11 de agosto. Fuente: Contrahegemonia
Anenecuilco, lugar de agua, lugar donde algo está torcido. Pueblo morelense, indígena y campesino, ubicado en la fértil y estratégica región de las Amilpas. Estos territorios eran para fines del siglo XIX la fuente de riqueza principal del Estado mexicano y sus aliados españoles.
El sistema colonial de expropiación territorial, de trabajo esclavo –africano, indígena y campesino– y de monopolización del comercio de la azúcar, estaba en estas tierras más vivo que nunca. Allí, la hacienda azucarera fundada por Hernán Cortés cuatro siglos atrás, se expandía y modernizaba, haciendo de Morelos el principal productor de azúcar a nivel nacional y entre los primeros exportadores a nivel mundial. Aquellos territorios que le pertenecían a los nahuas tecpanecas, texcocanos y chichimecas, habían sido arrasados por el genocidio español, por las pestes coloniales y por la sobrexplotación esclavista de la dictadura porfirista. La independencia aún era un deseo de aquellos pueblos que, aunque habían luchado junto al cura Hidalgo y Morelos, no creían que eso que llamaban libertad se asemejara a su realidad.
Allí mismo, en las entrañas del capitalismo colonial y dependiente, un 8 de agosto de 1879 nacía Emiliano Zapata, quien 30 años más tarde se convertiría en el dirigente del Ejército Libertador del Sur y en el referente principal de las luchas por la liberación nacional en México y América Latina. El movimiento que emprendió el pueblo mexicano a finales de 1910, y que comúnmente se conoce como Revolución Mexicana, fue la síntesis rabiosa de un pueblo que estaba en resistencia desde hacía siglos. Aquella revolución popular no sólo fue la primera del convulso siglo XX latinoamericano, sino la expresión más cabal de la búsqueda irrefrenable de los pueblos por lograr una verdadera independencia: “es formidable el empuje de los oprimidos cuando se deciden a hacerse justicia con las armas en la mano” escribía Emiliano en 1916.
En su Plan de Ayala, una declaración de guerra acompañado de un proyecto político concreto, Zapata y sus compañerxs expusieron las bases de lo que sería un modelo económico y social emancipador: se declaraba la restitución de las tierra, los montes y las aguas usurpadas desde la época colonial; se ordenaba la confiscación de los monopolios económicos (conformados por haciendas azucareras, comercializadoras y grandes empresas “transnacionales” exportadoras) y su consecuente nacionalización de los bienes del enemigo para la creación de empresas nacionales que satisfagan las necesidades básicas de los pueblos; y por último la conformación de un gobierno nacional compuesto por una junta de los principales jefes revolucionarios que nombraría un presidente interino y convocaría a elecciones nacionales.
Este proyecto –que no fue el que se plasmó en la Constitución firmada en 1917– pudo ponerse en la práctica en el territorio suriano a partir de 1915, cuando los zapatistas fueron expulsados de la capital. Gilly la llamó “Comuna de Morelos”: la expresión latinoamericana de una de las experiencias más radicales de la historia popular en contra de la dominación imperial. Se nacionalizaron las haciendas y se pusieron en funcionamiento como fábricas nacionales. Se escribieron las leyes populares de organización municipal y se dejó por escrito las bases de la emancipación de las mujeres (derecho universal al divorcio, nombramiento de mujeres generalas, igualdad ante la ley y organización de espacios gremiales femeninos). Se fundaron escuelas nacionales en los territorios más recónditos del campo suriano. Con el objetivo de defender y expandir los sentidos de la revolución, se crearon y multiplicaron por todos los municipios las juntas de reformas revolucionarias y las asociaciones defensoras de los principios revolucionarios. Y todo esto en manos de campesinos indígenas: aquellos que siguen apareciendo en la historia oficial y en el discurso actual como “los pueblos atrasados que no quieren cambiar”, como la piedra en el zapato para el supuesto desarrollo.
Hay documentado un sinfín de experiencias que dan cuenta de la proyección civilizatoria que los zapatistas y los pueblos levantados tenían y construyeron en la acción. Es evidente que en aquel momento estaban en disputa dos proyectos sociales antagónicos: uno que permitía la continuidad de la dominación colonial y otro que rompía completamente, que rescataba la poderosa cultura popular indígena y campesina propia de lo mesoamericano y que se disponía a conseguir la verdadera independencia. El triunfo del primero sobre el segundo se hizo bajo la premisa del genocidio: “El objetivo es exterminar a los zapatistas. Los principales medios serán: privarlos de víveres, reducirlos a pequeñas partidas y matarlos como a fieras dañinas” así dijo y así hizo Pablo González, el jefe de las operaciones militares de Carranza. Un genocidio sostenido en las premisas de la guerra contrainsurgente. Para todo esto, el apoyo logístico, económico y militar de Estados Unidos fue fundamental. Y no sorprende que un siglo después aquellas prácticas de asfixia y sometimiento económico, de bloqueo y de complicidad criminal sigan estando presentes en las fórmulas del pentágono para doblegar a nuestros pueblos.
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