Señal de Alerta
por Herbert Mujica
Rojas
22-7-2017
Se lee en el
Decreto de Urgencia 003-2017 lo siguiente:
“Artículo 4.-
Procedimiento de adquisición
4.1 Cualquier
persona que pretenda adquirir, bajo cualquier título, algún bien o derecho de
alguna de las personas a las que se refiere el artículo 2, así como acciones u
otros valores representativos de derechos de participación emitidos por
personas constituidas en el Perú comprendidas en el artículo 2, aun cuando
estos bienes, derechos, acciones o valores hubieren sido transferidos
en fideicomiso o bajo otra modalidad semejante, debe presentar previamente al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una solicitud escrita manifestando su
interés. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede requerir la
información adicional y documentación sustentatoria que considere pertinente.”
¿Ministerio de
Justicia simple intermediario, o algo más, de la venta del condenado Odebrecht
a un tercero?
Alegó la muy cuestionada
y aún ministro de Justicia, Marisol Pérez Tello, cuando anunció por televisión
el cese de la procurador Katherine Ampuero y lo propio de la presidente de la
Oficina de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, que se estaba
“trabando” la venta de Olmos y que eso, palabras más, palabras, menos, era la
catástrofe para todo el mundo.
¿Decreto de alguna
urgencia criminal para vender Olmos por un precio que sólo el gobierno peruano
lo sabrá, o quizá sólo PPK, y gran parte del cual puede ser pagado en el
extranjero entre insondables empresas off shore? ¿Para estos negocios
claramente turbios la Constitución permite la dación de Decretos de Urgencia?
Querría decir
entonces que las ofertas para Olmos fueron presentadas “previamente al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –vía- solicitud escrita manifestando
su interés”. ¿Cuántas fueron las ofertas interesadas y con qué montos? Hasta
donde yo sé nadie sabe esa información puntual y precisa.
Más aún. ¿Qué
tiene que ver el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con ofertas
económicas de las que nadie tiene conocimiento y que pueden ser muy
arbitrarias, secretas y dónde lo único que no interesa es el resarcimiento
económico del Estado, ni los trabajadores sino el cómo pagar lo menos posible
con el máximo beneficio de quienes intervengan en esta fina urdimbre en un
escenario lo menos propicio posible como es Justicia?
El secretismo
apunta al predominio de cualquier sector y sin duda alguna otros empiezan con
sus disparos de todo calibre. ¿No hemos visto cómo Babuino Gordo, el de Pintor
Rosales 64-66, Madrid, ha expresado su “censura” por la fulminación de Ampuero
y Príncipe, esta última muy vinculada a su cogollo al más alto nivel?
Da la impresión
que este gobierno tiene el raro deporte de sacrificar alfiles en el tablero del
complicado ajedrez político nacional. Chinchero fue artículo mortis para Martín
Vizcarra. Olmos es el final de su breve papel público de Marisol Pérez Tello.
Thorne renunció con sabor a chicharrón de historia anticipada. Si la
administración Kuczynski se hubiera preparado contra sí misma ¡jamás lo habría
hecho tan autodestructivamente bien!
Mientras tanto,
las idas y venidas dan risa por la hipocresía ambiente y provocan indignación
porque hay más jugadores en la cancha, algunos ultra poderosos y sirvientes de
intereses foráneos y favorecedores de los grupos criollos que se reparten la
torta financiera y económica a espaldas de la sociedad civil.
¿Y el pueblo?
¡Olvidado como siempre y padeciendo a sus mediocres taifas pandilleras!
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