Dr. Hugo SALINAS
El Perú vive sus peores momentos de
crisis moral. Una crisis ligada al manejo de los bienes del país, físicos y
financieros. Personas, personalidades e instituciones políticas y sociales ya
no hacen diferencia entre el bien y el mal, entre el interés personal y el
interés colectivo.
Ya no es solamente la criminalidad
entre personas o contra personas. Es una criminalidad organizada contra el
país. A pesar de que el país cuenta con escasos recursos financieros para
construir su futuro, los criminales con cuello y corbata se lo apropian. El
país trata de acumular activos que le permitan cimentar un crecimiento más
acelerado, y estos criminales muestran asientos contables que las obras han
sido ejecutadas cuando, sobre el terreno, no hay nada ejecutado y, en el mejor
de los casos, realizadas sin respetar las normas de calidad.
Los criminales contra el país no son
solamente aquellos que dirigieron el acto sino también aquellos que facilitaron
los hechos. Y la competencia por la criminalidad ya no tiene límites. Ya no se
puede hacer diferencia entre las muertes producidas por manejar o por
desbaratar la mafia enquistada en el poder político, judicial, policial y
militar.
Estamos viviendo en una sociedad amoral
desde la cúspide hasta el ciudadano de a pié. Presidentes de la República ya
sea en prisión y en camino de serlos. Congresistas, jueces, funcionarios…,
todos ellos, implicados en los más absurdos delitos contra el país. ¿Podremos
seguir soportando esta lacra que impide un normal desenvolvimiento de nuestra vida
económica, política, educativa y social?
Ya no es solamente la moral que está
quebrada. Son las instituciones del país que ya no cuentan con ninguna
credibilidad. Pero ahí no queda la osadía de quienes han perdido toda
referencia a la ética y la moral. Son los ideales de construir un mundo mejor
que se están destruyendo al realizar un mal uso de los activos que pertenecen a
toda la comunidad.
El punto de criminalidad ha llegado a
tal nivel, que incluso está destruyendo lo último que nos queda: la esperanza
de construir un futuro mejor. Ideales como la transformación del país, la
conservación del medio ambiente, la defensa del agua…, se sienten heridos por
el accionar de personas que han confundido el interés personal con los
intereses del país. ¿Qué hacer para volver a convertirnos en los seres humanos
que amamos a nuestra sociedad?
No teniendo ninguna confianza en los
jueces, debemos volver a la justicia popular; es decir, al Tribunal Popular. Es
el pueblo quien debe sancionar a los criminales contra el país. Y la sentencia
debe ser la máxima, porque es al pueblo en su totalidad que se le está haciendo
daño. No podemos ser ciegos ni blandos.
Siendo el centralismo uno de los
elementos que favorece la criminalidad contra el país, son las mismas
poblaciones quienes deben juzgar y sentenciar a los criminales contra el país.
El Tribunal Popular no debe estar sujeto a los códigos actualmente vigentes
porque, hecha la ley, hecha la trampa. Todos esos códigos han sido elaborados
para juzgar y sentenciar a los pobres, los desempleados, a los sin recursos; y
salvar a los criminales contra el país.
Por consiguiente, el Tribunal Popular
debe ser local, a un solo nivel de decisión (sin derecho a apelación), y
sujetarse a los usos y costumbres de cada localidad. Es al pueblo que se le
está haciendo daño. Es el pueblo que les debe juzgar y sentenciar.
Y si queremos restablecer la moral en
el manejo de lo más sagrado, como son los bienes del país, los tribunales
populares deben sentar precedente en sus veredictos. Y no hay mejor forma de
realizarlo que generando un electro shock en la mente y comportamiento de la
población. El Tribunal Popular debe establecer la pena de muerte contra quienes
hacen un mal uso de los bienes físicos y financieros del país.
Que la honestidad se imponga ante el
dinero. Que el interés colectivo se imponga al interés individualista. Volvamos
a recrear los valores del ser humano y no los del oro y la plata.
Cajamarca, 17 de mayo del 2014
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