31/12/2017
| Óscar Ugarteche
Perú acababa de pasar por una prueba de fuego
institucional. Y luego, tras salvarse de ser destituido por el parlamento, el
presidente, Pedro Pablo Kuczynski, liberó a Alberto Fujimori, traicionando a
los votantes que le permitieron ganar el balotaje contra Keiko Fujimori en
2016.
Despojado de intuición política y carente de
experiencia fujimorista, al congresista de izquierda Marco Arana, de la
coalición Frente Amplio, no se le pasó por la cabeza que su iniciativa terminaría
devolviéndole poder al fujimorismo cuando pidió la vacancia presidencial por
incapacidad moral, tras revelarse que el mandatario había mentido sobre su
relación con la constructora Odebrecht. Mientras fungió como ministro y
premier, Kuczynski habría recibido dinero de la trasnacional envuelta en
numerosos escándalos de corrupción por toda América Latina.
Nadie intuyó que el pedido del ex cura y ecologista
Arana terminaría sirviendo como una cortina de humo para liberar al ex
presidente Fujimori. Pero cuando el pasado jueves 21 debía votarse en el
Congreso la destitución del presidente –mientras la gran mayoría de los
analistas ya llevaba una semana anunciando la salida de Kuczynski– la situación
se revirtió rápidamente y éste terminó rescatado por la abstención de un puñado
de legisladores encabezados por Kenji Fujimori, hijo del ex presidente
encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
Orígenes del fujimorismo
Kuczynski fue acusado de haber recibido pagos de
Odebrecht durante su período como ministro de Economía del gobierno de
Alejandro Toledo (2003-2006). La historia comenzó cuando el hoy presidente
fundó en 1992 –año del golpe de Fujimori– la consultora Westfield Capital para
atender sobre todo a clientes que compraron parte de lo que el Estado peruano
privatizó. Fue el momento de la implementación de las reformas neoliberales y
del fuerte enriquecimiento de Kuczynski, de la mano del fujimorismo y del
capital chileno, lo que selló sus lealtades.
La década del 90 encandiló a algunos jóvenes
devotos del neoliberalismo –muchos hijos de prominentes izquierdistas– que
trabajaban honestamente dentro del Estado operando las reformas.
La corrupción, el narcotráfico, los conflictos de
interés de los abogados de los grandes bancos internacionales que trabajaban en
el Ministerio de Economía o de los asesores del ministro de Economía nombrados
por el Banco de Crédito no parecían preocuparles. Tampoco el robo de casi 6 mil
millones de dólares de las arcas públicas. Muchos de ellos pensaban que esto era
un precio menor a pagar por el objetivo de lograr una mayor eficiencia
económica que genuinamente pensaban llevaría a captar mayores inversiones
extranjeras y por lo tanto mayor crecimiento. Frente al reto de liberar el
mercado, la naturaleza antidemocrática del régimen les resultaba un problema
secundario. De allí surgió lo que en Perú se bautizó como “el fujimorismo”:
liberal en lo económico pero conservador en lo político, y sobre todo descreído
de la democracia como forma de gobierno.
Durante su campaña electoral de 2016, Kuczynski se
presentó como un liberal genuino en lo económico y lo político, y nucleó a un
grupo pequeño de gente entrenada en Estados Unidos para armar su proyecto
político. Detrás existía la idea de una alianza natural con los fujimoristas;
dos fuerzas de liberalismo económico para enfrentar a la izquierda.
Cuando el domingo 24 de diciembre Kuczynski decidió
concederle el indulto por gracia presidencial a su antecesor, que cumplía una
pena de 25 años de cárcel, la alianza tácita de los años noventa se explicitó.
Deterioro institucional
A lo largo de los noventa el Foro Democrático,
conformado por un pequeño grupo de intelectuales y artistas, promocionó en Perú
la importancia de la institucionalidad en el país. La lista de golpes de Estado
peruanos en el siglo XX es más larga que la de los gobiernos electos, y el
inicio del siglo XXI no podía seguir por ese camino. Fue esta idea la que
movilizó a la población y logró derribar al fujimorismo mediante marchas
callejeras. Algunas fueron lideradas por el Foro Democrático, otras no. Pero en
julio de 2000 luego de que 600 mil personas salieran a la calle, la “eminencia”
del régimen, el ahora encarcelado Vladimiro Montesinos, partió hacia Panamá en
un avión del Banco de Crédito. Luego se fugó el propio Fujimori y se instaló en
Japón.
Así, a fines del año 2000 se recuperó la democracia
política y pocos meses más tarde fueron convocadas elecciones, en las que el 28
de julio de 2001 Alejandro Toledo resultó electo presidente. Sus promesas
electorales fueron incumplidas cuando resultó acusado de haberse enriquecido en
decenas de millones de dólares gracias a sobornos de Odebrecht. Hoy se
encuentra en Estados Unidos –gracias a su pasaporte de ese país– y pesa sobre
él un pedido de extradición.
Cuando en 2005 Alberto Fujimori viajó a Chile fue
denunciado y luego extraditado a Perú, por lo que desde entones se encontraba
en la cárcel en Lima.
El otrora centroizquierdista Alan García regresó a
la presidencia en 2006, esta vez dando un paso a la derecha, tal como lo
hicieron entre otros Michael Manley, de Jamaica, y Felipe González, de España.
García nunca explicó del todo su inmenso desbalance patrimonial –el ex
presidente percibe alrededor de 5 mil dólares mensuales de jubilación, pero mantiene
a dos familias a todo tren con casas en París, Madrid y Lima–, y aunque existe
la convicción popular de que es un gran corrupto, nadie le pone el cascabel al
gato. A García lo siguió Ollanta Humala, quien junto a su esposa se encuentra
en la cárcel por haber recibido dinero de Odebrecht. La crisis política peruana
es, pues, profunda.
En este marco, la eventual destitución de Kuczynski
aportaba tan sólo un granito más a la descomposición de las instituciones
políticas. El juicio político para vacar la presidencia por incapacidad
moral de Kuczynski –por sus relaciones empresariales– fue impulsado por una
fracción de la izquierda y rápidamente fue liderado por los fujimoristas.
Resulta paradójico que quienes ahora afirman tener
autoridad moral para acusar al presidente sean quienes apoyan a Alberto
Fujimori, que en 1992 instaló la república empresarial en Perú y que se
encontraba en la cárcel.
El presidente peruano fue salvado, el jueves 21 de
diciembre, por la izquierda que prefiere un liberal a un conservador
antidemocrático en la presidencia, y un profesional dudoso a una banda de
delincuentes en el gobierno.
La construcción de la institucionalidad política ha
sido un tema central para la mayor parte de la izquierda peruana desde los años
setenta. El voto universal es el resultado de una propuesta de la izquierda
para la Constitución de 1979. La posibilidad de tener un gobierno honrado que
claramente defienda los intereses populares es vital en la república de los
empresarios, donde no parecen haber buenos.
Y lo que está en cuestión en Perú es la estructura
democrática. El fujimorismo, que en 2016 se congratuló de su retorno con
mayoría absoluta en el parlamento, ha conseguido despedir al contralor general
de la república y suplantarlo con otro de su agrado. También intenta despedir
al fiscal de la nación, que está investigando la corrupción de su líder, Keiko
Fujimori, y a Alan García en el caso Odebrecht. La Fiscalía había citado a
Keiko Fujimori para el miércoles 20 de diciembre, pero ella pidió y consiguió
un aplazamiento. El fujimorismo igualmente ha intentado echar a dos magistrados
del Tribunal Constitucional (como hizo Fujimori padre en 1997) para nombrar en
su lugar a dos jueces propios. En este contexto, la esperada destitución del
presidente, el jueves 21, era la última etapa, no la primera, de lo que algunos
han llamado un golpe constitucional.
Para allanar el camino y mostrar su poder, el
fujimorismo ya le ha censurado cinco ministros a un gobierno que sólo lleva 15
meses en funciones. Tal es la debilidad de Kuczynski, que no los defendió en el
Congreso, por entender que el fujimorismo era su aliado en cuestiones
económicas.
El jueves 21, 78 legisladores votaron a favor de la
vacancia presidencial, 21 se abstuvieron y 18 votaron en contra, un resultado
que no alcanzó para concretar la destitución de Kuczynski. Un grupo de diez
legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por Kenji
Fujimori, votó a favor del presidente.
El indulto
La noche del 24 de diciembre Kuczynski firmó un indulto
humanitario a favor de Alberto Fujimori. Pero ya desde junio pasado el
presidente venía mencionando la posibilidad de concederle la gracia
presidencial a su antecesor encarcelado, y ahora le habría servido de carta de
negociación para no ser destituido.
El parlamento hizo un esfuerzo por no destituir a
un presidente que ganó por un pelo en las elecciones de 2016, y lo
rescató el 21 de diciembre pasado por otro pelo con el retiro de diez votos de
la izquierda y otros del fujimorismo. Pero la maquinaria para liberar al reo
Fujimori ya se había puesto en marcha al menos desde setiembre pasado. Y por
eso es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa
obra.
También circularon versiones de que el jueves 21,
mientras se desarrollaba el juicio político en el Congreso, Alberto Fujimori
habría llamado a Kuczynski y le habría ofrecido votos a cambio del indulto. Y
habría sido de esta manera que una porción del fujimorismo votó a favor de
mantenerlo en la presidencia.
Paso a paso
Cuando circularon estas versiones, la primera
ministra, Mercedes Aráoz, salió a decir ese 21 de diciembre que el indulto no
se negociaba. Lo cierto es que bajo el liderazgo de Aráoz se organizó una trama
que involucró a los ministerios de Salud y de Justicia.
En setiembre de 2017, cuando Kuczynzski venía
anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo
del fujimorismo en el Congreso, hubo cambios en su gabinete que, se entiende,
tenían ese fin.
El 11 de setiembre asumió Enrique Mendoza como
nuevo ministro de Justicia, remplazando en el cargo a Marisol Pérez Tello,
quien en reiteradas ocasiones había descartado o cuestionado públicamente la
posibilidad de indultar a Fujimori. El 12 de octubre pasado el nuevo ministro
de Justicia cambió al presidente y a los miembros de la Comisión de Gracias
Presidenciales (Cgp). El designado como nuevo presidente de la Cgp renunció
seis días más tarde y fue sustituido el 7 de noviembre por el viceministro de
Justicia. Con esa movida el Ministerio de Justicia ya estaba listo para firmar
el indulto.
El 11 de setiembre asumió como nuevo ministro de
Salud el vicealmirante retirado Fernando D’Alessio, y en simultáneo con el
cambio en el Ministerio de Justicia fue sustituido el director de Redes
Integrales de Salud Lima Este. Esta es la zona donde se encuentra el penal en
el que estaba preso Fujimori. D’Alessio puso como director de Redes al marino
retirado Luis Champin Loli, que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de
servicios de salud, pero que trabajó con él en Centrum, de la Universidad
Católica. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica penitenciaria
conformada por el médico de Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos:
Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro, para obtener un informe
favorable al indulto por razones humanitarias. La trama del Ministerio de Salud
fue descrita al detalle por el economista Pedro Francke (sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com,
25-XII-17).
Una junta médica penitenciara anterior había dicho
en 2013 que Fujimori no tenía un cáncer en etapa terminal. Ahora el informe
médico dice básicamente que Fujimori está anciano y que tiene que ser
controlado médicamente, más o menos como cualquier persona mayor. Y argumenta
que el cáncer que padece podría reaparecer si se mantiene la condición
carcelaria. Hace cinco años que está en remisión un cáncer en la lengua que le
apareció en 1997.
Esta maniobra que colocó al médico de Fujimori en
la junta médica penitenciaria ocurrió bajo el mando de dos ministros del
gabinete Aráoz. Así que cuando ella dijo –durante el debate en el Congreso el
jueves 21– que su gobierno no negocia indultos, es posible que ya
supiera cómo iba este indulto desde antes del pedido de vacancia. En todo caso
es la responsable política directa.
Ya con los preparativos para la gracia presidencial
en proceso, el 15 de diciembre Alberto Fujimori solicitó su indulto, pero la
crisis política desatada por el pedido de la vacancia ocultó ese hecho.
Kuczynzski ganó el balotaje presidencial gracias al
50,5 por ciento de los electores peruanos, muchos de los cuales expresaron
entonces un voto contra el fujimorismo. Ahora, en cambio, es el presidente de
los fujimoristas.
29/12/2017
Óscar Ugarteche, Integrante del Instituto de Investigaciones
Económicas de la Unam, Sni-Conacyt, coordinador de www.obela.org
Distribuido por https://correspondenciadeprensa.wordpress.com/
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