Sira Rego.-Eurodiputada IU | Marc Botenga.-Eurodiputado del PTB
30 de enero de 2021
Reducir repentinamente el suministro, hacer pública una cláusula confidencial de los contratos de compra, negarse públicamente a participar en una reunión. AstraZeneca ha hecho todo lo posible para ridiculizar a la Comisión Europea. La misma Comisión que sospecha que AstraZeneca entrega primero a otros países las vacunas producidas con dinero europeo. De ser esto cierto, podría constituir nada menos que un incumplimiento de contrato. De ahí que el viernes la Comisión decidiera hacer público su acuerdo con la farmacéutica, algo que, por otra parte, no habría sucedido si no hubiera sido por le lucha y la presión que llevamos meses ejerciendo diversos sectores sociales y políticos reclamando transparencia. Eso sí, nos dejan ver sólo lo que ellos quieren. Lo que no, está lleno de tachones. Digamos que es un ejercicio de transparencia "privatizado".
En diciembre ya surgieron sospechas similares sobre Pfizer, que había informado de que tenía problemas de producción en Europa. Pero al mismo tiempo, sus vacunas inundaban Israel, que había aceptado pagar el doble de precio y compartir de buen grado los datos médicos con Pfizer. En la actualidad, Arabia Saudí parece recibir sin problemas las vacunas de AstraZeneca, a cambio de un precio más elevado y Reino Unido tampoco parece tener ningún problema de suministro.
Que las empresas farmacéuticas prefieran vender sus vacunas al mejor postor no es algo sorprendente. Para las empresas Big Pharma una vacuna tiene que dar beneficios. Lo único es que las promesas bonitas de hace unos meses, en las que se aseguraba que nadie se lucraría con la vacuna, han caído en el olvido. ¿Seis dosis en lugar de cinco en un vial? Eso es un 20% más de beneficios. Por otra parte, la aparente impotencia de la Comisión Europea resulta chocante. El simple bloqueo de las exportaciones a Reino Unido tampoco es la solución. Ahora sabemos que los contratos de compra anticipada de vacunas que negoció la Comisión son especialmente ventajosos para la industria. A esto se suma que la investigación y el desarrollo se han financiado en gran medida con fondos públicos, asumiendo por su parte la Unión Europea y los Estados miembros el riesgo comercial y el riesgo financiero en caso de las vacunas fallen o provoquen graves efectos secundarios. El resultado es que hemos pagado cuatro veces por la vacuna: la investigación, la extensión de la capacidad de producción, los riesgos derivados y el precio final de venta. A cambio, según Pascal Soriot, director general de AstraZeneca, ni siquiera estaban obligados a cumplir con lo pactado.
Pero la cosa no queda ahí. La Comisión Europea ha permitido a las empresas retener todos los derechos de propiedad intelectual de la vacuna. Esto es beneficioso para los accionistas de esas empresas, por supuesto, pero es la causa de que los Estados ahora se vean impotentes ante la falta de suministros, ya que el propietario de la patente decide la cantidad producida y su precio de venta. Mientras, tenemos al Gobierno de EEUU que sí que ha conservado algunos de los derechos de propiedad sobre la vacuna de Moderna. La Unión Europea podría haber exigido a la industria farmacéutica que compartiera la tecnología, a cambio de financiación pública.
En abril, la Organización Mundial de la Salud creó el Grupo de Acceso a la Tecnología Covid-19 (C-TAP). Sin embargo, hasta el momento la participación en este programa es voluntaria para la industria farmacéutica. ¿El resultado? En enero de 2021 el C-TAP no había recibido ni una sola contribución. Ha resultado ser un proyecto con un envoltorio muy bonito, pero vacío por dentro.
Esto puede y debe cambiar. Estamos en una tercera ola. Necesitamos más vacunas. Es una carrera contrarreloj. Debemos atrevernos a poner las vidas de las personas por encima de los beneficios económicos de estas empresas. En la Organización Mundial del Comercio se han puesto soluciones concretas sobre la mesa. Con el apoyo de más de un centenar de países, India y Sudáfrica han propuesto suspender urgentemente las patentes de las vacunas Covid-19 para poder aumentar su producción. En las condiciones actuales, un gran número de estos países no puede ni soñar con una vacuna este año. Por desgracia, la Unión Europea y sus Estados miembros llevan meses saboteando esta propuesta.
Además, los gobiernos tienen otra herramienta a su disposición: las licencias vinculantes, un recurso que permitiría que otras empresas produjeran la vacuna, incluso cuando la compañía titular de la patente se opusiera. Debemos recordar que estas licencias son competencia de los Estados miembros. Alemania y Hungría, por ejemplo, han modificado su legislación al respecto recientemente. Y la Comisión Europea, por su parte, también puede facilitar el comercio de vacunas producidas bajo licencia vinculante aplicando el artículo 31bis del Tratado ADPIC sobre propiedad intelectual.
Pese a lo que pueda parecer, no estamos en absoluto desprotegidos frente a la industria farmacéutica. Simplemente hay que actuar con los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Está claro que necesitamos la producción de Pfizer y AstraZeneca, entre otras, y que los costes reales de producción pueden compensarse. Pero ya hemos pagado cuatro veces por la vacuna. Al acabar con su monopolio, podríamos aumentar rápidamente la producción. Eso significaría menos dividendos para los accionistas de las empresas farmacéuticas, sí, pero más vacunas para todas y todos y salvar vidas en Europa y en el resto del mundo. Las herramientas técnicas y políticas están sobre la mesa. Es el momento de utilizarlas.
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