08-11-2014
El Estado mexicano no es más que un
semiEstado en descomposición acelerada. En efecto, ha sufrido mucho más que
otros Estados de países dependientes las consecuencias de la política del gran
capital en el desarrollo de la mundialización. Es decir, la pérdida de
soberanía en el establecimiento de su política financiera, monetaria, militar,
jurídica, alimentaria, rural, demográfica y del control del territorio
nacional. Los acuerdos internacionales subordinan el presupuesto y la moneda
nacional a Estados Unidos y a los servicios de la deuda externa. La compra del
armamento se realiza en Estados Unidos, las fuerzas armadas están supervisadas
por Estados Unidos mediante observadores in situ, los procesos electorales son
controlados por Washington al igual que la justicia, el campo fue colocado al
servicio de las necesidades estacionales de los importadores del Norte y la
soberanía alimentaria fue liquidada mediante el Tratado de Libre Comercio
Norteamericano con el resultado del despoblamiento de las regiones rurales a la
opción a la población joven entre la desocupación disfrazada de empleo
informal, la emigración clandestina abandonada a sí misma o la delincuencia y,
finalmente, el ejército de Estados Unidos declara oficialmente que controla
todo el territorio hasta Centroamérica y manda técnicos militares y policiales
a México para intervenir en lo que titula “defensa del orden”.
A
eso se agrega la ilegitimidad y la ilegalidad del personal gobernante. El
fraude descarado le robó la victoria electoral en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas;
los asesinatos masivos crearon las condiciones para imponer un nuevo gobierno
del PRI-PAN que no cumplió con su firma en los Acuerdos de San Andrés y pasó el
testimonio al PAN, que en el 2006 volvió a robarle la elección presidencial a Andrés
Manuel López Obrador, militarizó y ensangrentó al país y en el 2012 devolvió el
gobierno a su aliado priísta para que eliminase por completo en el plano
jurídico, político, económico y social las conquistas de la Revolución mexicana
que aún subsistían.
El
resultado es un aparato estatal sin los atributos de un Estado independiente,
coludido con la parte más sangrienta e inescrupulosa del capital- el narco
tráfico y la delincuencia organizada-, carente de consenso y dependiente por
completo de la represión y los asesinatos para mantener el gobierno de una
oligarquía reducida de socios del gran capital financiero internacional.
El
presidente nacido del fraude carece de consenso y depende de las fuerzas
represivas en las que un sector todavía sano y antientreguista ve con creciente
preocupación los lazos con el narcotráfico del otro sector y del gobierno y
teme las consecuencias posibles de un estallido social preanunciado por la
protesta por las matanzas de Atlatlaya y Ayotzinapa que abarca cada vez más regiones,
sectores sociales y países del mundo.
Esa
protesta democrática inicialmente exigía castigo a los culpables y gritaba sólo
“¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”. Ese reclamo justo y lógico deja en
manos del Estado criminal la reparación de los crímenes que el mismo comete y
no modifica un sistema que descansa sobre la violencia y la delincuencia y el
acuerdo con los narco-lavadores de dinero, los narco-políticos, los
narco-policías o militares. Ahora, en cambio, las últimas manifestaciones estudiantiles
elevan el tiro repudiando el crimen de Estado y exigiendo la renuncia de Peña
Nieto, conscientes de que es necesario un cambio político. Pero esa exigencia,
sin proponer una alternativa, implica un salto al vacío y no puede convencer a
la mayoría de la población que, aunque horrorizada por la represión, teme un
cambio, sigue siendo pasiva y conservadora y no hace en las grandes empresas ni
siquiera paros simbólicos solidarios.
Porque
el problema es quién reemplazaría al presidente títere del gran capital en el
caso de que se lo derribase, qué se podría hacer contra las fuerzas represivas
y contra la violencia del narcotráfico y cuál podría ser la salida democrática
y constitucional a esta situación de ilegalidad generalizada.
En
esta tensa situación social desgraciadamente hay grupos que no han aprendido
nada de la historia nacional y sudamericana y alientan veleidades guerrilleras
llevados por el mesianismo, la impaciencia, la inconsciencia y, algunos,
alentados por la provocación. Una aventura de grupos armados desligados del
pueblo sólo serviría al gobierno para hacer abortar el crecimiento de la
protesta y de la conciencia popular.
En
cambio es necesaria la resistencia civil organizada y generalizada que lleve a
un paro cívico nacional y prepare una huelga general nacional
obrero-campesina-estudiantil. En Bolivia, el pueblo en la calle expulsó al
presidente Sánchez de Lozada e impuso un gobierno de transición que llamó a
elecciones generales y a una Asamblea Constituyente. Es constitucional el derecho
de resistencia a la tiranía y el derecho a una Constituyente que cambie el país
y sus instituciones. Es posible imponer esta salida y la constitución de un
gobierno técnico transitorio compuesto por pocas personalidades intachables que
cierre el Congreso, reorganice el Estado y organice elecciones generales y una
Asamblea Constituyente con delegados elegidos en asambleas populares. La
generalización de las policías comunitarias y grupos populares de autodefensa
apoyados en grandes movilizaciones tendría un fuerte efecto en los mejores
sectores de las fuerzas armadas, como sucedió en los países árabes, y el
control popular reduciría la acción de los narcos. La Asamblea Constituyente
restituiría la propiedad nacional de los recursos naturales privatizados,
castigaría la corrupción y la delincuencia, anularía las leyes y medidas
antisindicales y antiobreras, daría plena vigencia a los derechos democráticos
y podría resolver planes concentrados de apoyo a los campesinos y de creación
de empleos para reducir la emigración y las bases del narcotráfico. Esperar en
cambio que el desgaste de Peña Nieto y de los organismos estatales de mediación
y contención (PRI, PAN, PRD y otros partidos paleros) pueda facilitar próximas
elecciones generales limpias y un eventual triunfo de MORENA es utópico,
desmoviliza la protesta y da tiempo y margen de maniobra a los criminales de
Estado. Un cambio sólo es posible si se movilizan amplias masas por un programa
común inmediato y una alternativa democrática posible.
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.
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