07-07-2017
Durante diez largos años en el control del poder
del Estado, el señor Alberto Fujimori fue un consumado terrorista, primero como
presidente democráticamente elegido y luego como golpista y dictador. Desde el
primer minuto de su mandato, al jurar su cargo ante el Congreso de la República
el 28 de julio de 1990, de hecho asumía como suyo la política de terrorismo de
Estado que por espacio de una década habían desarrollado los presidentes
Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García Pérez (1985-1990) en el
enfrentamiento y la persecución del movimiento subversivo PCP-Sendero Luminoso
que también realizaba acciones terroristas. Las fuerzas represivas
experimentadas en la utilización de los más variados métodos terroristas,
conformadas por la policía, el ejército y el conjunto de las fuerzas armadas,
habían destrozado de manera sistemática las vidas de miles y miles de peruanos
aunque fundamentalmente de los pobres del campo y la ciudad. Ya en diciembre de
1982, cuando el presidente Belaúnde ordenó el ingreso oficial de las fuerzas
armadas a la lucha antisubversiva, el entonces comandante general Luís Cisneros
Vizquerra le había anunciado que “... para eliminar tres o cuatro senderistas,
habría que matar por lo menos a 50 personas inocentes”. Fue precisamente eso lo
que hicieron de manera sistemática, acentuando lo que ya estaba en marcha desde
hace rato. En la concepción de guerra antisubversiva de la oficialidad peruana
y latinoamericana, esos eran los métodos a ser empleados para amedrentar o atemorizar
no tanto a militantes y activistas sino a comunidades y pueblos enteros. Eran
las lecciones bien asimiladas de las recientes y feroces dictaduras de Chile,
Argentina, Bolivia y Brasil.
De otra parte, el señor Fujimori, apenas logró
ganar las elecciones presidenciales de 1990, sin proyecto político ni programa
alguno, lo primero que hizo fue estrechar sus lazos de reciente amistad y
colaboración con el ex capitán, expulsado del Ejército, agente de la CIA y
abogado Vladimiro Montesinos, personaje más que mafioso bastante conocido en
los círculos de poder civil y militar. Entre la primera y segunda vuelta
electoral de aquel año, este señor se había convertido en asesor legal del
candidato Fujimori y, desde luego, en el mejor informante e intrigante sobre
las cuestiones de poder y el aparato del Estado en el Perú. Luego de su
elección como presidente de la república al vencer al escritor Mario Vargas
Llosa en la segunda vuelta electoral de junio de 1990, Fujimori convirtió a
Montesinos en su asesor de mayor confianza; ya no se trataba de papeleos en
medios judiciales y administrativos para resolver problemas legales sino, sobre
todo, de ilustrar al presidente electo sobre los entretelones y misterios del
poder político y en particular acerca de la guerra interna en la que se
encontraban enfrentados el terrorismo subversivo de Sendero Luminoso y el
terrorismo de Estado. Como ya se ha mencionado, las acciones de terrorismo de
Estado fueron sistemáticas y continuadas durante los gobiernos de Belaúnde
Terry y de Alan García. En el primer caso, en diciembre de 1982 el presidente
Belaúnde delegó amplias facultades al Comando Conjunto de las fuerzas armadas
para intensificar la lucha contrasubversiva sin ningún plan de acción de por
medio que podría haber sido discutido y aprobado en un Consejo de Ministros; se
prefirió que las fuerzas armadas tuvieran toda la autonomía posible en los
diferentes teatros de operaciones en los Andes comenzando por la región de
Ayacucho; en función de esta autonomía se debían constituir los comando
político-militares; el general del ejército Clemente Noel fue designado como
jefe del comando político-militar de Ayacucho teniendo 2 mil soldados bajo su
control; de inmediato, entre fines de diciembre del 1982 y principios de enero
del 1983, desde el cuartel “Los Cabitos” fue puesta en marcha la captura y
matanza masiva especialmente de campesinos de diferentes localidades y
distritos y luego enterrados en fosas comunes, acciones que fueron permanentes
y duraderas en los meses y años siguientes; en esas circunstancias ocurrió el
asesinato de periodistas en Uchuraccay como manifestación de la política de
terrorismo de Estado y amedrentamiento contra propios y extraños, hecho trágico
sobre el cual la Comisión Investigadora presidida por el escritor Mario Vargas
Llosa produjo un informe tipo novela. Otros asesinatos y masacres en masa
fueron por ejemplo los de Totos, Chuschi, Soccos, Putis; en el transcurso de
1983 y 1984 se multiplicaron las declaraciones de estado de emergencia en zonas
rurales y urbanas; en seis ocasiones se declaró estado de emergencia nacional.
En esas mismas circunstancias se hicieron crecientes las violaciones de los
derechos humanos especialmente en el mundo rural; ya en mayo de 1983 se declaró
el estado de emergencia nacional en Lima y el Callao, precipitada en cierto
modo por una huelga policial y por los sabotajes de Sendero Luminoso mediante
el derribo de torres eléctricas de alta tensión. Está de más recordar, a pesar
de muchas denuncias, la indiferencia con que el Ejecutivo y el Congreso
observaban las muertes y desapariciones masivas especialmente de los pobres y
trabajadores del país. El gobierno de Alan García fue continuador de la
política de terrorismo de Estado impulsado por su antecesor; aparentemente el
señor Alan García pretendió asumir la dirección política de la lucha
antisubversiva y subordinar bajo su mando a las fuerzas armadas pero, en
realidad éstas y su Comando Conjunto mantenían su autonomía y continuaban
funcionando como dirección político-militar y, por eso, se explica que apenas
instalado el gobierno aprista ocurrieran la masacre del pueblo de Cayara en
agosto-setiembre de 1985 y, poco después, las de Pucayacu, Acomarca y otros
lugares; en junio de 1986, cuando en Lima tenía lugar un Congreso de la
Internacional Socialista, los presos senderistas que se amotinaron en varios
penales fueron masacrados por las FF.AA. que actuaron con la mayor autonomía
posible respecto de cualquier temperamento y órdenes que podría haber dado el
presidente García; en el penal de Santa Bárbara fueron asesinadas 3 reclusas;
en el penal de Lurigancho fueron ejecutados 124 prisioneros rendidos; en el
penal del Frontón, 111 internos también rendidos; todos estos casos de matanza
fueron extrajudiciales. Tensiones de esta naturaleza entre el poder civil y el
poder militar en la lucha contrasubversiva, tienen que haber sido conocidos por
el presidente electo Fujimori gracias a las oportunas ilustraciones que le
proporcionaba Montesinos.
En consecuencia, al entrar a Palacio de Gobierno el
juramentado presidente Fujimori contaba con los elementos de juicio suficientes
para establecer relaciones con el Comando Conjunto de las FF.AA. respecto de la
lucha antisubversiva. Continuaría sin modificaciones la política del terrorismo
de Estado. El señor Montesinos dirigía en los hechos el Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN) y era quien seleccionaba a los oficiales de las
FF.AA. que debían asumir responsabilidades en los diferentes niveles
jerárquicos. Las masacres colectivas, las ejecuciones extrajudiciales, las
desapariciones y los secuestros en todo el país seguían ocurriendo de manera
cotidiana. En noviembre de 1991 tuvo lugar el crimen de Barrios Altos, cuando
agentes de inteligencia adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)
asesinaron a balazos a 15 personas, habiendo sobrevivido otras 4 personas pero
quedando gravemente heridas; se trataba de una fiesta popular entre vecinos de
una quinta en el Jr. Huanta; aparte de las 33 balas que acabaron con tantas
vidas, en el lugar de los hechos se encontraron 130 casquillos. Ocurre que,
según investigaciones posteriores, el crimen ocurrió por órdenes directas de
Vladimiro Montesinos y por encargo del presidente Fujimori. También, este mismo
presidente fue quien ordenó y dirigió la matanza en el penal Castro Castro en
mayo de 1992, es decir, poco después del autogolpe que dirigieran él mismo y su
compinche Montesinos el 5 de abril de ese año y que contó con el respaldo
abierto y activo del Comando Conjunto. Fujimori dirigió personalmente las
ejecuciones de los presos políticos senderistas, lo hizo desde Palacio y por
momentos desde un helicóptero, fueron acciones planificadas para esta nueva
violación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad; en la cadena
de mando, por debajo de Fujimori, se encontraban Montesinos, Huamán Ascurra y
600 policías; en total fueron asesinados 45 presos políticos y quedaron heridos
centenares de reclusos. Más tarde, en julio de 1992 ocurrió la masacre de La
Cantuta; un profesor universitario y 9 estudiantes fueron secuestrados y
desaparecidos por el destacamento Grupo Colina perteneciente al ejército; en la
madrugada del 18 de julio miembros del SIE así como la dirección de
inteligencia del ejército recibieron la orden de intervenir la residencia de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta; entre
los que dirigían dicho grupo estaban el mayor Santiago Martín Rivas como jefe
de operaciones, Vladimiro Montesinos como cabeza del SIN y asesor del
Presidente. Estas acciones ocurridas entre julio de 1990 y julio de 1992,
constituyeron la primera etapa del fujimorismo en el poder implementando el
terrorismo de Estado a manera de prólogo de lo que sería la continuación de
esta política hasta la caída del propio Fujimori y Montesinos a fines del año
2000. Sobre la guerra sangrienta en el Perú entre 1980 y el 2000, contamos con
volúmenes enteros de información documentada preparadas y publicadas por la
Comisión de la Verdad y Reconciliación aparte de muchas otras investigaciones y
publicaciones. Los peruanos y sobre todo los hombres y mujeres de las nuevas
generaciones estamos obligados a estudiar y conocer en dichos materiales
nuestra historia al término del siglo XX.
Ahora, cuando se discute el indulto al ex
presidente Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa
humanidad y corrupción durante su gobierno, hay incontables políticos de las
diferentes tendencias de derecha, periodistas y columnistas diversos que opinan
y presionan para que el presidente Kuczynski haga uso de sus facultades para
tomar tal decisión que para nosotros sería una grave ofensa a los pueblos del
Perú y a su memoria histórica. Un protagonista de primera línea del terrorismo
de Estado, como lo fue el señor Fujimori, no tiene el menor derecho a indulto
alguno.
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