Panorama
político-sindical
13-04-2018
Estos no
van a robar. Son empresarios exitosos que la plata ya la hicieron. Tienen un
compromiso patriótico. Van a repetir el éxito que consiguieron con sus
empresas, pero ahora con el país. Ellos saben administrar. (Frases escuchadas
en la campaña electoral 2015 a favor de un Gobierno PRO).
Empezando por el Presidente Mauricio Macri, son
varios los funcionarios que declaran ahorros en el exterior. Pero el mensaje es
que en la administración macrista hay mucha gente que le está haciendo un favor
a la patria al trabajar para el Gobierno.
Esta suerte de superioridad moral no solo fue
manifestada por Macri en relación a Juan José Aranguren, el Ministro de
Energía, quien declaró que recién iba a repatriar sus inversiones en el
exterior a medida que se vaya recuperando la confianza en el país. Sino también
por Marcos Peña quien respaldó al Ministro de Finanzas, Luis Caputo, luego que
se revelara que tenía acciones sin declarar en offshores. “El es un orgullo
para este país y para el Gobierno. Dejó todo lo que estaba haciendo para venir
a la Argentina. Jugaba la Champions League, no jugaba en la B, eh. Y dejó todo
para venir a jugársela por su país”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
A Aranguren y Caputo, como al renunciante Díaz
Gilligan, ex subsecretario general de Presidencia, se les achacan conflictos de
interés al no declarar todo lo que hicieron y acumularon antes de ser
funcionarios, lo que viola la Ley de Etica Pública.
Los documentos que comprometen a Luis Caputo están
en poder de la Securities & Exchange Comission (SEC), la Comisión de Bolsa
y Valores de los Estados Unidos. Al asumir como funcionario, Caputo omitió
declarar que fue accionista de sociedades off shore creadas para administrar cientos
de millones de dólares en paraísos fiscales. En los documentos ante la SEC, la
compañía define a Caputo como su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista
indirecto”, y describe las funciones que además cumplía como manager y asesor
financiero de Noctua que está conformada por varias sociedades offshore, que
son propiedad una de otra y forman una cadena difícil de rastrear ya que Caimán
les garantiza el secreto. La firma informó a la SEC que Caputo se desvinculó
quince días antes de asumir como funcionario del Gobierno argentino.
Sin embargo, Caputo asegura: “Nunca fui propietario
ni accionista de Noctua ni de Princess sino asesor, administrador, fiduciario
y/o manager, por lo que no debía declararlas ni ante la AFIP ni ante la Oficina
Anticorrupción (OA)”.
No obstante, los documentos de Noctua ante la SEC
revelaron que el Ministro tuvo al menos hasta julio de 2015 más del 75 % de las
acciones de Princess International Group con domicilio en Islas Caimán. Esta
empresa era parte de una cadena de compañías que formaban una especie de mamushka
: Princess era dueña de otra sociedad, Affines Partners II, que a su vez es
la dueña directa de Noctua.
A través de esta última off shore, Caputo manejó
los fondos Alto Global Fund y Argentina Fund, dedicados a administrar
inversiones de alto riesgo y rentabilidad en mercados emergentes por más de U$S
100 millones. El segundo estaba exclusivamente dedicado a la compra de bonos
argentinos.
A favor del Ministro cabe especular que habría
mentido a la SEC, aunque no lo haya manifestado en la interpelación
parlamentaria tal vez por temor a ser inhabilitado para operar en EE UU donde
hasta podría ir preso por falsear su declaración jurada. O por falta de tiempo
ante la bochornosa huida con la complicidad de los senadores peronistas que
lidera Pichetto luego de ordenarle al presidente de la bicameral que concluyera
la sesión. “Levantala”, le dijo al senador José Mayans (PJ-Formosa). El
legislador acató a tiempo para el almuerzo.
Antes había ratificado que no es delito tener una
off shore. “Piénsenlas como una caja de seguridad. Se usan porque son
jurisdicciones impositivamente neutras y eso facilita mucho. Y también por
seguridad jurídica. Es esencialmente por eso”, explicó pedagógicamente a los
miembros de la bicameral.
Para Adrián Falco, coordinador del programa de
Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo en Fundación SES, que
integra la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, “todas las off
shore se crearon para hacer negocios fuera de los Estados y evadir a los fiscos
[…] Pero lo más grave es que circula dinero y no se sabe de quién es, como es
el caso de Caputo. El dice que la plata no es suya, que es un testaferro. El
admite que trabaja de tenedor de dinero. Pero esa plata puede ser de un cártel
de droga o de un grupo que se dedica a trata de personas. Caputo es testaferro,
cuida la fortuna de muchas personas, pero no te pueden decir quiénes son por el
secreto bancario”.
Para agregar más adelante, en el reportaje
publicado el pasado domingo en Tiempo Argentino: “Es una herramienta, un
vehículo para cometer delitos, para defraudar a los Estados. Hay un
involucramiento general de las clases política y empresaria. Y sobre todo si esa
clase está de los dos lados del mostrador. […] Estas guaridas fiscales atentan
contra los fiscos de los países y terminan debilitando los presupuestos
públicos, lo que profundiza la desigualdad social. La evasión fiscal por parte
de las grandes multinacionales supone para los países pobres dejar de percibir
al menos 100.000 millones de dólares cada año en impuestos. El dinero que está
en las cuevas fiscales es dinero que se pierde. No va a parar a planes
sociales, ni rutas, ni hospitales. Es dinero que no ingresa al país, que no
forma parte de los presupuestos públicos y eso ensancha la desigualdad”. […]
Mientras el ciudadano común tiene que hacer la declaración jurada, pagar
Ganancias, sacar su clave fiscal, pagar monotributo, por otra ventanilla el dinero
circula con secreto bancario”.
Los casos de Caputo y Aranguren se suman al de
otros ministros como Nicolás Dujovne (Hacienda) que en agosto pasado opinó que
“un funcionario tiene todo el derecho a tener su dinero en el exterior”. En su
caso se trata de una fortuna de 85 millones de pesos. Jorge Fonseca, profesor
de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid le preguntó en una
conferencia: “¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted
mantiene su patrimonio offshore?”.
El pelotón de ricos, de acuerdo a las últimas
declaraciones juradas que presentó el Gabinete, está encabezado por el ministro
de Finanzas, que declaró poseer 124 millones de pesos. Pelea el podio cabeza a
cabeza con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo
Arribas, que dijo tener 126 millones (108 millones en el exterior).
Sobre Arribas, La Nación demostró su
vinculación con las operaciones reveladas por la investigación internacional
“Panama Papers”, a través de la sociedad panameña Top Players Agency Corp,
abierta por el empresario y agente de la FIFA, Fernando Hidalgo, socio de
Arribas desde 2002 en la empresa HAZ Sport Agency.
Les sigue el ministro de Energía, Juan José
Aranguren, que tiene 104,7 millones repartidos en Holanda y EE UU y Dujovne con
85 millones, de los cuales 74 millones están en el extranjero.
El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, dijo tener
64,9 millones (6 afuera) y el presidente del Banco Central, Federico
Sturzenegger, 29, 1 millones de pesos (13,1 en el exterior). Jorge Triaca, el
ministro con peor imagen, tiene 4,4 millones, pero solo U$S 3.000 en el
exterior, mientras el otro vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui tiene 41,2
millones, más del doble de los 16,7 que tiene el Ministro de Producción,
Francisco Cabrera, un millón menos de los 17,6 que tiene Frigerio, aunque tanto
éste, como Cabrera y Lopetegui tienen sus millones en el país.
El que debió renunciar fue el secretario general de
la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, que se olvidó de declarar una cuenta en
el extinto Banco Privado de Andorra por 1,2 millones de dólares cuando era
funcionario porteño.
Para no abrumar, finalizamos por ahora con Leandro
Cuccioli, designado como titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), quien aparece en 449 correos electrónicos de la base de datos
de los Panama Papers. El funcionario que integró la Jefatura de Gabinete y se
desempeñaba en el Ministerio de Finanzas conducido por Luis Caputo, tiene
acciones en dos fondos de inversión en las islas Caimán y dirigió una compañía
inscripta en Bermudas. A su vez integró el directorio de El Tejar, que fijó su
sede en las islas Bermudas. Otro patriota que se viene a hacer cargo de los
impuestos. Un zorro puesto a cuidar gallinas.
De allí que no llame la atención que en 2017, el
stock de activos en el exterior del sector privado creciera en U$S 27.920
millones, principalmente por el continuo drenaje de ahorros y utilidades
logradas en el país hacia el exterior. Para el economista-jefe de Ecolatina,
Lorenzo Sigaut Gravina “el aumento del stock de activos en el exterior de
residentes privados se debió al incremento de activos financieros por U$S
13.830 millones y el alza de monedas y depósitos por U$S 13.340 millones. Según
el balance del Banco Central la suma fue de U$S 22.148 millones. Más allá de la
diferencia ambos coinciden en que esta salida de capitales fue financiada con
el incremento de la deuda.
De estos números se desprende que el blanqueo de
U$S 116.800 millones, no modificó las tenencias fuera del sistema y del país, y
más aún siguió en aumento por la salida de capitales tanto durante 2016 como en
2017. Según Ismael Bermúdez (Clarín), “esto se explica porque con el
blanqueo ingresó solo una parte menor del efectivo que estaba “bajo el colchón”
y el grueso de los depósitos en el exterior blanqueados no fue repatriado y
quedó en los bancos y entidades financieras del exterior”.
Milagro argentino
Macri anunció que en solo un año y medio la pobreza
bajó tan significativamente que “pasó de estar uno de cada tres argentinos en
la pobreza, en el primer semestre de 2016, a uno de cada cuatro argentinos al
segundo semestre de 2017”, es decir, que al decir del Presidente, la pobreza
bajó un 25 %. Abusó de los datos del Indec que indican que bajó de 30,3 % a 25,7
%, lo que no deja de ser un significativo 15 %.
Pero ese no fue el único abuso de la estadística.
Si se quería medir la evolución del índice de pobreza en los dos años de
gestión de Macri, se debería haber comparado julio-diciembre de 2017 con
julio-diciembre de 2015, ya que es evidente que la pobreza en el semestre
enero-junio de 2016 tuvo que ser afectada por el crecimiento de la inflación
generada por la devaluación tras la salida del cepo cambiario y el tarifazo.
Entonces, mejorar sobre el peor momento no es lo mismo que hacerlo sobre 2015,
porque fue la propia política del Gobierno la que aumentó la pobreza en 2016.
Además, durante el Gobierno de Macri , el Indec
modificó la distribución etaria del total de la población argentina aumentando
la proporción de adultos sobre los más jóvenes, lo que por sí solo reduce la
pobreza ya que son los más jóvenes los más afectados.
La asamblea de cooperativistas de SanCor aprobó el
acuerdo de transferencia a Adecoagro
La cooperativa SanCor aprobó el viernes 6 en
asamblea extraordinaria el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) alcanzado con
la empresa Adecoagro, lo que permitirá “la continuidad de los trámites
correspondientes a efectos de obtener su homologación judicial”. Los socios de
la cooperativa fueron convocados para analizar y aprobar la venta de 90 % de
las acciones de SanCor, radicada en Sunchales, a la firma agroindustrial
Adecoagro, creada por el magnate estadounidense de origen húngaro George Soros,
con lo cual dejará de ser cooperativa y se convertirá en una sociedad anónima y
accionista minoritaria. La eliminación de retenciones, la devaluación y el
desmantelamiento de la política de comercio trajo como resultado una fuerte
crisis para la lechería nacional. Anteriormente, los derechos de exportación al
maíz abarataban su precio interno, mejorando la competitividad de actividades
de mayor valor agregado como la producción porcina, avícola y láctea.
A esto se sumaron problemas estructurales de la
cooperativa. Tras varios intentos fallidos, Adecoagro ofreció una inyección de
capital de 100 millones de dólares, a cambio de quedarse con cuatro plantas.
También se presentó la neocelandesa Fonterra, que impulsó otro acuerdo para la
compra de SanCor, pero su último balance mostró una pérdida de 348 millones de
dólares. Previamente también dejó de lado a la francesa Lactalis. Finalmente,
se impuso el plan de Adecoagro, la firma creada por Soros en 2002, cuando
adquirió Pecom Agropecuaria, del grupo Pérez Companc. Soros dejó la firma el
año pasado y hoy es dirigida por Mariano Bosch. Es una de las firmas
agropecuarias más grandes del país, cuenta con 300.000 hectáreas y factura más
de 500 millones de dólares anuales.
El plan de inversiones de Adecoagro contempla,
además del desembolso de 100 millones de dólares, proveer leche fluida como
pago para la adquisición de las marcas de SanCor y las plantas de Morteros y
Devoto (Córdoba), la de Chivilcoy y el Centro de Distribución que se encuentra
ubicado en la Panamericana. La operación aprobada en asamblea implica que
SanCor quedará constituida como “Sociedad Anónima a la cual transferirá las
plantas productivas, personal, centros logísticos y las marcas y demás activos
y pasivos vinculados a la oferta”. El acuerdo permitirá licuar gran parte de la
deuda que mantiene la firma. Las quitas llegarán hasta el 60 % en los
compromisos que superan los 500.000 pesos y pagos directos en los casos en que
los pasivos llegan hasta los 150.000 pesos.
La operación ya cuenta con la aprobación del
Ministerio de Producción, que ofrece al grupo inversor beneficios impositivos y
de cargas laborales. Jugó a favor de Adecoagro la relación fluida de Bosch con
el Gobierno. En la Casa Rosada lo consideran parte de una nueva generación de
empresarios que Mauricio Macri pone como ejemplo y en la que se destacan Marcos
Galperin, de Mercado Libre y Martín Migoya, de Globant.
Conflictos estatales
Desde la noche del martes se bloquearon los accesos
a Fanazul ante el retiro de maquinarias que ensaya el gobierno nacional. Luego
de que se cumplieran 100 días desde que cerrara sus puertas y luego de una
extensa lucha que incluyó caravanas a Buenos Aires y cortes de ruta, los
trabajadores siguen en estado de alerta y movilización. En asamblea decidieron
resistir en la puerta de la fábrica para impedir que se retiren los camiones
que vinieron desde Fabricaciones Militares con el objetivo de desmantelar la
fábrica.
“Desde hace tres días comenzaron a desmontar la
fábrica con personal traído de la provincia de Córdoba, llevándose toda la
maquinaria. Este procedimiento va en contra de las reuniones oficiales que se
están manteniendo con autoridades nacionales en vías de encontrar una solución
en el corto plazo al conflicto que deja sin trabajo a más de 200 familias. Luego
del informe contundente presentado por los compañeros sobre la viabilidad de la
fábrica, desde la vicepresidencia habían atendido el reclamo y pensamos que
todo volvía a buenos cauces. Ahora nos encontramos con este panorama que nos
moviliza nuevamente en defensa de la fuente laboral”, relató la titular de ATE
Azul, Vanina Zurita.
Pasadas las 10:00 del miércoles, la Policía de la
Ciudad reprimió abiertamente a los trabajadores de distintos sectores que se
manifestaban contra los despidos en el centro de Buenos Aires. Como resultado
del accionar policial hubo por lo menos dos trabajadores detenidos y varios
heridos.
Entre los trabajadores que se movilizaban se
encontraban mineros de Río Turbio, del Hospital Posadas, Ferrobaires, Ministerio
de Economía y Cresta Roja, entre otros.
El lunes comenzó la semana de acampe en Plaza
Congreso, en la que ATE y la CTA Autónoma, junto a despedidos y sectores en
conflicto, acompañados por organizaciones sociales y otros sindicatos, hacen
sentir el rechazo a los despidos, a las políticas de ajuste y de precarización
laboral que impulsa el Gobierno Nacional. Alrededor de las 19:00, una multitud
de una innumerable cantidad de sectores de trabajo y de un amplio abanico de
organizaciones encendieron las antorchas y acompañaron en una marcha a los
mineros de la mina Yacimientos Carboníferos Río Turbio a reclamar por la
reincorporación de los 500 trabajadores despedidos.
Los trabajadores del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) retomaron este lunes el plan de lucha en repudio a
los despidos, el ajuste y la militarización en el organismo estatal ante lo que
calificaron como un “grave” incumplimiento patronal.
Así lo definió una numerosa asamblea realizada el
pasado viernes tras considerar que las sucesivas “mesas de negociación”
ofrecidas por el presidente Javier Ibañez y llevadas a cabo por el Gerente de
RR HH Ernesto Luna y el Gerente General Mariano Zlatanoff, iniciadas desde hace
ya 23 días, “solo han sido un nuevo terreno de dilaciones, extorsión y de
provocaciones”.
Por eso como respuesta y resolución de la Asamblea,
se llevó adelante una movilización y corte sobre colectora de Av. Gral. Paz, en
la sede central de la institución, en el partido de San Martín.
Las medidas de lucha llevadas adelante por 47 días
-el paro y la permanencia- fueron suspendidas desde el 14 de marzo, por
requerimiento patronal, a cambio de una serie de reuniones de negociación. La
propuesta inicial de las autoridades fue de un número definido de reincorporaciones
inmediatas, un período de 20 días hábiles para evaluar y avanzar con el resto
de las reincorporaciones, y la devolución de los “salvajes” descuentos -del
orden del 40% del salario- que ejecutaron sobre los salarios de febrero.
Docentes de la ciudad de Neuquén hicieron una
vigilia en las puertas de Casa de Gobierno, en reclamo de la reapertura de la
mesa de negociación salarial. Esta medida de fuerza se llevó a cabo durante 48
horas.
Tras el rechazo a la oferta salarial de un aumento
salarial del 15% en tres tramos que el Gobierno llevó el viernes 6 a la
audiencia paritaria, el Congreso Extraordinario de AGMER (docentes
entrerrianos) aprobó un paro provincial docente de 48 horas para los días
martes 10 y miércoles 11 de abril. Además, el plan de lucha incluyó una
movilización provincial a Casa de Gobierno, el miércoles 11.
El martes y miércoles pasados pararon a nivel
nacional los docentes universitarios. Hace un mes venció la paritaria 2017 pero
la Secretaría de Políticas Universitarias ni siquiera llamó a nueva reunión.
Reclaman un 25% de incremento para recomponer sus salarios.
Macri y Finnochiaro han recortado 3.000 mil
millones de pesos del presupuesto de las Universidades nacionales, un
presupuesto que, en más de un 90%, cubre los salarios de los docentes y los no
docentes.
Hoy el cargo testigo del docente universitario está
en $11.400, cuando la línea de pobreza es de 17.000 pesos y hay miles que
siguen trabajando ad honorem o en situación de subrogancia.
El anuncio de cambios en la convocatoria para el
ingreso a la carrera de investigador de CONICET además del recorte en la
cantidad de vacantes (que bajan de 600 a 450) sumado al desembarco de los
funcionarios del Ministerio de Modernización para realizar el “relevamiento de
Dotaciones Optimas” en la Sede Central, fueron dos de los hechos que motivaron
sendas convocatorias en las puertas de CONICET. La primera, el miércoles 4,
motorizada por Consejos Directivos de varias facultades de la UBA y por
diferentes agrupaciones de política científica tenía como objetivo lograr una
reunión con el Directorio para expresar el rechazo a los cambios en la
instrumentación del concurso y exigir 700 vacantes. Con un corte de calle y un
ruidazo, Jóvenes Científicos Precarizados y la Red Federal de Afectados exigieron
respuestas para los becarios y becarias que no fueron incorporados a la carrera
de investigador por el recorte presupuestario. El Directorio se negó a recibir
a las delegaciones que solicitaron reuniones.
El jueves 5, la Junta Interna de ATE CONICET convocó
a un escrache al Ministerio de Modernización para expresar el rechazo a la
política de las “dotaciones óptimas” que puede implicar el despido de
trabajadores del sector administrativo. Posteriormente, una delegación de ATE,
JCP y la Red de Afectados tuvieron una reunión con miembros del Directorio y
Gerentes del CONICET en la que no dieron respuesta al reclamo de prórroga de
becas, volviendo al clásico argumento de que los becarios no son trabajadores y
que el organismo no tiene responsabilidad sobre su continuidad laboral.
La delegación UPCN de la Secretaría de Jefatura de
Gabinete de Ministros y Ministerio de Modernización se movilizó el jueves 5
para denunciar más de 30 despidos en organismos dependientes del Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina que conduce
Hernán Lombardi .
La medida de fuerza se realizó en el Centro
Cultural Kirchner (CCK) en rechazo a decenas de despidos de trabajadores que
prestan servicios en dicho organismo y en Tecnópolis, y se enmarca en el estado
de alerta y movilización decretado por los empleados de las dependencias
estatales a cargo de Lombardi.
El miércoles 4 alrededor de 20.000 docentes,
trabajadores estatales y de la salud, se movilizaron en la ciudad de Santa Fe
reclamando una mejor oferta salarial y el repudio al cierre por decreto de la
paritaria. De la marcha participó la CTA Autónoma Provincia de Santa Fe junto a
ATE Rosario, Amsafe Rosario, Siprus, y otras organizaciones que repudiaron el
cierre de la negociación salarial y la amenaza del descuento del día de huelga.
Por su parte, Amsafe Rosario le aclaró al
gobernador Lifschitz que los docentes no están discutiendo “6 kilos de pan por
mes”, sino la defensa de la educación pública, de un salario digno y de la no
pérdida del poder adquisitivo.
“Mientras la inflación sigue su marcha y ya las
distintas consultoras hablan de un 25%, el gobierno provincial, a diferencia de
lo que comunica mediáticamente, establece un techo en la discusión salarial del
16,6% y amenaza con establecerlo por decreto descontando los días de paro y
buscando cercenar el derecho a la protesta”, señalaron. Los municipales
rosarinos finalmente acordaron, tras varias reuniones, un aumento salarial del
18 %, en dos tramos, y con cláusula gatillo.
La represión se descargó en Jujuy sobre militantes
de distintos gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos
cuestionadores, quienes se manifestaban en contra del ajuste que realiza el
gobierno hacia el pueblo en general, y contra la educación y la salud pública
en particular. Los hechos tuvieron lugar el miércoles 4 en las inmediaciones de
la Legislatura de la provincia de Jujuy, donde el mandatario Gerardo Morales
inauguró las sesiones legislativas ordinarias, al tiempo que elogió la
democracia como forma de vida y organización de una sociedad en “paz” (sic).
La ATE y la CTA Autónoma de Chubut expresaron su
profundo repudio a la represión ordenada por el Gobernador Mariano Arcioni y el
Secretario de Seguridad Federico Massoni contra la movilización que los
trabajadores de distintos gremios realizaban en forma pacífica, reclamando ser
atendidos por los funcionarios.
ATE realizó un paro de 24 horas con movilización a
los puentes carreteros que unen las ciudades de Cipoletti y Neuquén. Además
dispuso acampes durante toda la semana en los organismos nacionales con sede en
Río Negro.
El paro fue por “la reincorporación de los más de
500 trabajadores despedidos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)”, en
tanto que la medida de esta semana es por “un cambio en el modelo económico y
en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional”, según se indicó
desde el gremio. Agregó que la medida se replicará en las provincias de La
Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El jueves pasado empleados administrativos,
docentes, judiciales y trabajadores del área de la salud en la provincia de
Buenos Aires realizaron un paro “en rechazo al ajuste y al 15% de aumento
salarial” ofrecido por el gobierno de Vidal, que incluyó una movilización de
más de 50.000 estatales en La Plata hasta la Casa de Gobierno.
En el marco del paro de docentes, estatales y
judiciales porteños contra el ajuste de Horacio Rodríguez Larreta -que al igual
que María Eugenia Vidal fijó un techo del 15 % en las negociaciones paritarias-
los gremios convocaron a concentrarse en varios puntos de la Ciudad, donde
realizaron cortes de calle el viernes pasado. También marcharon hacia la
Legislatura porteña. Los subtes dejarán de funcionar a partir de las 20:30.
Conflictos privados
Con la presencia del ministro de Trabajo, Julio
Genesini, representantes de la UOM y los dueños de la fábrica de cosechadoras
Vasalli de Firmat rubricaron un plan de pago para que los trabajadores
puedan cobrar la deuda que la patronal tiene con ellos, que en algunos
casos asciende a los 80.000 pesos. Además, la provincia intervendrá en las
relaciones comerciales de la empresa de aquí en más.
La empresa Quickfood, propiedad actualmente
del grupo alimenticio brasileño Brazil Foods (BRF), habría solicitado la
apertura de un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de
Trabajo. El objetivo de la compañía dueña de la emblemática marca de
hamburguesas Paty, es el de reducir los puestos de trabajo de la planta que
opera en la localidad bonaerense de Baradero.
Los trabajadores paralizaron las plantas mendocinas
de San Martín y San Rafael de La Campagnola. El reclamo está centrado en un
“achique” que, a fuerza de contratos sin renovar y retiros voluntarios, ya le
permitió a la multinacional cordobesa deshacerse de unos 200 trabajadores en el
Este mendocino, y más de un centenar en el Sur. Por otra parte, decidió no
pagar un “bono compensatorio” de $ 7.000 a la espera de cerrar la paritaria
2018 y como colchón antiinflacionario del primer cuatrimestre.
El secretario general del Sindicato Único de
Trabajadores de Peajes (Sutpa), Sergio Sánchez, advirtió que los empleados del
sector levantarán las barreras en todo el país, si llegaran a producirse
despidos en la actividad.
Laminados Industriales de Villa Constitución había
despedido a 4 trabajadores y amenazó con despedir a 3 más, en medio de un
conflicto por aumento salarial, pero tuvo que reincorporarlos y frenar los
demás telegramas debido a la lucha de los obreros.
Tanto FIO FIO Producciones S.A. como la actual
licenciataria de la AM 1070, Difusora Baires S.A. (Disney Argentina) no pagan
los sueldos desde enero del corriente año, así como tampoco abonan las cargas
sociales ni la cobertura médica, lo que deja en una situación de absoluta
desprotección la salud de los trabajadores y sus familias. A esto hay que
sumarle el agravante de haber despedido masivamente en forma arbitraria e
ilegal al menos a 11 trabajadores (10 de prensa y un locutor), de los cuales 2
son delegados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y otros 2
integraron la Junta electoral de la última elección de Comisión Interna.
Por tal motivo, exigen la intervención inmediata
del Ministerio de Trabajo para que garantice que todos los trabajadores cobren
sus salarios y reclaman la inmediata reincorporación de todos los trabajadores
ilegalmente despedidos. Solicitan también la intervención inmediata del Ente
Nacional de Comunicaciones para que en lo inmediato FIO FIO Producciones S.A. y
Difusora Baires regularicen la situación de absoluta incertidumbre e
inestabilidad que han provocado en LR1 Radio El Mundo.
Ministerio de Trabajo al servicio de las patronales
Centenares de repositores, cajeras y empleados de
la multinacional Carrefour, la mayoría de ellos jóvenes que sufren la
precarización de las grandes cadenas de supermercados, se acercaron a la sede
Alem del Ministerio de Trabajo este miércoles. No fueron recibidos por
funcionarios y volverán el jueves al mediodía.
La empresa anunció hace pocos días su intención de
cerrar locales y despedir a miles de trabajadores aduciendo “pérdidas”. Para
eso presentaron un “Procedimiento Preventivo de Crisis” que le permitiría
descartar empleados a un costo mucho menor.
Según trascendió este martes, en una reunión
“reservada” entre la empresa y el sindicato auspiciada por Jorge Triaca, se
habría llegado a un principio de “entendimiento”. No habría 2.500 despidos y
cierre de locales sino 1.000 “retiros voluntarios al 150%” (despidos
encubiertos), algunos locales se transformarían en mayoristas y en los que
alquilan terrenos sus trabajadores serían relocalizados.
No obstante, para avanzar en algún tipo de acuerdo,
se movilizaron este miércoles más de 1.500 trabajadores de Carrefour. La
movilización fue organizada por la Secretaría de Organización del SEC, que
comanda Ramón Muerza, un hombre ligado al mandamás del gremio, Armando
Cavalieri, pero que estaría decidido a disputarle el sindicato más grande del
país.
Luego del paro del viernes pasado, la Asociación Bancaria
sostuvo que evalúa la posibilidad de efectuar un nuevo paro de 48 horas, en
caso de no recibir una mejora en la oferta salarial. Fueron unos 165.000
trabajadores quienes paralizaron el servicio de atención al público y el
clearing de los bancos públicos y privados en toda la Argentina, en rechazo a
la propuesta salarial del 7 % a partir de enero y de dos cuotas del 4 % desde
julio y octubre. La propuesta también incluía la baja en un 50 % la
compensación del Día del Bancario.
El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo
Moyano, se refirió a la próxima negociación paritaria del sector y aseguró que
no aceptarán la pauta del 15% impulsada por el gobierno nacional.
En ese sentido, dijo que “no vamos a firmar una
paritaria del 15% ni locos, estamos pidiendo un 23 o un 25%”, sumado al bono de
fin de año que luego de “las presiones del gobierno” pudieron firmar con los
empresarios.
El plus conseguido ya lo están cobrando los
trabajadores de las distintas ramas y va desde 9.500 a 20.000 pesos, según
informó el sindicalista.
Comenzó la paritaria del gremio más importante del
sector industrial. El gremio metalúrgico pidió una recomposición que supera el
20%. Las cámaras empresarias no respondieron. En las charlas informales
propusieron un 12% en 3 tramos.
Tras suspender “sin goce de sueldo” a más de 500
empleados con un comunicado pegado en los portones, la multinacional Cargill
retomó su actividad.
El conflicto se desató cuando la agroexportadora
despidió a 44 empleados de su planta situada al sur de Rosario. A partir de esa
decisión empresarial, el Sindicato de Aceiteros lanzó un paro por tiempo
indeterminado y luego medidas de fuerza sorpresivas. La situación se prolonga
hace más de dos meses.
Desde el sindicato de Aceiteros creen que las
decisiones de Cargill son un paso para disciplinarlos y que el ajuste en una de
las empresas más rentables del país no tiene otro objetivo más que quebrar la
organización sindical.
Además, creen que detrás del conflicto hay una
estrategia digitada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en un capítulo
más de la guerra que emprendió el funcionario contra los sindicatos más
reticentes a acordar con su cartera.
Aceiteros se encuentra en medio de la discusión
paritaria que en un primer momento se había ofrecido un 10 %, luego un 13 % y
la última propuesta fue del 15 %, el techo con el que el gobierno pretende
cerrar el acuerdo salarial: "Pretenden que cerremos un salario a la baja y
saben muy bien que no lo vamos a firmar", aseguró Jorge Yofra, Secretario
General de los Aceiteros.
Por otro lado, el Ministerio aún no emitió los
certificados de las autoridades del sindicato de Rosario -el más fuerte del
país- que fueron elegidas en noviembre de 2016 como tampoco reconoció a los
dirigentes de la Federación que se eligieron en agosto pasado.
Si bien no hubo impugnaciones como tampoco
argumentos legales ni administrativos en la elección de las comisiones, desde
la cartera se negaron a reconocer las autoridades elegidas. Tampoco se
homologaron los últimos dos convenios que firmaron los aceiteros.
Con estos elementos, en el gremio temen que el
objetivo final del ministro Triaca sea el de intervenir el sindicato, desplazar
a las autoridades y reemplazarlas por una comisión con afinidad política.
Los trabajadores informáticos manifestaron que
desde la cartera laboral se niegan a avalar acuerdos paritarios que superen el
15%, y dicho porcentaje es considerado insuficiente por el sindicato.
La justicia le puso un plazo de 5 días al Ministro
de Trabajo para que le otorgue la simple inscripción a la Asociación Gremial de
Abogados del Estado. Según la Ley de Asociaciones Sindicales, el trámite
debería cumplirse en un plazo de 90 días.
Acerca de una supuesta denuncia del Ministerio de
Trabajo, luego del paro realizado el viernes pasado, contra la Asociación
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), ésta aclara en un
comunicado que “continuará llevando adelante la defensa de los derechos de los
trabajadores/as de la misma manera y con el mismo modelo de construcción democrática
con que lo realiza desde hace más de 10 años”.
Un área clave del Ministerio de Trabajo que se
ocupa de quienes fueron despedidos dejó de funcionar y ya perjudica a cientos
de trabajadores en el último mes.
Se trata del Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria (SECLO), el lugar que funciona como mediación entre el trabajador y
el empleador para resolver conflictos laborales, individuales o colectivos.
Allí se resuelven acuerdos entre ambas partes para la salida del empleado de
una empresa.
En el SECLO, que está bajo la órbita de la cartera
de Jorge Triaca, hace más de un mes que no se homologan los acuerdos que se
realizan y los trabajadores se quedan sin cobrar. Terminan en la calle, sin
trabajo y sin el dinero que les corresponde por el despido.
"Es un mensaje a los trabajadores para que no
reclamen", afirmó el abogado laboralista Patricio Wilkinson. El letrado
agregó: "Con esto lo que quieren es que el trabajador agarre las
'chauchas' que le depositan de la empresa cuando los despiden y no hagan ningún
reclamo ante el SECLO. Es un reclamo en vano, es un desgaste al trabajador y a
los abogados laboralistas para que no hagamos más reclamos. Vamos al SECLO,
acordamos y no lo homologan. Entonces no queda otra opción que ir a juicio. Y
de los 80 juzgados laborales que hay 40 tienen juez, los otros 40 tienen juez
subrogante. Mandan a los trabajadores a un juicio eterno de 5 años".
Movimientos Sociales
Los movimientos sociales anunciarán el 1° de
mayo la creación de un sindicato único del sector, que se consagrará,
congreso constitutivo mediante, en el segundo semestre de este año, según
confían sus promotores.
Para Daniel Menéndez, referente de Barrios
de Pie, la iniciativa terminará de cristalizarse “en últimos meses del año”, y
tendrá como efecto la constitución formal del “Sindicato Único de los
Trabajadores de la Economía Popular” (Sutep).
Aunque cuenta con el apoyo de varios dirigentes de
la CGT, se desconoce qué grado de aceptación pueda tener para el Ministerio de
Trabajo esta forma de organización sindical.
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) realizó
un “Feriazo” del sector cooperativista y precarizado el miércoles pasado en las
inmediaciones de Plaza Congreso, en conjunto con la CTEP, Barrios de Pie, CCC,
el Frente Popular Darío Santillán y Frente Popular Darío Santillán-Corriente
Nacional.
El objetivo del “Feriazo” fue visibilizar y dar a
conocer el trabajo productivo que realizan a lo largo y ancho del país y que
organiza a miles de personas a pesar del magro ingreso de 4.750 pesos. Además
reclaman que se abran paritarias libres para discutir un aumento que los
acerque a lo que hoy cuesta la canasta básica familiar y los saque de la
marginalidad. También exigen nuevos puestos de trabajo ya que cada día hay más
pobres y desocupados que se acercan a sus organizaciones; por eso presentaron
un proyecto para que el 25% de las obras que se realizarán en la Provincia de
Buenos Aires con las partidas emitidas por Nación en el marco de la negociación
por el Fondo del conurbano, sean realizadas por las cooperativas.
Fuentes: Clarín, Perfil, Tiempo Argentino, www.pagina12.com.ar,
Resumen Latinoamericano, Anre, APU, Red Eco Alternativo, Argentina Indymedia,
La Izquierda Diario, Prensa ATE,
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