herida. Estaba en su dormitorio con sus tres niños cuando Yensi Huamantuco recibió un balazo en la clavícula.
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VÍCTIMAS Y TESTIGOS: “ME ROCIARON CON ACEITE Y
TENÍAN UNA VELA ENCENDIDA; QUERÍAN QUE DIJÉRAMOS QUE ÉRAMOS TERRORISTAS”
Jueves, 17 de julio de 2014 | 6:43 am
La
fiscalía provincial de Huancayo investiga a 26 militares por una incursión en
Uchuy Sihuis en la madrugada del 23 de mayo, en la que resultó muerta una
embarazada y se registraron detenciones arbitrarias. La República recogió
testimonios en el lugar de los hechos.
Doris Aguirre
Enviada especial a Tintay Puncu.
"'Habla,
terruco... ¡Dónde está la laptop!', me gritaba el militar mientras presionaba
su bota sobre mi cara en el suelo", recuerda Abelardo Chávez Hinostroza lo
ocurrido la madrugada del viernes 23 de mayo. Chávez es poblador de la
comunidad de Uchuy Sihuis, en el
distrito de Tintay Puncu (Tayacaja,
Huancavelica).
"'Yo qué sé, señor. Ni siquiera
sé encender ese aparato. Nunca he tenido laptop', le contesté. Pero se puso más
furioso el militar", relata Abelardo Chávez.
"Yo estaba durmiendo
tranquilamente con mi esposa Jessy Huamantuco Meza y mis dos hijos, de
diez y de dos años. Cuando de pronto se escucharon varias detonaciones. En un
inicio creíamos que eran los relámpagos porque esa noche llovió como nunca.
Pero no fue así. Un grupo de militares violentaron la puerta de mi casa y como
salvajes nos obligaron a tirarnos al suelo ante los gritos de mi esposa y mis
hijos que no comprendían lo que pasaba.'¡Dónde está la laptop, carajo! Ahorita
nos dicen dónde está la laptop o les volamos los sesos', nos dijo otro militar
que, como todos sus compañeros, usaban pasamontañas.
"'Jefe, ¿de qué laptop habla'?
Yo no sé para qué sirve esa cosa', le pregunta. No me hizo caso. '¡Habla,
terruco de mierda!', me gritó mientras me rociaba el cuerpo con aceite con una
mano y con la otra encendía una vela. "Si no colaboran, ¡van a morir
quemados!', nos amenazó. No les importaba el llanto, el miedo, la desesperación
de mi esposa y mis pequeños. '¡Los vamos a quemar!', seguía gritando, en tanto
aplastaba mi cabeza con su bota", cuenta el agricultor Abelardo Chávez, de
38 años. Su esposa Jessy cuenta con 36 años.
QUIÉN
LO ORDENÓ
Chávez es uno de los siete pobladores de Tintay Puncu que han denunciado a los militares de la Base Contrasubversiva de Huachocolpa, que depende de la 31a Brigada de Infantería del Ejército, cuya sede es el cuartel general en Huancayo, Junín. Para acreditar su testimonio ante el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, Carlos Carhuancho Mucha, Abelardo Chávez expuso varias lesiones en la espalda, tórax y cabeza. El fiscal Carhuancho ha denunciado al comandante general de la 31ª Brigada de Infantería, general EP Mario Ambía Vivanco, y a otros 25 efectivos militares, entre ellos quienes incursionaron en Uchuy Sihuis. Parece un caso de la época de la guerra interna (1989-2000), pero el hecho ocurrió solo hace unos días.
"Las balas pasaban por las
ventanas y techos de nuestras casas, mientras los niños gritaban. Yo me
encontraba descansando con mi niño Renzo, de cuatro años, cuando empezó la
balacera. No sabía si salir a la calle o esconderme. Solo pude esconderme
debajo de mi cama. '¡Mamá, mamá, no salgas, te van a matar!, me decía mi hijo,
desesperado", cuenta Eusebia Paredes, de 32 años, otra de los pobladores
afectados por la incursión militar.
HERIDAS DE BALA
En la fachada de la vivienda de madera de Eusebia Paredes, que se dedica al cultivo de la papa, son evidentes los impactos de los proyectiles. Contamos 23 orificios. La casa de Paredes está ubicada a dos calles del domicilio de Olinda García Huarocc. Ella vivía con su esposo, Juan Prado, y sus hijos Isaías, de 26 años, y de Jesús, de 22. Pero en esa madrugada del 23 de mayo, Olinda García estaba solo acompañada de Isaías en el dormitorio. Isaías relató cómo fue que su madre recibió un impacto de bala en el cráneo que la mató al instante. Había cumplido siete meses de embarazo.
"Yo estaba durmiendo a pocos
metros de la cama de mi madre cuando de pronto escuché varios disparos. En ese
momento mi madre se levantó, y ni bien se irguió, cayó al suelo. He escuchado
decir que ella sacó la cabeza por la ventana. Mentira. Me acerqué para
auxiliarla, pero su cabeza estaba destrozada. Tenía los sesos desparramados. No
pude hacer nada. Además, los militares seguían disparando por todas
partes. Solo traté de esconderme, porque temía por mi vida", narra
con consternación Isaías Prado García, hijo de Olinda García Huarocc.
En el comunicado oficial de la 31ª
Brigada de Infantería, el alto mando señala que los militares no fueron autores
del disparo que acabó con la vida de la pobladora. Y afirman que lo que se
produjo en el pueblo Uchuy Sihuis fue un enfrentamiento con una columna
senderista. Para probar la versión, el Ejército presentó a cinco jóvenes del
pueblo a quienes acusó de senderistas.
No era cierto.
No hubo choque armado.
Algo falló.
A Yensi Huamantuco Meza, de 37 años,
y madre de tres niños, un balazo le destrozó la clavícula derecha y las
costillas.
"Los militares disparaban
a matar. Escuchaba que la gente gritaba y pedía auxilio, pero al tratar
de acercarme a la ventana recibí un balazo en el pecho, que me dejó moribunda.
Me llevaron al hospital y luego me abandonaron. Ahora no puedo hacer nada debido
a los intensos dolores", cuenta Yensy Huamantuco Meza.
Esa madrugada los militares
detuvieron a Franco Aroné Aliaga, Rigoberto Aroné Reginaldo, José Chávez
Hinostroza, Constantino Ureta Rojas, Michael Mendoza Méndez y Roberto Cárdenas.
Los cinco han denunciado haber sido víctimas de torturas, una práctica que se
creía erradicada de los institutos castrenses.
"Después de trabajar en la
chacra todo el día, me dirigía a mi casa cuando unos amigos que bebían cerveza
en una tienda me llamaron. Pasaron varias horas de la noche y seguíamos
conversando y tomando hasta que estalló la balacera. Buscamos protección. No
sabíamos lo que pasaba. De pronto unos encapuchados con fusiles en mano
ingresaron como locos al local. '¡Tucos hijos de puta, dónde están los
armamentos! ¡Todos al suelo, conchadesusmadres! ¡Al suelo, granputas!'. Yo
traté de enfrentarlos por lo que hacían, pero en respuesta me cayó un culatazo
en la cabeza y a punto de patadas me redujeron", relata Franco Aroné
Aliaga, uno de los detenidos presentados como senderistas de la organización de
los hermanos Quispe Palomino.
"Todos fuimos sacados a la
carretera y nos ataron con un alambre los pies y las manos, como animales. En
el suelo y en plena lluvia nos golpeaban en la espalda y cabeza. Hasta barro nos
hicieron comer los militares", dice Rigoberto Aroné Reginaldo, otro de los
arrestados.
El presidente del poblado de Uchuy
Sihuis, Pedro Méndez Aliaga, espera que se investigue y sancione los excesos.
"Todos fuimos brutalmente golpeados como animales y acusados injustamente
de terroristas. ¡Señores, escuchen, nosotros no somos terroristas!, Uchuy
Sihuis es una población tranquila que se dedica al cultivo de la papa, frutales
y al ganado", afirma Méndez. Esa noche de los hechos llovió como nunca. Pero
no fue suficiente para borrar las huellas del abuso.
CATERIANO:
“JUECES Y FISCALES TIENEN TODAS LAS FACILIDADES PARA INVESTIGAR”
El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, confirmó la información de La República sobre el relevo del jefe del Comando Especial del Vraem, general EP Leonardo Longa, por su presunta responsabilidad por el operativo en Uchuy Sihuis. Dijo que la decisión se basó en un informe preliminar sobre los hechos.
Cateriano también indicó que ha
solicitado al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Leonel
Cabrera Pino, una investigación sobre el mismo caso para determinar
responsabilidades.
El ministro dijo que lo que sucedió
en Uchuy Sihuis no es comparable con casos similares durante el gobierno de
Alberto Fujimori.
"En todos los operativos el
ministerio ofrece facilidades a jueces y fiscales para que cumplan su misión,
precisamente para que no se repitan errores del pasado. Las investigaciones en
democracia se efectúan con absoluta independencia. Serán los jueces y fiscales
los que establecerán las responsabilidades", dijo.
De
La Cantuta a Uchuy Sihuis
21-07-2014
Se
cumplieron 22 años del asesinato de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta.
En ese marco, se conoció la denuncia de una intervención armada en Uchuy
Sihuis, consumada recientemente por efectivos de la Base Militar de Huachocolpa. Los
mismos métodos fascistas y similares engaños, como si no hubiese pasado el
tiempo; y como si las hordas asesinas de ayer, siguieran en su salsa.
Recordemos:
En
la madrugada del sábado 18 de julio de 1992, treinta soldados, acompañados de
varias personas premunidas de capuchas que les cubrían el rostro, ingresaron
sorpresivamente a las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación de
La Cantuta. Divididos en varios grupos, los uniformados actuaron en simultáneo
para lograr su objetivo.
Uno
de los grupos armados se dirigió a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez.
El, fue extraído violentamente de su domicilio, pese a la dura resistencia de
su esposa y otros familiares.
Otros
dos, enrumbaron hacia los pabellones en los que dormían alumnos a los que
obligaron a salir de sus habitaciones y tenderse en el piso. Era la 1.30 de la
madrugada y el frío acechaba duramente el tenso ambiente creado.
Del
internado de varones fueron retirados siete jóvenes: Armando Amaro
Condor, Felipe Flores Chipana, Juan Mariños Figueroa, Luis Enrique Ortiz Perea,
Heráclides Pablo Meza, Roberto Teodoro Espinoza y Marcelino Rosales Cárdenas;
estudiantes de distintos programas de la UNE.
En
el internado de mujeres fueron intervenidas Bertila Lozano Torres y
Dora Oyague Fierro, esta última alumna del Programa de Educación
Inicial de la institución formadora de Maestros.
Pocas
horas más tarde tanto el profesor como los alumnos fueron brutalmente
torturados y asesinados por sus secuestradores, identificados después como los
integrantes del siniestro Grupo Colina. Aunque la noticia de la detención del
profesor y los jóvenes, trascendió pronto, las autoridades negaron el hecho.
El
19 de julio el diario “La República”, dio cuenta de la detención
del catedrático y de nueve estudiantes de la UNE señalando que el suceso había
ocurrido en el interior del campus universitario con el apoyo del destacamento
del ejercito acantonado allí. No obstante, el gobierno guardó silencio. Negó en
un inicio cualquier intervención militar en la institución, y sugirió “una
probable incursión senderista” esa noche en los pabellones de la
UNE.
Solo
después, el 25 de agosto, el general Nicolas Hermoza Rios,
Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General del
Ejército proporcionó una versión fragmentada de los hechos. Aceptó algo que
antes había negado: la intervención militar en la Universidad, alegando que
ella se había producido “para dar protección a la comunidad docente y
estudiantil”. Aseguró, al mismo tiempo, que El Comando Conjunto de
la Fuerza Armada no había dispuesto ninguna detención “ni tenía
conocimiento que esta se haya efectuado por parte de efectivos de la Fuerza
Armada”.
Esta
misma línea de declaración fue ratificada cuatro meses más tarde, el 4 de noviembre
de 1992 por el mismo general, quien admitió que la incursión se había producido
pero que en el operativo “no hubo detenidos”. Aun así, esta
versión fue contradicha en el mismo momento por el general Pablo Carmona Acha.
Entonces Jefe de la II Región militar, quien aseguró a las autoridades
judiciales que requirieron su declaración que “el 18 de julio no se
realizó ningún operativo en la Universidad Nacional de Educación”.
De
este modo, los estudiantes y el profesor secuestrado pasaron a la calidad de “desaparecidos”, situación
que se mantuvo varios años bajo el régimen fujimorista con dos modificaciones
sustantivas. La primera ocurrió en abril de 1993 cuando una estructura militar
clandestina denominada COMACA hizo llegar al seno del Congreso
Constituyente que funcionaba en ese entonces, un documento dando cuenta de lo
que realmente había ocurrido.
En
él se detallaba la forma en que miembros del ejército habían detenido el
profesor y a los estudiantes acusándolos de haber sido los autores del atentado
ocurrido 48 horas antes de los sucesos de La Cantuta, en la calle Tarata en
Miraflores.
Henry
Pease, el parlamentario que recibió el
documento, lo puso en conocimiento de la Mesa Directiva del Congreso
solicitando una investigación de los hechos. Ella se refería al asesor
presidencial en materia de inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, al
general Juan Rivero Lazo, Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejercito, la
DINTE, y al general Luis Pérez Documet, entonces Jefe de la Dirección General
de las Fuerzas Especiales, la DIFE.
Pese
a la resistencia del oficialismo, fue posible integrar una Comisión
Investigadora de los hechos, la misma que fue presidida por el congresista
Roger Cáceres.
La
lucha por esclarecer el horrendo crimen, fue extremadamente difícil. El
oficialismo negó tercamente los hechos. Arguyó incluso que se había tratado de
una “operación fraguada” por elementos terroristas interesados en
desprestigiar al gobierno. Y la congresista Martha Chávez se atrevió a sostener
que los afectados habían desaparecido por su propia voluntad para incorporarse
activamente a la acción terrorista.
Ante
el Congreso de la República, y en las escalinatas del Palacio Legislativo, el
general Hermoza Rios, respaldado por una sorpresiva movilización de tanques se
atrevió a asegurar que “un pequeño grupo de congresistas opuestos al
gobierno han montado una campaña de desprestigio y agravio al ejército peruano
socavando la confianza que la nación y el pueblo han depositado en él”. “Se
ha llegado - dijo también- al despropósito de dar
nombres de oficiales a sabiendas que los colocan como blancos de las balas
asesinas...”.
Así,
con los tanques, la fuerza y el cinismo, el máximo jerarca de la institución
castrense hizo gala de su decisión de proteger a cualquier precio a los autores
de ese alevoso crimen.
Como
la impunidad no puede ser eterna, finalmente fue posible deslindar los hechos.
Incluso, con la ayuda de valerosos periodistas como Edmundo Cruz, y José
Arrieta, fue posible ubicar los cuerpos enterrados de las víctimas, exhumarlas
y comprobar su identidad. Fue esa la segunda modificación sustantiva en la
línea del proceso. También fue posible descubrir el nombre de los asesinos
liderados por el entonces capitán Santiago Martin Rivas.
El
gobierno no pudo seguir negando los hechos y debió rendirse ante la evidencia.
Optó, sin embargo, por fraguar un juicio en el fuero castrense. En él dictó una
sentencia que luego burló abiertamente otorgando a los condenados una amnistía
que borró sus responsabilidades penales.. La valentía de congresistas como
Gloria Helfer, y Roger Cáceres; y también la infatigable lucha de los
familiares de las víctimas así como la campaña del diario “La República”;
hicieron luz en el tema.
Hoy,
los autores del crimen están privados de su libertad aunque sus condiciones de
reclusión son materia de sospecha. Valdría la pena que se inquiera en torno al
tema.
Más
allá de eso, sin embargo, está el penoso caso ocurrido el pasado 23 de mayo en
el distrito de Tintay Punco, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica.
Allí, como en La Cantuta, incursionó un destacamento armado “a la caza de
subversivos”. La brutalidad y la tortura se enseñorearon otra vez en
los andes, como en los viejos tiempos Y como en ellos, la jerarquía militar dio
cuenta de los hechos hablando de un “enfrentamiento armado con huestes
senderistas” y ocultando lo que fue: un alevoso crimen contra una
población indefensa. Aunque ha sido relevado el Jefe del Comando Especial del
VRAE, general Leonardo Longa, la indagación tan sólo ha comenzado. Veremos cómo
acaba.
Gustavo
Espinoza M. Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.
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