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24/07/2020
Escalamiento
del Apagón Pedagógico Global
Desde el año 2015 venimos denunciando el riesgo que
ocurriera un Apagón Pedagógico Global (APG).
Advertíamos que este APG tendría una expresión concreta en
la virtualización y la relocalización
en la casa de una parte importante de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. No lo decíamos por tremendismo,
sino porque esta tendencia al APG había sido anunciada en varios documentos de
las Bancas de Desarrollo y de los organismos multilaterales. Sin embargo, buena
parte de la izquierda pedagógica desestimó este escenario al considerarlo
improbable. Comprender esta realidad implicaba reconocer que estamos ante
un reseteo planetario de la cultura educativa, lo cual desafiaba
muchas de las certezas construidas en el campo de las alternativas pedagógicas.
La más reciente publicación del Foro Económico Mundial de Davos “COVID-19:
el Gran Reseteo” (julio, 2020) confirma las valoraciones y análisis
prospectivos que hacíamos hace años.
Siempre señalamos responsablemente, que no sabíamos
cuál sería el evento o el mecanismo para ello, pero que la tendencia del
capitalismo cognitivo de la tercera revolución industrial apuntaba en esa
dirección. El COVID-19 se convirtió en el evento
que construyó las condiciones de posibilidad para el desarrollo a escala
planetario del Apagón Pedagógico Global.
La transición entre la tercera revolución
industrial a la cuarta revolución industrial hizo inminente el APG. Esta
transición comportaba la consideración, por parte del capital, de la obsolescencia
de la máquina educativa newtoniana de la primera y segunda
revolución industrial. Obsolescencia determinada por el
impacto de la aceleración de la innovación en los
procesos educativos.
La cuarentena sanitaria por la pandemia del
COVID-19 obligó a generar respuestas en materia de escolaridad y educación. Las
medidas educativas elaboradas por las burocracias de los ministerios de
educación, fueron construidas a partir de la apelación al concepto de
“emergencia”. La real emergencia sanitaria, fue usada para desarrollar un giro
inusitado, dramático y excluyente en la educación. La llamada emergencia
educativa sirvió de pretexto para que en la mayoría de países se intentara dar
continuidad a las labores escolares, ya no en las escuelas, liceos y universidades
sino “en casa” y por mecanismos remotos, en su mayoría codificados al público
bajo las expresiones de “educación virtual en casa, “universidad
en casa”.
El paradigma neoliberal de la sociedad educadora
Esta “nueva Realidad” nos obliga a revalorar el
paradigma educativo neoliberal de la “sociedad educadora”, que
desembarcó con fuerza en la región en la década de los ochenta del siglo
XX. Esta iniciativa, en la era de la transnacionalización del
capital y de la mundialización cultural contemplaba
la intención de ir transfiriendo a las familias, docentes y estudiantes, las
condiciones mínimas para el cumplimiento al derecho a la educación.
El fortalecimiento de los mecanismos para
garantizar el pago de las matrículas y “colaboraciones para las sociedades de
padres y representantes” en las escuelas públicas, sirvieron como caballo de
Troya para intentar recargar en las familias los costes del mantenimiento de
los planteles escolares, las actividades extraordinarias, los docentes
suplentes, etc., en la ruta para que las madres y los padres fueron asumiendo la
responsabilidad educativa que correspondía a los Estados. Cada vez más se le
fue transfiriendo a las familias muchas de las responsabilidades que otrora
habían asumido los Estados.
Esta intención pudo concretarse solo parcialmente y
de manera desigual en los países de la región, gracias a la movilización del
magisterio, los profes universitarios y los estudiantes; las familias lo
hicieron en menor medida, atrapadas por la cultura evaluativa de la calidad educativa.
La exigencia de mayores aportes a los sistemas
escolares por parte de las familias se encubría con el discurso funcional de la
co-responsabilidad para alcanzar una educación inclusiva de calidad, algo que
se convertía en un chantaje funcional para la desmovilización de las familias.
Esa “noción” de la co-responsabilidad comporto un salto en la construcción de
hegemonía, sobre la necesidad que los Estados “compartieran” con las familias
los costes de la educación pública. Esta operación de propaganda, abrió las
puertas a reformas en las constituciones nacionales y las leyes de educación
que implicaron un abandono drástico de las responsabilidades del Estado,
encubiertas con discursos progresistas.
La obligación de los Estados en garantizar las
condiciones mínimas para el derecho a la educación
Desde una perspectiva emancipadora y de Estado
Docente, la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es de los
Estados Nacionales. Es decir, los Estados entre otras cosas, deben garantizar
que a) el presupuesto destinado a la educación no sea inferior
al 6% del Producto Interno Bruto o menor del 20% presupuesto público; b) exista
una legislación educativa que garantice el acceso
universal a la escolaridad y en igualdad de condiciones, por lo menos, a los
estudiantes de educación inicial y primaria. En algunos países esta obligación
se extiende al bachillerato; c) elaborar los planes de estudio
y los modelos de enseñanza-aprendizaje que garanticen un aprendizaje
contextualizado a cada realidad, desafíos epocales y
necesidades de la población; d) construir la infraestructura necesaria
(escuela, liceos, preescolares, universidades) para garantizar la igualdad de
condiciones de aprendizaje; e) dotar las escuelas, liceos y
universidades de los elementos, equipos y contenidos inherentes a la
aceleración de la innovación y garantizar que todes los y las
estudiantes tengan las mismas condiciones de acceso a estas tecnología y
conocimientos; f) desarrollar una continua
actualización de la formación inicial y permanente de los y las docentes que
permita garantizar el papel de la escuela como institución
democratizadora del conocimiento entre los sectores populares.
Previo a la pandemia, muchas de estas condiciones
mínimas de partida no eran cubiertas por los Estados nacionales, lo cual
generaba resistencias, movilizaciones y denuncias del movimiento magisterial y
estudiantil.
La desinversión en educación y la precarización de
las condiciones de trabajo de los y las docentes actuaban como disparadores de
la premisa neoliberal de abandonar la responsabilidad de los Estados con la
educación pública, dando paso al modelo de sociedad educadora.
Debemos tener cuidado que el logro del 6% del PIB
como piso mínimo no sea usado en buena medida para la firma de contratos con
las grandes transnacionales tecnológicas en materia de contenidos educativos
digitales y virtuales, ni para construir la infraestructura base para la
transición a la cuarta revolución industrial, escenario en el cual se continúe
recargando en las familias, estudiantes y docentes el grueso de la inversión en equipamiento
tecnológico básico (computadores, laptos, celulares) y la conectividad al
internet. Subrayar siempre que esto es (y sería) privatización
educativa y triunfo del paradigma neoliberal de sociedad
educadora.
En el plano internacional el neoliberalismo
educativo cada vez más se aseguraba que en muchos de los protocolos de los
organismos multilaterales, el derecho a la educación apareciera sin sus
apellidos sustantivos de gratuita, popular, científica y laica. Cada vez más en
estos protocolos aparece el compromiso de vincular el sector privado al
cumplimiento del derecho a la educación, que no es otra cosa que la transición
a la construcción de hegemonía respecto a la educación como una
mercancía.
El tránsito abrupto de un modelo de educación
presencial en las escuelas, al modelo de “educación virtual en casa”, de
“universidad en casa” y, el temor del contagio mortal, posibilitó un acelerado
abandono de las premisas de responsabilidad de los Estados Nacionales que le
obligan a garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del derecho a
la educación.
La neo privatización educativa en el marco de la
pandemia del COVID-19
El Coronavirus aceleró y escaló a una dimensión
impensable solo meses atrás, las tendencias privatizadoras de la educación. El
modelo de “educación virtual en casa”, de “universidad en casa” que han
impulsado los sistemas educativos en América Latina ha comportado una
privatización de hecho. Las responsabilidades de los Estados de garantizar
las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza y
aprendizaje han sido abandonadas y se ha entrado en la lógica del
neoliberalismo educativo.
Ahora, en el marco de la pandemia del COVID-19 son
las familias, les estudiantes y los y las docentes, quienes deben asumir los
costes del pago del internet, la suscripción a plataformas privativas para
poder dar clases, la compra o reparación de sus computadoras para dar clases.
Los Estados se desentienden de su responsabilidad usando el acostumbrado
lenguaje de la “vocación docente”, de la “mística de los educadores”. Se trata
de una Neo privatización educativa a escala global.
Muchos de los contenidos educativos en este
contexto de “virtualidad en casa”, son aquellos que están disponibles en las
plataformas privativas. Los y las docentes no fueron formadas y no están siendo
formados adecuadamente para trabajar en entornos digitales, lo cual ha
implicado una serie de déficits y problemas derivados del ensayo y error, de
“cómo va viniendo vamos viendo”.
Se pretende culpabilizar de los errores de la
coyuntura a los y las docentes, convirtiéndose el Estado en un evaluador que
con desenfado traslada su responsabilidad a terceros, usando los criterios de
la cultura evaluativa. La culpabilización a los docentes, es una cortina de
humo que procura ocultar que se está produciendo una brutal privatización
educativa.
Las condiciones en las cuales se están
desarrollando los procesos de enseñanza aprendizaje son desiguales y
estratificadoras. Muchos estudiantes no cuentan siquiera con una casa donde
estudiar de manera estable, otros no poseen familia que les apoyen, la mayoría
no tienen textos o acceso a internet, ni computadoras.
La escuela, con sus programas alimentarios
procuraba garantizar que todes comieran por lo menos una vez al día,
precisamente para igualar las condiciones de partida para aprender a aprender.
Las medidas tomadas por los ministerios de educación han roto en solo meses, la
conquista social de asociar el derecho a la educación con garantías de igualdad
de condiciones para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Esa “nueva normalidad” está siendo poco denunciada,
por el contrario, en muchos casos, está dinámica ocurriendo con el silencio
cómplice de importantes sectores de la academia y los sindicatos burocráticos
patronales. Como en todo proceso de opresión, las resistencias marcan la
diferencia y hoy casi un centenar de organizaciones del magisterio en la
región, educadores populares y pedagogos críticos han comenzado a denunciar y
movilizarse en contra de esta realidad.
Educación de primera para incluidos en la
tecnología, educación de tercera para los excluidos de la tecnología.
Para colmo, con el pretexto de la emergencia
sanitaria se está produciendo una nueva estratificación de la educación. Los
que tienen acceso a computadores e internet, cuyo porcentaje no excede el 50%
de la población en América Latina y el Caribe, son los que tienen la
posibilidad de participar en la educación remota que intenta darle continuidad
a los procesos de escolarización. Estas condiciones previas son las que se
venden como logros de acceso a la formación, que en realidad son simplemente
acceso a la información actualizada. Se confunde la capacidad individualizada
de navegación conducida por la red de internet con aprendizajes.
Los otros y otras, la mayoría de estudiantes, que
no tiene acceso a computadora e internet, están recibiendo enseñanza por
televisión o radio, con contenidos y metodologías de la televisión educativa de
los sesenta del siglo XX, transitando el aprendizaje con una mirada desde el
retrovisor, no hacia el presente y el futuro. Esto redundará en
nuevas formas de exclusión. Es una educación de segunda para pobres.
Por otra parte, quienes viven en zonas de difícil
acceso y precaria conectividad, con limitadas posibilidades incluso de acceder
a una señal de radio, están recibiendo una educación por módulos, educación de
tercera, que trata de ocultar que les están dejando en los bordes de la
marginalidad intelectual.
La apelación a la contingencia y la emergencia para
producir esta privatización educativa no tiene justificación alguna, más aún
cuando las autoridades educativas desoyeron las advertencias que hicimos desde
cinco años sobre un inminente Apagón Pedagógico Global (APG) y la obligación
que tenían los Estados para prepararse para escenarios como estos, con la
mirada pensada en la inclusión educativa y la justicia social.
La escuela no volverá a ser lo que era
Esta realidad no puede hacer que nos refugiemos de
manera conservadora en intentar volver a las condiciones existentes antes de la
pandemia. La escuela, liceo y universidad que teníamos en febrero del 2020
tampoco representaban la aspiración de los sectores populares y críticos,
respecto a lo que debería ser una educación liberadora y emancipadora.
Se trata entonces de comprender y trabajar de
manera renovada por una nueva escuela gratuita, popular, democrática, laica,
científica y presencial, que reivindique la tradición y el saber
pedagógico acumulado por décadas, pero que sea también sea capaz de empalmar
con lo nuevo, lo emergente en clave de resistencia anticapitalista.
Alternativas
Ciertamente lo peor que puede pasar es que un niño,
niña o adolescente quede desconectado del sistema escolar. El hecho que
consideremos que es necesario un esfuerzo contingente urgente, mediados por la
educación por televisión, radio o módulos para los que no tienen acceso a la
conexión digital, no nos impide advertir que ello está comportando una nueva
estratificación, con un claro sentido de clase.
Son los pobres, las mujeres trabajadoras, la clase
obrera, los campesinos, quienes viven en condiciones de marginalidad en los
barrios quienes están resultando más afectados por la neo privatización
educativa en marcha y la estratificación de la escolarización determinada por
el acceso a computadores y conexión a internet.
Las alternativas están en el plano epistémico y en
la organización para la resistencia. En el primero, la sorpresa y la
sensación de vértigo que esta situación de la cuarentena por el COVID-19 ha
causado en amplios sectores progresistas, nos lleva a afirmar que lo urgente es
clarificar lo que está pasando y establecer de manera compartida el horizonte
inmediato contra la opresión neoliberal.
Lo segundo, reivindicar que las experiencias de
colectivos pedagógicos en las escuelas, liceos y universidades emerge con
fuerza como una práctica muy potente para avanzar de manera colectiva, desde
abajo, en la comprensión de lo ocurre y la elaboración de resistencias
anticapitalistas.
Tercero, fortalecer la unidad de los sindicatos y
gremios docentes combativos, con los movimientos de educadores populares y
pedagogos críticos para de manera conjunta elaborar una ruta de acciones
coyunturales y estratégicas.
Es momento de inventar para no errar.
Luis Bonilla-Molina
Doctor en Ciencias Pedagógicas, Postdoctorado en
Sistemas de Evaluación de la Calidad Educativa
Pedagogo crítico, Coordinador Mundial del portal
https:www.otrasvoceseneducacion.org
Analista en ciencias sociales
Profesor universitario Extraordinario e invitado en
varias universidades de América latina y el Caribe.
https://www.alainet.org/es/articulo/208062
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