La toma en vivo de un canal de televisión por grupos criminales fue solo la versión espectacular de la espiral de violencia en la que cayó Ecuador. ¿Cómo se llegó a esta situación y qué perspectivas tiene la respuesta del nuevo presidente, Daniel Noboa?
CÓMO ECUADOR DESCENDIÓ AL INFIERNO
Luis Córdova-Alarcón - REDCOM January 14, 2024
Ecuador ha
vuelto nuevamente a los titulares de la prensa internacional, otra vez de la
peor manera. En agosto de 2023, el motivo fue el asesinato del candidato
presidencial Fernando Villavicencio Valencia; ahora, una secuencia de actos
criminales con tácticas terroristas, que incluyeron el asalto armado a un canal
de televisión en la ciudad de Guayaquil. La jornada que puso en estado de shock al
país cerró con la declaratoria de «conflicto armado interno» por parte del
presidente de la República, Daniel Noboa, y la identificación de 22
organizaciones criminales como «terroristas». Pero ¿cómo llegó Ecuador a esta
crítica situación y cuáles pueden ser sus derivas?
El 2023, fue
el año más violento en la historia del país: 7.878 crímenes,
de los cuales apenas 584 han sido resueltos por la justicia. Con una tasa de
homicidios que alcanzó la escalofriante cifra de 46 muertes por cada 100.000
habitantes, Ecuador se ubicó como el país más violento de América Latina. Ante
una situación tan crítica, se esperaba que el gobierno entrante -que inició su
mandato el 23 de noviembre de 2023- llegara con un plan bajo el brazo. Pero no
fue así. Aunque Noboa prometió durante la campaña electoral implementar un
"Plan
Fénix" para garantizar la seguridad, desde su posesión no ha explicado
ni cómo ni cuándo lo hará realidad.
Sobrepasado
por las circunstancias, Noboa optó por una conducta evasiva. Tras el triunfo
electoral, decidió ausentarse de la escena pública y hacer una gira por Europa
con su familia, lo que permitió que todos los reflectores siguieran puestos
sobre Guillermo Lasso y su campaña
propagandística de salida.
Visto en
perspectiva, Noboa, un joven de 36 años sin experiencia de gestión previa,
necesitaba ganar tiempo para resolver tres urgencias: conseguir dinero para
cubrir el déficit fiscal, armar su gabinete y afinar su política de seguridad.
Pero en retrospectiva, nada de eso logró. Basta revisar su discurso de
posesión, al que llegó sin propuestas, sin un gabinete completo y sin un
horizonte en materia de seguridad. Siete minutos bastaron para constatar que un
inexperto político -hijo de un empresario que intentó una y otra vez llegar a
la Presidencia sin éxito- empezaba a gobernar un país que se volvió el más
violento de la región.
Noboa
designó a Mónica Palencia, su abogada personal, como ministra de Gobierno.
Luego, nombró como ministro de Defensa a Giancarlo Loffredo, un ciudadano
cuya única credencial es ser instructor de defensa personal y tiktokero. Para
dirigir el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de
Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el organismo encargado de
administrar el sistema carcelario, optó por un general del Ejército retirado, y en 11 gobernaciones
designó a policías y militares en servicio pasivo.
Para dos
cargos de alta sensibilidad en materia de seguridad optó por dos amigos
empresarios: a Arturo Félix Wong, que ya era secretario de la Administración,
le encargó la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, y a Miguel
Sensi Contugi lo nombró director del Centro de Inteligencia Estratégica del
Estado (CIES). Pero lo hizo recién el 2 de enero; es decir, 41 días después de
asumir el mando.
En
definitiva, el joven magnate llegó a la Presidencia de la República sin plan de
seguridad ni cuadros para implementarlo, pero con una ambición entre ceja y
ceja: ganar la reelección en 2025 a toda costa (su mandato es corto, ya que
asumió para completar el mandato del presidente saliente tras la «muerte
cruzada» decretada por Lasso a fin de evitar un juicio político ).
A pesar de
estos tropiezos en la integración de su frente de seguridad, Noboa pareció
capear el temporal, básicamente por dos razones: en primer lugar, antes de
posesionarse armó una coalición legislativa con el Partido Social Cristiano y
Revolución Ciudadana (el movimiento del ex-presidente Rafael Correa). A cambio
de cederles a esos partidos el control de la Asamblea Nacional, incluidas las
principales comisiones legislativas, el mandatario logró que su primer proyecto
de ley económica urgente fuera aprobado a la velocidad del rayo. En segundo lugar,
en la madrugada del 14 de diciembre, la fiscal general del Estado, Diana
Salazar, encabezó un operativo denominado «Metástasis» para detener a más de 30
personas acusadas de integrar una red de crimen organizado y narcotráfico.
Entre los detenidos estaban un juez que ejercía la presidencia del Consejo de
la Judicatura y un general de la Policía Nacional que fue director de la SNAI
(o sea, encargado de las cárceles del país) y luego jefe antinarcóticos (es
decir, responsable de los operativos antidrogas y principal enlace con la
Embajada de Estados Unidos). Este «narcogeneral», como lo denominó la fiscal
Salazar, ocupó ambos cargos durante el gobierno de Lasso.
En ese
contexto se produce la sonada fuga de Alias Fito, el líder de Los
Choneros y probablemente el delincuente vivo más famoso del país.
Detenido desde 2009 por asesinar a la directora de la Penitenciaría del Litoral
(la cárcel más conflictiva de Ecuador), se fugó en 2013, cuando era trasladado
a La Roca, una prisión de máxima seguridad inaugurada por el ex-presidente
Correa, y fue recapturado meses más tarde.
Su nombre
adquiere relevancia tras la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias JL o Rasquiña,
en diciembre de 2020. Fito se convierte en el líder de Los
Choneros, pero esta organización se fragmenta y empiezan las masacres carcelarias. Desde la primera, en febrero de 2021,
hasta la última, julio de 2023, Fito y Los Choneros aparecen
como protagonistas de la ola de violencia que comenzó a envolver al país.
El 12 de
agosto de 2023, para desviar la atención del asesinato del
candidato presidencial Fernando Villavicencio producido tres días
antes, el gobierno de Lasso decidió trasladarlo nuevamente a La Roca. Pero no
tardó ni diez días en volver a la Cárcel Regional de Guayaquil gracias a una
orden judicial. Entonces difundió un videoclip
con un narcocorrido compuesto en su homenaje. Una vez más, Fito enrostraba
al país su poder desde la cárcel. Por eso, cuando se hizo pública la noticia de
su fuga –el 6 de enero–, el gobierno quedó desnudo frente a un país
estupefacto. Ninguna autoridad se atrevió a reconocer la evasión del avezado
criminal, mientras más de 3.500 militares ingresaban en las cárceles en
Guayaquil para escenificar ante las cámaras de televisión que el Estado
«retomaba el control» de los presidios.
El ciclo de
violencia criminal, incompetencia estatal y militarización se reactivó. A
comienzos de 2024 se iniciaron nuevamente amotinamientos en distintas cárceles
del país. La exigencia era que sus líderes no fueran trasladados a otras
cárceles. En redes sociales se difundió un video
amenazando con una guerra si no se aceptaban sus demandas.
Envalentonado,
el lunes 8 de enero por la tarde el presidente decretó el estado de excepción
en todo el territorio nacional, y por la noche se desató la vorágine: coches
incendiados en la vía pública, secuestro de guías penitenciarios, incendios
provocados dentro y fuera de las cárceles. Con la luz del día, el espectáculo
criminal adquirió más visibilidad y, al mismo tiempo, quedó en evidencia la
incompetencia estatal: Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de Los Lobos,
también se había fugado, junto con otras decenas de personas, de la cárcel de
Riobamba. Colón Pico había sido capturado 48 horas antes de su fuga, luego de
que la fiscal general del Estado lo señalara como ejecutor del asesinato de
Villavicencio y organizador de un atentado en su contra. Todo esto ocurrió bajo
el estado de excepción.
El martes,
durante el noticiero del mediodía, TC Televisión sufrió un asalto criminal que
se transmitió en vivo y en directo, con su equipo periodístico sometido y
vejado por delincuentes armados ante la conmoción generalizada. Como ocurrió
con el asesinato de Villavicencio, las imágenes de este hecho dieron la vuelta
al mundo. Por la tarde, el gobierno emitió otro decreto ejecutivo declarando el
«conflicto armado interno» y convirtiendo a 22 grupos criminales en «objetivo
militar». Así, Noboa empezó a sentir el calor abrasador del infierno homicida
en que se ha convertido este país andino.
Para tratar
de comprender lo que está ocurriendo, propongo diferenciar analíticamente tres
variables dependientes: la violencia letal (su frecuencia y visibilización),
las economías ilícitas (entre las que se destaca el narcotráfico) y los grupos
de crimen organizado (pandillas carcelarias, callejeras y estructuras mafiosas
incrustadas en el Estado que operan también en la economía formal). Para explicar
su interacción, usaré como evidencia piezas hemerográficas y
judiciales. Hace años, Richard
Snyder y Angélica Durán Martínez se preguntaron por la relación entre
mercados ilícitos y violencia. Argumentaron que cuando se configuran redes de
protección extorsiva patrocinadas por el Estado, los niveles de violencia letal
en los mercados ilícitos son bajos. En cambio, cuando estas redes se rompen, la
violencia letal se dispara.
¿Ocurrió
algo así en Ecuador? La evidencia hallada induce a pensar que sí. Demos algunos
datos: el 6 de junio de 2016, en Washington, DC, la Agencia para el Control de
Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) condecoró al ministro
del Interior del entonces presidente Correa, José Serrano, por los «extraordinarios resultados» obtenidos por la política
antinarcóticos de Ecuador. El comunicado oficial mencionaba 332 toneladas
métricas de droga capturadas desde 2010 y 305 bandas de narcotraficantes
desarticuladas. La propaganda gubernamental no escatimó esfuerzos para celebrar
el evento.
Diez meses
después, en abril de 2017, la Policía colombiana capturó a Washington Prado
Álava, alias Gerald, conocido en el país vecino como el «Pablo
Escobar ecuatoriano». Entonces se hizo pública su historia. Gerald se
había iniciado como lanchero al servicio de la banda Los Rastrojos, en 2004.
Para 2010, la mayoría de los cabecillas habían sido capturados y Gerald tomó
control de las rutas marítimas desde Manabí y Esmeraldas. Se alió con Los
Choneros y logró traficar más de 250 toneladas métricas de droga desde el
litoral ecuatoriano hacia Estados Unidos entre 2013 y 2017, a través de un sofisticado sistema de trasborde marítimo.
En otras
palabras, en el mismo periodo en que el gobierno de Correa y el vicepresidente
Jorge Glas Espinel lograba los «mejores resultados» en su lucha antinarcóticos
–según la DEA–, la organización criminal de Los Choneros también lograba expandirse
y consolidarse hasta convertirse en la mayor organización narcotraficante
ecuatoriana. El gobierno y el crimen organizado salieron ganando.
Uno de los
mejores investigadores del problema carcelario en Ecuador, el antropólogo Jorge
Núñez, argumenta en el mismo sentido. Según sus investigaciones,
Los Choneros se fortalecen dentro de las cárceles gracias a que la inteligencia
policial transaba con miembros de las pandillas información a cambio de
prebendas. La Unidad de Inteligencia Penitenciaria, creada en 2014, se volvió
pieza clave de la inteligencia antinarcóticos para la Policía Nacional. Reclutaron
a los cabecillas de las organizaciones criminales como informantes y Fito fue
uno de ellos.
Esto no
desvirtúa que durante el gobierno de Correa también se implementaron políticas
de seguridad ciudadana que combinaron estrategias punitivas con medidas de
prevención social para reducir la violencia. Pero el aumento o disminución en
la frecuencia o visibilización de la violencia letal no es lo mismo que la
expansión o contracción de economías ilícitas tan rentables como el
narcotráfico.
La evolución
de la tasa de homicidios en Ecuador muestra una disminución excepcional entre
2009 y 2016, pasando de 18,7 a 5,8 muertes por cada 100.000 habitantes,
respectivamente. Pero desde 2019 la tendencia se invierte. Por tanto, entre
2017 y 2018 hay un punto de quiebre que demanda una explicación. ¿Qué ocurrió
en ese periodo? Siguiendo la tesis de Snyder y Durán Martínez, la red de
protección extorsiva patrocinada por el Estado se rompió y la violencia
criminal se desató.
Revolución
Ciudadana vuelve a triunfar con el binomio integrado por Lenín Moreno y Jorge
Glas Espinel. En enero de 2017 arranca su mandato. A mediados de
año, Moreno rompe con el correísmo y en noviembre se inicia el
enjuiciamiento penal del ex-vicepresidente Glas, acusado por asociación ilícita
en el caso Odebrecht. En diciembre del mismo año fue sentenciado a seis años de
cárcel (más tarde tendrá otras dos sentencias por delitos más graves, pero en
2022 recuperó su libertad gracias a una operación judicial
financiada por el narcotraficante Leandro Norero). En enero de 2018, con Glas
en la cárcel, estalla una violencia criminal inédita hasta entonces en el país.
Alias Guacho,
líder del Frente Oliver Sinisterra, un grupo residual de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba en la frontera Norte de
Ecuador, puso un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo,
provincia de Esmeraldas, el 27 de enero de 2018. Dos meses más tarde, fuentes
oficiales colombianas informaron a Ecuador que el mismo grupo criminal había
secuestrado a un equipo periodístico de diario El Comercio. En
medio de la opacidad absoluta del gobierno ecuatoriano, los tres periodistas
fueron asesinados.
Hasta
entonces, estos hechos eran incomprensibles para la sociedad que los miraba con
estupor. Sin embargo, en octubre de 2018, Policía y Fiscalía ejecutan el
operativo «Camaleón», en cuyo marco realizaron siete allanamientos en cuatro
provincias, incluidas las oficinas de la Comandancia del Ejército ecuatoriano.
Así, desarticularon una red de militares en servicio activo y civiles que
traficaban armas, municiones y explosivos hacia los grupos criminales de la
frontera Norte: uno de ellos, el Frente Oliver Sinisterra.
Con estos
actos de terror, la organización de alias Guacho exigía a sus
contrapartes estatales que cumplieran sus compromisos, algo que ya no podían
hacer con impunidad desde que Glas y varios de sus secuaces perdieron poder
político. Ahora se sabe, por ejemplo, que Rasquiña (el líder
histórico de Los Choneros) y Glas compartían el mismo abogado: Harrison Salcedo, asesinado en
abril de 2021 por un sicario.
El nexo
crimen-Estado en el contexto latinoamericano ha sido bien estudiado por Alejandro
Trejo y Sandra Ley. Estos politólogos reconceptualizan esta relación bajo
el concepto de «zona gris de criminalidad»: un área que surge en la
intersección de dos conjuntos, el de los criminales y el de los agentes
estatales. Argumentan que, conforme un régimen político se vuelve autoritario,
esta zona gris de criminalidad crece y se consolida precisamente para
garantizar la estabilidad del régimen.
Durante el
gobierno de Correa-Glas (2013-2017) esta «zona gris de criminalidad» se
expande. El libro de Juan Carlos Calderón, Después olvidarán
nuestros nombres, muestra hasta qué punto se instrumentalizaron los
aparatos de seguridad para fines criminales. Y durante los gobiernos de Moreno
y Lasso no se hace nada por mitigar esta situación. Cambian los nombres de los
funcionarios y los criminales implicados, pero no las reglas informales de
estos pactos mafiosos que se lubrican con dinero sucio proveniente del narcotráfico.
Una muestra
concreta de aquello es la industria criminal del «narcobanano». La revista
digital Plan V documentó el caso de narcobanano más emblemático, en
diciembre de 2019. Este se vincula con Arbër Çekaj, un albanés dedicado a la
exportación de banano desde Ecuador y Colombia hacia Europa. A pesar de que en
2015 fue acusado de contaminar cajas de banano con cocaína, siguió exportando
la fruta hasta 2018 por la misma ruta desde Ecuador. El artículo citado
sostiene que «Çekaj registró la empresa Arbri Garden en mayo de 2012 y
rápidamente comenzó a mandar bananos de Ecuador a Albania. Según los registros
de exportaciones de Arbri Garden, el albanés llevó banano a su país a través de
18 empresas ecuatorianas exportadoras de esta fruta». Y añade que el albanés
«fue un hombre de bajo perfil hasta el 28 de febrero de 2018. Ese día la
Policía albanesa emitió una orden de arresto contra Çekaj, después de que se
hallaran 613 kilos de cocaína en uno de sus cargamentos».
El 31 de
marzo de 2022, el portal digital La Posta hizo público
un video en el que se negociaba el cargo de viceministro de
Agricultura por 2.800.000 dólares. El 21 de julio de 2022, la Policía hizo
allanamientos en cuatro provincias para detener a ocho personas integrantes de
una red criminal dedicada a vender cargos en entidades públicas como el
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). Una de las viviendas
allanadas fue la del político Juan José Pons, quien fungía de consejero ad
honorem de Lasso en la Presidencia de la República. El comunicado de la Fiscalía señaló que ofrecieron cerca
de tres millones de dólares por la Subdirección de Operaciones de Aduanas. Ese
monto iba a ser financiado por los exportadores a cambio de que pudieran cobrar
favores en el futuro, concluyó la Fiscalía. La principal industria de
exportación ecuatoriana era así avasallada por los tentáculos del crimen
organizado.
Este es otro
factor que alimenta la espiral homicida, y ningún gobierno atina a enfrentarlo
con eficacia. Menos aún el de Noboa, cuya familia es dueña de la mayor exportadora
de banano ecuatoriano.
Recientemente, Andreas Feldmann y Juan Pablo Luna han dado en el
clavo al sugerir la importancia de repensar la relación entre las instituciones
y el modelo de desarrollo de los países latinoamericanos, ya que los periodos
de crecimiento económico pueden encubrir una «trampa del desarrollo de la
economía ilícita», tal como ha ocurrido en el caso ecuatoriano. Como se
observa, ni el desmontaje institucional en el sector de la seguridad ni las
políticas de ajuste fiscal explican completamente la ola de violencia homicida
que consume al país. La violencia letal y la grave criminalidad que abrasa al
Ecuador son un fenómeno social complejo, dinámico y entrópico, que exige más
investigación empírica y desapasionamiento ideológico.
La
declaratoria de «conflicto armado interno» por parte del presidente Noboa
encaja como anillo al dedo con la estrategia que ha preparado el Pentágono
desde que Lasso propusiera a la Casa Blanca la necesidad de un «Plan Ecuador» el 8 de junio de
2022. En diciembre del mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la
«Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos» para que en el
plazo de 180 días el Departamento de Estado diseñara una estrategia de
intervención para el país sudamericano. En ese marco, a mediados de 2023 se
instaló un Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa entre ambos países, que
resultó en un acuerdo para invertir más de 3.100 millones de dólares en el
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. El acuerdo se implementará
en un plazo de siete años, hasta 2030. Finalmente, en octubre
de 2023, el canciller ecuatoriano y el embajador de Estados Unidos firmaron
el «Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas», que
establece los privilegios, subsidios y condiciones que tendrá el personal del
Departamento de Defensa y sus contratistas extranjeros en territorio
ecuatoriano.
Así, el
último ciclo de violencia criminal abrió una ventana de oportunidad para que el
alto mando de las Fuerzas Armadas y la Embajada de Estados Unidos modifiquen el
escenario estratégico en su favor. Con la declaratoria de «conflicto armado
interno», las Fuerzas Armadas asumen la dirección del Estado, subordinan a la
Policía Nacional y cierran el paso a los cuestionamientos sobre sus miembros
por la infiltración del crimen organizado. El 11 de enero, la Corte Constitucional
aprobó el dictamen favorable para el acuerdo, mientras el
Departamento de Estado anunció la llegada a Quito de una delegación del más
alto nivel para coordinar su implementación.
En estas
circunstancias, la declaración de «conflicto armado interno» está generando
el efecto deseado por las elites económicas y la derecha
neoliberal para anclar la gobernabilidad en una total liberalización
de la economía, en el marco de una progresiva militarización de la sociedad.
Si estos
planes surten efecto, Noboa puede convertirse en una suerte de «Bukele sudamericano»
y prologar su mandato como tanto desea. Por ahora, ha ofrecido dos cárceles al
estilo salvadoreño y pretende imponerse a sangre y fuego con el aplauso de una
sociedad atemorizada por la «amenaza terrorista». Pero con las fuerzas de
seguridad contaminadas por el crimen organizado, solo queda una certeza: a la
violencia criminal le seguirá la violencia política. Y Ecuador no saldrá de la
espiral de violencia que lo azota.
Fuente: ANRed
Fuente
Original: NUSO
https://telegra.ph/C%C3%B3mo-Ecuador-descendi%C3%B3-al-infierno-01-14
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