2019: Un total de 25 defensores colombianos de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año, según un informe de la ONG Programa Somos Defensores divulgado este lunes, 20 de mayo, en el que se documentaron 245 agresiones, entre homicidios, atentados y amenazas. (fuente: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/durante-el-primer-trimestre-de-2019-25-defensores-de-ddhh-fueron-asesinados-en-colombia-articulo-861786)
19/08/2019
En medio de una de las peores crisis humanitarias
de Colombia, Jorge Iván Laverde o ‘El Iguano’, exjefe del Frente Fronteras de
las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, recordado porque quemó
cadáveres de sus víctimas campesinas en hornos de hacer ladrillos, relató con
crudeza (¿y arrepentimiento?) su accionar en el norte del país.
La de Laverde, responsable de al menos 5.000
muertes ocurridos en el conflicto en Norte de Santander, fue una de las
intervenciones más impactantes del encuentro Hablemos de Verdad en Cúcuta,
apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia.
“No se movía una hoja sin que yo lo supiera.
Coordinábamos acciones con la Policía y el Ejército. Se hacían retenes,
patrullábamos juntos, nos entregaban información de inteligencia. Para nadie es
un secreto que nosotros infiltramos todo: el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), la Fiscalía, la fuerza pública, las alcaldías, la
gobernación”, dijo.
Laverde, quien purgó 13 años de cárcel, pidió
perdón a las víctimas del conflicto armado, entre ellas representantes del
campesinado de la zona del Catatumbo e indígenas del pueblo Barí, y se
comprometió con la no repetición y a relatar la verdad que, según él, ya ha
sido contada en más de 800 audiencias que el país hoy desconoce porque las
autoridades de la Fiscalía General no han permitido su difusión.
También pidió perdón a las víctimas de desaparición
forzada, un delito que calificó como “lo más trágico del conflicto armado” y
explicó que su accionar hacía parte de una directriz de las escuelas de
entrenamiento, con la que, creían, que las familias no iban a denunciar.
“Desafortunadamente hay que decir las cosas crudamente: eran cifras. Era evitar
que los medios registraran la cantidad de homicidios que se cometían en los
municipios y era evitarle problemas a la fuerza pública”, denunció.
“En una ciudad donde diariamente se ejecutaban 10,
15, 20 y hasta 40 personas en un solo día, eso le traía problemas a los
comandantes de las entidades legalmente constituidas. La fuerza pública era la
que nos decía: desparézcanlos, no me dejen todo esos muertos, para que a ellos
no les quedara en la hoja de vida.”, puntualizó Laverde.
Quiénes financiaron a los paracos
Asimismo reclamó que se escuchen las verdades de
paramilitares que están en las cárceles y que no han podido ni siquiera asistir
a una audiencia. Mencionó que varios excomandantes fueron asesinados con
el objetivo de ocultar cómo y quiénes financiaron la
guerra en Norte de Santander, un territorio estratégico para el
desarrollo económico.
“Una vez que entramos al departamento, muchas
personas se vincularon y nos apoyaron. Sí, se benefició mucha gente. Cuando las
AUC ganaban terreno, otros venían atrás comprando tierras o haciendo empresa.
Se beneficiaron del dolor y la sangre de las personas que han sufrido”, afirmó.
“Desde el principio, con nombres propios y listado
en mano contamos cómo y quiénes financiaron las Auc. Ganaderos, arroceros,
mineros, comerciantes. Eso se ha entregado a la Fiscalía”, que se ha abstenido
de publicar los hechos confesados y las personas mencionadas.
Hoy, territorio en conflicto
Norte de Santander es uno de los departamentos que
no respiró un minuto de paz después de la firma del Acuerdo de Paz con las
Farc. Durante la época más fuerte del conflicto armado en Colombia
(1999-2006) esta región del país, limítrofe con Venezuela, registró los índices
más altos de homicidios, desplazamientos y masacres, asociados a la incursión y
proceso de consolidación de los grupos paramilitares.
La guerra se vivió en los barrios de Cúcuta, en la
zona de frontera y, principalmente, en el Catatumbo. Entre 1999 y 2002, se
presentaron más de 60.000 desplazados, cerca de 300 víctimas de minas
antipersona y, solo en el Catatumbo, se registraron 877 homicidios en un año
(2002). Las cifras en los años siguientes bajaron, en parte, por la consolidación
de los paramilitares y su posterior desmovilización.
Hoy, el territorio que abandonaron las Farc tras el
acuerdo de paz, se lo disputan cerca de 30 grupos y bandas criminales asociadas
al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y la venta ilegal de
combustible, en medio de la crisis migratoria de Venezuela.
“La guerra fue un terrible error, una
horrible noche. Para nosotros es sumamente vergonzoso. Empuñar un fusil y
hacerles daño a otros campesinos que cultivaban la tierra es vergonzoso. Después
de 13 años de estar en Justicia y Paz y darles la cara a las víctimas e
intentar explicar algo que no tiene explicación ni justificación es difícil.
Sólo sé que eso nunca debió haber pasado”, dijo el exjefe paramilitar.
Finalmente, ante la audiencia en Cúcuta, relató una
historia de perdón con una mujer: “Una madre en una audiencia me dijo que me
perdonaba por quitarle a su esposo y a su hijo. También me contó qué pasó
después de esa incursión. A la comunidad le dio miedo ayudárselo a recoger. Así
que esa madre cogió a su hijo y con él al hombro caminó un kilómetro y lo llevó
hasta la orilla de un camino. Luego se devolvió por su esposo. Así los
arrimó a la vereda donde vivían, para darle cristiana sepultura”.
La madre, que lo vio afligido, le pidió al
exparamilitar un abrazo que, según ella, le ayudaría a perdonarlo. “Eso me
marcó”. Desde entonces dice que la única posibilidad de reconciliarse es contar
la verdad, esa que el gobierno del presidente Iván Duque trata de que no salga
a la luz.
-Camilo Rengifo Marín es economista y docente
universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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