Por
Jorge Agurto
En
el conflicto Tía María el diálogo ha fallado o simplemente no existe por seis
razones esenciales que con la mayor objetividad e imparcialidad posible puedo
resumir:
1. Falta de sinceridad, buena fe y transparencia
Desde
que se intentó desarrollar el proyecto en el 2009 no hubo sinceridad y buena fe
de parte del Estado peruano y de la empresa Southern para compartir la
información del estudio de impacto ambiental (EIA) de manera completa y
transparente.
Se
insistió -como ahora- en que el EIA era bueno, completo y sin fallas… hasta que
la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS)
prácticamente se lo trajo abajo con 136 observaciones. Entonces, el primer EIA
se tuvo que anular el 2011 luego de registrarse tres muertos civiles a
consecuencia de la represión policial.
Por
sentido común, lo ideal hubiera sido que el gobierno pida a la propia UNOPS que
revise el segundo EIA y emita su opinión favorable antes de iniciar un proyecto
tan sensible. Pero el gobierno y la empresa evitaron con cualquier pretexto la
revisión por este organismo imparcial.
Las
consecuencias están a la vista. Ahora es un poco tarde para que el gobierno o
algún organismo propuesto por éste tenga credibilidad o la receptibilidad
necesaria.
Peor
aún, cuando salen a luz serias observaciones técnicas al segundo EIA y se
destapan hechos como el ocultamiento de la explotación de oro que obligaba al
EIA a desarrollar medidas de control para este tipo de actividades.
2. Actitud belicosa, agresiva e inamistosa contra alcaldes y dirigentes
El
gobierno y la empresa nunca han tratado a los opositores al proyecto Tía María
como ciudadanos y a sus representantes como interlocutores válidos.
Los
calificativos de ignorantes, recalcitrantes y enemigos del desarrollo se han
aplicado a diestra y siniestra no solo hacia los agricultores, sino contra los
dirigentes sociales y a quienes han criticado este proyecto.
También
el alcalde provincial de Islay y tres alcaldes distritales, autoridades legítimamente
elegidas y representativas, han sido denigrados y maltratados a pesar de que
también forman parte de las autoridades del Estado peruano.
La
prensa, mayoritariamente controlada por el Grupo El Comercio, se ha prestado a
la infamia de celebrar las declaraciones de las autoridades que están en favor
de la minería, y denigrar a las autoridades y ciudadanos que defienden la
agricultura.
Esta
actitud beligerante e inamistosa ha sido un caldo de cultivo que no ha
contribuido a generar condiciones subjetivas para un acercamiento y diálogo
constructivo entre dos actores diametralmente estigmatizados en posiciones
extremas y contrarias.
3. Maniobra y acusación de terrorismo antiminero
El
falso anuncio de la cancelación del proyecto Tía María debido a la oposición
del “terrorismo antiminero” fue, a la vez que una burrada, una gravísima
acusación lanzada por un alto funcionario de la empresa Southern.
Si
bien fue desmentido a las pocas horas, no queda duda de que se trató de una
maniobra intencional para presionar al gobierno a adoptar medidas más fuertes
para imponer el proyecto sobre la base de deslegitimar a los opositores al
proyecto.
La
acusación de “terrorismo antiminero” fue replicada por numerosos voceros
políticos del sector empresarial y reproducida hasta volverla un lugar común en
la opinión pública “mediatizada” (o “medio-idiotizada” si se prefiere).
Tan
grave como la acusación es que el gobierno no exhibe ninguna prueba sobre una
conspiración política o terrorista contra la minería.
El
vapuleado, mediáticamente hablando, Marco Arana, líder ambientalista del
partido Tierra y Libertad, ha reiterado hasta la saciedad que no es opositor
recalcitrante a la minería y que por el contrario es partidario de una nueva
minería responsable.
Pero
sus declaraciones nunca han sido suficientes para evitar que se lo
responsabilice automáticamente de cualquier protesta ambiental. Incluso un
congresista delirante -amparado en su inmunidad parlamentaria- lo calificó de
sucesor de Abimael Guzmán.
Del
mismo ánimo belicoso es el congresista Juan Carlos Eguren quién niega la
existencia de causas reales para la oposición popular en el valle de Tambo y
atribuye todo el conflicto a una conspiración política e ideológica de los
antimineros.
4. Represión, muertos, psicosociales y sembrado
Un
cuarto error es creer que la represión policial puede resolver un conflicto de
hondas raíces sociales y que ha adquirido un matiz político debido a las
circunstancias de su imposición.
Yerra
el gobierno si cree que a la ciudadanía de Arequipa se la puede maniatar y
constreñir a la docilidad a punta de varazos, perdigones, balas y bombas
lacrimógenas.
La
develación de un sembrado de armas caseras para inculpar a un agricultor, la
muerte a balazos de dos civiles desarmados, el incremento desproporcionado de
efectivos policiales es el peor escenario para propiciar acercamientos y
promover el diálogo.
Los
miembros de la familia policial también son víctimas de un conflicto que ellos
no han generado y que los expone a daños graves a su integridad. Hay más de 100
efectivos policiales heridos, algunos de gravedad.
La
adopción de un Estado de emergencia conlleva la restricción o suspensión de
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la
inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Asimismo,
el presidente puede disponer que el control del orden interno pase de la
Policía a las Fuerzas Armadas.
Obviamente,
esta medida no solucionará el conflicto, lo extenderá, agravará y abrirá
mayores heridas en un pueblo que no ha perdido la dignidad y está dispuesto al
sacrificio con el fin de defender, gran paradoja, la vida y el futuro
5. Falsos escenarios de diálogo y acusaciones de intransigencia
Hasta
hoy los escenarios y las agendas de diálogo han sido manejados por el gobierno
de una manera conveniente a sus pretensiones, sin respetar las condiciones básicas
para un diálogo horizontal, directo y respetuoso entre dos partes en conflicto.
Por
ejemplo, el 29 de abril el gobierno preparó un escenario propicio para hacer un
cargamontón a los opositores, al permitir el ingreso de numerosos personajes
promineros, incluyendo al congresista Eguren, e incumplir así las condiciones
previas pactadas para el diálogo.
Lo
peor es que tras el retiro de los opositores algunas autoridades del gobierno
como el ministro del Ambiente Pulgar Vidal, hicieron el juego sucio de presentarlos
ante la prensa como personas rebeldes, intransigentes y reacias al diálogo.
No
sabemos qué favores estará pagando este ministro pero afirmó, muy suelto de
huesos y en tono enérgico, que los alcaldes y dirigentes “no tienen ninguna
vocación de diálogo”.
Lo
que el gobierno no asimila es que a estas alturas del conflicto la población
del Valle del Tambo rechaza el proyecto y no dialogará sino hay una señal de
distensión, lo que hoy significa que se suspenda o cancele el proyecto.
6. Evitar tocar el problema de fondo
Un
problema de fondo asociado al conflicto es la convivencia entra minería y
agricultura en la provincia de Islay, y en particular en el valle de Tambo.
El
gobierno evita reconocer que detrás del proyecto Tía María están de por medio
un conjunto de proyectos mineros cuyas concesiones alcanzan más del 85 por
ciento de toda la provincia de Islay y que planea convertir esta localidad en
un distrito minero.
Más
del 85% de la provincia de Islay está concesionada a empresas extractivas.
Fuente: Cooperacción.
En
tales condiciones la sobrevivencia de la agricultura y la ganadería es
prácticamente inviable.
En
consecuencia, no se trata solo de un solo proyecto minero, sino de una
actividad mayor en intensidad y extensión que realmente amenaza las actuales
condiciones de vida y la sobrevivencia de la mayoría de la población tambeña.
Insistir
en la necesidad de Tía María en base al canon minero, al crecimiento económico
o a la inversión privada es tener una mirada de limitado alcance. Están de por
medio los derechos humanos de una población que tiene el legítimo derecho de
defender su estilo, sus medios de vida y su opción de desarrollo.
No
olvidemos que la agricultura y la ganadería son actividades económicas
sostenibles y la propia Constitución Política reconoce a la agricultura como
una actividad de apoyo preferente por el Estado (artículo 88).
En
conclusión, si la viabilidad del proyecto fracasa no será por culpa de una
conspiración antiminera, sino por la propia entraña y naturaleza del proyecto
que lo hace inviable y además por los errores del gobierno y de sus voceros y
operadores que hacen lo posible por disminuir sus posibilidades de concreción.
Fuente: http://servindi.org/actualidad/128229#more-128229
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