26/04/2018
El comercio
electrónico, uno de los componentes de la nueva economía digital, está en
rápido crecimiento. Entre las plataformas de Internet más conocidas en
América Latina están Amazon, eBay, Alibaba o Mercado Libre (este último,
latinoamericano).
Es atractivo para
consumidores por la amplia gama de opciones, facilidad de comparar precios y, a
menudo, entrega a domicilio. Para las empresas, permite abrir nuevos
mercados, a veces sin límites geográficos. Ofrece también oportunidades
para pequeños y medianos productores, una de cuyas principales dificultades es
la comercialización.
Se podría pensar
que para los países del Sur, sería muy beneficioso desarrollar sus capacidades
en este plano. Vale la pregunta, entonces: ¿Por qué una mayoría de países
en desarrollo se negaron a abrir negociaciones sobre el comercio electrónico,
en la última reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio -OMC-?
La
economía digital
Lo que abarca el
concepto de comercio electrónico en realidad es mucho más amplio que las
tiendas en línea. Comprende la venta o distribución de bienes o servicios
físicos, facilitada por medios electrónicos, incluyendo, por ejemplo, la
llamada “economía colaborativa” en servicios como transporte o alojamiento
(como Uber y AirBnB). Contempla, además, bienes anteriormente físicos que
están siendo remplazados por bienes digitales (libros, música); pero también
está emergiendo toda un área híbrida, como los diseños digitales de bienes
físicos (con opción de personalización) para reproducirlos en impresoras 3D,
desde vestimenta, hasta maquinaria y casas e incluso ciertos alimentos o
prótesis para el cuerpo humano. También abarca los productos y servicios
propios de la economía digital, donde los datos son el bien comerciable, o
éstos son utilizados para proveer un servicio, sea en plataformas de la Web o
aplicaciones de la inteligencia artificial.
Estamos hablando,
entonces, de una parte significativa de la economía actual y que se acrecentará
mucho más a futuro. Consecuentemente, cualquier acuerdo comercial que
regule (o desregule) el “comercio electrónico” estaría de hecho sentando las
bases globales para el conjunto de la nueva economía digital, hacia la cual
estamos transitando velozmente, con enormes implicaciones para el modelo
económico, el empleo, el desarrollo, la dependencia o soberanía nacional e
incluso los derechos humanos. Por lo mismo, requiere de un análisis a
fondo y de mucho cuidado, en particular desde la ciudadanía y los países en
desarrollo, para no ceder a presiones a cambio de concesiones puntuales.
Justamente, uno de
los desafíos de la economía digital es que se presta a favorecer a los actores
más grandes, lo que alienta la concentración y la formación de monopolios.
Tan es así que amazon.com ya cuenta con el 44% del comercio electrónico
en EEUU (2017) y con el 16% a nivel global (2016); mientras que Google y
Facebook acaparan el 61% de los ingresos de la publicidad global en Internet, y
el 25% del total de los ingresos de publicidad en medios[1].
¿Hacia un
acuerdo vinculante en la OMC?
Es en este
contexto que los países desarrollados con mayor capacidad digital han planteado
abrir negociaciones en la OMC, buscando un mandato para un acuerdo vinculante
sobre comercio electrónico que esperaban concretar en la reunión Ministerial de
2018 en Buenos Aires. No es un tema nuevo: desde hace varios años, se
desarrollan discusiones al respecto en un comité del organismo multilateral que
no tiene poder de decisión vinculante. La propuesta actual responde
fundamentalmente al interés de estos países para reforzar aún más las ventajas
de las que gozan sus grandes empresas digitales.
Se trata, en
esencia, de desregular el sector, bajo un discurso de “Internet libre”, para
que estas empresas puedan tener acceso libre a todos los mercados y
aprovecharse sin trabas de los flujos de datos. Para los países con
capacidad digital incipiente (incluyendo la mayoría de países en desarrollo),
significaría que se vean impedidos de adoptar —ahora o más adelante— las
regulaciones que les permitirían defender y fomentar su propio desarrollo
soberano y capacidad de competir en esta área.
Este sentido de la
propuesta se ve claramente en las cláusulas que EEUU propone incluir en la
negociación, muy parecidas a lo que ya se había avanzado en las negociaciones
en el marco de TLCs como el Tratado Transpacífico (TPP) y el Acuerdo sobre el
Comercio de Servicios (TiSA). Entre éstas se contemplan las siguientes medidas.
- La habilitación
de flujos de datos transfronterizos. Se trata
de prohibir la regulación que muchos países han promulgado para proteger los
datos nacionales. Ello va ligado a la prohibición de barreras de
localización o de exigencia de establecer
una presencia nacional.
En la práctica,
significaría que las empresas puedan llevar, sin mediar pago alguno, todos los
datos personales y de las colectividades, para convertirlos en un commodity
para vender o explotar. Implica también que no se podrá exigir que las
empresas digitales almacenen los datos en el país donde se generan, bajo el
argumento de que significaría costos adicionales de construcción de
infraestructura física en cada país.
Pero ello
limitaría la capacidad de las legislaturas nacionales para proteger la
privacidad de su ciudadanía, ya que se aplicarán las leyes del país donde se
almacenan los datos (que en el caso, por ejemplo, de EEUU, protegen poco a su
población nacional y aún menos a usuarios extraterritoriales). Asimismo,
al renunciar a la posibilidad de regular adecuadamente la extracción, uso y
almacenamiento de datos, los países sacrificarán la posibilidad de sacarles
provecho para desarrollar su propio sector tecnológico (como la inteligencia
artificial).
La no presencia
física podría significar un impacto en el empleo o su precarización mediante
tercerización o contratación de trabajadores autónomos; además, dificultaría
las opciones de recurso legal en casos de incumplimiento de las leyes y
derechos de los consumidores.
- Prohibición
de las transferencias forzosas de tecnología, procesos de producción u
otra información de propiedad.
Pero la
transferencia tecnológica siempre ha sido una demanda de los países en
desarrollo. Prohibir su obligatoriedad significaría perder oportunidades
para desarrollar conocimiento y capacidad local, con miras a desarrollar su
propio sector tecnológico.
- Protección del código de fuente crítico: se prohibiría que un país pueda obligar a las
empresas extranjeras a entregar su código fuente o algoritmos patentados a sus
competidores; salvo con fines de proteger la salud, seguridad u otras metas
regulatorias legítimas.
Esto es
particularmente preocupante en el caso de sistemas de inteligencia artificial,
que tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones autónomamente, mediante
algoritmos. Si no se puede saber cómo operan, cómo están programados,
difícilmente se podrá pedir rendición de cuentas por decisiones erróneas o
garantizar que no tengan un sesgo incorporado.
- Garantizar
la elección de la tecnología por parte de la empresa.
Implica que no se
podrá estipular que las empresas deban utilizar tecnología local, lo que
desalentaría el desarrollo de capacidad nacional.
- La prohibición de aranceles aduaneros para los
productos digitales.
Ya existe, desde
hace varios años, un acuerdo de moratoria en la OMC a los aranceles para bienes
que se transmiten electrónicamente. Sin duda sería complejo implementar
tales aranceles. Pero a medida que cada vez más bienes se desplazan al
dominio digital, podría significar una pérdida significativa de ingresos para
los países en desarrollo y fomentar la competencia desleal con su producción
doméstica. Aceptar una prohibición permanente, sin conocer cómo va a
evolucionar el mercado digital, podría ser arriesgado.
Negociaciones
paralelas
Previo a la
Ministerial en Buenos Aires, viendo que el acuerdo no avanzaba, los países
proponentes plantearon algo menos ambicioso, con énfasis en “el comercio para
el desarrollo”[2]. Se
argumentaba que la negociación favorecería a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyMEs). En una óptica similar, meses antes, se creó un grupo
de países “Amigos del comercio electrónico para el desarrollo”, coordinado por
Costa Rica.
Sin embargo, las
MiPyMEs son las que menos podrán competir con las corporaciones
transnacionales, que tienen los beneficios de escala, subsidios,
infraestructura nacional, avances tecnológicos, etc. Más bien lo que
necesitan son regulaciones y políticas nacionales que les den oportunidades de
desarrollar su capacidad tecnológica, acceso preferente a mercados y
competencias. Ello incluye mejorar la conectividad nacional al Internet,
de alta velocidad, incluyendo las áreas rurales; mejorar la eficiencia de la
aduana; mejorar los servicios de distribución (correo); políticas arancelarias
y crediticias que favorezcan a las MiPyMEs, entre otros aspectos.
Finalmente, una
mayoría de países en desarrollo (principalmente los africanos, varios
asiáticos, incluyendo India, y el grupo del ALBA en América Latina) se
resistieron a dar un mandato de negociación, entendiendo que significaría
abandonar el acuerdo previo de no abrir nuevas negociaciones, mientras no
culmina la Agenda de Doha para el Desarrollo, y para no dar lugar a nuevos
impedimentos para las políticas nacionales.
Toda vez, no se lo
puede considerar un asunto cerrado. Las presiones continuarán, tanto en
la OMC como en el marco de otras negociaciones comerciales. De hecho, la
reciente entrada en vigencia del TPP, por parte de todos los países signatarios
menos EEUU, dejó intacto la sección del Acuerdo sobre comercio electrónico.
En la Ministerial
de Buenos Aires, unos 70 países (principalmente los que son parte de las
negociaciones de TiSA, y también Argentina), adoptaron una declaración conjunta
sobre comercio electrónico y desarrollo, donde acuerdan emprender un trabajo
conjunto exploratorio hacia futuras negociaciones en la OMC sobre intercambio
comercial y comercio electrónico, abierto a todos los países, hayan firmado o
no.
Este grupo realizó
su primera reunión, en Ginebra, el 14 de marzo de este año, en la propia sede
de la OMC y con presencia de funcionarios de la entidad, a pesar de que la OMC
no tiene ningún mandato para llevar adelante tales discusiones. (La OMC
solo puede desarrollar negociaciones autorizadas por el conjunto de sus
miembros). Participaron 82 países (incluyendo China y Pakistán, entre
otros países que no habían firmado la declaración). La sesión fue
liderada por Japón, Singapur y Australia. EEUU, que fue el primer
impulsor de la iniciativa de negociación, también participó; si bien en los
últimos meses había dejado de liderar la iniciativa, como parte de la decisión
de Donald Trump de no privilegiar las negociaciones comerciales multilaterales.
Este tipo de
negociación en paralelo se está volviendo algo habitual en el marco de la OMC,
como un mecanismo para circunvalar los procedimientos formales de la entidad,
con la intención de volver con mayor fuerza en la siguiente Ministerial con un
acuerdo pre-negociado, donde, en este caso, las MiPYMES serían la carnada para
concitar adhesiones.
¿Hacia una
mayor regulación de Internet?
El reciente
escándalo sobre el uso en campañas electorales de datos proporcionados por
Facebook a Cambridge Analytica, con flagrante abuso de la intimidad de los
usuarios, ha comenzado a abrir los ojos a legisladores en varios países,
incluyendo EEUU, sobre el poder excesivo de los monopolios de Internet.
Pero estamos aún muy lejos de soluciones reales de política pública que
permitan garantizar el interés público frente a este poder.
El análisis de
Stacy Mitchell sobre amazon.com, publicado recientemente en The Nation[3], da indicios de lo que está en juego en
el campo del comercio electrónico. Explica el dilema que enfrentan los
pequeños y medianos productores para decidir si es mejor tratar de competir
desde fuera, o vender sus productos en la plataforma de Amazon, donde es
difícil tener éxito debido a que Amazon puede manipular precios y promover
productos de una manera que siempre favorece sus propias marcas y
ganancias. Más allá de ello, la autora afirma que Jeff Bezos (el fundador
y director ejecutivo de amazon.com) “ha diseñado su empresa para un objetivo
mucho más radical que simplemente dominar los mercados; ha construido Amazon
para reemplazarlos. Su visión es que Amazon se convierta en la infraestructura
subyacente en la que se ejecuta el comercio”. Algo similar, en sus
respectivos ámbitos, se podría decir de Google y Facebook.
La eventual
adopción de medidas vinculantes en la OMC reforzará aún más estas
tendencias. No es un asunto para que lo definan “expertos” (generalmente
identificados con intereses empresariales). Es un debate que requiere de
una amplia participación de la ciudadanía y que tome en cuenta garantías para
el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. La propia ONU, desde
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, ha reconocido la
importancia de contar con espacios multisectoriales para debatir estos temas.
La OMC, desde siempre bastante cerrada a la participación ciudadana (y aún más
desde el fiasco que protagonizó Argentina al negar las visas y acreditaciones
de participantes de la sociedad civil en la Ministerial), no es para nada un
espacio apropiado para ello. Si estas negociaciones prosperan, el futuro
de nuestro desarrollo podría estar fuertemente comprometido.
Sally
Burch, periodista
británica-ecuatoriana (ALAI). @SallyBurchEc
[3] Amazon Doesn’t Just Want to Dominate the Market—It
Wants to Become the Market, https://www.thenation.com/article/amazon-doesnt-just-want-to-dominate-the-market-it-wants-to-become-the-market/
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Artículo publicado en la Revista
América Latina en Movimiento: Tensiones e impases en la OMC 19/04/2018
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