Por Pablo Abufom Silva | 24/12/2021 | Chile
La noche del 21 de noviembre fue una de las más dolorosas de los
últimos años en Chile. Los resultados de la primera vuelta presidencial daban
la primera mayoría a José Antonio Kast, el candidato del pinochetismo y vocero
de la contrarrevuelta, de esa derecha golpeada por la revuelta de octubre del
2019 y que no soportó la insubordinación de los pobres, las feministas y los
indígenas.
En segundo lugar llegaba Gabriel
Boric, un dirigente estudiantil devenido parlamentario, representante del
Frente Amplio, una alianza política que había roto al mismo tiempo con los
partidos de la Transición neoliberal y con la izquierda radical estancada en
una costosa marginalidad. Se trataba del mismo Boric que había firmado a nombre
personal, sin el respaldo de su partido, el Acuerdo por la Paz Social y la
Nueva Constitución en noviembre de 2019, dando paso a un proceso constitucional
restringido, y por lo mismo, foco de grandes críticas por parte del movimiento
popular en su conjunto.
La elección presidencial más
significativa desde 1970 parecía llevarnos hacia una barbarie demasiado
imaginable para cualquiera que tenga memoria. Los sectores movilizados de
Chile, abiertamente críticos de la orientación más bien moderada de Boric,
tomaron la rápida decisión de sumarse a la campaña para asegurar su triunfo, y
sobre todo, una aplastante derrota de la candidatura pinochetista. Esto se hizo
realidad la noche del pasado domingo 19, con un resultado electoral inédito en
muchos aspectos. En primer lugar, Boric (55,9%) fue electo con una ventaja de
más de 11 puntos sobre Kast (44,1%). Segundo, la participación aumentó
significativamente con respecto a la primera vuelta (55,7% del padrón, versus
un 47,3% en la primera vuelta), superando todas las tasas de participación
desde que se implementó el voto voluntario en 2012. Finalmente, Boric es el
presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia de Chile
(4.620.671). Se trata de una combinación inédita en un país que llevaba un
largo periodo de alta abstención, con la excepción del Plebiscito por la Nueva
Constitución de octubre del 2020. Aun así, este domingo participó casi un
millón más de personas que para aquEl referéndum (7.562.173, un 50,9% del
padrón).
En un contraste hermoso, la
sensación de victoria inunda la noche del domingo 19 de diciembre de este 2021
demasiado largo para los pueblos de Chile. Cientos de miles de personas
recorren las calles de todo Chile para celebrar cara a cara lo que sienten como
un triunfo propio: haber derrotado al pinochetismo y poder mantener abierto el
ciclo de transformaciones que impulsó la revuelta popular de octubre del 2019.
Pero no es solo alegría, sino sobre todo alivio. La amenaza del neofascista
Kast, materializada ya en los gobiernos de Trump, Bolsonaro y Orbán, fue
percibida muy claramente por el movimiento feminista y la comunidad LGBTQI+,
que aun teniendo pocas ilusiones en Boric, fueron los sectores que más
rápidamente se convocaron a
trabajar por un triunfo suyo en la segunda vuelta. Algunos
análisis iniciales ya apuntan a la
tremenda importancia del voto femenino y joven en ese triunfo.
De la
revuelta a la contrarrevuelta
¿Cómo fue que llegamos a este
escenario tan riesgoso? No hay respuestas sencillas, pero sí algunos elementos
insoslayables. Al igual que otros países de la región y el mundo, Chile está
transitando un largo periodo de politización polarizada, que se asienta sobre
una inestabilidad social y política causada por múltiples crisis ecológicas,
económicas y sociales. La administración neoliberal de la transición a la
democracia se sostuvo con estabilidad durante un ciclo de crecimiento económico
entre los 90 y el fin de los 2000. Pero con el precio de las materias primas a
la baja hacia 2009, esa certeza se diluye para los sectores populares, que
comienzan a ver cómo su vida se va precarizando de manera implacable. Chile es
un país sin acceso garantizado y universal a salud, pensiones, educación y
vivienda, donde el ámbito de la reproducción de la vida está privatizado, ya
sea en manos de empresas privadas o cargado simplemente sobre los hombros de la
esfera privada familiar, particularmente de niñas, jóvenes y mujeres
responsables de los cuidados. En el marco de esa estructura, los cambios en las
condiciones macroeconómicas se dejan sentir muy rápido en las vidas cotidianas
de los sectores populares.
Ese proceso de precarización
creciente se complementa con una democracia tremendamente restringida,
delineada por la Constitución aprobada fraudulentamente por la dictadura en
1980. Se trata de un marco normativo que concentra el poder político en el Ejecutivo
y el Congreso, sin lugar alguno para las comunidades y territorios, y que pone
altísimas exigencias para los cambios, muchos de ellos bloqueados por quórums
supra-mayoritarios en el parlamento. Se trata de una democracia excluyente,
hecha a medida de los grandes partidos burgueses, y que incluye mecanismos que
tienden a dejar fuera a mujeres, pueblos originarios e independientes.
Esta explosiva combinación llevó a
la revuelta de 2019, en la que una chispa de insurgencia estudiantil contra el
aumento del precio del transporte incendió una pradera plagada de
resentimiento, deuda y desesperanza. La revuelta fue un portal hacia lo nuevo,
cargado de la violencia política que caracteriza a los despertares del pueblo.
Pero también fue un remezón para la clase dominante, que activó rápidamente sus
dispositivos autoritarios y de combate ideológico para frenar ese despertar
popular. El presidente Sebastián Piñera declaró la guerra al pueblo, sacando a
los militares a aplacar la revuelta. Política y mediáticamente, se articuló un
relato que contraponía la violencia destructiva de la calle a un nuevo pacto
social digitado al interior del Congreso. El primer momento de la revuelta
concluyó en el Acuerdo del 15N. Allí se inició la consolidación institucional
de la impugnación antineoliberal de la revuelta, que se tradujo en la
habilitación de un espacio político para la contrarrevuelta, organizada ahora
en la campaña de la opción Rechazo para el Plebiscito por una Nueva
Constitución, y en la introducción de una tensión en el campo popular: a favor
o en contra de aquel Acuerdo y su institucionalización. Son escenas conocidas
para el movimiento popular en el mundo: largos y encendidos debates sobre los
riesgos y oportunidades que abre el paso de lo instituyente a lo instituido.
A dos años de la revuelta, es
evidente que el proceso de politización que experimenta la sociedad chilena no
es simplemente un escenario de izquierdización. La integración de miles de
personas a la actividad política se da por la izquierda y por la derecha. Esto
no significa que el país esté dividido simplemente en dos. Los sectores
populares han adoptado una actividad político-social siguiendo orientaciones
feministas y de izquierdas, participando en asambleas territoriales para
organizar la defensa de los Derechos Humanos o debatir los contenidos de una
nueva Constitución, o involucrándose en las campañas para elegir representantes
para la Convención Constitucional, o ingresando a organizaciones sociales y
políticas para asumir roles activos en los procesos de cambio. Por su parte, la
derecha ha organizado su base en comunidades de contrainformación conservadora
y anticomunista, en iglesias evangélicas reaccionarias con presencia
territorial, en grupos de choque neofascista que retoman la calle con una
presencia no vista desde la Unidad Popular, ya
sea para atacar los símbolos de la revuelta o llevar a cabo acciones de amedrentamiento.
La actividad de los sectores populares es masiva, abierta, autogestionaria,
participativa y constructiva, con una voz múltiple, mientras que la
politización de derecha es reaccionaria, de grupos pequeños financiados por
empresarios, y con vocerías políticas más tradicionales. Una de ellas es la de
José Antonio Kast, antiguo militante y parlamentario de la derecha católica,
conservadora, autoritaria y nacionalista, devenido líder del nuevo Partido
Republicano, que reúne hoy a lo más granado del pinochetismo y el neofascismo,
y que existe por fuera de la coalición derechista Chile Vamos.
Kast ya había sido candidato
presidencial en 2017, con un pobre desempeño electoral. Desde entonces se
consolidó como la voz de la reacción ante las aspiraciones refundacionales de
la izquierda, apuntando sus dardos principalmente contra el Partido Comunista y
el Frente Amplio, pero también contra el movimiento feminista y de la
disidencia sexo-genérica, las organizaciones mapuche y socioambientales. La
revuelta, y en particular el ciclo electoral 2020-2021, le dio la oportunidad
de consolidar su liderazgo como vocero del Rechazo y articulador de una
alternativa electoral para los sectores de la contrarrevuelta. La pandemia
ratificó su posición anti-científica y anti-globalista, aunque de una manera
más solapada que otros liderazgos ultraderechistas del mundo.
Estas oportunidades coyunturales,
sumadas a la debilidad de las candidaturas de Chile Vamos, pusieron a Kast a la
cabeza de la apuesta electoral de la derecha para estas elecciones
presidenciales. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Las múltiples crisis del
capitalismo en Chile no solo han dado lugar a una alternativa transformadora,
de base antineoliberal, feminista y plurinacional, sino que también abrieron un
portal a los monstruos del pinochetismo y el autoritarismo, que ofrecen una
alternativa de mano dura anti-migrante, nostalgia por el disciplinamiento
patriarcal de la dictadura y presunta certeza económica para el gran
empresariado.
Los dos
polos del campo transformador: Boric y el proceso constituyente
En esta rearticulación del terreno
político en Chile, donde las fuerzas tradicionales de la derecha y la
centroizquierda han mostrado su máximo agotamiento y falta de proyecto, se ha
abierto un espacio para la transformación, en el que conviven dos sectores: por
un lado Boric y la coalición Apruebo Dignidad (que incluye al Frente Amplio y
el Partido Comunista), y por otro las fuerzas de movimientos sociales y pueblos
originarios que lograron un espacio inédito en la Convención Constitucional, en
torno a las listas de Movimientos Sociales Constituyentes, la Lista del Pueblo
y constituyentes de Pueblos Originarios. Es una coexistencia que no carece de
tensiones, pero que al menos discute sobre el terreno común de las aspiraciones
de cambio estructural al régimen de 1980.
Mientras que Boric logra el
heterogéneo respaldo masivo que reseñé al comienzo, el sector popular
constituyente tiene su fuerza en el hecho de que la disputa por una nueva
Constitución aparece hoy como el centro del ciclo político chileno actual. Las
elecciones recientes son un indicador de este fenómeno, en la medida en que
cada vez que ha estado en juego el proceso constituyente, la participación ha
sido alta y se ha inclinado mayoritariamente hacia el polo transformador. Esto
ocurrió con la votación en el plebiscito, con un 80% por el Apruebo, en la
elección de convencionales, donde las fuerzas abiertamente anti-neoliberales
alcanzaron la mayoría de la Convención Constitucional, y en la segunda vuelta
presidencial, donde se hizo inminente la amenaza de un gobierno de Kast que
destruyera avances en derechos y bloqueara el momento constituyente abierto por
la revuelta. No fue así con la elección parlamentaria, donde no se dieron las
mismas garantías democráticas para la participación de independientes,
luchadores sociales y pueblos originarios. Es posible afirmar hoy que los
sectores populares, principales garantes del proceso constituyente, eligen
sabiamente sus batallas electorales en el marco de una democracia restringida.
Con un gobierno de Boric se presenta
un escenario favorable para el proceso constituyente, lo que dará protagonismo
a las fuerzas populares constituyentes que mantengan su independencia política
del gobierno, pero compartan algunos aspectos programáticos claves. Lo que está
en juego para las fuerzas populares dentro y fuera de la Convención es
aprovechar la oportunidad de un gobierno favorable para desplegar al máximo el
potencial del proceso constituyente y abrir un largo ciclo de transformaciones
estructurales en el modelo económico, el sistema político y la garantía de
derechos sociales.
Por su parte, el principal desafío
que enfrentará el gobierno de Boric será administrar el impasse que representa
un Congreso sin mayorías claras y una crisis económica que arrecia. En ese
contexto difícil pero no inédito, Boric tiene la oportunidad de no ser un nuevo
gobierno de la Concertación. El éxito de su gobierno depende claramente de
cumplir la promesa de cambio al pueblo que celebró en las calles la noche del
domingo, y no a los mandarines renovados que afilan los dientes esperando sus
errores para salir a decir que ellos lo hubiesen hecho mejor.
En el corto plazo veremos la
reorganización de la derecha: los partidos de Chile Vamos y el Partido
Republicano buscarán capitalizar la votación, disputando el liderazgo del
sector para el nuevo ciclo. Estando en minoría en la Convención Constitucional,
buscarán darle el máximo poder posible a su bloque en el Congreso, y seguirán
insistiendo en su relato de que en esta elección «ganó el Boric moderado», como
una manera de tensionarlo hacia el centro. También veremos a la vieja y agotada
Concertación abriéndose lugar en el gobierno de Boric con una mezcla de falsa
adulación y amenazas solapadas. Se ofrecerán como garantía de gobernabilidad,
pero seguirán siendo la penúltima trinchera de la Transición. Compartirán con
la derecha la tarea de tentar a Boric hacia el centro, teniendo como
antecedente su conocida trayectoria de conciliación y acuerdos en momentos
cruciales.
El primer desafío que tendrán Boric
y Apruebo Dignidad será definir si aprovecharán el triunfo electoral para
afirmar su programa de reformas estructurales, o si el miedo a ser rechazados
por el duopolio transicional les hará moderarse y alejarse de la base social
que les dio un triunfo que no lograron por sí mismos en primera vuelta.
Nuevas
tareas para la izquierda anticapitalista
En contra de la tesis de que el
gobierno de Boric solo puede ser un gobierno moderado y conciliador, los resultados
electorales muestran que hay un pueblo dispuesto a defender el momento
constituyente con toda su creatividad y su deseo de ruptura con el régimen
actual. En el relato de la moderación instalado por la derecha, que hará eco en
los sectores liberales de Apruebo Dignidad, busca transmitir un mensaje
disciplinador: más le vale mantener silencio a la izquierda radical y a los
movimientos sociales, no vaya a ser que terminen siendo responsables de una
nueva derrota para su sector, o aún peor, de un nuevo golpe de estado. Se nos
llama a dejar que Boric haga lo suyo, sin críticas que abran flancos.
Pero el énfasis en el cumplimiento
efectivo del programa no es, como podrían creer algunos, un obstáculo para la
realización de las transformaciones, sino su mejor garantía. Esas
transformaciones solo serán posibles si cuentan con el impulso de una amplia
coalición de movimientos sociales y políticos que mantenga sobre la mesa los
aspectos irrenunciables del programa, lo inaceptable de la represión y la
urgencia de superar desde hoy mismo el guion transicional de cambios “en la
medida de lo posible”. Frente a un gobierno susceptible a la presión popular,
será clave mantener la independencia política de los movimientos sociales y la
izquierda anticapitalista con respecto al gobierno, su disposición a respaldar
los avances y criticar los retrocesos, para no enredarse en la siempre presente
tentación vacía de tener poder en los pasillos del palacio a cambio de
abandonar el horizonte de transformación.
¿Cuáles son esos puntos
irrenunciables del programa? En lo inmediato, una reforma tributaria que
permita la contención de la crisis económica de los hogares de la clase
trabajadora mediante la condonación de la deuda educativa y un ingreso de
emergencia universal. En el mediano plazo, la reducción de la jornada laboral,
un nuevo sistema de pensiones sin AFP, un fondo universal de salud y un sistema
nacional de cuidados, además de modificar las condiciones para la negociación
colectiva de los sindicatos y garantizar el derecho a huelga. En una mirada de
largo plazo, sentar las bases para una transición ecológica donde la
renacionalización de las materias primas se complemente con una reorientación
de la matriz productiva en un marco de solidaridad e integración regional.
Pero junto con ello, el nuevo
gobierno tendrá que responder a dos demandas urgentes de los sectores que no
son de su coalición, pero que sí lo respaldaron en la segunda vuelta. La
libertad de los presos políticos mapuche y de la revuelta, y el derecho al aborto
libre, legal, seguro y gratuito. Ambas demandas cuentan con iniciativas
parlamentarias que han sido bloqueadas por la derecha y la centroizquierda.
Pesa sobre el gobierno de Boric la responsabilidad histórica de reparar las
violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el presente y el pasado, y
establecer un marco de libertad sexual y justicia reproductiva que represente
avances claros para el movimiento feminista y las comunidades LGBTQI+.
Se vuelve una necesidad inevitable,
entonces, que las diversas fuerzas políticas y sociales dentro y fuera de la
Convención Constitucional se encuentren en una alianza que reúna a los
movimientos que han sostenido las movilizaciones feministas, estudiantiles,
territoriales y sindicales de las últimas décadas, y que integre el
archipiélago de la izquierda radical a una actividad de masas que convierta su
potencial militante, que tanto ha contribuido a esos mismos movimientos
sociales, en capacidad política del pueblo y no solo de pequeños grupos.
Esta alianza popular tendrá una
tarea difícil: confrontar a la nueva derecha radicalizada y sus ansias de
revancha antipopular. Esa confrontación tendrá lugar en las calles y
aprovechará las lecciones de autodefensa aprendidas décadas, y más
recientemente durante la revuelta. Pero la manera más duradera de frenar a la
ultraderecha es ganar a su potencial base popular para un proyecto de
transformación anticapitalista y feminista, y eso se logra conquistando mejores
condiciones de vida y de lucha, cerrándole el paso a la oferta de una salida
conservadora a la crisis. Al fascismo también se le combate en el terreno de la
vida cotidiana de la clase trabajadora plurinacional de Chile.
Pero, sobre todo, una confluencia
política y social como esa tiene la oportunidad de convertirse en la fuerza que
le dé soporte territorial a la redacción y aprobación de la nueva Constitución
en el plebiscito de salida en 2022, y que pueda corregir las vacilaciones del
nuevo gobierno en los momentos cruciales del cumplimiento del programa. Con un
Congreso bloqueado, sin una mayoría clara, lo que inclinará la balanza en esos
momentos será, como el domingo recién pasado, la movilización popular. La
independencia política y la orientación programática de esa movilización será
la clave de este nuevo ciclo.
Pablo Abufom, militante
de Solidaridad y editor de Revista Posiciones.
https://rebelion.org/gabriel-boric-ultimo-presidente-de-lo-viejo-o-primer-presidente-de-lo-nuevo/
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