Rebelión
27-05-2012
Estamos ante un juego de posiciones. Hay en él, tres factores que mueven sus piezas en procura de definir las cosas tal como las conciben: el pueblo de Cajamarca, que lucha por preservar la riqueza del subsuelo, el agua y el bienestar general; las mineras Newmont y Yanacocha, directamente involucradas en el proyecto de explotación de la mina de oro más rica del Perú: y el gobierno que busca lo que ha dado en llamar “un justo equilibro entre el oro y el agua”, un modo de asegurar que quiere comer a doble cachete.
La lucha del pueblo de Cajamarca no es el resultado de un capricho local, ni la consecuencia de las maquinaciones partidistas de un grupo de agitadores supuestamente enquistados en la cúpula de su gobierno regional. Es el resultado de un proceso social muy vasto en el que la población ha ido tomando conciencia de dos factores: la necesidad de proteger lo suyo, y el derecho a intervenir en las decisiones del Estado a fin de asegurar que los planes de gestión que se ejecuten, nos los afecten.
En la base, subyace una lección de la historia a la que se refirió sabiamente Galeano cuando habló del proceso de la conquista: ellos tenían la Biblia, y nosotros la tierra. Nos dijeron cierra los ojos. Y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra, y nosotros la Biblia, nos dijo. Debajo de esa tierra estaba, por cierto, el oro que los españoles se llevaron como si fuera pasto, y que hoy los grandes consorcios se lo siguen llevando, como si fuera suyo.
Las empresas que buscan asegurar el proyecto Conga no tienen interés alguno en el progreso del país ni en el bienestar general. Y constituye una mentira descomunal, asegurar -como lo hace la “prensa grande”- que la minería “asegura el progreso”. Y es que no hay regiones más atrasadas y más pobres en el Perú que las zonas mineras de las que paradójicamente se extrae la más grande riqueza producida en el Perú.
El ejemplo más claro de ello no proviene sólo del pasado -Cerro de Pasco, Huancavelica y Apurimac, el doloroso y trágico “Trapecio Andino” donde la pobreza bordea el 70%- sino que se instala en el presente. En la región cusqueña de Espinar, donde opera la minera Xstrata, la población de Tintaya -el pueblo de la mina- carece de agua y servicios higiénicos elementales. Y es que la empresa devora, literalmente, todos los recursos hídricos de la región para luego llevarse el mineral. Un tiempo más y quedará la población con sus cerros pelados y sus huecos profundos. Y con una miseria mayor, y más sentida, que antes.
Hoy la empresa está jugando esta partida en otras condiciones. Objetivamente no ha logrado imponer su capricho a rajatabla, como ocurría en los años del chinito de la yuca, o bajo las administraciones de Toledo o García. Ahora se encuentra con un gobierno que le pone alguna, aunque precaria, resistencia; y con un pueblo que lucha por lo que estima la más justa de las causas.
Yanacocha -y su matriz la Newmont- no han decidido aún “si aceptan o no” las condiciones que planteó el Presidente Humala para dar “luz verde” al proyecto minero de Cajamarca. Dice que “sigue estudiando” el tema y que definirá su opción en la primera semana de junio. ¿Qué espera entre tanto?
No, por cierto, que cambien las exigencias del gobierno, como se propuso lograr a través de su campaña de prensa en las dos últimas semanas a través del diario “El Comercio” y la red de TV a su servicio; sino que se despeje el escenario, es decir, que se sepa si el Paro de la población de Cajamarca programado a partir del fin de mes, será exitoso o no, si las movilizaciones previstas en la capital y otras ciudades desde el 30 de mayo, tomarán forma; o si el gobierno se decide, finalmente, “poner mano dura” y disparar contra el pueblo en forma desembozada, y no como lo viene haciendo ahora de manera errática, pero aun episódica, dejando muy recientemente una dolorosa estela de heridos en la provincia de Comandante Espinar, en el Cusco.
Si el pueblo fracasa en sus acciones y si el gobierno afila sus baterías para orientarlas contra la población, la empresa aceptará continuar con el proyecto, aunque anuncia ha que reducirá su inversión, originalmente prevista para una etapa inicial en 1,800 millones de dólares, a sólo 440,000 millones. Y es que se considera en el derecho de castigar la resistencia a sus demandas.
El gobierno está ciertamente en una encrucijada. Si rompiera unilateralmente la negociación de Conga, sería llevado ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato (no hay que olvidar que “el contrato” ya esta firmado. Y fue suscrito por Alan García el 27 de julio del 2011, a poco de concluir su función y dejar las instalaciones de Palacio de Gobierno). Millones de dólares, entonces exigirá la minera al Estado Peruano por “ruptura de contrato”. Y los “daños y perjuicios” multiplicarán la cifra hasta el infinito.
Lo que el gobierno necesita, entonces es que el proyecto de Conga no vaya porque, finalmente, sea la empresa la que desista de ejecutarlo y opte por retirarse del escenario. El Estado podría “perder” la inversión, pero bien podría ganar un juicio a la empresa foránea si demuestra que fue ella la que desistió del proyecto y se fue por voluntad propia. Así ocurrió en Ecuador, recientemente, cuando el Presidente Correa ganó en tribunales internacionales un proceso en cierto modo parecido.
Estamos entonces ante un periodo cercano de definiciones. El 31 de mayo vence el plazo que se dio el mismo pueblo de Cajamarca para iniciar sus luchas en un escenario más alto. Y en la primera semana de junio la empresa dirá “su última palabra”. ¿Qué dirá, entonces, el tercer jugador de esta curiosa partida? Eso dependerá de la fuerza del pueblo, y del cálculo de probabilidades de Yanacocha. Cuando algunos dicen “Conga es nuestro” es bueno recordarles algo que aprendimos en las luchas callejeras del pasado: nuestro, es sólo aquello que aprendimos a defender.
Si las luchas de Cajamarca son sólidas y responden no a apetitos de corte personal o electoral, sino a una legítima voluntad popular, si se expresan en acciones de luchas compatibles con la real capacidad de acción de las masas; y si ganan el apoyo activo del pueblo peruano; las posibilidades de quebrar la resistencia empresarial y buscar una nueva alternativa en beneficio del país, quedará abierta. Si la lucha se debilita, o es aislada como producto de la presión reaccionaria o los errores del propio movimiento que exige acciones mayores que la fuerza objetivamente existente, entonces Yanacocha insistirá en su propuesta y colocará al gobierno ante la peor opción. Imponer su voluntad a sangre y fuego.
Las cartas, ya están sobre la mesa. Por lo pronto, Cecilia Valenzuela y los suyos en los medios, juegan el papel delator de vulgares policías demandando reprimir sin contemplaciones cualquier expresión de protesta ciudadana. Ellos quieren paz, pero paz de cementerios, sin duda.
Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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