) no ha servido
para nada?
Se puede limitar,
por ejemplo, impidiendo que te vayas a una empresa que ha sido beneficiada por
tus decisiones al frente de un organismo público. Pero ni siquiera eso se
cumple. El exministro [Pedro] Morenés benefició a empresas que él había
presidido en su etapa privada con la firma de contratos públicos legales, como
la fabricante de armas Instalaza. Lo que se puede regular es que este señor
tenga que estar varios años en el ‘purgatorio’, pero no sé hasta que punto esta
persona no va a usar sus conocimientos para beneficiar a una empresa privada,
sea cual sea.
Y está la
dimensión casi íntima. Si esta gente se reúne en el Club Puerta del Hierro, uno
de los más exclusivos de Madrid, la OCI no puede entrar ahí e imponer nada. Si
en estas reuniones le piden a Morenés ayuda en forma de conocimientos o
contactos, nadie le puede decir que eso no puede hacerlo. Hay infinitud de
mecanismos para influir.
Respecto al
fenómeno de las puertas giratorias, prohibirlo no sería posible ni sería justo
porque se impide la libertad fundamental de cambiar de oficio. Pero es que
tampoco terminaría de cambiar las cosas porque hay mil mecanismos para hacer
ese traspaso de conocimiento de lo público a lo privado. Ahí soy pesimista.
¿Cuánto de
los resortes del franquismo siguen formando parte de nuestra sociedad política
y económica?
Muchísimos. La
entrada de Podemos y Ciudadanos en el Congreso debería haber servido para
eliminar una parte, porque son dos partidos que no están tan vinculados con ese
pasado. Pero luego aparece VOX y todo vuelve a resurgir. En un partido
aparentemente nuevo pues tienes, por ejemplo, a los Espinosa de los Monteros,
que es una saga muy vinculada al régimen. También está la
familia Monasterio o la familia Coello de Portugal. Pero tenemos que recordar
la mayor parte de los dirigentes de VOX han pasado de una manera u otra por el
Partido Popular.
Cuando conoces la
historia, te das cuenta de que la transición que se hizo de la dictadura a la
democracia no fue completa y que muchos resortes franquistas siguen funcionando
a día de hoy. En VOX vemos lo explícito y lo pornográfico de
la herencia de la dicturadura, porque lo llevan con orgullo. Pero hay mucho más
que no vemos, que está más escondido.
¿Cuál es
el papel del IBEX 35 en nuestra democracia?
Son 35 empresas y
no deberíamos centrarnos solo en ellas. Hay que tener en cuenta que estas
compañías ya han sido penetradas por grandes fondos internacionales que van
haciéndose hueco en todas las empresas del mundo e influyen en la gerencia,
marcha o decisiones. No habría que fetichizarlas demasiado, pero es cierto que
el poder ya no es nacional sino que está conectado internacionalmente. El IBEX
35 es una delegación de ese poder financiero internacional.
Influyen en el día
a día. Las grandes empresas forman parte de ese intercambio continuo de
personal entre lo público y lo privado. Si miras los puestos de secretario de
los consejos de administración de las 35 empresas, te darás cuenta de que un
porcentaje superior al 80% son abogados del Estado. ¿Y qué son
los abogados del Estado? Son personas formadas en la Administración pública. Y
aquí nos damos cuenta de que el IBEX 35 no tiene una naturaleza
completamente privada.
Utilizan ese
paradigma de lo privado, pero no es verdad. Amancio Ortega es el dueño de una
empresa que está dirigida por Pablo Isla, que es abogado del Estado, y que tuvo
hasta hace poco a Carlos Espinosa de los Monteros, un ‘teco’ [Técnico Comercial
Economista del Estado] y alto funcionario, como vicepresidente. Aquí se pueden
ver esas redes dentro del propio IBEX.
A esto hay que
añadirle los grandes contratos públicos en los que compiten estas grandes
empresas o sus filiales. En las condiciones de estos concursos públicos se
puede influir de muchas formas, algunas más legales que otras. El tema de la
libre competencia o de la meritocracia, la mayor parte de las veces es falso.
Se me
viene a la cabeza el caso de OHL y los presuntos sobornos para conseguir
contratos públicos, cuyo presidente es Josep Piqué, un exministro.
Es un ejemplo
perfecto. OHL es una empresa con una conexión muy fuerte con la Corona, que le
concedió un título aristocrático al patriarca. Villar Mir era ingeniero de
Caminos, ministro en la primera parte de la Transición, adepto al régimen… Y
luego se descubre el tema de los sobornos. Y no solo esto, sino también el
reparto de contratos públicos con otras empresas similares. Porque no solo es
construcción, también es la recogida de basuras, la limpieza de colegios… Estos
son mecanismos mafiosos al alcance de grandes acumulaciones de capital como OHL.
¿En qué se
parecieron y en qué se diferenciaron en este sentido los gobiernos de José Luis
Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy?
En el libro
utilizo la metáfora de los zorros y los leones, y del erotismo y la
pornografía. No es porque unos sean zorros y otros leones, sino porque el
sistema les obliga a ser una cosa o la otra. Zapatero llega en un contexto de
crecimiento en el que sus economistas de cabecera ignoraban lo que iba a venir.
O bien, los más listos como [Miguel] Sebastián, lo intuían pero no conocían la
magnitud de lo que se venía, o no querían responsabilizarse de algo de lo que
en realidad no eran responsables. Por eso comenzaron con una serie de reformas
sociales cuyos beneficios estamos disfrutando ahora mismo y son muy positivos.
Pero utilizaron la crispación que había para llevar a cabo un disparate
económico que todavía no han reconocido. Y esto se debió a que la
tecnoestructura imperante en aquel momento era muy proausteridad ortodoxa. Por
eso fueron zorros, porque eran persuasivos. Pero por irresponsabilidad hicieron
mucho daño a las familias, porque su pretensión de mantener el superávit
público produjo un déficit privado brutal que potenció la explosión de la
burbuja. Se postergó el problema y se agravó.
El Gobierno del PP
jugó el papel del león porque cogió la política de recortes del PSOE y la
multiplicó. Eso generó malestar entre la gente y su forma de parar el malestar
fue con restricciones sociales y culturales. No por casualidad ponen en marcha
la prisión permanente revisable, la Ley Mordaza, los tejemanejes de Fernández
Díaz en Interior… Es una reacción para controlar la agitación en las calles. Es
la diferencia entre el PSOE y el PP.
Ni
siquiera un Gobierno aparentemente renovado como el de Pedro Sánchez, con un
tertuliano televisivo o un astronauta, escapa de esta lógica de la tecnocracia.
En el libro lo define como “un gobierno de continuidad administrativa”.
Un buen ejemplo es
la ministra de Economía, Nadia Calviño, agradeciendo el apoyo de su preparador
de oposiciones. ¿Y quién era? Su predecesor en el Ministerio, del PP. Esa
anécdota da buena cuenta del espíritu tan marcado de cuerpo que tienen estas
personas. Lo dice de corazón, a pesar de que en la opinión pública no estén
bien vistos este tipo de gestos hacia un rival político. Es una realidad
paralela, una red interna. Y es un buen ejemplo de la continuidad
administrativa.
Sánchez ha hecho
cambios en materia de género en la tecnoestructura, de incorporar a más
mujeres. Pero si se mantienen ideas equivocadas no sirve de nada. Igual que
Zapatero se trajo a muchos técnicos de González, Pedro Sánchez ha hecho lo
propio con los de Zapatero. Hay cosas muy incoherentes, por ejemplo, hace un
guiño a las renovables y se trae al número dos de Abengoa. Hay que convencer a
los poderes fijos, a los que nadie elige, de que no les vas a traicionar, ni
vas a hacer locuras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario