Escribe:
Milcíades Ruiz
Saber
gobernar es una cualidad fundamental para quienes tienen a su cargo la
administración del Estado. La torpeza es propia de la mediocridad, y la ineptitud
suele ocasionar daños sociales masivos por desaciertos en la gestión
gubernamental. Designar un gabinete chabacano tiene sus consecuencias como las
estamos viendo con los sucesos en torno al proyecto “Tía María”. Cambiar el
gabinete por uno de mayor eficiencia es una necesidad perentoria.
Al manejo
declinante del sector economía se suman las ineptitudes de manejo en otros
sectores que se reflejan en el PBI, empleo, delincuencia y otros males que la
población paga por culpas ajenas. El Premier en vez de cumplir con sus labores
ejecutivas está más ocupado en otros asuntos, desatendiendo el urgente tapado
de huecos que hacen agua por todos lados en nuestra embarcación. Con este
gabinete tenemos conflictos sociales en agricultura, pesca, salud, educación y,
por si fuera poco, ahora tenemos los de minería.
Pero es el
propio gobierno el que crea el conflicto social para luego decir a los
contrincantes que el siguiente paso es dialogar. En cualquier parte del mundo,
la licencia otorga el derecho de proceder al dueño del negocio, autorizando sus
actividades. Eso es lo que el gobierno ha hecho al otorgar la licencia a la
transnacional Southern. Por ello, invocar el diálogo posterior deviene ilegal,
violando dicho derecho y redobla la torpeza pretendiendo engañar a la
población.
En vez de
reconocer el error y corregirlo, complica más la situación pues se persiste en
favorecer a la transnacional al no anular la autorización. A los afectados solo
les asigna un papel secundario sin cambiar la decisión. ¿Pero dialogar para
qué? Pues, para convencerlos y vencer su resistencia, hasta lograr que acepte
lo que ya está decidido. El supuesto de este diálogo es que la población se
opone por ignorancia y manipulación de los anti mineros. Entonces se trabaja
solo con un enfoque meramente técnico, para erosionar la voluntad de lucha de
los afectados.
Esa es la
finalidad de la trampa del diálogo. ¿Caerán en la trampa los afectados?
Pero hay una
lección de vida de un caso similar en que la Southern fue repelido y desalojado
por los afectados también tildados de ignorantes. Esta empresa acapara muchas
concesiones mineras en diferentes regiones como Apurímac, Moquegua y Ayacucho.
Pero los ayacuchanos son luchadores natos en toda su historia y allí la
Southern se encontró con un pueblo aguerrido que lo hizo huir “con el rabo
entre las piernas”.
Se trata del pequeño distrito de Hualla en la provincia ayacuchana
Víctor Fajardo, el mismo que, en julio del 2011 expulsó a dicha transnacional y
aunque el corrupto presidente de entonces, había dicho “Hay quienes no comen ni
dejan comer”, los huallinos hicieron defensa cerrada de su heredad ecológica.
En el 2009, la Southern convocó a la población a la plaza de Armas, en cinco
ocasiones, para explicar los trabajos de exploración. Pero de pronto, la Southern obtuvo autorización del Ministerio de
Energía y Minas para desarrollar el proyecto Chinchinga sin la consulta previa
a los pobladores.
Chinchinga
es un paraje que está ubicado a más de 4000 msnm donde hay fierro, cobre,
molibdeno y en menor cantidad oro, plata, arsénico, plomo, zinc, entre otros.
Pero los pobladores ya sabían lo que pasaba con el vecino asentamiento minero
Canaria donde ocurrió el desborde de un relave mineral que cayó al cauce
del río. También sabían de las promesas incumplidas. Entonces la desconfianza
se acrecentó pues aunque la empresa y autoridades les ofrecieron de todo como
en el caso Tïa María, ellos dijeron: “manan”.
La empresa ya tenía a su favor a jueces, autoridades locales y
regionales, pero nada convenció a la masa. Se trajeron abajo a todo sospechoso
de haber sido comprado por la empresa, sean autoridades, dirigentes, familiares
y beneficiarios que ya estaban laborando para la empresa. Tenían una vida
apacible en su hábitat ecológico y no quisieron correr el riesgo de perderlo
pese a los argumentos técnicos. Buscaron la solidaridad de toda la provincia y
formaron el frente de defensa de los intereses provinciales.
Se hicieron innumerables gestiones ante las autoridades nacionales, pero
estas, estaban parcializadas con la transnacional. Frente a esta situación, en
enero del 2011 unos 300 comuneros se dieron cita en la plaza mayor de Hualla y
acordaron no permitir la presencia de la empresa en la zona. En junio, en una
reunión multicomunal, los alcaldes y presidentes de las comunidades de Fajardo
decidieron acatar un paro para forzar la salida de la transnacional.
No obstante, un día antes del paro, el presidente regional Oscorima se
presentó acompañado del gerente general de la Southern para tratar de
disuadirlos hablando maravillas del proyecto. El repudio terminó en bronca. El
paro se realizó y el gobierno respondió con la consabida “mesa de diálogo”.
Mientras esto sucedía en Ayacucho, las protestas en el valle Tambo contra la
misma transnacional, por el proyecto “Tía María” arrojaban ya tres muertos.
La lucha de los agricultores de este valle arequipeño alentó la decisión
de los ayacuchanos que resolvieron un paro indefinido exigiendo la salida de la
transnacional. El gobierno regional entonces se vio precisado a declarar como
zona intangible el área del proyecto Chinchinga plegándose al sentir general. A
la empresa no le quedó otra que retirarse de la zona llevándose todos sus
implementos, pero advirtiendo que mantendrá sus derechos.
La victoria
del distrito de Huaylla es un ejemplo que pasa desapercibido, pero demuestra
que es posible revertir la mala intención de los depredadores de recursos
naturales, preservando los ecosistemas naturales. Muchos despojos se consuman
porque lo permitimos. Luego vino el gobierno de Humala en el que los conflictos
mineros dejaron 50 muertos y 750
heridos según registro de la Defensoría del Pueblo. ¿Se justifica el
despojo con este saldo trágico por culpa de un gobierno vende patria?
Los analistas convocados por la prensa reducen la
problemática del caso “Tía María” a un enfoque sesgado que privilegia lo
técnico. “Se va a usar agua de mar”, nos dicen como salvedad. No somos tarados
para pensar que el agua de mar no se evapora ni filtra al subsuelo, ni se suma
al torrente de aguas subterráneas, que sus componentes no se combinan
químicamente con los átomos metálicos y no metálicos, que el lavado de
minerales y de polvo no sedimenta con el agua de mar, que el arsénico, ácido
sulfúrico y otras sustancias nocivas que se diluyen en agua de mar no son
venenosos, que con el agua de mar no hay relaves, etc.
Pero este, más que un asunto técnico, es un asunto
político. Bien sabemos que lo técnico se ajusta a lo político, sirviendo
indistintamente a cualquier corriente ideológica. Si tenemos una Política de
Estado entreguista de nuestras riquezas naturales, entonces esa línea política
se impregnará a todos los planes de gobierno. Por tanto, si no hay cambio de
esta política de estado, seguiremos lamentando las atrocidades del despojo que
favorece a nuestros depredadores.
Por eso es muy importante sumarnos a la lucha de
los afectados por la minería, desde cualquier trinchera en que nos encontremos.
Aunque ellos son afectados directamente, en realidad todos los peruanos somos
afectados indirectamente por el despojo de riquezas no renovables y porque, con
la riqueza que se llevan nuestros opresores, tendrán más poder para
avasallarnos. Por el contrario, nosotros perderemos para siempre nuestra
heredad de recursos naturales, quedándonos como país sumido en la pobreza
después de haber tenido tanta riqueza. O no. Ustedes que dicen. ¿Dejar hacer,
dejar pasar?
Julio 2019
Otra
información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
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