Reenvío el artículo escrito por Claudia
Cisneros, una periodista que está demostrando ser una demócrata muy valiente y consecuente,
quien con sólidos argumentos está asumiendo la defensa de las mejores causas de
nuestro pueblo. Actitud muy diferente a
los serviles “plumíferos a sueldo” que abundan en los diarios de la llamada
gran prensa peruana.
Nuestro atrasado y empobrecido país, para continuar creciendo y crear las
condiciones para renovarse, necesita urgente la conjunción de inversiones grandes, medianas
y pequeñas, peruanas y extranjeras, particulares y públicas. Así lo entiende y
lo demandamos la mayoría de la población. Pero no aceptamos, y por el contrario
rechazamos, la prepotencia y la imposición del poder de las grandes empresas
que pretenden imponer a cualquier precio sus planes de negocios, sin el más
mínimo respeto a las normas mínimas de protección del medio ambiente. (Miguel
Aragón, 11 de mayo de 2015)
Domingo, 10 de mayo de 2015
Por Claudia Cisneros
Ni a la
minera ni al gobierno ni a dirigentes como el tal Pepe Julio les importa 3
carajos los peruanos muertos: 2 agricultores y 1 policía, solo les interesa el
lucro. El Gobierno sigue actuando como vocero desvergonzado de la empresa, los
pobladores lo saben y por eso desconfían de cualquier cosa que diga u ofrezca.
La minera compra con su dinero la dignidad y el uniforme de algunos policías
que fungen de sicarios, siembran falsas pruebas para desprestigiar a los
manifestantes. El tal Pepe Julio vende su influencia sobre los manifestantes
por dinero. Es cierto que puede que ese audio no sea de la protesta actual sino
del 2011, como apunta Rebeca Diz en el semanario de Hildebrandt, pero para el
caso la gravedad es la misma: traficar con el poder de movilización es de
canallas. El daño es agravado porque su canallada será usada por la mina y el
Gobierno, y sus medios-cajas-de-resonancia para deslegitimar la protesta.
Por eso es importante que quienes realmente buscan
una resolución a este malogrado conflicto, tomen en cuenta que el fondo del
asunto está más allá de la coima de Southern a un sinvergüenza dirigente, más
allá de las fuerzas en escalada de violencia del lado estatal y civil. El fondo y origen de este conflicto,
que va camino al desgarramiento nacional, está en lo que José de Echave explica
muy bien en su última columna en Hildebrandt en sus Trece: las 138 observaciones que se le hicieron al Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) que presentó Southern en 2009.
El informe con las observaciones que hizo la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) “destrozó el
EIA presentado por Southern y confirmó las preocupaciones de la población”.
Como cuenta Echave, al MINEM no le quedó otra que rechazar el EIA y declararlo
inadmisible (Resolución Directoral 105-2011-MEM-AAM del 8/04/2011).
Pero 2 años después la empresa volvió a arremeter
presentando un nuevo EIA que supuestamente corregía el primero. El problema es
que la empresa presentó este EIA un 19 de diciembre, fin de año, fiestas… en
una audiencia que duró 35 minutos, con dos mil policías afuera de un local al
que no dejaron entrar a dirigentes y líderes. Y a eso le llamó Merino (MINEM)
“licencia social”. Esto fue en el 2013. Al 2015 la empresa sigue intentando
imponer a la mala el proyecto y no ha hecho más que seguir alimentando su
descrédito. Lo último ha sido el sembrado de armas a un inocente agricultor en
supuesta complicidad de policías contratados por la empresa y medios de
comunicación como Correo. Se prestan para el montaje y para fijar los
calificativos de “terroristas antimineros”. Lo del bus quemado en Matarani es
otro ejemplo. Aparece “en un lugar alejado al que se producían las
manifestaciones” (Rebeca Diz) y sin que nadie explique cómo llegó allí con las
carreteras bloqueadas.
Pero llegado a este punto: 47 días de conflicto,
180 heridos y 3 muertos, es responsabilidad del Gobierno garantizar la vida de
los peruanos: manifestantes y policías. Policías que han sido enviados sin
entrenamiento en conflictos ni recursos, como ha acusado la esposa de Henry
Vásquez del S.O. asesinado a pedradas por una turba. Ernesto Vásquez, hermano
del policía caído ha responsabilizado a Humala por enviarlos sin recursos, mal
alimentados, sin capacitación. También lo confirma Doris Cornejo, corresponsal
de Canal N.
Si el Gobierno tomara en serio la defensa de la
vida lo que cabría en este momento es
declarar la suspensión de Tía María. A veces dar un paso atrás es ser
responsable, no débil. Pero el Gobierno ha decidido enviar un contingente
militar a la convulsionada zona. Todos saben que los militares se entrenan para
matar, no para persuadir. Si eso ocurre, sería simple y puro asesinato que
vulnera los derechos humanos y Humala, Cateriano y el ministro de Defensa
podrán ser procesados por ello. Si el Gobierno realmente quisiera recobrar la
paz en la zona y proteger a los peruanos, no estaría amenazando con militares o
estados de emergencia, estaría
suspendiendo hasta nuevo aviso el proyecto y buscando recuperar puentes de
diálogo pero con los asuntos de fondo y con los interlocutores que no estén
contaminados por la plata sucia de la minera.
“Democracia no es enfrentar a la policía con el
pueblo”, ha dicho a Humala Ma. Isabel Álvarez, viuda del policía muerto. Democracia
tampoco es imponer a sangre y bala un proyecto que viene viciado por la
desconfianza legítima, probada con el prontuario de la empresa Southern que
bien se conoce en Arequipa. El Gobierno y la empresa quieren sangre, muerte y
bala. Quieren cifras, quieren plata, quieren lucro como sea y a costa de quien
sea. Y a eso le llaman desarrollo…
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